Los gobernadores, tantas veces desdeñados por los despreciadores seriales de la política, se convirtieron de la noche a la mañana en los garantes de una gobernabilidad que tambaleaba. El Gobierno de Mauricio Macri, superpoderoso después de octubre, se puso en crisis aceleradamente.
El ajuste sobre las jubilaciones se convirtió en una reforma “trascendental” sin la cual todas las proyecciones económicas se caían. Hasta agitaron el fantasma de un golpe de Estado pergeñado por un kirchnerismo que un rato es el pasado y al instante mantiene enormes capacidades de movilización. Fueron los gobernadores, con una foto mostrando su apoyo, los garantes de un delicado equilibrio.
Se equivoca el equipo de Cambiemos si atribuye el enojo al “pasado” que tiró piedras y convirtió los alrededores del Congreso en un sangriento campo de batalla. Nadie de bien quiere la violencia ni la justifica. Pero detrás de los encapuchados de siempre había miles manifestándose en forma pacífica.
Debe advertir el Gobierno que sus propias bases electorales rechazaron la reforma impuesta a las apuradas. La cacerola es un recurso de la clase media, que comenzó a anticipar la caída del fugaz gobierno de la alianza radical y tronó varias veces contra el kirchnerismo, con señoras paquetas como emblema. Esas mismas cacerolas aturdieron nuevamente en la noche del lunes en decenas de barrios de varias ciudades. Si no se toma nota, el capital político que supo construir la promesa de cambio, se diluirá mucho más temprano que tarde.
El reformismo permanente impuesto como eslogan por Macri impone hacer todo a las apuradas, muchas veces con poco timming para medir apoyos y evaluar consecuencias. Las imágenes de la batalla campal, coincidían con un nuevo aniversario de la caída de Fernando De la Rúa, con postales similares en los últimos días de 2001. Una simbólica coincidencia.
La reforma previsional fue rechazada por cada encuesta y grupo de opinión. Y no es apenas un problema de mala comunicación, eufemismo utilizado para cubrir errores de fondo. Economistas ortodoxos, cercanos al Gobierno, admiten que los jubilados perderán poder adquisitivo el año próximo. Ni siquiera el presidente del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, pudo sostener lo contrario: “No puedo asegurar que los jubilados van a ganar más”, confesó en el recinto.
La fundación Mediterránea emitió un documento en el que especifica que con la nueva movilidad previsional aprobada, los aumentos en el poder adquisitivo de las jubilaciones en 2018 resultarían mayores que la inflación del período, aunque levemente por debajo de lo que ocurriría con la anterior movilidad. Los jubilados de la mínima con 30 años de aportes tendrían una suba real de 4,6% promedio. Los beneficiarios de la AUH alcanzarían un aumento real del 4,0%, mientras que los jubilados por las moratorias incrementarían su poder adquisitivo en 2,2%.
Los economistas Marcelo Capello y Luis Lauingue indican que los jubilados que cobran la mínima con 30 años de aportes sólo perderían $63 mensuales en promedio, con respecto a la regla vieja (lo que, en términos relativos, representa una caída del 0,8%). Por su parte, los beneficiarios de la mínima y que accedieron por moratoria previsional resignarían $235 por mes (2,9% respecto a la fórmula antigua). Por último, el sacrificio mensual de ingresos de los beneficiarios de la AUH alcanzaría unos $20,6 (1,3% menos que con la movilidad anteriormente vigente).
El bono de último momento confirmó que el golpe al bolsillo era real. Con el ahorro en jubilaciones, el Gobierno aspira a reducir el déficit fiscal, que crece por la otra ventanilla con los desorbitados intereses de la deuda que sigue acumulándose. Nadie puede garantizar que sea el último “sacrificio” que deban hacer los asalariados. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, pide paritarias en torno al 16,6 por ciento, ocho puntos menos que la estimación más optimista de la inflación de 2017, que lejos estuvo de ser domada por las tasas altas del Banco Central que conduce Federico Sturzenegger, cada día menos solvente a la hora de defender la política monetaria.
En el Gobierno creen que Macri necesitaba sacar las leyes para demostrar autoridad después de haber ganado las elecciones y que de otro modo, su Gobierno se debilitaba.
“Ustedes confiaron en mi para que yo haga los cambios, sino no hay futuro”, deslizó Macri en una rueda de prensa a destiempo. Verdad relativa: el kirchnerismo sacó sus mejores galas de las derrotas y padeció las más duras como la discusión por la 125 sin garrote ni escenas dantescas. De las derrotas también se aprende. Posverdad: Macri fue elegido por y con la negación permanente de todas las medidas que tomó después. Incluido el ajuste sobre las jubilaciones.
Fueron los gobernadores, a través de los diputados nacionales, los que salvaron el mal momento del Gobierno que se extendió durante todo el fin de semana y hasta la sesión del lunes. La caída de imagen fue superior a los diez puntos según varias consultoras y no había forma de salir del atolladero sin mayores daños colaterales.
En medio, algunos sectores del peronismo y la izquierda, siempre funcional, recalentaban el clima en las calles, esta vez sin gendarmes, pero con policías igual de desatados.
El flamante interbloque Federal fue clave para poner algo de equilibrio entre las pretensiones de Cambiemos y la sanción definitiva de las reformas previsional, laboral y fiscal, que se aprobaron con premura.
Los legisladores que intervinieron en las negociaciones relatan que el apuro del oficialismo pretende neutralizar cualquier atisbo de crecimiento de Cristina Fernández. La senadora recién asumida acumula procesamientos a piacere y sirve como contrapeso entre el pasado y la promesa del futuro.
Pero si la economía no arranca y el humor social no mejora, su fortaleza política puede crecer. De ahí a atribuirle poderes para entorpecer el rumbo, hay un trecho.
El problema es que pocos se atreven a garantizar que la economía realmente deje de celebrar apenas un puñado de brotes verdes. Las preocupaciones son varias. En una mesa de empresarios organizada por Economis, hubo quejas sobre la parálisis y concentración de la obra pública financiada por Nación, lamentos por la escasa atención brindada a los reclamos misioneros por las asimetrías y un enojo común: la desaparición –paulatina- del decreto 814, que permitía tomar a cuenta de IVA, el 10 por ciento de los aportes patronales de las empresas misioneras.
La preocupación tomó forma de documento en la última reunión de la Confederación Económica de Misiones, que pidió una reunión urgente con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y con el gobernador Hugo Passalacqua. En Cambiemos juran que la reforma impositiva “beneficia” a las empresas del NEA porque pagan salarios –y aportes- por debajo del futuro mínimo no imponible de 12 mil pesos, pero admiten que “quizás algunas empresas tengan problemas con los sueldos altos”.
Las provincias más alejadas del centro del país se beneficiaban con este mecanismo para compensar costos y de paso, atraer alguna inversión. Pronto ese atractivo desaparecerá. Y el impacto está en las antípodas de lo que propone la reforma impositiva y laboral. El CEO de una empresa de transporte de Misiones advirtió que sus costos se dispararán en 400 mil pesos mensuales por las reformas y la imposibilidad de tomar aportes a cuenta de Ganancias. ¿Cuáles son las alternativas ante semejante “tarifazo” salarial?
Otra vez, la fundación Mediterránea advirtió que “si bien se considera promisoria la aplicación de un mínimo no imponible a las contribuciones patronales, podría resultar conveniente mantener algún criterio de diferenciación regional en el pago de contribuciones patronales, así como también resultan apropiados los criterios definidos en la legislación vigente (distancia a Buenos Aires y NBI)”.
En cambio, las empresas del centro del país sí aparecen como directamente beneficiadas por la reducción de aportes. Cien mil millones, se estima. Mismo cálculo que lo que se ahorra con jubilados. Un senador de Cambiemos y un diputado de la Renovación aseguraron que el 814 se sostendrá para las provincias del plan Belgrano. Habrá que seguir de cerca esas negociaciones.
En este escenario, cobra dimensión la idea de que son las provincias y los asalariados –activos o jubilados- y finalmente, las empresas del interior los que hacen un real esfuerzo por reducir costos y recuperar “competitividad”.
Los impuestos nacionales bajan poco y nada y a largo plazo, mientras que las provincias resignarán recursos a cuenta de una incierta recuperación vía crecimiento económico.
En Misiones, por caso, la rebaja de Ingresos Brutos se amortiguará por el nuevo tarifazo energético decretado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. El presidente de Emsa, Guillermo Aicheler ya anticipó a un grupo de empresarios que la suba promedio será del 35 por ciento y que en febrero habrá un aumento similar. Esta vez no parece haber chances de que la Provincia asuma parte del nuevo costo tarifario.
Misiones fue una de las primeras en adherir al nuevo Pacto Fiscal, apenas con la oposición del Partido Agrario y el kirchnerista Lucas Cácerez. Implica una reducción de impuestos y una transferencia de recursos al sector industrial misionero por más de 3000 millones de pesos, de los cuáles, al menos mil millones serán pérdida para Misiones. la rebaja del impuesto a los Ingresos Brutos al sector industrial será de 3,5 a 2 por ciento en 2018 y a 1,5 por ciento en 2019, excepto para la industria papelera, que bajará de 7 por ciento a seis por ciento en 2019. El transporte tendrá una reducción del 3,5 al 3 por ciento para 2018, lo que debería traducirse en menores costos de logística. En 2022 debería quedar exento.
El sector comercial, en cambio, deberá esperar. La Nación no tiene entre sus prioridades una reducción en los impuestos a las ventas y el límite superior es del 5 por ciento, por lo que Misiones está por debajo de esa alícuota. La producción primaria seguirá con alícuota cero.
En la sesión extraordinaria del lunes en la Cámara de Diputados, convocada para aprobar la adhesión al pacto fiscal, que incluía una cláusula de apoyo a la reforma previsional, el presidente del bloque renovador, Marcelo Rodriguez, sostuvo que la adhesión implica “caminar por el sendero de la coherencia y respetando lo que la sociedad decidió en las urnas”.
“Es en tiempos difíciles donde puede observarse el temperamento. Nuestro espacio político va a seguir brindando la gobernabilidad”, prometió. Pero reclamó que la Nación convoque a discutir una nueva ley de Coparticipación Federal para que Misiones sea compensada por años de atraso.
Esa teoría es la que desempolvó el Gobierno nacional para garantizar que las provincias no perderían recursos. Que habrá un efecto derrame que permitirá recuperar impuestos a través de mejor actividad económica. Jorge Rattier Berrondo, presidente del bloque de la alianza Cambiemos, rogó que se cumpla: “Vamos a solicitar a los sectores que se benefician, que reinviertan, que den trabajo”.
