La Legislatura abre el año con una agenda cargada: Ficha Limpia, reforma electoral, inversiones y más tiempo de sesiones
La Cámara de Representantes de Misiones inicia un nuevo período legislativo con una batería de proyectos de fuerte impacto político, institucional y económico. Entre los temas más sensibles aparecen la iniciativa de Ficha Limpia impulsada por Carlos Rovira, que ya tomó estado parlamentario; una reforma para extender el período ordinario de sesiones presentada por Cristian Castro; modificaciones al régimen electoral promovidas por Martín Arjol; y varios proyectos vinculados a incentivos productivos e inversiones, como el de la diputada Paula Franco.
El inicio del trabajo parlamentario muestra un escenario donde la discusión institucional se mezcla con la necesidad de sostener la actividad económica en un contexto de fuerte ajuste nacional, caída de recursos y tensión sobre las economías regionales.
Uno de los expedientes más potentes es el de Ficha Limpia, impulsado por Carlos Rovira, que ya ingresó formalmente y comenzó su recorrido legislativo.
La propuesta busca impedir que personas con condenas judiciales confirmadas por determinados delitos puedan ser candidatas a cargos electivos, un tema que genera fuerte debate político a nivel nacional y que en Misiones adquiere especial relevancia por el impacto institucional y electoral.
El proyecto ya había generado repercusión pública y ahora entra en la etapa parlamentaria formal, donde deberá atravesar comisiones y sumar consensos para avanzar hacia el recinto.
El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme y aun cuando la pena sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el orden democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, contra la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.
Esto implica que quedarían alcanzados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático.
La norma fija una cláusula electoral clave: la condena deberá haber sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para impedir la candidatura inmediata. Si la condena ocurre después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación regirá recién al finalizar ese proceso. La inelegibilidad comienza desde la fecha de la sentencia y se mantiene hasta su revocación o cumplimiento de la pena.
También quedarán excluidos quienes figuren como deudores alimentarios morosos, quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal y quienes tengan tres o más infracciones graves de tránsito acreditadas en los últimos dos años previos a la oficialización de listas.
Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los ciberdelitos como causal de inelegibilidad automática. El proyecto prevé que no podrán competir quienes tengan requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos vinculados al mundo digital, como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas, fraudes informáticos y otros delitos tipificados en el Código Penal.
La propuesta suma además una exigencia inédita: un certificado de aptitud toxicológica obligatorio al momento de oficializar listas. El postulante deberá presentar estudios integrales sobre al menos cuatro matrices biológicas -orina, saliva, folículo piloso y sangre- para acreditar la presencia o ausencia de consumo de sustancias psicoactivas. En caso de antecedentes de consumo problemático, deberá acompañar certificación de alta terapéutica o rehabilitación exitosa.
Rovira no descartó otras iniciativas, como una reforma electoral que simplifique la ley de Lemas sancionada a mediados de los 90 en acuerdo entre el peronismo y el radicalismo. Asimismo, Rovira anticipó que el bloque de Encuentro Misionero en el Congreso nacional, acompañará la derogación de las PASO para las elecciones próximas.
Otra reforma política es impulsada por el diputado Cristian Castro, que propone modificar el artículo 96 y el artículo 116 inciso 4 de la Constitución de la Provincia de Misiones para extender el período ordinario de sesiones.
Actualmente, la Cámara sesiona de manera ordinaria desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. La iniciativa plantea que ese período pase a desarrollarse desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre.
También aparece en la agenda una iniciativa vinculada al sistema electoral impulsada por Martín Arjol, que propone modificar el artículo 48 del Título Cuarto de la Constitución Provincial, correspondiente a Derechos Políticos y Régimen Electoral.
En paralelo, la diputada Franco y otros legisladores presentaron el expediente D-69957/26, que propone crear el Programa “Invertí Misiones”, bajo la figura de un Régimen Misionero Complementario de Inversiones Estratégicas.
La idea busca generar un marco específico para atraer capital privado, fomentar nuevos proyectos productivos y complementar los esquemas de promoción existentes.
La provincia viene trabajando en distintas herramientas de incentivo para sostener la inversión frente al freno macroeconómico nacional, por lo que este expediente aparece alineado con esa estrategia de política económica.
A eso se suma el expediente D-69446/25, presentado por el diputado Loreiro junto a otras legisladoras, que propone modificar varios artículos de la Ley VIII – N.º 59 e instituir el Régimen de Promoción, Fomento, Radicación, Habilitación e Inversiones de Actividades de Producción Local.
El proyecto apunta a fortalecer la estructura productiva provincial con herramientas específicas para facilitar radicación de inversiones, simplificar habilitaciones y consolidar el desarrollo de actividades locales.
Se trata de una iniciativa especialmente sensible para sectores industriales, comerciales y emprendedores que reclaman menor burocracia y mayor previsibilidad.
La apertura parlamentaria muestra que 2026 no será un año legislativo de baja intensidad. Por el contrario, la combinación de debates sobre transparencia política, reglas electorales, funcionamiento institucional e incentivos económicos anticipa sesiones de alto voltaje.
