LICITACIONES

Autovía y el consorcio ObrIng se quedan con los primeros tramos de la Red Federal de Concesiones

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Economía adjudica la primera etapa de la Red Federal de Concesiones y desestima dos ofertas por incumplimientos formales

La Secretaría de Transporte aprobó la segunda etapa del proceso licitatorio para la concesión por peaje del Tramo Oriental y del Tramo Conexión de la “Red Federal de Concesiones – Etapa N° 1”, adjudicando ambos segmentos a empresas privadas y rechazando dos ofertas por apartamientos del pliego. La medida se formalizó mediante la Resolución 80/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Un proceso enmarcado en la Ley 17.520 y en la reorganización iniciada por la Ley 27.742

La resolución se dicta en el marco del esquema regulatorio definido por la Ley 17.520 —modificada por la Ley 27.742—, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas bajo la modalidad de peaje. Asimismo, retoma los lineamientos del Decreto 713/2024, que designó al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, y del Decreto 28/2025, que dispuso la licitación de los tramos de la Red Vial Nacional incluidos en el Anexo IF-2025-00934117-APN-DNV#MEC.

La Secretaría de Transporte había convocado al proceso licitatorio mediante la Resolución 29/2025, posteriormente complementada con la Resolución 71/2025, que precalificó ofertas y abrió el segundo sobre el 4 de noviembre. La licitación 504-0007-LPU25 comprendió dos unidades: el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, ambos pertenecientes a la etapa inicial del proyecto “Red Federal de Concesiones”.

Conforme lo establece el artículo 5° de la Resolución 29/2025, las publicaciones del llamado se realizaron en el Boletín Oficial, el sitio DG Market, el portal oficial de la Secretaría de Transporte y el sistema CONTRAT.AR. La apertura del segundo sobre quedó registrada en el Acta de 4 de noviembre, en la que participaron seis grupos de empresas oferentes.

Ofertas desestimadas y adjudicación final de los tramos licitados

La Dirección de Contrataciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Infraestructura informó el cumplimiento de los plazos de vista y observaciones previstos en el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Los oferentes Benito Roggio S.A., JCR S.A.–Rovella Carranza S.A.–Losi S.A. y Panedile S.A. tomaron vista de las actuaciones.

Tras el análisis técnico-económico, la Comisión de Concesiones observó que dos ofertas incorporaban “condicionamientos ajenos al modelo de Formulario de Cotización” dispuesto en los pliegos: las de ELEPRINT S.A.–SUPERCEMENTO S.A.I.C.–PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.E.I. y JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.–BENITO ROGGIO E HIJOS S.A..

La resolución señala que estos agregados representan “un apartamiento sustancial” de los requisitos del pliego, afectan la comparabilidad y vulneran el principio de igualdad entre oferentes. En consecuencia, ambas propuestas fueron desestimadas conforme a los artículos 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 17.1 del Pliego de Bases Generales.

En cuanto a las ofertas admisibles, la Comisión concluyó que: AUTOVÍA Construcciones y Servicios S.A. presentó la propuesta más conveniente para el Tramo Oriental, cumpliendo con todas las exigencias técnicas y económicas. El consorcio integrado por OBRING S.A. – ROVIAL S.A. – EDECA S.A. – PITÓN S.A. – PIETROBONI S.A. resultó adjudicatario del Tramo Conexión, ajustándose plenamente a los pliegos.

El dictamen de la comisión, publicado en el portal CONTRAT.AR según el artículo 15.7 del Pliego General, no recibió impugnaciones. De este modo, la Resolución 80/2025 formaliza la adjudicación y notifica a todas las empresas oferentes listadas en el procedimiento.

Próximos pasos

La Secretaría de Transporte resolvió aprobar lo actuado en esta segunda etapa, adjudicar los tramos mencionados y desestimar las ofertas que no se ajustaron al pliego. La resolución instruye, además, la notificación a todas las compañías participantes y dispone la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

El acto administrativo se dicta en ejercicio de las facultades delegadas al Ministerio de Economía por el artículo 2°, inciso c) del Decreto 28/2025.

Con esta medida, el Gobierno completa una instancia clave del proceso licitatorio para la Etapa N° 1 de la Red Federal de Concesiones, en un marco normativo que busca reorganizar la gestión y el financiamiento de obras viales bajo esquemas de peaje administrados por operadores privados.

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Contrataciones públicas: Milei extendió la transición hacia la apertura del mercado hasta fin de 2025

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El Gobierno prorrogó hasta fin de año los contratos estatales con empresas públicas y privadas: avanza la transición hacia un esquema de competencia

El Poder Ejecutivo dispuso, a través del Decreto 591/2025, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de los contratos que el Estado Nacional mantiene bajo regímenes especiales de provisión de servicios estratégicos —bancos, combustibles, seguros y transporte aéreo—, en el marco de la transición hacia un esquema de mayor competencia y apertura en las contrataciones públicas. La medida, firmada por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, extiende el plazo originalmente fijado en el Decreto 747/2024, que vencía el próximo 22 de agosto.

El punto de partida de esta reforma está en el Decreto 70/2023, que estableció que las empresas con participación estatal no gozarían de prerrogativas especiales en las contrataciones públicas. Con esa lógica, el Decreto 747/2024 derogó una serie de normas que obligaban a los organismos nacionales a contratar exclusivamente con compañías estatales:

  • Banco Nación para el pago de haberes (Decreto 1187/2012).
  • YPF para la provisión de combustibles (Decreto 1189/2012).
  • Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar para la compra de pasajes aéreos oficiales (Decreto 1191/2012).
  • Nación Seguros para las pólizas de cobertura estatal (Decreto 823/2021).

El cambio marcó un quiebre histórico en el sistema de compras públicas, al eliminar la obligatoriedad de contratar con firmas de control estatal y habilitar licitaciones abiertas bajo la modalidad de Acuerdos Marco, con el objetivo de fomentar la competencia, reducir costos y transparentar los procesos.

Sin embargo, dado que varios procesos licitatorios aún se encuentran en curso, el Gobierno resolvió extender hasta fin de año la vigencia de los contratos heredados para evitar la interrupción de servicios esenciales.

Detalles del Decreto 591/2025 y procesos en marcha

El decreto establece dos disposiciones centrales:

  1. Prórroga del plazo máximo previsto en el artículo 6° del Decreto 747/2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.
  2. Facultad a las autoridades competentes para ampliar y/o prorrogar los contratos en curso vinculados a combustibles, seguros y transporte aéreo hasta esa misma fecha.

En paralelo, el Gobierno avanzó en tres licitaciones clave bajo la órbita de la Oficina Nacional de Contrataciones:

  • Cuentas sueldo: en enero se adjudicó a nueve bancos (Nación, Galicia, Macro, BBVA, Santander, Supervielle, Patagonia, Credicoop e ICBC) la gestión de haberes estatales.
  • Combustibles y gestión de flota: licitación 999-0006-LPU25, actualmente en proceso, con prórrogas de apertura hasta el 5 de septiembre por consultas de oferentes.
  • Seguros integrales: licitación 999-0007-LPU25, también en curso, con fecha de apertura reprogramada para el 12 de agosto.

En las próximas semanas se sumarán además las licitaciones para la compra de pasajes aéreos y la provisión de combustibles para embarcaciones y aeronaves oficiales, también bajo modalidad de Acuerdo Marco.

La decisión se inscribe en el marco de la agenda de desregulación y competencia que impulsa el Gobierno. Para el Ejecutivo, el esquema anterior implicaba “privilegios indebidos” para las empresas estatales y distorsiones en la eficiencia del gasto.

Desde el sector privado, la apertura genera oportunidades de negocio para bancos, aseguradoras y petroleras, que ahora compiten en igualdad de condiciones por contratos estatales de gran volumen. Sin embargo, también persiste incertidumbre por la velocidad de los procesos licitatorios y los criterios de adjudicación.

En el plano político, la medida se interpreta como un paso más en la estrategia de Milei y Sturzenegger de achicar el peso del Estado empresario y consolidar un modelo de compras públicas descentralizado. No obstante, la prórroga hasta fin de año refleja las dificultades operativas de llevar adelante la transición en plazos más acotados.

De cara al próximo año, el Ejecutivo proyecta que todos los bienes y servicios contratados por la Administración Pública Nacional se realicen bajo licitaciones competitivas y no por asignación directa a empresas estatales.

Los escenarios posibles son:

  • Éxito en las licitaciones: implicaría una baja de costos operativos y mayor transparencia.
  • Demoras o impugnaciones: obligarían a nuevas prórrogas, tensionando el discurso oficial sobre desregulación.
  • Resistencia sindical y política: particularmente en sectores sensibles como Aerolíneas Argentinas y YPF, que perderían negocios con el Estado.

El 31 de diciembre de 2025 se convierte así en una fecha clave para evaluar el éxito de la transición. El oficialismo apuesta a mostrar que, en un año electoral, la apertura y la competencia también pueden aplicarse al corazón del gasto estatal.

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El Gobierno reglamenta la digitalización de las privatizaciones con CONTRAT.AR y SUBAST.AR

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El Gobierno nacional oficializó la implementación de un nuevo sistema digital para gestionar electrónicamente las licitaciones y concursos públicos vinculados a procesos de privatización. A través del Decreto 416/2025, se instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones a adaptar el sistema CONTRAT.AR y establecer SUBAST.AR como plataforma obligatoria para remates públicos, en el marco de la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado.

El Decreto 416/2025 reglamenta el uso obligatorio de plataformas digitales como CONTRAT.AR y SUBAST.AR para las ventas de activos de empresas estatales. Buscan garantizar transparencia, agilidad y máxima concurrencia en los procesos.

En línea con los artículos 8 y 9 de la Ley 27.742 —conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos— y con el régimen histórico de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, el Poder Ejecutivo avanza en la digitalización de los mecanismos de privatización.

El Decreto 416/2025, firmado por el presidente Javier Milei, establece que todos los procedimientos para la venta de activos, acciones, establecimientos productivos o concesiones estatales deberán realizarse en forma electrónica mediante dos plataformas oficiales: el sistema CONTRAT.AR (para licitaciones y concursos) y el sistema SUBAST.AR (para remates públicos).

Qué se privatiza, cómo y bajo qué marco legal

El marco normativo vigente habilita al Ejecutivo a avanzar con la privatización total o parcial de empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria. Entre las modalidades habilitadas por ley se contemplan:

  • Venta de activos como unidad o por partes.
  • Colocación de acciones en el mercado local o internacional.
  • Administración con o sin opción de compra.
  • Concesiones, licencias y permisos.

La Ley 27.742 exige que estos procesos se desarrollen con principios de transparencia, máxima concurrencia, competencia leal y publicidad adecuada, promoviendo el gobierno abierto y el uso eficiente de los recursos públicos.

Sistemas digitales obligatorios: CONTRAT.AR y SUBAST.AR

El decreto encomienda a la Oficina Nacional de Contrataciones —dependiente de la Jefatura de Gabinete— la implementación de un nuevo módulo dentro del sistema CONTRAT.AR, adaptado específicamente para las privatizaciones. Este módulo permitirá realizar electrónicamente todos los procedimientos de:

  • Licitación pública
  • Concurso público
  • Venta de acciones o unidades productivas

Para los remates públicos, se utilizará obligatoriamente la plataforma SUBAST.AR, integrada al sistema COMPR.AR, que ya opera en el ámbito estatal para compras públicas.

A partir de la entrada en vigencia del decreto, toda persona o empresa interesada en participar en estos procesos deberá registrarse y validarse como usuario externo en el sistema CONTRAT.AR o como oferente en SUBAST.AR, según corresponda. No será necesario estar inscripto en registros de contratistas estatales, lo que busca facilitar la participación y ampliar la base de oferentes.

El Ejecutivo deberá informar todos los procesos a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso Nacional. Esta instancia legislativa tiene competencia para supervisar los mecanismos y garantizar el cumplimiento de los principios rectores establecidos por las leyes de reforma y desregulación.

La medida apunta a acelerar los tiempos de ejecución de privatizaciones, reducir la burocracia y facilitar la participación de actores nacionales e internacionales. La digitalización de los procesos es vista como un paso clave para reforzar la transparencia y evitar maniobras discrecionales.

En provincias con fuerte presencia de empresas estatales o infraestructura pública relevante, como Misiones, se espera una mayor apertura de información sobre los activos disponibles para privatización y condiciones de participación a través de estas plataformas.

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Crisis energética: el Gobierno licitará obras en el AMBA mientras las provincias reclaman inversión

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Desde la Secretaría de Energía sostienen que la crisis del sistema eléctrico es consecuencia de la falta de inversiones durante la última década, agravada por el congelamiento tarifario de gestiones anteriores. Con un plan de contingencia hasta 2026, el Gobierno apuesta a estabilizar la infraestructura con un enfoque en las zonas de mayor demanda.

Sin embargo, la estrategia despierta críticas desde las provincias, que advierten sobre la necesidad de una planificación federal para evitar que el colapso del sistema se traslade al interior del país.

La Secretaría de Energía llamará a licitación en los próximos días para sumar almacenamiento en la región del Gran Buenos Aires y CABA, donde consideran la situación es más crítica. Las olas de calor del 2025 derivaron en interrupciones principalmente en el norte argentino

La Secretaría de Energía de la Nación lanzará en los próximos días la licitación de dos proyectos para fortalecer el sistema eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los próximos años. La visión oficial es priorizar lo que entienden es la región más crítica del país en momentos de consumo pico -concentra cerca del 40% de la demanda nacional- y que presenta mayores riesgos de cortes de luz en una red que acumula décadas de desinversión.

La iniciativa que tomará el Gobierno nacional se da en medio de los pedidos que surgieron durante las últimas semanas desde el interior, especialmente en el norte. Las olas de calor precipitaron interrupciones de servicio casi diarias en muchos puntos del país a raíz de problemas en distribución, transporte y generación.

Los gobernadores de Santa FeMaximiliano Pullaro, y CórdobaMartín Llaryora, enviaron este lunes una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con un pedido para llevar adelante un conjunto de obras en el sistema de transporte por 500 Kilovatios de gran importancia para la actividad económica de ambas provincias. Demandaría una inversión de USD 900 millones en total, pero por el momento no hubo respuesta desde Nación.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, tiene previsto firmar esta semana el llamado a licitación de centros de almacenamiento para tener una potencia disponible de hasta 500 megawatts (MW) en AMBA, que debería estar lista para funcionar entre 12 y 18 meses. Es una obra inédita en la Argentina.

Sería similar a tener baterías con energía listas para inyectar en el sistema en caso de faltantes, hasta que pueda ampliarse el parque de generación. Cammesa será el garante de los contratos que firmarán las generadoras que consigan adjudicar potencia con las distribuidoras Edesur y Edenor.

A finales del año pasado una fuente del Gobierno había reconocido a este medio que se trataba de una tecnología que no es barata, pero se buscará atender las urgencias de corto plazo. Las obras necesarias para mejorar el sistema después de décadas de desinversión, en el marco de tarifas pisadas, tardarán varios años.

La otra licitación será la del proyecto “AMBA I”, una línea de alta tensión de Vivoratá a Plomer con una estación transformadora en Plomer. Después, una línea de alta tensión entre Ezeiza y Plomer y entre Atucha y Plomer también. Implicará una inversión de USD 1.000 millones, según cifras oficiales.

En este caso el llamado se demoró porque no hay acuerdo interno sobre cómo se financiarán las obras. Inicialmente, Tettamanti había anticipado que se iba a prefinanciar con un cargo extra en las boletas de todos los usuarios del país, pero la Casa Rosada rápidamente dio de baja esa idea.

En estas horas se trabaja en alternativas para evitar que la demanda pague por anticipado una obra que tardará entre 24 y 36 meses de ejecución. De todos modos, fuentes del sector que están al tanto de las conversaciones entre empresas y Energía comentaron que los costos siempre serán trasladados de alguna u otra manera a los consumidores.

La última ola de calor dejó este lunes un colapso del sistema que fue precipitado por el corte de envío de electricidad de Brasil, pero que fue repuesto a los pocos minutos. En el AMBA las temperaturas no fueron tan extremas como las que se preveían y eso alivió la red, en contraste con las tensiones que se vieron desde inicios de 2025 en el norte argentino.

En el Gobierno señalan que en la última década no hubo inversiones debido al esquema de tarifas pisadas que aplicaron las administraciones anteriores. Ese deterioro dejó vulnerable al sistema eléctrico y el plan de contingencia oficial está pensado al menos hasta 2026.

El principal ojo del sector y de Energía está puesto en el AMBA, donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica de todo el país. El período crítico suele darse entre el mediodía y las cuatro de la tarde, cuando se dispara el uso de aires acondicionados. Es ahí cuando se consume en esa región el pico de entre 10.000 y 12.000 MW de los cuales 7.000 MW.

El reclamo de los gobernadores de Santa fe y Córdoba está destinado a la ejecución del Proyecto Diamante-Charlone 500 kV (USD 600 millones) y del Proyecto Santo Tomé-San Francisco-Malvinas 500 kV (USD 300 millones). Tendrían un efecto sobre el sistema eléctrico, permitiendo incrementar la oferta de energía en cuanto a proyectos renovables como así también térmicos.

“Estos posibilitarán desarrollar inversiones para captar y aprovechar el recurso renovable e incrementar la capacidad de transporte que dispone en el país, como así también disminuir el riesgo de colapso que el sistema muestra actualmente en múltiples nodos. De esa manera se dará mayor robustez a la capacidad de abastecimiento de energía eléctrica al permitir el cierre de anillos en el sistema de transporte, generando circuitos alternativos para vincular la oferta con la demanda y garantizando condiciones de operación más versátil y confiable”, dijeron ambos gobiernos provinciales.

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Economía concretará el viernes nueva licitación de siete títulos en pesos

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El Ministerio de Economía concretará el viernes una nueva licitación de siete títulos en pesos, algunos a tasa fija, variable, otros vinculados al dólar o la variación de precios, como parte de su programa de financiamiento .

La recepción de ofertas comenzará a las 10.00 y concluirá a las 15.00, y el título que podrá ser suscripto por los Fondos Comunes de Inversión en una Letra de Liquidez a descuento con vencimiento el 30 de junio.

También ofrecerá para quienes integran el Programa de Creadores de Mercado cuatro Letras del Tesoro, una a tasa variable más 14% con vencimiento el 16 de agosto, otras dos a descuento, una pagadera el 31 de agosto y otra el 31 de octubre, y una cuarta, ajustada por CER (inflación) a descuento y cierre el 19 de mayo del 2023.

Además, licitarán dos bonos para quienes no forman parte del Programa de Creadores de Mercado, uno de ellos a Tasa Badlar Privada más 5%, con vencimiento el 18 de abril del 2024 y un segundo ajustado por CER, mas 1,80% pagadero el 9 de noviembre del 2025.

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