LECAP

El Tesoro logró colocar $13,2 billones y refinanció vencimientos en una licitación con fuerte demanda por bonos de largo plazo

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La Secretaría de Finanzas concretó una nueva licitación de deuda en la que adjudicó instrumentos por un valor efectivo de $13,22 billones, tras recibir ofertas por $14,93 billones. El resultado implicó un rollover del 81,26% sobre los vencimientos que enfrentaba el Tesoro, en una operación que volvió a mostrar un importante interés del mercado por los títulos públicos, aunque sin alcanzar una refinanciación total de los compromisos.

La colocación combinó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por inflación (CER), títulos vinculados a la tasa TAMAR, bonos duales CER/TAMAR, instrumentos dólar linked y deuda denominada directamente en dólares estadounidenses. La estrategia del Ministerio de Economía volvió a apuntar a diversificar las alternativas de financiamiento y extender los plazos de vencimiento, consolidando la curva de deuda en moneda local.

Uno de los datos más relevantes fue el marcado interés de los inversores por los bonos de mayor duración. El instrumento con mayor volumen adjudicado fue la nueva Lecap con vencimiento el 13 de noviembre de 2026, que captó $4,18 billones con una tasa efectiva mensual del 2,10%, equivalente a una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) del 28,32%.

Sin embargo, el mayor protagonismo volvió a concentrarse en los instrumentos indexados. El bono dual CER/TAMAR con vencimiento en diciembre de 2029 absorbió $3,77 billones, mientras que el nuevo bono a tasa TAMAR con vencimiento en julio de 2027 obtuvo colocaciones por $2,43 billones. A ellos se sumaron tres emisiones ajustadas por CER con vencimientos entre 2027 y 2028 que, en conjunto, captaron más de $2,1 billones.

La preferencia por este tipo de activos refleja que una parte importante del mercado continúa buscando cobertura frente a la evolución futura de la inflación y de las tasas de interés, aun cuando el Gobierno sostiene que el proceso de desinflación continuará durante los próximos meses.

En el segmento vinculado al tipo de cambio, el Tesoro adjudicó aproximadamente $694.000 millones equivalentes mediante dos títulos dólar linked con vencimientos en agosto de 2026 y diciembre de 2028, instrumentos que permiten a los inversores protegerse frente a eventuales movimientos del dólar oficial.

Por otra parte, el Gobierno volvió a salir al mercado internacional de deuda en moneda dura mediante la reapertura del Bonar 2028 (AO28). En esta licitación recibió ofertas por USD 527 millones y finalmente adjudicó USD 257 millones de valor efectivo, equivalentes a un Valor Nominal Original (VNO) de USD 266 millones, con un rendimiento del 7,83% anual y una tasa nominal del 7,56%.

La demanda superó ampliamente el monto finalmente adjudicado, por lo que se aplicó un fuerte prorrateo sobre las ofertas presentadas al precio de corte, fijado en USD 967 por cada USD 1.000 de valor nominal. Además, la Secretaría de Finanzas anunció que el próximo lunes realizará una segunda vuelta exclusivamente para el AO28, por hasta USD 100 millones adicionales, manteniendo el mismo precio de corte.

Desde la perspectiva financiera, la licitación vuelve a mostrar que el Tesoro mantiene acceso al mercado doméstico de deuda pese a no alcanzar un rollover pleno. La decisión de refinanciar poco más del 81% de los vencimientos implica que el resto podrá cubrirse con parte de la liquidez acumulada por el Gobierno, una estrategia que el equipo económico viene utilizando en los últimos meses para administrar el perfil de vencimientos sin incrementar significativamente el stock de deuda.

Al mismo tiempo, la composición de la demanda ofrece una señal relevante sobre las expectativas del mercado. Mientras los títulos a tasa fija continúan encontrando compradores, la mayor concentración de colocaciones en instrumentos indexados por inflación o vinculados a tasas variables refleja que los inversores todavía privilegian mecanismos de cobertura ante un escenario macroeconómico que, aunque muestra señales de estabilización, continúa transitando un proceso de normalización.

Para el Ministerio de Economía, la continuidad de licitaciones con elevados niveles de participación constituye un componente central de la estrategia de financiamiento del Tesoro, en un esquema que busca sostener el equilibrio fiscal sin recurrir a la emisión monetaria del Banco Central y consolidar un mercado de deuda en pesos cada vez más profundo.

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Nación cancela $813 mil millones con CABA

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La Casa Rosada formalizó una operación financiera por $813.442 millones para cancelar parte de la deuda que mantiene con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el conflicto judicial de la coparticipación. La cancelación no será en efectivo, sino mediante la entrega de bonos y letras del Tesoro con vencimientos entre 2026 y 2027. La decisión, publicada por el Ministerio de Economía, tiene una lectura que excede la ingeniería financiera: mientras Nación busca evitar una mayor salida de caja en pesos, las provincias observan cómo el Gobierno prioriza resolver litigios con distritos de peso político y financiero en un contexto de extrema restricción presupuestaria.

Para Misiones, la señal tiene un doble impacto. Por un lado, confirma que la administración nacional continuará utilizando instrumentos de deuda para administrar obligaciones judiciales y fiscales. Por otro, reabre la discusión sobre la distribución de recursos federales y la capacidad de negociación de las provincias periféricas frente al poder central.

La Resolución Conjunta 29/2026 de Finanzas y Hacienda establece que el pago se realizará mediante una combinación de BONCAP y LECAP capitalizables. El esquema evita un desembolso inmediato de liquidez y traslada vencimientos hacia adelante, una estrategia consistente con la política financiera que impulsa el equipo económico de Luis Caputo: preservar reservas, sostener el superávit financiero y evitar emisión monetaria directa.

El punto central es político. La deuda con CABA surge de la cautelar de la Corte Suprema por la quita de fondos coparticipables aplicada durante la gestión de Alberto Fernández. El Gobierno nacional decidió ahora cerrar parte de esa discusión mediante títulos públicos, en un movimiento que busca reducir incertidumbre judicial y enviar una señal de cumplimiento al mercado.

Para las provincias del NEA, donde la dependencia de transferencias nacionales es estructuralmente más alta, el dato no pasa inadvertido. Misiones mantiene históricamente un reclamo por inequidades en la distribución de recursos federales y por el costo económico de las asimetrías fronterizas con Brasil y Paraguay. Mientras CABA logra monetizar judicialmente su reclamo, las provincias fronterizas continúan negociando compensaciones fiscales vinculadas al comercio, el combustible y la competitividad regional.

La diferencia no es menor. En el AMBA, la discusión gira alrededor del reparto de impuestos nacionales. En Misiones, el problema incorpora además la pérdida de consumo hacia Encarnación o Foz do Iguaçu cuando el tipo de cambio genera distorsiones de precios. Esa fuga impacta directamente sobre comercio, empleo y recaudación provincial.

El uso de bonos para cancelar deuda también tiene implicancias sobre la economía real. La decisión evita presión inmediata sobre el gasto corriente, pero incrementa compromisos financieros futuros. Para sectores productivos del NEA, eso implica que la posibilidad de una expansión fiscal nacional orientada a infraestructura o programas de estímulo seguirá limitada.

La cadena forestal, la yerba mate y el comercio fronterizo dependen en gran medida de costos logísticos, rutas, energía y consumo interno. Si el Tesoro concentra recursos en estabilización financiera y administración de deuda, el margen para políticas activas sectoriales continúa siendo reducido.

Además, el instrumento elegido muestra otro dato relevante para el sector privado: Economía continúa profundizando el mercado de títulos en pesos como mecanismo central de financiamiento. La señal busca fortalecer la curva en moneda local y sostener la estrategia de desinflación sin recurrir al financiamiento monetario del Banco Central.

Los bonos utilizados para cancelar la deuda con CABA tienen vencimientos relativamente cortos:

  • 20% del pago se hará con un BONCAP al 30 de junio de 2026.
  • Otro 40% se distribuye entre LECAP con vencimiento en agosto y octubre de 2026.
  • El 40% restante irá a un BONCAP con vencimiento en abril de 2027.

El mensaje implícito es que el Gobierno apuesta a mantener condiciones financieras relativamente estables durante los próximos dieciocho meses para refinanciar esos compromisos sin tensiones mayores.

Para Misiones, el movimiento vuelve a instalar un interrogante de fondo: cómo se reposicionan las provincias exportadoras y fronterizas dentro del nuevo esquema fiscal argentino. La administración Milei sostiene un enfoque de fuerte centralización financiera y disciplina del gasto. Eso obliga a las provincias a fortalecer recursos propios y competitividad regional en un contexto donde la asistencia nacional aparece cada vez más condicionada.

El escenario a seguir de cerca es doble. Primero, cómo reaccionará el resto de las provincias frente al acuerdo financiero con CABA y si reaparecen reclamos por fondos compensatorios. Segundo, qué margen real tendrá Nación para sostener el equilibrio fiscal sin afectar obra pública, infraestructura logística y programas vinculados a economías regionales. En una provincia como Misiones, donde el costo del transporte y la competencia fronteriza condicionan toda la actividad económica, esa discusión impacta directamente sobre producción, empleo y consumo.

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Economía licita deuda en pesos y dólares para sostener financiamiento y captar cobertura cambiaria

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El Gobierno convocó a una nueva licitación de instrumentos del Tesoro para el 27 de mayo con títulos en pesos, ajustados por inflación y bonos en dólares. La estrategia combina financiamiento de corto plazo, señales al mercado y búsqueda de estabilidad financiera en un contexto de fuerte seguimiento sobre reservas y tipo de cambio.

La Secretaría de Finanzas lanzó una nueva convocatoria para licitar instrumentos del Tesoro Nacional denominados en pesos y en dólares estadounidenses, en una operación prevista para el miércoles 27 de mayo que incluirá letras capitalizables, bonos CER, títulos dólar linked y bonos soberanos en moneda estadounidense.

La operación aparece en un momento sensible para la estrategia financiera del Gobierno nacional: sostener financiamiento en el mercado local, administrar vencimientos y mantener demanda por instrumentos públicos en medio de una economía todavía atravesada por tensiones cambiarias e inflación residual.

El menú financiero diseñado por Economía combina cobertura inflacionaria, cobertura cambiaria y deuda hard dollar, una señal que el mercado sigue de cerca para medir expectativas sobre tasas, reservas y estabilidad monetaria.

Qué instrumentos ofrecerá el Tesoro

La licitación incluirá ocho instrumentos distintos, distribuidos entre deuda en pesos y títulos vinculados al dólar.

Entre los instrumentos en pesos aparecen: una nueva LECAP con vencimiento el 15 de septiembre de 2026; dos BONCER ajustados por CER con vencimientos en marzo y septiembre de 2027; y un bono TAMAR a tasa variable con vencimiento en agosto de 2028. A eso se suman dos letras dólar linked: una con vencimiento en julio de 2026; otra en marzo de 2027.

El tramo más observado por el mercado será el de bonos en dólares estadounidenses: BONAR 2027 (AO27), y BONAR 2028 (AO28). Ambos deberán suscribirse exclusivamente en dólares.

El Gobierno busca pesos, dólares y señal política al mercado

La estructura de la licitación muestra una estrategia financiera múltiple.

Por un lado, el Tesoro intenta captar liquidez en pesos mediante instrumentos de corto y mediano plazo.

Por otro, ofrece títulos ajustados por CER y dólar linked para absorber demanda de cobertura frente a inflación y tipo de cambio.

Finalmente, vuelve a buscar financiamiento directo en dólares mediante reaperturas de BONAR.

El AO27 tendrá un tope de emisión de USD 200 millones en primera vuelta, mientras que el AO28 contará con un máximo inicial de USD 150 millones.

La operación incluirá además una segunda vuelta por adhesión para ambos bonos.

Cobertura cambiaria y tasas: la lectura del mercado

La presencia de nuevas letras dólar linked vuelve a mostrar que el Gobierno busca mantener instrumentos de cobertura cambiaria dentro del mercado formal.

Estos títulos permiten suscribir en pesos, pero ajustan capital según evolución del tipo de cambio oficial de referencia del Banco Central.

La decisión aparece alineada con un contexto donde el mercado sigue monitoreando: acumulación de reservas, ritmo de crawling peg, y sostenibilidad financiera del programa económico.

Al mismo tiempo, la continuidad de bonos CER refleja que la inflación todavía sigue siendo un componente central de las decisiones de inversión.

La licitación mantendrá el esquema de doble tramo: competitivo, y no competitivo. El tramo no competitivo estará limitado a: hasta VNO $50 millones para instrumentos en pesos; y hasta USD 50.000 para instrumentos en dólares.

La Secretaría de Finanzas precisó además que las ofertas deberán presentarse mediante agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

Financiamiento interno y presión sobre el mercado

La licitación funciona como un termómetro de confianza financiera.

Un buen nivel de adhesión permitiría al Tesoro renovar vencimientos y sostener financiamiento sin incrementar presión monetaria.

Por el contrario, tasas elevadas o baja demanda podrían reflejar mayor cautela del mercado respecto de inflación, tipo de cambio o sostenibilidad fiscal.

La operación también influye sobre: curvas de tasas, costo del crédito, y expectativas de devaluación.

La licitación del 27 de mayo funcionará como una prueba relevante para la estrategia financiera del Gobierno.

El resultado permitirá observar: apetito por deuda en pesos, demanda de cobertura cambiaria, capacidad de captar dólares, y percepción de riesgo sobre el programa económico.

La combinación de instrumentos muestra que el Ejecutivo todavía necesita equilibrar múltiples frentes al mismo tiempo: financiamiento, reservas, inflación y estabilidad cambiaria.

El comportamiento del mercado frente a esta licitación será uno de los indicadores más observados por bancos, fondos de inversión y sectores productivos en las próximas semanas.

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Blindaje financiero: el Tesoro logra un rollover del 110%

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En la primera licitación de deuda de mayo, el Gobierno colocó USD 300 millones en los bonos en dólares AO27 y AO28, que forman parte de la estrategia oficial para pagar los vencimientos de deuda de julio por 4.300 millones de dólares. En cuanto a los títulos en pesos, la Secretaría de Finanzas de la Nación adjudicó un total de $10,71 billones, tras recibir ofertas por $14,40 billones, lo que representa un rollover del 110% respecto de los vencimientos previstos para la fecha.

Los resultados de la licitación de este miércoles revelan un mercado que, aunque convalidó tasas reales positivas en el tramo corto, busca desesperadamente protección en activos ajustables. Con ofertas recibidas por $14,40 billones, el Tesoro decidió adjudicar solo el 74% de lo ofrecido, priorizando la sostenibilidad de la tasa de corte sobre el volumen. La señal es clara: el Gobierno central busca absorber el excedente de pesos para mitigar la presión inflacionaria, pero al hacerlo, establece un “crowding out” (desplazamiento) que encarece el financiamiento para las pymes madereras y yerbateras que buscan capital de trabajo fuera del sistema de subsidios provinciales.

Análisis de instrumentos y el termómetro de las tasas

La composición de la adjudicación muestra un giro hacia la deuda de mediano plazo y la indexación, factores que el tomador de decisiones en el NEA debe monitorear para sus proyecciones de inversión:

LECAP (Tasa Fija): Se colocaron $4,48 billones con vencimiento a septiembre de 2026. La TEM de corte del 2,09% (TIREA del 28,14%) actúa como el nuevo benchmark para los plazos fijos y, por ende, para las tasas de descubierto bancario en la región.

Ajuste por CER y Duales: Se adjudicaron instrumentos por más de $5,6 billones (incluyendo los nuevos Bonos Duales 2028 y 2029). Esto confirma que el mercado aún desconfía de la convergencia inflacionaria veloz y exige cláusulas de protección (CER o TAMAR) para plazos que superen los 24 meses.

Apuesta al Dólar: La reapertura de los bonos AO27 y AO28 (Hard Dólar) captó USD 295 millones con tasas de hasta el 8,55% (TIREA). La fuerte demanda en este segmento refleja la necesidad del sector exportador de calzar sus pasivos con sus flujos de divisas.

Contexto Regional: El impacto en la frontera y el comercio

A diferencia de la Pampa Húmeda, donde la liquidación de cosecha gruesa aporta fluidez, en Misiones la restricción crediticia golpea sobre una estructura de costos condicionada por el flete y las asimetrías fronterizas.

Cuando el Tesoro Nacional absorbe liquidez a estas tasas, los bancos regionales tienden a endurecer los requisitos para el crédito al consumo. Para el comercio posadeño, esto se traduce en una menor velocidad de rotación de stock en bienes durables, ya que el financiamiento con tarjeta de crédito suele indexarse siguiendo la curva de las LECAP. Además, una tasa real atractiva en pesos desalienta parcialmente la fuga hacia el dólar blue o el real, estabilizando temporalmente el consumo local frente a la competencia de Encarnación o Foz do Iguaçu.

Impactos Clave para el Sector Productivo

Costo de Capital: El piso de la tasa de interés se estabiliza en torno al 2,1% mensual; cualquier proyecto de inversión en secaderos o aserraderos deberá arrojar una rentabilidad superior para ser viable frente al costo de oportunidad financiero.

Cobertura Exportadora: La disponibilidad de instrumentos Dólar Linked al 5,11% TIREA ofrece una ventana de cobertura para los exportadores de té y madera ante posibles correcciones del tipo de cambio oficial.

Liquidez Bancaria: El rollover del 110% implica que el Tesoro retira $710.000 millones netos del mercado, lo que reducirá la oferta de créditos personales en el corto plazo.

La “segunda vuelta” de este jueves para los bonos en dólares (AO27 y AO28) por otros USD 200 millones será el termómetro definitivo del apetito por riesgo argentino. Si la demanda se mantiene firme, el Gobierno nacional tendrá aire para sostener el esquema de crawling peg sin sobresaltos inmediatos, factor decisivo para el costo de los insumos importados de la industria maderera misionera.

El Tesoro logra un rollover del 110% by CristianMilciades

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Economía sale a renovar $7,9 billones y apuesta a estirar deuda hasta 2029 con más financiamiento en dólares

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El Ministerio de Economía activará el próximo martes 28 de abril una nueva licitación de deuda con un objetivo central: renovar vencimientos por $7,9 billones —en su mayoría en manos privadas—, extender plazos hasta 2029 y aumentar la captación de dólares a través de bonos soberanos. La jugada, impulsada por la cartera que conduce Luis Caputo, se inscribe en una estrategia más amplia de administración del frente financiero en un contexto donde el Gobierno busca consolidar estabilidad y evitar presiones de corto plazo.

El dato no es menor: el Tesoro no solo intenta refinanciar vencimientos inmediatos, sino también redefinir el perfil de la deuda. ¿Se trata de una señal de fortalecimiento en la gestión financiera o de una necesidad creciente de sostener el equilibrio en un mercado más selectivo?

Un menú orientado a plazo largo y cobertura cambiaria

La licitación presentada por la Secretaría de Finanzas combina instrumentos en pesos y en dólares, con foco en alargar la duration. El menú incluye nuevas emisiones como una LECAP con vencimiento el 12/06/26, un bono TAMAR al 31/8/2028 y un título CER/TAMAR al 29/06/2029, junto a instrumentos ya conocidos como el BONCER 2028 y bonos dólar linked al 30/09/26.

En paralelo, el Tesoro vuelve a apostar por deuda en moneda dura mediante Bonares con vencimientos en 2027 y 2028, con una meta de colocación de u$s350 millones —por encima de los u$s300 millones previos— más otros u$s100 millones en una segunda vuelta.

El esquema se completa con una operación de conversión de títulos que busca postergar vencimientos: bonos dólar linked, duales y ajustados por CER serán canjeados por instrumentos con fechas más largas, en algunos casos hasta 2028. Esta ingeniería financiera ya tuvo un antecedente inmediato: el reciente canje de letras atadas al tipo de cambio permitió postergar compromisos por unos u$s1.300 millones.

En términos concretos, el Gobierno intenta despejar el calendario de pagos de corto plazo y ganar margen de maniobra hacia los próximos años, trasladando vencimientos a una zona donde apuesta a mayor previsibilidad macroeconómica.

Mercado más selectivo y tensiones en la demanda

El movimiento no ocurre en el vacío. En el mercado secundario, la deuda en pesos muestra señales de fatiga en los tramos medios y largos. La demanda se concentra en instrumentos de corto plazo, mientras que las tasas reflejan cierta cautela: alrededor de 1,9% TEM en el tramo corto y entre 2% y 2,1% para vencimientos posteriores a julio.

Los bonos ajustados por inflación (CER), en tanto, exhibieron caídas promedio de 0,5%, con rendimientos que se ubican en torno a CER -5% para vencimientos de este año y CER +5% para el resto de la curva. Este comportamiento sugiere un mercado que empieza a recalibrar expectativas, con menor apetito por duration y mayor preferencia por liquidez.

En este contexto, los instrumentos dólar linked ganan protagonismo. La posibilidad de cubrir riesgo cambiario vuelve a ser un factor determinante en la asignación de carteras, lo que explica el énfasis del Tesoro en este tipo de activos.

Financiamiento, confianza y sostenibilidad

La estrategia oficial tiene un doble filo. Por un lado, logra avanzar en la extensión de plazos y en la reducción de vencimientos inmediatos, lo que mejora el perfil financiero del Estado. Por otro, expone la dependencia de condiciones de mercado que hoy son más exigentes, especialmente en los tramos largos.

El hecho de que casi la totalidad de los $7,9 billones a renovar esté en manos privadas introduce un componente adicional: el éxito de la licitación dependerá de la capacidad del Gobierno para ofrecer incentivos suficientes sin desalinear su esquema macro.

Al mismo tiempo, la búsqueda de dólares vía Bonares revela otra dimensión de la estrategia: reforzar el frente externo sin recurrir a mecanismos extraordinarios. Sin embargo, ese objetivo convive con un mercado que evalúa riesgos y ajusta posiciones con mayor selectividad.

Un equilibrio en construcción

La licitación del 28 de abril funcionará como un test inmediato. No solo medirá la capacidad del Tesoro para renovar vencimientos, sino también el grado de confianza del mercado en la hoja de ruta financiera del Gobierno.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en dos variables: la aceptación de los instrumentos de largo plazo y la respuesta a la mayor oferta de deuda en dólares. También será clave observar si el mercado convalida la estrategia de extender plazos o si refuerza su preferencia por posiciones más cortas y defensivas.

El Gobierno avanza en su intento de ordenar el frente de deuda. Pero el margen de maniobra no depende únicamente de decisiones internas: se juega, en gran medida, en la dinámica de expectativas que el propio mercado está empezando a redefinir.

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