El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi allanó las oficinas locales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht y las empresas IECSA y Ghella, en el marco de la causa que investiga si hubo pago de coimas y otros delitos en los trámites de concesión de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
En tanto, el fiscal federal Federico Delgado pidió informes sobre un crédito suscripto en 2008 entre la empresa de aguas AySA y Odebrecht por 890 millones de pesos, en la investigación por supuestas anomalías en la construcción de una planta potabilizadora en el partido de Tigre.
Los allanamientos fueron dispuestos por el juez luego de decretar el “secreto de sumario” en una de las tres causas que tiene Odebrecht abiertas en la Argentina.
Una de esas causas, sobre el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que involucra una inversión de unos 45 mil millones de pesos, está bajo investigación de Martínez De Giorgi.
El secreto de sumario es una medida que habitualmente adoptan los jueces cuando se aprestan a detener a personas o realizar allanamientos.
Justamente por ese secreto no trascendió el resultado de los allanamientos, que tuvieron lugar en las últimas horas, aunque se presume que los investigadores retiraron documentación y otros materiales relacionados con obras y contratos para ser analizados.
IECSA es la empresa que perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, que la vendió a Marcelo Mindlin, dueño de Edenor y presidente de Pampa Energía. Y Ghella es una compañía de origen italiano fundada a fines del 1800, con presencia en varios países.
Mientras, Delgado pidió informes sobre un crédito firmado entre AYSA y Odebrecht en 2008 por 890 millones de pesos para la planta potabilizadora “Paraná de las Palmas”, en Dique Luján, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.
Delgado propuso la medida al juez federal Sebastián Casanello, para obtener un informe sobre las condiciones y los términos en los que se suscribió ese acuerdo, bajo la forma de un “mutuo” (préstamo entre partes).
Se trata de un convenio por 890 millones de pesos suscripto el 21 de agosto de 2008 por un plazo de diez años, aprobado por resolución del Ministerio de Planificación n° 776.
“La idea es contar con un informe y no con expedientes. Esto es decisivo, obtener un informe y no documentos cuyo abordaje se vuelve materialmente imposible”, explicó el fiscal.
La Justicia viene investigando el supuesto pago de coimas de la empresa Odebrecht a funcionarios de Argentina, en el contexto de la causa de “Lava Jato” que generó una crisis política en el país vecino y que salpica también a varias naciones de la región.
Por ello la Argentina pretende que el gigante de la construcción brasileño entregue los nombres de los receptores de las coimas en el país, después de que hablaran arrepentidos o “delatores premiados”, como el cambista Leonardo Meirelles.
Pero la intención se encontró con una serie de obstáculos legales e institucionales entre ambas naciones. Igualmente, un grupo de fiscales viajó la semana pasada a Brasil para tratar de recabar información para sus diversas causas.
Mientras el ministro de Justicia, Germán Garavano, fue a Estados Unidos para intentar que las autoridades de ese país entreguen datos que Obedrecht les brindó en el marco del convenio bilateral firmado entre ese país y Brasil.
También viajaron el viceministro de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman. Nada se informó oficialmente sobre las gestiones.
La cartera de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, se limitó a difundir un comunicado donde informó que esos dos funcionarios y Garavano expusieron en “un diálogo conjunto organizado por el Latin American Program del Wilson Center, en Washington DC” sobre el programa “Justicia 2020” y “los principales ejes de gestión del presidente Mauricio Macri en materia de lucha contra el narcotráfico”.
