LEY BRISA

La violencia no frena: un femicidio cada 32 horas en el país y récord en Misiones

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La violencia de género en Misiones dejó de ser una estadística aislada para transformarse en una señal estructural de alarma. Mientras el informe nacional del Observatorio MuMaLa muestra que la provincia registra dos femicidios en el primer cuatrimestre de 2026 y una tasa inferior a la media nacional, los números expuestos por el gobernador Hugo Passalacqua ante la Legislatura revelan una realidad mucho más profunda: durante 2025 hubo más de 31 mil denuncias por violencia, un incremento cercano al seis por ciento respecto al año anterior, con un promedio de 86 denuncias por día y 11 femicidios, el número más alto de los últimos seis años.

El contraste obliga a una lectura más seria. El corte estadístico de MuMaLa muestra una fotografía parcial de enero a abril de 2026, pero el dato político y social relevante está en la tendencia consolidada: Misiones exhibe una presión creciente sobre todo el sistema de prevención, contención y respuesta estatal.

A nivel nacional, MuMaLa registró entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 un total de 90 femicidios, lo que equivale a un asesinato por razones de género cada 32 horas. De ese total, 67 fueron femicidios directos, hubo tres trans-travesticidios, once feminicidios vinculados al narcotráfico y crimen organizado y cinco suicidios feminicidas. Además, se contabilizaron 356 intentos de femicidio y 61 niños, niñas y adolescentes que quedaron sin madre.

La radiografía nacional mantiene un patrón persistente: el 50 por ciento de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas, mientras que el 67 por ciento ocurrió dentro de la vivienda de la víctima o en el hogar compartido. El principal espacio de riesgo sigue siendo el ámbito doméstico.

La tasa nacional se ubicó en 0,4 víctimas cada 100 mil mujeres. Las provincias con mayores índices fueron Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y Santa Fe. Buenos Aires concentró la mayor cantidad absoluta con 35 casos, seguida por Santa Fe con 15.

Misiones aparece con dos casos en ese mismo período: un femicidio directo y un trans-travesticidio, con una tasa de 0,3 víctimas cada 100 mil mujeres, por debajo del promedio argentino. Sin embargo, ese número pierde sentido si no se lo conecta con el volumen previo de violencia denunciada.

Passalacqua fue explícito ante la Cámara de Representantes: en 2025 se registraron más de 31 mil denuncias, casi seis por ciento más que en 2024. Son 86 denuncias por día. Además, más del 79 por ciento de las víctimas continúan siendo mujeres. El dato más duro fue otro: Misiones alcanzó en 2025 el mayor número de femicidios de los últimos seis años, con 11 casos.

Ese escenario demuestra que el problema no está solamente en los femicidios consumados, sino en la enorme masa previa de violencia que antecede a esos hechos. La provincia tiene una presión cotidiana sobre juzgados, comisarías, líneas de asistencia, refugios y áreas sociales que exige respuestas mucho más rápidas y coordinadas.

Violencia de Género en Misiones: los datos que alarman

Indicador Dato Análisis
Denuncias en 2025 31.000+ Casi 6% más que en 2024
Promedio diario 86 denuncias por día Presión constante sobre el sistema judicial y social
Víctimas mujeres 79% La violencia sigue afectando principalmente a mujeres
Femicidios 2025 11 El peor registro de los últimos 6 años
Femicidios enero-abril 2026 2 1 femicidio directo y 1 trans-travesticidio
Tasa provincial 2026 0,3 Cada 100 mil mujeres (media nacional: 0,4)

Fuente: Observatorio MuMaLa 2026 + mensaje del gobernador Hugo Passalacqua ante la Legislatura.

El informe de MuMaLa también expone una falla estructural en todo el país: apenas el 10 por ciento de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, y de ese grupo, el 75 por ciento ya contaba con una restricción de acercamiento o perimetral. Es decir, incluso cuando el sistema judicial ya había intervenido, muchas veces no logró evitar el desenlace fatal.

En una provincia con 31 mil denuncias anuales, ese dato debería ser el centro de la política pública. No alcanza con recibir denuncias: el desafío real es identificar cuáles representan riesgo letal inmediato y actuar antes de que la violencia escale.

También hay una consecuencia menos visible pero devastadora. En apenas cuatro meses de 2026, 61 niños y adolescentes quedaron sin madre por femicidios en Argentina. Al menos 31 podrían acceder a la Ley Brisa, que prevé reparación económica para hijos de víctimas de violencia letal. Cada femicidio no termina en la víctima directa: deja una cadena de daños familiares, sociales y económicos que se extiende durante años.

La conclusión es incómoda pero inevitable. Misiones no aparece hoy entre las provincias con mayor tasa de femicidios, pero sí está atravesando una emergencia sostenida en violencia de género. Las 86 denuncias diarias y el récord de femicidios de 2025 indican que el problema no está en la excepción, sino en la persistencia.

El verdadero termómetro no debería ser sólo cuántos femicidios se consuman, sino cuántos pudieron evitarse antes de llegar a ese punto.

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Se sancionó la Ley Brisa, una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios

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En una nueva sesión de la Cámara de Diputados , que dejó la sanción del proyecto de ley Justina -una iniciativa que convierte a todo mayor de 18 años en donante-, también se sancionó la ley Brisa, una reparación económica a hijos de víctimas de femicidios.
Luego de conseguir 203 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó hoy por unanimidad la “ley Brisa”, por la cual se crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
La diputada Alejandra Martínez (UCR) fue la encargada de explicar los alcances del proyecto. “El femicidio pone en evidencia la violencia de género más estructural que ocurre en nuestro país. Además de las víctimas directas, están las víctimas colaterales. Es el momento en que más necesitan del Estado”, dijo.
“Ponemos el nombre de un caso emblemático, el de Brisa, pero es una situación que se repite de a cientos en el país. Es una ley impulsada por familiares y por el gran empuje que le dio ‘La Casa del Encuentro’”, narró Martínez, titular de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Brisa tiene 5 años y su padre está condenado por haber matado a su madre en 2014. Vive en la localidad bonaerense de Moreno con sus hermanos mellizos, sus tres primos y sus tíos. Su dolorosa historia fue tomada por la asociación civil La Casa el Encuentro para reclamar e impulsar la ley aprobada hoy.
“Estamos aquí con esta posibilidad de dar respuesta, con una reparación económica fundamental ante el desamparo de la víctima. Hemos decidido dar una lucha contra la violencia de género y hacernos cargo como estado de lo que esa violencia genera”, dijo la diputada Martínez.
En tanto, Cristina Álvarez Rodríguez (FPV-PJ) recordó que “no hay ámbito privado en la violencia de género. No siempre la justicia actúa como tiene que actuar en estos casos”.
“Hoy es un día muy especial, porque estamos legislando para una niña que tuvo una tragedia enorme, pero que refleja a todos los que están en ese mismo lugar. En la prevención no podemos esperar más, porque el Estado llega tarde con esta pensión”, alegó la diputada.
Desde el bloque Justicialista, María Carolina Moisés sostuvo que se trata de un “una reparación de parte del Estado, que no llega a prevenir estas situaciones. Esto no es un beneficio social, son políticas que parten del dolor de la gente”.
“Tenemos que fortalecer el rol del Estado y que sea más presente en beneficio de los más vulnerables”, añadió.
Igualmente, la diputada Cecilia Moreau, del Frente Renovador, evidenció que esta “ley no resuelve el problema de fondo, tiene cosas que se podrían haber mejorado”.
“Cuando un niño pierde a su mamá de manos de un femicida, no hay retorno, y no hay reparación económica que alcance. Por eso esta ley viene a poner el foco en las víctimas colaterales de los femicidios. Y tiene que ser parte de un plan de lucha sistemática contra la violencia de género”, resumió Moreau.
El proyecto propone que se cree un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuando cualquiera de sus progenitores haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio contra su otro su progenitora.
Según la iniciativa, para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.
La reparación económica establecida en la presente ley debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo y se la considera de atención integral compatible con las asignaciones familiares.
Además, dispone la cobertura integral de salud la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica, garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo

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