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Causa Espert-Machado: la Justicia allanó el Congreso y el domicilio del diputado libertario

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Allanan el despacho y la vivienda de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculado a Fred Machado.

La Justicia Federal de San Isidro dispuso allanamientos simultáneos en el domicilio del diputado y en su despacho del Congreso. La investigación, originada por una denuncia de Juan Grabois, apunta a una transferencia de USD 200.000 realizada por el empresario argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

La Justicia avanza sobre Espert por presuntos vínculos con una red internacional

Por orden del Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del magistrado Lino Mirabelli, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron este jueves allanamientos en el domicilio particular del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad bonaerense de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación.

Las medidas se enmarcan en una investigación por presunto lavado de dinero derivada de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, que señala al legislador por sus supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente imputado y detenido por narcotráfico en los Estados Unidos.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue ejecutado bajo secreto de sumario por orden del fiscal federal Federico Domínguez. Durante el allanamiento en su vivienda, Espert entregó voluntariamente un teléfono celular, que quedará en poder de la Justicia hasta su peritaje forense.

El propio legislador recibió a los agentes en su domicilio acompañado por su equipo de abogados. Paralelamente, en el Congreso, la Cámara de Diputados autorizó el ingreso de la PFA al despacho del legislador, en cumplimiento del pedido judicial remitido por Mirabelli, conforme al procedimiento previsto para funcionarios con fueros parlamentarios.

El despacho de Espert quedó clausurado con fajas de seguridad, mientras personal judicial retiraba documentación y equipos electrónicos.

La denuncia de Grabois y la transferencia investigada

La causa tuvo origen en una transferencia de USD 200.000 que, según registros financieros del Bank of America, fue realizada por una empresa vinculada a Fred Machado a nombre de Espert. La denuncia plantea que esos fondos podrían provenir de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, juzgada por la justicia federal del Estado de Texas (EE.UU.), y que podrían configurar el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal argentino.

El nombre del diputado libertario aparece además en documentación contable paralela utilizada como prueba en el juicio que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado.

En su descargo público, Espert explicó que el pago correspondía a un “adelanto de honorarios profesionales” por un asesoramiento económico a la firma Minas del Pueblo de Guatemala, presuntamente vinculada al empresario.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Era un contrato de un millón de dólares, del cual recibí un anticipo de 200 mil”, afirmó Espert en un video difundido en redes sociales.

Según su versión, el trabajo nunca se concretó por la irrupción de la pandemia y porque, tras su participación electoral de 2019, no retomó la actividad profesional privada.

Efectos políticos: licencia, renuncia y crisis interna en La Libertad Avanza

El escándalo judicial derivó en una serie de decisiones políticas inmediatas por parte del legislador. En primer lugar, renunció a su candidatura electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego solicitó licencia en su banca de la Cámara de Diputados. También renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, uno de los espacios de mayor influencia legislativa dentro del oficialismo.

En paralelo, la Policía Federal también allanó la vivienda de Fred Machado en Viedma, donde el empresario cumplía prisión domiciliaria mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos. En ese procedimiento, los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo, en el que se consignaba un pago total de USD 1.000.000 a favor de Espert.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación busca determinar si existió una intermediación financiera o societaria orientada a encubrir operaciones de lavado internacional de activos a través de contratos de asesoría ficticios.

La resolución de Mirabelli se inscribe en una línea de cooperación judicial con Estados Unidos, que desde 2023 mantiene abierta una causa espejo vinculada a las operaciones financieras del empresario argentino.

De comprobarse los vínculos, el caso podría derivar en una acusación formal contra el diputado por lavado de dinero y asociación ilícita, con potencial impacto político sobre el bloque de La Libertad Avanza, que enfrenta su primera crisis institucional de magnitud desde la asunción de Javier Milei.

Por el momento, el expediente continuará bajo secreto de sumario mientras se analizan los dispositivos electrónicos incautados y las transferencias bancarias detectadas en el exterior.

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La Justicia pidió autorización a la Cámara de Diputados para avanzar con medidas contra Espert

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El juez federal Lino Mirabelli le envió un oficio a Martín Menem para que la Cámara habilite una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes del legislador investigado por el cobro de US$200.000

El juez federal Lino Mirabelli solicitó a la Cámara de Diputados permiso para allanar y secuestrar bienes del legislador de La Libertad Avanza, investigado por recibir una transferencia de US$200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

El pedido judicial y el alcance de la investigación

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, elevó este martes un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que autorice medidas de registro y secuestro sobre bienes del diputado José Luis Espert, quien se encuentra protegido por los fueros parlamentarios.

La solicitud judicial, presentada a través del fiscal Fernando Domínguez, se enmarca en una causa por lavado de dinero iniciada a partir de una denuncia formulada por Juan Grabois, tras detectarse una transferencia de US$200.000 enviada a Espert por el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y en proceso de extradición a Estados Unidos.

Mirabelli no puede avanzar con allanamientos ni secuestros hasta que la Cámara baja habilite el procedimiento, según lo establecido en la Ley de Fueros (Ley 25.320), que dispone que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones sin la autorización de la respectiva Cámara”.

La decisión ahora recae sobre Menem, quien deberá definir si somete el pedido directamente al pleno de Diputados o si lo remite previamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.

El contrato hallado y las pruebas en la causa

En el marco de la misma causa, el juez Mirabelli ordenó un allanamiento en el domicilio de Viedma donde Machado cumplía arresto domiciliario, hasta que fue trasladado a un destacamento policial tras la aprobación de su extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Durante ese procedimiento, efectivos de la Policía Federal Argentina hallaron un contrato roto y parcialmente quemado, dentro de un tacho de basura, que registra un acuerdo de US$1 millón firmado entre Machado y Espert el 7 de junio de 2019, quince días antes de que el economista se presentara oficialmente como candidato a presidente.

El documento, firmado por Espert y Machado, estipulaba una asesoría económica para la firma guatemalteca Minas del Pueblo, una empresa vinculada al empresario y actualmente bajo investigación en la justicia estadounidense.

La transferencia por US$200.000, detectada por el Bank of America y agregada a la causa que se tramita en el Distrito Judicial Este de Texas, figura también en documentación oficial utilizada como prueba en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada en 2023 por narcotráfico y lavado de activos.

Según Espert, ese pago correspondía a un anticipo por trabajos de consultoría económica. Sin embargo, el contrato encontrado en el allanamiento contempla pagos por US$100.000 mensuales durante nueve meses, además de un adelanto inicial, lo que eleva el total a US$1 millón.

Implicancias institucionales y próximos pasos

El fiscal Domínguez, además de imputar a Espert, solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del legislador para rastrear movimientos financieros y determinar el origen y destino de los fondos.

La investigación apunta a establecer si el dinero recibido provino de una estructura de lavado internacional vinculada al narcotráfico, en la que Machado habría operado a través de una red de empresas pantalla y operaciones financieras trianguladas.

La causa tiene potenciales derivaciones políticas e institucionales, dado que involucra a un diputado en ejercicio y exige la intervención del Congreso para autorizar medidas de prueba. De concretarse la autorización, sería la primera vez en el actual período legislativo que la Cámara baja habilita un procedimiento judicial de este tipo sobre un miembro de su cuerpo.

Mientras tanto, Machado, señalado por la justicia norteamericana como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, permanece detenido a la espera de su extradición definitiva a Estados Unidos, tras la resolución favorable de la Corte Suprema.

El Poder Ejecutivo Nacional ya adelantó que no se opondrá al traslado, lo que podría acelerar el envío del empresario al exterior y aportar nuevos elementos a la causa local.

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La Corte dio luz verde a la extradición de “Fred” Machado y el Gobierno tiene diez días para resolver

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La Corte Suprema habilitó la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos y el caso queda en manos de Javier Milei

El máximo tribunal confirmó por unanimidad la entrega del empresario acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. El Poder Ejecutivo tiene ahora diez días hábiles para definir si concede la extradición.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es “procedente” la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por conspiración para cometer delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Con este fallo, el trámite judicial quedó cerrado y la decisión final pasa al Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, que tiene un plazo de diez días hábiles para definir si concede la entrega.

El caso adquiere un matiz particular, ya que el abogado que representa desde hace años a Machado en el expediente, Francisco Oneto, es también el abogado personal del presidente Milei. Pese a ello, el empresario negó cualquier interferencia política: “Comparto abogado, pero es como compartir cocinera. El Presidente no le va a pedir permiso al abogado para firmar la extradición”, declaró en una entrevista radial.

La resolución del máximo tribunal fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes coincidieron en que están dadas las condiciones legales y procesales para acceder al pedido formal del gobierno estadounidense.

Un expediente de más de cuatro años: cronología y fundamentos de la decisión

Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 en la ciudad de Neuquén, por orden del juez federal Gustavo Villanueva, tras un requerimiento internacional emitido por Estados Unidos. Desde entonces, se encontraba bajo arresto domiciliario en Viedma, en espera de la resolución definitiva de su caso.

El 12 de abril de 2022, el juez Villanueva había declarado por primera vez “procedente la extradición”, decisión que fue apelada por la defensa. En abril de 2023, el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor de la entrega y dejó el expediente en condiciones de ser resuelto por la Corte Suprema.

Sin embargo, el proceso se demoró tras un planteo de Oneto, quien solicitó revisar la situación judicial de Debra Mercer-Erwin, exsocia de Machado condenada en EE.UU. por narcotráfico, argumentando que una sentencia favorable a su hija podría modificar los cargos que pesaban sobre su cliente.

Federico “Fred” Machado, el empresario que está acusado de conspiración para cometer delitos de narcotráfico

En agosto de 2025, la Corte Suprema pidió a Villanueva que, a través de la Cancillería argentina, solicitara información a la Justicia de Estados Unidos sobre ese fallo. La respuesta llegó a fines de septiembre: Washington confirmó que el pedido de extradición se mantenía vigente y sin cambios. Con ese informe, el expediente regresó al máximo tribunal, que este lunes dictó su fallo definitivo, poniendo fin a un proceso que se extendió por más de cuatro años y cinco meses.

Durante ese tiempo, la defensa de Machado presentó múltiples recursos y planteos de nulidad, todos rechazados. El juez Villanueva podría ahora revisar las condiciones del arresto domiciliario ante el riesgo de fuga, y disponer su traslado a una unidad penitenciaria mientras se completa el trámite de extradición.

La decisión política: Milei deberá definir la entrega

La Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal establece que la última palabra en materia de extradiciones corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, que puede aprobar o rechazar la entrega del requerido por “razones de soberanía nacional, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado”.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá recibir el expediente judicial y elevarlo al Presidente de la Nación. Desde entonces, el Ejecutivo contará con diez días hábiles para responder. Si no lo hace, la norma prevé que el silencio del Gobierno implica la concesión de la extradición.

Si la entrega se aprueba, Estados Unidos dispondrá de treinta días corridos desde la comunicación oficial para trasladar al detenido, en coordinación con el juzgado federal de Neuquén y los organismos de seguridad nacionales.

Machado está acusado en EE.UU. por su presunta participación en una red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, vinculada al uso de aeronaves registradas en su nombre para operaciones ilícitas. Los cargos incluyen conspiración para distribuir cocaína y fraude financiero, delitos por los cuales enfrenta penas severas bajo la legislación estadounidense.

Francisco Oneto, abogado de Fred Machado y de Javier Milei

Un caso con implicancias institucionales

El expediente reviste especial sensibilidad institucional, no solo por la gravedad de los cargos sino también por el vínculo indirecto con el entorno del presidente Milei. Francisco Oneto, actual abogado defensor de Machado, fue durante la campaña electoral asesor legal del entonces candidato libertario y hoy mantiene su rol como abogado personal del mandatario.

Más allá de esa coincidencia, el trámite judicial siguió su curso normal, con dictámenes favorables tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal. La Corte, en su resolución, se limitó a confirmar la validez formal del pedido de extradición y la existencia de los requisitos previstos por los tratados internacionales firmados por la Argentina.

De concretarse la entrega, el caso marcaría un precedente clave en la cooperación judicial entre ambos países, en un momento en que el Gobierno argentino busca fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.

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Abogados van a Tribunales contra la Ley Antilavado

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(DiarioJudicial) El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal presentó un amparo contra el Estado Nacional por incluir a los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera operaciones sospechosas en ciertos supuestos.

Al respecto, Ricardo Gil Lavedra destacó que “todas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional, no solo las que se vinculan con el litigio”.

“En ese sentido, el abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad  denunciando a su propio cliente. Y además exigiéndosele informes, evaluaciones de riesgos e incluso indagar sobre el origen de los fondos de los clientes”, aseguró el presidente del Colegio.

Finalmente, Gil Lavedra subrayó que “la ley es inconstitucional, y obviamente perjudica la tutela judicial efectiva y el derecho a trabajar de los abogados y abogadas”.

El decreto de la UIF 

La normativa que comenzó a regir el martes fija los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), que los abogados contemplados como Sujetos Obligados en el inciso 17 del artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias,

La intervención de los abogados como sujetos obligados se circunscribe a cinco acciones concretas llevadas a cabo por cuenta y orden de un tercero:

1) Compra y/o venta de bienes inmuebles.
2) Administración de bienes y/u otros activos.
3) Administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores.
4) Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas;
5) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

Asimismo, la Resolución UIF 48/2024 precisa que no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias protegidas por el secreto profesional.

Como sujetos obligados, los abogados tienen la obligación de implementar un sistema preventivo que mitigue los riesgos del ingreso, circulación y egreso de bienes, activos y fondos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

En cuanto a los procedimientos y controles que se deben adoptar se incluyen, entre otros: asegurar que los clientes y beneficiarios finales no se encuentren incluidos en el RePET, realizar una Debida Diligencia de todos sus clientes; identificar y verificar en forma continuada, a los clientes y sus beneficiarios finales, establecer alertas y monitorear todas las operaciones y/o transacciones vinculadas con las Actividades Específicas, con un enfoque basado en riesgos.

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La Afip intensifica controles en agencias de cambio por evasión fiscal

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo un exhaustivo operativo de control en una reconocida agencia de cambio con 16 sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo principal de esta acción fue detectar posibles maniobras de evasión fiscal relacionadas con transacciones cambiarias, especialmente en la compra y venta de bonos y otros activos en dólares.

Participaron más de 300 funcionarios del organismo conducido por Carlos Castagneto entre la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Seguridad Social (DGRSS) y la Dirección General de Aduana (DGA) con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

Los agentes de la AFIP se desplegaron en diferentes ubicaciones del AMBA para llevar a cabo una investigación que previamente había identificado indicios de irregularidades en las operaciones de la agencia de cambio.

Los resultados iniciales de la investigación señalaban que el contribuyente no había declarado una cantidad adecuada de personal en relación con la envergadura de su actividad comercial. Además, los gastos operativos reportados no se correspondían con los ingresos declarados, y se habían detectado ingresos exentos significativos sin justificación.

Durante el operativo, se solicitó al contribuyente, en todas sus sucursales, documentación que respaldara la capacidad económica financiera de sus clientes para llevar a cabo operaciones de cambio. Esta información será incorporada a una matriz de riesgo gestionada por el área de investigaciones de la AFIP para detectar posibles inconsistencias fiscales.

En los casos en los que se verifiquen las irregularidades mencionadas, la AFIP llevará a cabo fiscalizaciones a aquellos contribuyentes que, según los registros informáticos de la entidad, no cuenten con los medios económicos necesarios para realizar las operaciones declaradas.

Además, la Dirección General de Seguridad Social detectó que el 92% de los empleados relevados en las sucursales de la agencia de cambio no se encontraban registrados ante la AFIP. Se han levantado actas correspondientes y se ha iniciado un proceso para que el contribuyente regularice la situación de su personal, pague las cargas sociales atrasadas y enfrente sanciones relacionadas con la seguridad social.

Estos operativos se suman a las acciones continuas de la AFIP destinadas a detectar incumplimientos de normativas fiscales por parte de entidades financieras y relacionadas. La administración tributaria busca garantizar la equidad y la legalidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, especialmente en el sector financiero.

La AFIP continúa trabajando incansablemente para proteger los intereses fiscales y asegurar el cumplimiento de las regulaciones tributarias en beneficio de la sociedad y la integridad del sistema fiscal.

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