La política misionera volvió a colocar a la Justicia en el centro de la agenda institucional. Durante la previa de la sesión legislativa de este jueves, el conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, anunció que la próxima semana ingresará formalmente a la Cámara de Representantes el proyecto para incorporar el sistema acusatorio al fuero penal provincial.
Se trata de una de las reformas judiciales más relevantes de las últimas décadas en Misiones. El cambio implica abandonar progresivamente el modelo inquisitivo tradicional para adoptar un esquema en el que la investigación penal queda a cargo de los fiscales, mientras los jueces asumen el rol de garantes de los derechos constitucionales y del control de legalidad del proceso.
Según explicó Rovira, la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace tiempo entre el Poder Legislativo y distintos actores del ámbito judicial, con el objetivo de construir herramientas legales que permitan mejorar el funcionamiento de la Justicia.
“Hace tiempo venimos trabajando en una think tank con el Poder Judicial, con la facultad que tiene el Legislativo de sancionar leyes con una visión que asegure una mejor Justicia”, señaló Rovira.
La iniciativa aparece alineada con una tendencia que ya avanzó en gran parte de las provincias argentinas y también en la justicia federal. El objetivo es dotar de mayor celeridad, transparencia y eficiencia a las investigaciones penales, reduciendo tiempos procesales y fortaleciendo la oralidad en las distintas etapas del proceso.
El anuncio realizado por Rovira adquiere relevancia política por el momento institucional en que se produce. En los últimos meses, la Legislatura impulsó una serie de reformas vinculadas a la modernización del Estado, la digitalización de procesos y la actualización de marcos normativos considerados estratégicos para la provincia.
El sistema acusatorio modifica de manera sustancial la estructura de poder dentro del proceso penal. Los fiscales pasan a conducir las investigaciones y a reunir las pruebas necesarias para sostener una acusación. Los jueces dejan de intervenir en la producción de evidencia y concentran su actuación en garantizar el respeto de las garantías constitucionales de las partes.
La transformación también exige cambios organizacionales profundos. Requiere fortalecer los ministerios públicos, capacitar operadores judiciales, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y redefinir protocolos de actuación entre fiscales, jueces, defensores y fuerzas de seguridad.
En las jurisdicciones donde el modelo ya fue implementado, uno de los efectos más visibles fue la reducción de los tiempos de tramitación de las causas. También aumentó la utilización de audiencias orales y públicas, lo que permite un mayor control ciudadano sobre el funcionamiento de la Justicia.
Para Misiones, la discusión abre además un debate institucional de largo alcance. No se trata únicamente de una reforma procesal. Supone una redefinición del funcionamiento del sistema penal y de la relación entre los distintos actores judiciales.
El ingreso del proyecto marcará el inicio de una etapa de análisis legislativo que probablemente convoque a magistrados, fiscales, abogados, académicos y especialistas en derecho procesal. La magnitud de la reforma anticipa un debate técnico intenso, aunque con una orientación política ya definida: avanzar hacia un modelo penal más ágil, oral y acusatorio.
Con el anuncio de Rovira, la provincia se prepara para discutir una transformación estructural que podría modificar de manera permanente la administración de justicia penal en Misiones.
La desaparición de una persona activa una carrera contra el tiempo. En los casos de mujeres, niñas y adolescentes, las primeras horas suelen definir el desenlace. Sobre esa premisa se apoya el proyecto de ley que presentó la diputada Anazul Centeno a a la Cámara de Representantes para crear el Sistema Provincial de Alerta Urgente para la Búsqueda de Mujeres, Niñas y Adolescentes Desaparecidas, denominado “Alerta Dulce María”.
La iniciativa busca institucionalizar un protocolo de reacción inmediata. Sin demoras. Sin períodos de espera. Con difusión masiva desde el momento de la denuncia. El objetivo: maximizar las posibilidades de localización y reducir los riesgos asociados a violencia de género, trata de personas, explotación sexual o femicidios.
El proyecto establece que la denuncia deberá activar de forma automática los mecanismos de búsqueda. La norma prohíbe cualquier criterio temporal de espera antes de iniciar acciones de localización. También incorpora principios de debida diligencia reforzada, perspectiva de género, interés superior de la niñez y protección integral de derechos.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Gobierno. Tendría facultades para coordinar la difusión simultánea de fotografías y datos esenciales mediante medios de comunicación, redes sociales, telefonía móvil, plataformas digitales y cartelería pública. El texto prevé convenios con empresas tecnológicas para automatizar alertas geolocalizadas en zonas donde se presuma la desaparición.
Uno de los aspectos centrales es la rapidez. La alerta deberá resolverse en un plazo máximo de dos horas desde la radicación de la denuncia. En el caso de niñas y adolescentes, la activación será automática cuando existan condiciones de riesgo. Además, el sistema podrá complementarse con mecanismos nacionales ya vigentes.
La propuesta define varios criterios de activación. Antecedentes de violencia. Amenazas previas. Sospechas de captación mediante redes sociales. Posibles situaciones de trata. Condiciones de vulnerabilidad agravada. También cualquier circunstancia que permita presumir peligro para la vida o integridad de la persona buscada.
El proyecto crea además una Mesa Provincial de Coordinación Interinstitucional. Estará integrada por la Policía de Misiones, el Poder Judicial, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública, la Línea 137 y la Subsecretaría de la Mujer. Su función será eliminar barreras burocráticas y unificar estrategias de búsqueda.
Otro componente relevante es la creación de un Registro Provincial Automatizado. La herramienta permitirá relevar estadísticas, detectar patrones delictivos, identificar zonas de riesgo y evaluar la eficacia del sistema. Parte de esa información será pública, aunque preservando los datos sensibles de las víctimas.
El antecedente que impulsó la iniciativa
El proyecto toma su nombre de Dulce María Beatriz Candia. Su desaparición y posterior desenlace trágico conmocionaron a Misiones. El caso expuso limitaciones en los mecanismos de reacción temprana y reabrió el debate sobre la necesidad de fortalecer herramientas específicas para búsquedas urgentes con perspectiva de género.
Los fundamentos remarcan que la propuesta no pretende reemplazar a la Alerta Sofía. Busca complementarla. La diferencia radica en el foco. Mientras el sistema nacional está orientado a niñas, niños y adolescentes en situaciones de alto riesgo, la Alerta Dulce María incorpora variables vinculadas a violencia de género, captación, explotación sexual y trata de personas.
La iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación por los casos de violencia extrema contra mujeres. Según datos citados en los fundamentos, Argentina registró 262 víctimas fatales de violencia de género durante 2025. Una cada 33 horas. Misiones figuró entre las provincias con mayores tasas relativas, con 14 femicidios reportados durante ese año.
El proyecto propone una respuesta institucional basada en la inmediatez, la coordinación y el uso intensivo de tecnología. La discusión legislativa pondrá en debate hasta dónde puede llegar la capacidad estatal para intervenir durante las primeras horas de una desaparición. Un terreno donde, muchas veces, cada minuto cuenta.
La sesión de este jueves en la Cámara de Representantes tendrá uno de los capítulos institucionales más importantes del año. Entre los asuntos incorporados al orden del día figuran una serie de acuerdos legislativos para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial de Misiones, incluyendo la designación de Andrés Poujade como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia.
La nómina de nombramientos impulsada por el Poder Ejecutivo abarca distintos niveles de la estructura judicial y alcanza a las cuatro circunscripciones de la provincia. Más que una simple cobertura de vacantes, el paquete de acuerdos representa una renovación significativa en organismos clave para el funcionamiento del sistema de justicia.
La designación de mayor trascendencia es la de Poujade, quien recibirá acuerdo legislativo para incorporarse al Superior Tribunal de Justicia. Se trata de uno de los cargos institucionales más relevantes de la provincia, ya que el máximo tribunal no sólo interviene en las causas de mayor importancia jurídica, sino que además ejerce la superintendencia administrativa y define criterios que impactan sobre el conjunto del Poder Judicial.
Con Poujade, el STJ volverá a tener nueve miembros, tras la jubilación de Ramona Velázquez y se romperá la paridad de género, nuevamente con mayoría masculina de cinco a cuatro.
Junto a esa designación, la Legislatura avanzará en la cobertura de cargos estratégicos dentro de la justicia penal.
En Posadas, Carla Alejandra Freitag fue propuesta para asumir como jueza de Instrucción del Juzgado de Instrucción N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial. Se trata de una función central dentro del esquema de investigación penal de la capital provincial, donde se concentra una parte sustancial de las causas que ingresan al sistema.
Para la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá, el acuerdo legislativo alcanzará a Diego Agustín Lafata, quien ocupará el cargo de juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción N.º 1. La jurisdicción obereña se ha consolidado como uno de los polos judiciales más activos del interior provincial, atendiendo una amplia región del centro de Misiones.
En Eldorado, César Humberto Lirussi fue propuesto para desempeñarse como juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción N.º 2 de la Tercera Circunscripción Judicial. La cobertura de este cargo resulta particularmente relevante en una zona atravesada por dinámicas fronterizas y un crecimiento demográfico sostenido que incrementa la demanda sobre el sistema judicial.
La agenda parlamentaria también contempla el fortalecimiento del Ministerio Público. Camila Arruti fue postulada para ocupar la Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar N.º 1 de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Rico. El cargo adquiere especial relevancia en un contexto donde los conflictos familiares y las situaciones de violencia requieren cada vez mayor especialización y capacidad de respuesta institucional.
Asimismo, Martín Ignacio Balor recibirá acuerdo para desempeñarse como agente fiscal en lo Correccional y de Menores N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial. Su función estará vinculada a la intervención en causas correccionales y procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes.
La nómina se completa con dos designaciones en la Justicia de Paz. Luis Sebastián Martínez fue propuesto para asumir como juez de Paz Letrado de Primera Categoría del Juzgado de Paz Civil y Comercial N.º 2 de Posadas, mientras que Rosa Raquel Dionisia Mazal ocupará el cargo de jueza de Paz Letrada de Primera Categoría en Puerto Iguazú.
Desde una perspectiva institucional, la cobertura de estas vacantes busca consolidar la estructura judicial en distintos puntos de la provincia y reducir la dependencia de mecanismos transitorios como las subrogancias. También representa una señal de fortalecimiento de organismos que cumplen funciones esenciales para garantizar el acceso a la justicia y la resolución de conflictos.
El tratamiento de los acuerdos constituye además una expresión concreta del sistema de controles previsto por la Constitución provincial. Mientras el Poder Ejecutivo impulsa las postulaciones, corresponde a la Legislatura analizar los antecedentes de los candidatos y otorgar el acuerdo necesario para su designación definitiva.
Si los dictámenes son aprobados durante la sesión, Misiones avanzará en una de las renovaciones judiciales más amplias de los últimos meses, incorporando magistrados y funcionarios que tendrán un rol determinante en el funcionamiento del sistema de justicia durante los próximos años.
La Cámara de Representantes de Misiones volverá a poner en agenda uno de los reclamos más persistentes del sector productivo provincial: la necesidad de un tratamiento diferencial frente a las profundas asimetrías estructurales que condicionan la competitividad de la provincia. Con impulso del bloque Encuentro Misionero y respaldo transversal de distintos espacios políticos -incluida La Libertad Avanza-, la Legislatura analizará esta tarde una batería de proyectos orientados a exigir al Gobierno nacional medidas concretas de alivio fiscal, reducción de costos logísticos y herramientas específicas para compensar la desventaja geográfica y tributaria que enfrenta Misiones.
El núcleo del planteo apunta a la creación de un régimen diferencial y específico para Misiones basado en exenciones impositivas nacionales y aduaneras para todas las actividades económicas desarrolladas o a desarrollarse en el territorio provincial. La iniciativa parte de una premisa que ya no distingue oficialismo ni oposición: Misiones compite todos los días contra Brasil y Paraguay, pero lo hace con una mochila fiscal mucho más pesada.
La provincia tiene más del 90 por ciento de sus límites internacionales, una condición geográfica singular que la convierte en una península económica dentro de la Argentina. Esa frontera permanente genera una competencia directa y desigual con los países vecinos, donde las diferencias cambiarias, impositivas y regulatorias impactan de lleno sobre el comercio, la industria y la producción local.
A eso se suma una estructura histórica de desventajas: lejanía de los grandes centros económicos, altos costos de transporte, dependencia casi exclusiva del transporte terrestre, deterioro de rutas nacionales y ausencia de un sistema ferroviario de cargas eficiente. En ese escenario, el sector privado misionero sostiene hace años que no compite en igualdad de condiciones ni con otras provincias argentinas ni con las economías limítrofes.
Por eso, el proyecto plantea que un nuevo esquema de promoción económica no debe interpretarse como un privilegio, sino como una herramienta de equidad territorial. La intención es consolidar a Misiones como un nodo estratégico dentro del Mercosur, con incentivos fiscales orientados a la producción, la industrialización, la innovación tecnológica y la generación de exportaciones con valor agregado.
Los cuatro reclamos clave de Misiones a Nación
Proyecto
Qué se pide
Objetivo
Régimen diferencial
Exenciones impositivas nacionales y aduaneras para toda la actividad económica provincial
Corregir asimetrías estructurales y mejorar competitividad frente a Brasil y Paraguay
Baja de retenciones
Reducir derechos de exportación para granos producidos en Misiones
Compensar sobrecostos logísticos y estimular producción agroindustrial
Reglamentación Ley 27.264
Aplicación urgente del artículo 10 para pymes de frontera
Beneficios fiscales concretos para micro, pequeñas y medianas empresas
Combustibles
Reducir carga tributaria sobre combustibles líquidos, especialmente gasoil
Bajar costos logísticos y mejorar competitividad de economías regionales
Pero el paquete no se agota allí. Otro de los proyectos solicita la reducción de los derechos de exportación para los granos producidos en Misiones. El argumento es contundente: las condiciones agroecológicas de la provincia son radicalmente distintas a las de la Pampa Húmeda, donde los rindes son más altos y la cercanía a los puertos abarata de manera sustancial los costos logísticos.
En Misiones, por el contrario, los sobrecostos logísticos se estiman entre un 20 y un 30 por ciento respecto de las regiones centrales del país. La distancia a los puertos exportadores, la falta de operatividad ferroviaria y la dependencia del camión encarecen toda la estructura productiva. Si a eso se suman retenciones elevadas, la ecuación directamente expulsa inversiones y desalienta la producción.
La Legislatura sostiene que una baja de retenciones no implicaría una pérdida real de recaudación para Nación, porque muchos cultivos hoy directamente no se desarrollan por falta de competitividad. La medida, aseguran, podría generar empleo formal, atraer inversiones y potenciar la actividad agropecuaria e industrial de la provincia.
Otro punto clave del paquete apunta a la reglamentación urgente del artículo 10 de la Ley Pymes, una norma que prevé beneficios específicos para micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en zonas de frontera. Aunque la ley existe, su falta de reglamentación impide su aplicación efectiva, dejando a miles de pymes misioneras sin una herramienta que podría compensar buena parte de las asimetrías competitivas con Brasil y Paraguay.
La agenda también incluye un pedido para reducir la carga tributaria sobre los combustibles líquidos, especialmente el gasoil, un insumo central para la logística, el agro, la forestoindustria y el comercio. El expediente impulsado por los diputados Juan José Szychowski, Alejandro Arnhold y Sebastián Macías solicita a Nación un esquema fiscal diferencial que contemple la distancia a los puertos, la ubicación periférica y la condición fronteriza de Misiones.
El planteo es claro: el combustible más caro termina siendo un impuesto silencioso a toda la economía provincial. Cada litro más caro encarece la producción, el transporte y el precio final de los bienes, profundizando la pérdida de competitividad frente a otras regiones del país.
El dato político no es menor. Los proyectos encontraron respaldo de bloques opositores y también acompañamiento desde La Libertad Avanza, una señal de que el reclamo dejó de ser una bandera sectorial para transformarse en una demanda institucional de la provincia.
En un contexto de fuerte ajuste fiscal nacional y caída de recursos federales, Misiones busca reabrir una discusión histórica: si la Nación no corrige las asimetrías estructurales, el costo lo sigue pagando la producción local. Esta vez, la Legislatura quiere elevar el reclamo con más volumen político y menos margen para la indiferencia.
No perder centralidad. Encuentro Misionero comenzó a encender la chispa política, esa que permite discutir posiciones, buscar coincidencias y dejar de lado las disidencias en pos del bienestar general. El jueves último, antes del inicio de las sesiones de la Cámara de Diputados, en la Legislatura se vivió una reunión inusual, en la que los protagonistas fueron jóvenes, empresarios y profesionales.
Desde un jóven médico que lleva su voluntariado a las colonias -encontró rápida sociedad con un oftalmólogo que se ofreció a sumarse-, escritores, influencers hasta empresarios, con un denominador común: pensar y priorizar el desarrollo de Misiones. En ese escenario se presentó el manifiesto fundacional de Encuentro Misionero, en el que se proclama que es posible otra forma de hacer política: con proximidad, con gestión continua y “despreciando las disputas del poder central”.
Varios puntos resaltan en el manifiesto. La identidad que nace “desde la selva bordeada por ríos” y una definición que descarta la idea de “periferia”, y construye un espacio con rasgos propios con la determinación de seguir avanzando sin tutelas impuestas desde el país central.
Esa rebeldía atraviesa, destacó Carlos Rovira, los cimientos de la provincia, que fue una de las que declaró la Independencia un año antes que el país central, en el Congreso del Arroyo La China, en territorio oriental, donde hoy es Entre Ríos. Lejos de renegar de ese pasado, la propuesta de Encuentro Misionero se basa en capitalizar lo logrado, incorporando nuevas voces “sin abandonar lo que funciona”.
Es un reposicionamiento, una (re) evolución de la propia Renovación, que nació con la unidad de peronistas, radicales e independientes, superó la transversalidad y experimentó con fallidos blends y refresh.
La irrupción en el escenario político de esa evolución renovadora contrasta con la parálisis que exhibe hoy el Gobierno nacional, atado a la suerte de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo de enriquecimiento, frivolidades y secretos palaciegos. “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”, lo defendió el Presidente. El [reiterado] respaldo al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, a esta altura preocupa hasta a los más convencidos por las consecuencias electorales que genera el desplome en las encuestas, que arrastra al propio Javier Milei. La primera advertencia fue de Patricia Bullrich, en un intento por despegarse del deterioro acelerado en las encuestas.
La desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. Siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada, revela el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba.
Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%. Manuel Adorni exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa. La corrupción que venían a desterrar, se convirtió en el principal foco de conflicto en el Gobierno, con Adorni como emblema que eclipsa otras causas, como $Libra, Andis o el 3% para la Primera Hermana.
Demian Reidel, con un pasado en JP Morgan y Goldman Sachs, amigo y economista más influyente del círculo íntimo de Javier Milei acaba de ser imputado por los gastos exorbitantes y lujosos realizados con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, empresa que presidía. Entre los gastos observados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a la firma Mar y Sombra SL, una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; además de transferencias por Mercado Pago, hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y consumos en distintos países.
También aparecen adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.
La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que incluso si los gastos hubiesen estado vinculados a viajes oficiales, los consumos resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.
Pagano -una de las libertarias más arrepentidas- también afirmó que Adorni es “el cajero de Karina Milei” y sugirió que cobró tres millones de dólares de la estafa con la criptomoneda Libra que promocionó Milei.
La legisladora del monobloque Coherencia, una de las denunciantes del jefe de Gabinete en la justicia federal, también le apuntó al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, a quien tildó de “bolsero de Adorni”. Lanari es misionero, hijo de Carlos Lanari, ex presidente de la Sociedad Rural Misiones y hermano de Enrique, quien también entró a trabajar en el Estado con la gestión libertaria. Es un apellido que se escuchó mucho en estos últimos años.
La Sociedad Rural de Lanari se alineó al proyecto macrista de convertir a Misiones en tierra a conquistar por la corporación Maizar, con el objetivo de exportar maíz a Brasil. Pretendían plantar 250 mil hectáreas, pero el proyecto quedó trunco por la resistencia de ambientalistas y la caída de Cambiemos. Ahora ese proyecto se retoma con los herederos libertarios -muchos ex macristas-, que quieren imponer el mismo plan, junto a soja y trigo para abastecer los pooles de siembra. El problema no es la soja ni el trigo, sino lo que trae aparejado. El macrismo, que también impulsaba la desregulación yerbatera que concretó la versión libertaria, nunca pudo explicar el impacto ambiental que traería aparejado ampliar la producción de maíz. Serían miles de litros de glifosato, lo mismo que demandaría la incorporación de trigo y de soja, que hoy no aparecen en el mapa productivo de Misiones. La dosis típica de glifosato oscila entre 2 y 4 litros por hectárea para malezas anuales, aunque puede aumentar hasta 15 o más litros en casos de alta resistencia o cultivos específicos
Misiones inició un camino inverso, con el objetivo de erradicar el uso de agroquímicos. Pero no es el único punto de fricción: el modelo sojero no es compatible con el minifundio misionero y sólo tiene rentabilidad en grandes extensiones. Y la renta no se quedaría en la chacra, sino en los capitales inversores.
Significaría la expulsión del pequeño productor de la chacra para darle entrada a dos o tres grandes grupos. Y también un profundo cambio de la provincia, tal como se la conoce, con rentabilidad para unos pocos. Pero de eso prefieren no hablar los promotores del modelo, ahora Adrián Núñez, antes Jerónimo Lagier. Sin embargo, están haciendo un trabajo de hormiga para sumar adhesiones, particularmente en el Alto Paraná, con el diputado Miguel Núñez como avanzada. Aunque la facción libertaria promete quedarse con el armado de “Misiones Productiva”.
Adorni, ex vocero devenido en Jefe de Gabinete está virtualmente callado, porque cada vez que enfrenta un micrófono -que no sea de los amigos-, es inevitable una pregunta sobre su nivel de gastos, la cascada de su piscina pagada cash en dólares black, sus flamantes propiedades o, incluso, su reciente distanciamiento con su esposa, que tomó distancia… por redes sociales. Una decadente novela libertaria con final incierto. Los únicos que todavía celebran al ex vocero son los misioneros Diego Hartfield, Adrián Núñez y Valeria Soczyuk.
En un intento desesperado por recuperar la iniciativa, el viernes hubo una conferencia de prensa encabezada por Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo y la de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Los empresarios hablan del riesgo Adorni”, inquirió un periodista. Y fue más allá: “¿Ustedes cobran sobresueldos? No hubo respuestas. Ni negativas.
Momento del día -Ministro, no creo que lleguen las inversiones, los empresarios hablan del RIESGO ADORNI. Mi otra pregunta: ustedes cobran sobresueldos? … -Nono, pregúntenme sobre el Super RIGI -Y lo de sobresueldos? -Dios mio… No se entendió el formato de la conferencia creo pic.twitter.com/E55DhRV5XS
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 8, 2026
El nuevo Super Rigi, anunciado de apuro y sin muchos detalles, no es otra cosa que más beneficios fiscales para los grandes capitales que inviertan en la Argentina, mientras que la economía real sufre una inédita caída, por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento exponencial de los costos de producción.
El Rigi original no tuvo la explosión esperada y se concentró únicamente en minerales o petróleo, mientras que el resto de las economías regionales sobrevive en una extensa agonía, tanta que hasta la Confederación Económica de la Mediana Empresa, que hasta ahora había mantenido un piadoso silencio, salió a pedir que el Gobierno tome medidas de reactivación y baje la presión impositiva.
Pese a los beneficios prometidos, de las 36 iniciativas presentadas en el Rigi original, hasta el momento, 22 continúan en evaluación oficial. En contraste, la Inversión Extranjera Directa está en niveles mínimos. Entre octubre y diciembre de 2025 hubo una salida neta de capitales de empresas extranjeras por 4.687 millones de dólares y la fuga de capitales en Argentina ha registrado niveles históricos en 2025 y principios de 2026 superando los US$ 23.000-25.000 millones, por encima de 2018 y aproximándose a crisis severas.
Caputo no tiene respuestas más que evasivas y atribuye la desconfianza al “riesgo Kuka”, al mismo tiempo que niega cualquier posibilidad de que vuelvan a ganar las elecciones. Incluso culpó a la sociedad por el explosivo crecimiento de la morosidad bancaria. “La gente pensó que la inflación iba a licuar las deudas“, dijo sin atender la pérdida del poder adquisitivo generalizada.
Esa caída de la actividad, obviamente se traduce en menor recaudación -ya van nueve meses consecutivos de caída real- y menos distribución de recursos federales a las provincias.
Sin embargo, la decisión política en Misiones es sostener la actividad económica con todas las herramientas disponibles. En esa línea se inscriben el Ahora Chacra, el Ahora Verdulería y la continuidad de medidas de alivio fiscal para inyectar flujo de caja, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, aunque las grandes también están recibiendo atención.
La reedición de la línea de descuento de cheques a tasa cero con el Banco Macro para mejorar el precio de la materia prima yerbatera fue bien recibido por la industria, que necesita financiamiento barato. El objetivo es elevar el piso de la hoja verde a 301 pesos y el de la canchada 1.160 pesos. Además, este año se incorporó una nueva herramienta: los molinos que paguen el precio mínimo de la canchada también podrán descontar los cheques provenientes de supermercados por la venta de yerba elaborada. Pese a la urgencia libertaria por mostrar datos positivos que justifiquen los bemoles de la desregulación, la yerba mate atraviesa un momento crítico en el sector productivo y de expectativa en el consumo interno, que está por debajo de 2025 y de 2023, que fue el año récord y el último del mercado “regulado”. Solo las exportaciones salvan la ropa, aunque con una rentabilidad en jaque.
En el Gobierno provincial entienden que la yerba no será atendida por la Nación -lo descartó el propio Adorni- y que la estabilidad -difícil hablar de recuperación- es vital en el terreno, por eso las medidas de contención.
Nuevamente, es recuperar el centro de la escena, la iniciativa, que no haya reacciones, sino acciones. Esa parece ser la premisa en esta etapa preelectoral que vio nacer a Encuentro Misionero. Marcar la agenda política, parlamentaria y económica y ahí radica una de las principales diferencias con las oposiciones, que responden a una agenda externa, en la que Misiones aparece poco y nada o es considerada una zona “periférica” en los excel de Nación.
El año en la Legislatura arrancó con la toma de estado parlamentario del proyecto de Ficha Limpia, impulsado por Carlos Rovira, que es mucho más severo que el que se discute en Nación. El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme y aun cuando la pena sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el orden democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, contra la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.
Esto implica que quedarían alcanzados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático. También quedarán excluidos quienes figuren como deudores alimentarios morosos, quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal y quienes tengan tres o más infracciones graves de tránsito acreditadas en los últimos dos años previos a la oficialización de listas. Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los ciberdelitos como causal de inelegibilidad automática. El proyecto prevé que no podrán competir quienes tengan requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos vinculados al mundo digital, como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas, fraudes informáticos y otros delitos tipificados en el Código Penal.
La propuesta suma además una exigencia inédita: un certificado de aptitud toxicológica obligatorio al momento de oficializar listas. El postulante deberá presentar estudios integrales sobre al menos cuatro matrices biológicas -orina, saliva, folículo piloso y sangre- para acreditar la presencia o ausencia de consumo de sustancias psicoactivas. En caso de antecedentes de consumo problemático, deberá acompañar certificación de alta terapéutica o rehabilitación exitosa. El gobernador Hugo Passalacqua se adelantó y decretó la obligatoriedad de narcotests preventivos para descartar el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los niveles de decisión política y fuerzas de seguridad. “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.
No será la única iniciativa que causará revuelo. Rovira, quien anticipó que Encuentro Misionero acompañará la eliminación de las PASO, deslizó la posibilidad de discutir la ley de Lemas actual para transformarla en una boleta única con ley de lemas por partido. El ex gobernador recordó que la ley de Lemas surgió de un acuerdo del viejo peronismo con el viejo radicalismo y que con él en el Gobierno, se suprimió el capítulo para gobernador, posibilidad que incorporó ahora Salta, curiosamente cuyo gobernador, Gustavo Saenz, es aliado libertario.
El contraste con la agenda opositora es notable. El jueves los libertarios debutaron con una gaffe llamativa: pretendían que un dictamen ya aprobado vuelva a comisión porque ellos no integraban la Cámara cuando se trató originalmente. Un capricho que se da de bruces contra los principios democráticos.
