El Gobierno nacional puso en marcha la Red Federal de Concesiones (RFC) con el objetivo de mejorar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, elevar los estándares de seguridad vial y reemplazar un esquema deficitario por uno transparente y sin subsidios del Tesoro. La Etapa I ya comenzó el 7 de enero, mientras que el resto de los tramos se preparan para su licitación en sucesivas fases, con foco en posesión, administración y mantenimiento de la red.
Etapa I en ejecución y arranque operativo
La implementación de la RFC ya tiene obras en curso. Desde el 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios asumió la gestión de las rutas 12, 14, 135, A015 y 117 en su paso por Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En paralelo, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni se hizo cargo de la ruta nacional 174, que conecta Santa Fe y Entre Ríos a través del Puente Rosario–Victoria.
Con esta etapa inicial activa, el Ejecutivo avanzó en la definición del mapa completo de tramos a intervenir en el resto del país. La información oficial está disponible en argentina.gob.ar, donde se detallan los corredores y su extensión.
Lo que viene: Etapa II y el detalle de kilómetros a licitar próximamente
La Etapa II, próxima a licitarse, incluye los tramos Sur Atlántico Acceso Sur y Pampa, que en conjunto suman 1.871,8 kilómetros. A su vez, el programa completo prevé intervenir corredores estratégicos distribuidos por regiones, con el siguiente detalle de kilómetros proyectados a licitar:
Tramo Oriental: 682,28 km
Tramo Conexión: 59,43 km
Tramo Sur Atlántico Acceso Sur: 1.325,17 km
Tramo Pampa: 546,65 km
Tramo Centro: 681,92 km
Tramo Mesopotámico: 276,11 km
Tramo Centro Norte: 536,43 km
Tramo Noroeste: 596,52 km
Tramo Litoral: 546,74 km
Tramo Noreste: 456,22 km
Tramo Chaco–Santa Fe: 497,18 km
Tramo Cuyo: 329,09 km
Tramo Mediterráneo: 672,32 km
Tramo Portuario Sur: 636,75 km
Tramo Portuario Norte: 528,04 km
Tramo Puntano: 720 km
El alcance total confirma una reconfiguración integral de la red vial nacional, con licitaciones escalonadas y foco en corredores productivos, logísticos y de alto tránsito.
Objetivo fiscal y modelo de gestión: inversión privada y sin subsidios
La finalidad del esquema es actualizar la infraestructura vial para mejorar la seguridad de los usuarios y atraer inversión privada, cuidando al mismo tiempo los recursos públicos. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo que el programa “permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, alineado con la estrategia fiscal del Gobierno.
Desde el punto de vista económico e institucional, la RFC apunta a previsibilidad en la operación, competencia en las licitaciones y mantenimiento sostenido de los corredores, con impactos directos sobre costos logísticos, tiempos de viaje y seguridad vial. La expectativa oficial es que el nuevo esquema consolide un cambio de paradigma en la gestión de rutas nacionales.
Mediante el Decreto 928/2025, publicado el 31 de diciembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional extendió hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para rescindir y reordenar los contratos del Sector Público Nacional que otorgaban ventajas o preferencias a empresas con participación estatal. La decisión impacta de lleno en los esquemas de contratación de combustibles, seguros y pasajes aéreos, y se inscribe en la política de desregulación, competencia y neutralidad del Estado impulsada desde diciembre de 2023.
La medida prorroga los plazos establecidos originalmente en el Decreto 747/2024 —ya extendidos una vez por el Decreto 591/2025— ante la persistencia de procesos licitatorios inconclusos o fallidos, varios de ellos bajo la modalidad de “Acuerdo Marco”, considerados estratégicos para el funcionamiento operativo de la administración pública.
El marco normativo: fin de las prerrogativas y contratos preferenciales
El nuevo decreto se apoya en el artículo 50 del Decreto 70/2023, que fijó un principio central de la actual política económica: “las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público”, ni podrán recibir ventajas en la contratación de bienes y servicios.
En esa línea, el Decreto 747/2024 derogó un conjunto de normas que imponían contrataciones obligatorias con empresas estatales. Entre ellas, el Decreto 1189/2012, que obligaba a contratar con YPF S.A. el suministro de combustibles y lubricantes; el Decreto 1191/2012, que establecía la obligación de utilizar Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar S.A. para la compra de pasajes aéreos; y el Decreto 823/2021, que imponía la contratación de pólizas a través de Nación Seguros S.A.
Además, ese decreto dispuso que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y b), de la Ley 24.156 debían rescindir, en un plazo máximo de un año, todos los contratos que otorgaran beneficios o preferencias, e impulsar procedimientos de selección competitivos y transparentes.
El plazo original, que vencía en agosto de 2025, ya había sido extendido por el Decreto 591/2025. Ahora, el Decreto 928/2025 lo prorroga nuevamente hasta el 30 de junio de 2026.
Licitaciones en marcha, procesos fallidos y cuellos operativos
En los considerandos, el Poder Ejecutivo justifica la nueva prórroga en el estado de avance —y en algunos casos, de estancamiento— de varios procesos licitatorios clave.
Entre los avances concretados, se menciona la Licitación Pública N° 999-0011-LPU24 para la apertura y gestión de cuentas sueldo, adjudicada por la Decisión Administrativa N° 9 del 23 de abril de 2025, que dio lugar al Acuerdo Marco N° 999-2-AM25, vigente por tres años con opción a uno adicional.
También se destaca la Licitación Pública N° 999-0002-LPU25, correspondiente al seguro de riesgos del trabajo, adjudicada mediante la Decisión Administrativa N° 13 del 30 de mayo de 2025, con un acuerdo marco de dos años, prorrogable por uno más. A esto se suma la contratación de seguros integrales, automotor y técnico, formalizada a través del Acuerdo Marco N° 999-7-AM25, perfeccionado el 6 de octubre de 2025.
Sin embargo, el decreto reconoce que persisten contrataciones críticas sin resolver, especialmente en materia de combustibles y pasajes aéreos. En el caso de la Licitación Pública N° 999-0006-LPU25, destinada a la provisión de combustibles y gestión de flota, el procedimiento fue dejado sin efecto en octubre de 2025 tras recibir una única oferta para un renglón y quedar desiertos los restantes.
Algo similar ocurrió con la Licitación Pública N° 999-0008-LPU25, para combustibles a granel destinados a automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales, donde se proyecta declarar fracasados ocho renglones y desiertos otros cuatro.
En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se encuentra elaborando un anteproyecto de pliego para una futura licitación de pasajes aéreos bajo la modalidad de Acuerdo Marco, aún sin fecha de convocatoria definitiva.
Alcance de la prórroga y efectos sobre la gestión pública
Frente a este escenario, el decreto no solo extiende hasta el 30 de junio de 2026 el plazo máximo previsto en el artículo 6° del Decreto 747/2024, sino que también faculta a cada jurisdicción competente a ampliar o prorrogar los contratos vigentes, celebrados bajo los decretos ahora derogados, hasta esa misma fecha.
En la práctica, esto implica que los contratos con YPF, Aerolíneas Argentinas, Nación Seguros y otras empresas alcanzadas podrán mantenerse de manera transitoria, evitando vacíos operativos mientras se completan los nuevos esquemas de contratación competitiva.
Desde el punto de vista institucional, la medida refleja las tensiones entre el objetivo político de desarmar privilegios y la complejidad técnica de reemplazar contratos estructurales en áreas sensibles para el funcionamiento cotidiano del Estado. Para los proveedores privados, la prórroga extiende un período de incertidumbre, pero también confirma que el Gobierno mantiene el rumbo hacia un sistema de compras públicas sin preferencias, basado en licitaciones abiertas y transparentes.
El Tesoro ajusta su programa financiero en pesos en un contexto de reservas netas negativas y dólar estable. El análisis de la consultora Ecolatina.
La semana financiera estuvo marcada por un intenso rally de licitaciones del Tesoro, la colocación del primer bono soberano en dólares en ocho años y una serie de definiciones cambiarias que reordenan el esquema monetario. Con un dólar oficial estabilizado en la zona de $1.400-$1.450 y reservas netas nuevamente en terreno negativo, el foco del mercado se desplazó hacia la sostenibilidad del programa financiero en pesos y la capacidad del Tesoro para afrontar los vencimientos de enero.
Licitaciones, deuda en dólares y señales del mercado
La semana estuvo cruzada por el rally de licitaciones del Tesoro y una serie de novedades en el plano cambiario. Mientras tanto, el dólar spot cerró hoy en $1.441 y se ubicó 0,4% por encima del viernes de la semana anterior.
Dentro de las novedades, se encontró la baja de retenciones y el pago de BOPREAL del BCRA, que no afectó a las Reservas Brutas, pero sí a las Netas. Dentro de las licitaciones, Finanza captó USD 910 M (USD 1.000 M VNO) en la colocación del nuevo BONAR 2029 a una tasa del 9,26% TNA. Dentro de los aspectos a mejorar, la tasa convalidada aún sigue en niveles elevados (levemente por encima de las expectativas, aunque las vueltas a los mercados suelen ser graduales), lo cual podría explicarse por la incertidumbre generada ante la falta de acumulación de Reservas y las dudas sobre el esquema cambiario en el corto plazo. Por otro lado, el Tesoro obtuvo un rollover del 102% en la licitación en pesos de la semana. Con el Tesoro dando señales de mayores compras de dólares en el MULC, la cuestión pasa por el programa financiero en pesos. Para cancelar los compromisos totales en moneda dura de enero (USD 4.600), la exigencia en pesos rondaría los $4,6 bn al tipo de cambio actual, superior al stock de depósitos (rondarían los $3,3 bn). Para robustecer las cuentas, el Tesoro tendrá disponible en el corto plazo los ingresos correspondientes al superávit fiscal y a depósitos disponibles en bancos públicos, y hacia adelante un eventual giro de Utilidades por parte del BCRA.
En síntesis, el programa financiero podrá salir airoso en enero. Para lo que resta del 2026, vemos un Tesoro con sus cuentas robustecidas por un nuevo giro de Utilidades del BCRA y siendo una pieza fundamental en el esquema de agregados monetarios, influyendo y testeando la demanda nominal de dinero en las diferentes licitaciones de Finanzas.
Reservas, retenciones y compras de dólares
La semana estuvo cruzada por el rally de licitaciones del Tesoro y una serie de novedades en el plano cambiario. Mientras tanto, el dólar spot cerró hoy en $1.441 y se ubicó 0,4% por encima del viernes de la semana anterior. En este sentido, la divisa norteamericana se mantiene firme en la zona de flotación post-electoral ($1.400 – $1.450) y los contratos de dólar futuro se encuentran alineados al interior de la banda cambiaria al menos hasta junio del próximo año.
Empezando por las novedades, el martes por la mañana Caputo anunció una nuevabaja permanente de retenciones a las exportaciones para el sector agropecuario: la Soja pasó de 26% a 24%; los Subproductos de soja de 24,5% a 22,5%; Trigo y cebada de 9,5% a 7,5%; Maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%; y Girasol de 5,5% a 4,5%. En otro orden, los datos monetarios confirmaron que el BCRA pagó el vencimiento de BOPREAL por diciembre por el orden de USD 1.000 M, movimiento que no afectó las Reservas Brutas, pero sí las Netas. En detalle, tras el pago las Reservas Brutas se mantuvieron estables en el orden de los USD 41.900 M, debido a que parte de los dólares se mantuvieron en el sistema y se encajaron en el Central. No obstante, la medición de Reservas Netas (Brutas – SWAPs – Encaje – REPOs – SEDESA) pasó de USD 580 M el 27/11 (previo al pago) a terreno negativo por el orden de los USD 400 M en la actualidad.
Por otro lado, Finanza captó USD 910 M (USD 1.000 M VNO) en la colocación del nuevo BONAR 2029 a una tasa del 9,26% TNA. De esta forma, el país volvió a colocar deuda en dólares luego de ocho años y lo hizo a una tasa inferior a lo que reflejan los bonos argentinos bajo legislación local comparables en el mercado (cerca de 100 puntos básicos por debajo). Si bien el resultado es positivo, ya que es un nuevo paso de cara al retorno a los mercados internacionales en 2026, dejó sabor a poco producto del optimismo con el que se encaró la previa a la licitación.
Incluso, el Central pavimentó una mayor participación en la previa mediante una batería de normativas: 1) Redujo la restricción cruzada de 90 a 15 días para personas que participen en la licitación y para aquellas que quieran reinvertir los pagos que percibirán el próximo enero; y 2) Introdujo un plazo de 90 días (antes era 300, pero incluía sólo emisiones corporativas) el límite que tienen las entidades financieras para vender en el mercado secundario los títulos en dólares del Tesoro adquiridos en licitaciones primarias (de hacerlo, se ven obligadas a compensarla con otro instrumento del Tesoro de igual duration denominado en USD). Por su parte, el Tesoro habilitó a que las aseguradoras puedan apalancarse en cauciones en dólares siempre y cuando se suscriban a letras en dólares emitidas en el mercado primario.
El desafío del programa financiero en pesos
Volviendo al resultado, ¿cuáles son los aspectos para mejorar? En primer lugar, la tasa convalidada aún sigue en niveles elevados (levemente por encima de las expectativas, aunque las vueltas a los mercados suelen ser graduales), lo cual podría explicarse por la incertidumbre generada ante la falta de acumulación de Reservas y las dudas sobre el esquema cambiario en el corto plazo. A su vez, pese a rechazar ofertas (se recibieron ofertas por USD 1.400 M), el Tesoro captó apenas el 22% de los vencimientos en USD que deberá cancelar a principios de enero con bonistas privados (USD 4.200 M en total). Por tal motivo, es probable que para cubrir el remanente de vencimientos las autoridades recurran a un nuevo REPO con bancos privados. Recordemos que Caputo confirmó que tienen negociaciones avanzadas por hasta USD 7.000 M, pero que la cifra final a adjudicar aún no estaba definida por parte del equipo económico.
En este marco, el Tesoro habría acelerado las compras de dólares. En un mix entre mayores señales de compras que demanda el mercado y la necesidad per se de cara a los vencimientos de enero (sólo USD 4.200 M corresponden a bonos), el Tesoro quebró la racha de ventas con la que inicio diciembre en el MULC (estimamos -USD 60 M) y comenzó a comprar. En detalle, el viernes 5/12 compró USD 47 M y, según la prensa, habría comprado USD 50 M y USD 220 M entre el miércoles y el jueves, respectivamente. De todas formas, habrá que esperar los datos para confirmar si fue así y si corresponde a compras al mercado o BCRA.
De esta forma, sumándole los ingresos netos de Organismos Internacionales, el stock de depósitos en dólares en el BCRA pasó de USD 108 M el 1/12 a USD 309 M el 9/12, y llegaría a los USD 579 M si sumamos lo trascendido por los medios. A esta suma, habrá que restarle egresos brutos con OOII por USD 188 M que restan por diciembre, aunque habrá que tener en cuenta potenciales ingresos (el 5/12 ingresaron USD 65 M). Contemplando también el ingreso de la licitación que ocurrirá hoy, los depósitos podrían llegar a los USD 1.300 M a comienzos de la semana próxima.
Para el mismo lapso, y como contrapartida de dichos movimientos, los depósitos en pesos rondarían los $3,3 bn. Este número contempla la última licitación del año realizada por Finanzas, donde adjudicó $21,3 bn (sobre ofertas por $23,4 bn) y obtuvo un rollover del 102%. Los títulos a tasa fija concentraron cerca del 38% de lo adjudicado, con cortes de entre 31% y 33% TIREA en los vencimientos de 2026 y 2027 (S17A6, S29Y6, S30N6 y T31Y7). Por su parte, los instrumentos CER explicaron aproximadamente el 48% del total, con rendimientos que oscilaron entre 6,3% y 8,9% para plazos de 2026 a 2028 (X29Y6, X30N6, TZXY7 y TZX28). En tanto, el bono TAMAR M31G6 absorbió alrededor del 12% de la colocación y cortó con un margen de 4,43%. Finalmente, la demanda por instrumentos dólar linked fue marginal: sólo se adjudicaron $0,05 billones en la D30A6, con una tasa del 2,72%.
Así las cosas, la cuestión pasa por programa financiero en pesos. Si bien de cara a los vencimientos de enero se podría seguir acumulando dólares en el mercado (máxime con una gran campaña de trigo por delante), la activación del REPO para alcanzar un potencial remanente no alivia las necesidades de liquidez en pesos. ¿A qué nos referimos? Ya sea vía mercado o REPO (lo realiza el BCRA y el Tesoro deberá adquirirlos), se necesitarán los pesos para comprar dólares necesarios. Hagamos un ejercicio sencillo. Decíamos que el Tesoro va a llegar a USD 1.300 M, teniendo en cuenta los vencimientos de enero totales por USD 4.600 M (sumamos OOII+OFI), eso arroja una necesidad cercana a los USD 3.300 M que requeriría un total de $4,7 bn a un tipo de cambio de $1.438. A esto, se le suman vencimientos de instrumentos en pesos en enero por $29,3 bn (estimamos cerca de $17,5 sacando BCRA), que para facilitar el ejercicio podríamos suponer que Finanzas obtendrá un rollover rondando el 100%.
En este último tiempo por diversas razones venimos mencionando que vemos probable un nuevo giro de Utilidades del BCRA al Tesoro el próximo año. Dicho giro suele producirse una vez se presente el balance contable anual del BCRA, el cual en los últimos siete años se produjo entre abril y mayo del año siguiente. ¿Cuál será el puente hasta entonces? La cuenta del Tesoro se podrá robustecer mediante los ingresos correspondientes al superávit fiscal y a los depósitos en los bancos públicos. El último dato disponible a septiembre ubicó los depósitos en $15 bn, los cuales una parte se pueden inyectar a las cuentas del Tesoro (como en feb-25). Teniendo en cuenta que en promedio durante 2024 se ubicó en $8,8 bn (a precios de septiembre) y que en diciembre producto de pagos de aguinaldo el sector público incurriría en un déficit (como en dic-24), un númeroconservador arroja que podrían inyectar como mínimo $4 bn a las cuentas del Tesoro.
En síntesis, el programa financiero podrá salir airoso en enero. Para lo que resta del 2026, vemos un Tesoro con sus cuentas robustecidas por un nuevo giro de Utilidades del BCRA y siendo una pieza fundamental en el esquema de agregados monetarios, influyendo y testeando la demanda nominal de dinero en las diferentes licitaciones de Finanzas.
Dólar oficial estable
Con un dólar estabilizado en el orden de los $1.400-$1.450, el dólar spot finalizó en $1.441 y se ubicó 0,4% por encima del viernes de la semana anterior. Por otro lado, las Reservas Netas (Brutas – Swap CH y USA – Encajes – REPOs – SEDESA) habrán finalizado en terreno negativo por -USD 400 M.
La brecha cambiaria se estabiliza
Los dólares alternativos finalizaron mixtos: el dólar minorista subió 0,1% ($1.465) respecto al viernes de la semana anterior, el dólar blue aumentó 1,4% ($1.445) y, por el contrario, el dólar CCL operado con CEDEARs bajó 0,7% ($1.515) y el dólar MEP operado con AL30 cayó 0,1% ($1.472). En este contexto, la brecha cambiaria promedio finalizó en la zona del 3%.
Los futuros de dólar neutros
Los contratos a futuro del dólar se ubican en sintonía a la semana previa. En detalle, los contratos cortos con vencimiento entre diciembre a febrero subieron levemente 0,1%, y aquellos con vencimiento desde marzo 2026 bajaron 0,1%. Respecto a las devaluaciones implícitas, el mercado cerró con una devaluación del +0,8%, +3,2% y +5,2% para diciembre, enero y febrero, respectivamente.
Economía adjudica la primera etapa de la Red Federal de Concesiones y desestima dos ofertas por incumplimientos formales
La Secretaría de Transporte aprobó la segunda etapa del proceso licitatorio para la concesión por peaje del Tramo Oriental y del Tramo Conexión de la “Red Federal de Concesiones – Etapa N° 1”, adjudicando ambos segmentos a empresas privadas y rechazando dos ofertas por apartamientos del pliego. La medida se formalizó mediante la Resolución 80/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Un proceso enmarcado en la Ley 17.520 y en la reorganización iniciada por la Ley 27.742
La resolución se dicta en el marco del esquema regulatorio definido por la Ley 17.520 —modificada por la Ley 27.742—, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas bajo la modalidad de peaje. Asimismo, retoma los lineamientos del Decreto 713/2024, que designó al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, y del Decreto 28/2025, que dispuso la licitación de los tramos de la Red Vial Nacional incluidos en el Anexo IF-2025-00934117-APN-DNV#MEC.
La Secretaría de Transporte había convocado al proceso licitatorio mediante la Resolución 29/2025, posteriormente complementada con la Resolución 71/2025, que precalificó ofertas y abrió el segundo sobre el 4 de noviembre. La licitación 504-0007-LPU25 comprendió dos unidades: el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, ambos pertenecientes a la etapa inicial del proyecto “Red Federal de Concesiones”.
Conforme lo establece el artículo 5° de la Resolución 29/2025, las publicaciones del llamado se realizaron en el Boletín Oficial, el sitio DG Market, el portal oficial de la Secretaría de Transporte y el sistema CONTRAT.AR. La apertura del segundo sobre quedó registrada en el Acta de 4 de noviembre, en la que participaron seis grupos de empresas oferentes.
Ofertas desestimadas y adjudicación final de los tramos licitados
La Dirección de Contrataciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Infraestructura informó el cumplimiento de los plazos de vista y observaciones previstos en el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Los oferentes Benito Roggio S.A., JCR S.A.–Rovella Carranza S.A.–Losi S.A. y Panedile S.A. tomaron vista de las actuaciones.
Tras el análisis técnico-económico, la Comisión de Concesiones observó que dos ofertas incorporaban “condicionamientos ajenos al modelo de Formulario de Cotización” dispuesto en los pliegos: las de ELEPRINT S.A.–SUPERCEMENTO S.A.I.C.–PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.E.I. y JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.–BENITO ROGGIO E HIJOS S.A..
La resolución señala que estos agregados representan “un apartamiento sustancial” de los requisitos del pliego, afectan la comparabilidad y vulneran el principio de igualdad entre oferentes. En consecuencia, ambas propuestas fueron desestimadas conforme a los artículos 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 17.1 del Pliego de Bases Generales.
En cuanto a las ofertas admisibles, la Comisión concluyó que: AUTOVÍA Construcciones y Servicios S.A. presentó la propuesta más conveniente para el Tramo Oriental, cumpliendo con todas las exigencias técnicas y económicas. El consorcio integrado por OBRING S.A. – ROVIAL S.A. – EDECA S.A. – PITÓN S.A. – PIETROBONI S.A. resultó adjudicatario del Tramo Conexión, ajustándose plenamente a los pliegos.
El dictamen de la comisión, publicado en el portal CONTRAT.AR según el artículo 15.7 del Pliego General, no recibió impugnaciones. De este modo, la Resolución 80/2025 formaliza la adjudicación y notifica a todas las empresas oferentes listadas en el procedimiento.
Próximos pasos
La Secretaría de Transporte resolvió aprobar lo actuado en esta segunda etapa, adjudicar los tramos mencionados y desestimar las ofertas que no se ajustaron al pliego. La resolución instruye, además, la notificación a todas las compañías participantes y dispone la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.
El acto administrativo se dicta en ejercicio de las facultades delegadas al Ministerio de Economía por el artículo 2°, inciso c) del Decreto 28/2025.
Con esta medida, el Gobierno completa una instancia clave del proceso licitatorio para la Etapa N° 1 de la Red Federal de Concesiones, en un marco normativo que busca reorganizar la gestión y el financiamiento de obras viales bajo esquemas de peaje administrados por operadores privados.
El Gobierno prorrogó hasta fin de año los contratos estatales con empresas públicas y privadas: avanza la transición hacia un esquema de competencia
El Poder Ejecutivo dispuso, a través del Decreto 591/2025, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de los contratos que el Estado Nacional mantiene bajo regímenes especiales de provisión de servicios estratégicos —bancos, combustibles, seguros y transporte aéreo—, en el marco de la transición hacia un esquema de mayor competencia y apertura en las contrataciones públicas. La medida, firmada por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, extiende el plazo originalmente fijado en el Decreto 747/2024, que vencía el próximo 22 de agosto.
El punto de partida de esta reforma está en el Decreto 70/2023, que estableció que las empresas con participación estatal no gozarían de prerrogativas especiales en las contrataciones públicas. Con esa lógica, el Decreto 747/2024 derogó una serie de normas que obligaban a los organismos nacionales a contratar exclusivamente con compañías estatales:
Banco Nación para el pago de haberes (Decreto 1187/2012).
YPF para la provisión de combustibles (Decreto 1189/2012).
Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar para la compra de pasajes aéreos oficiales (Decreto 1191/2012).
Nación Seguros para las pólizas de cobertura estatal (Decreto 823/2021).
El cambio marcó un quiebre histórico en el sistema de compras públicas, al eliminar la obligatoriedad de contratar con firmas de control estatal y habilitar licitaciones abiertas bajo la modalidad de Acuerdos Marco, con el objetivo de fomentar la competencia, reducir costos y transparentar los procesos.
Sin embargo, dado que varios procesos licitatorios aún se encuentran en curso, el Gobierno resolvió extender hasta fin de año la vigencia de los contratos heredados para evitar la interrupción de servicios esenciales.
Detalles del Decreto 591/2025 y procesos en marcha
El decreto establece dos disposiciones centrales:
Prórroga del plazo máximo previsto en el artículo 6° del Decreto 747/2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Facultad a las autoridades competentes para ampliar y/o prorrogar los contratos en curso vinculados a combustibles, seguros y transporte aéreo hasta esa misma fecha.
En paralelo, el Gobierno avanzó en tres licitaciones clave bajo la órbita de la Oficina Nacional de Contrataciones:
Cuentas sueldo: en enero se adjudicó a nueve bancos (Nación, Galicia, Macro, BBVA, Santander, Supervielle, Patagonia, Credicoop e ICBC) la gestión de haberes estatales.
Combustibles y gestión de flota: licitación 999-0006-LPU25, actualmente en proceso, con prórrogas de apertura hasta el 5 de septiembre por consultas de oferentes.
Seguros integrales: licitación 999-0007-LPU25, también en curso, con fecha de apertura reprogramada para el 12 de agosto.
En las próximas semanas se sumarán además las licitaciones para la compra de pasajes aéreos y la provisión de combustibles para embarcaciones y aeronaves oficiales, también bajo modalidad de Acuerdo Marco.
La decisión se inscribe en el marco de la agenda de desregulación y competencia que impulsa el Gobierno. Para el Ejecutivo, el esquema anterior implicaba “privilegios indebidos” para las empresas estatales y distorsiones en la eficiencia del gasto.
Desde el sector privado, la apertura genera oportunidades de negocio para bancos, aseguradoras y petroleras, que ahora compiten en igualdad de condiciones por contratos estatales de gran volumen. Sin embargo, también persiste incertidumbre por la velocidad de los procesos licitatorios y los criterios de adjudicación.
En el plano político, la medida se interpreta como un paso más en la estrategia de Milei y Sturzenegger de achicar el peso del Estado empresario y consolidar un modelo de compras públicas descentralizado. No obstante, la prórroga hasta fin de año refleja las dificultades operativas de llevar adelante la transición en plazos más acotados.
De cara al próximo año, el Ejecutivo proyecta que todos los bienes y servicios contratados por la Administración Pública Nacional se realicen bajo licitaciones competitivas y no por asignación directa a empresas estatales.
Los escenarios posibles son:
Éxito en las licitaciones: implicaría una baja de costos operativos y mayor transparencia.
Demoras o impugnaciones: obligarían a nuevas prórrogas, tensionando el discurso oficial sobre desregulación.
Resistencia sindical y política: particularmente en sectores sensibles como Aerolíneas Argentinas y YPF, que perderían negocios con el Estado.
El 31 de diciembre de 2025 se convierte así en una fecha clave para evaluar el éxito de la transición. El oficialismo apuesta a mostrar que, en un año electoral, la apertura y la competencia también pueden aplicarse al corazón del gasto estatal.
