Línea Urquiza

El Gobierno licita por 50 años los trenes de carga Belgrano, San Martín y Urquiza

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El Gobierno nacional puso en marcha formalmente la licitación para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, en una de las principales operaciones de transformación del sistema ferroviario impulsadas por la administración de Javier Milei. La iniciativa alcanza 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y busca atraer capital privado para recuperar infraestructura clave para la producción y las exportaciones a través de los trenes de carga.

La medida fue instrumentada por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 1350/2026, que autorizó la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0004-LPU26 para concesionar las vías y los inmuebles aledaños de las tres líneas, con opción de compra del material rodante correspondiente a cada corredor.

El esquema elegido no supone la venta de las vías ferroviarias. La infraestructura continuará bajo propiedad del Estado Nacional, mientras que los adjudicatarios asumirán la concesión, las inversiones y la gestión operativa establecidas en los contratos. El Estado conservará las funciones de regulación, fiscalización y control.

Uno de los elementos centrales del nuevo modelo será el acceso abierto a la infraestructura. Esto significa que distintos operadores podrán utilizar las vías bajo condiciones objetivas y no discriminatorias, una modalidad que apunta a ampliar la competencia y evitar que la concesión se convierta en una barrera para nuevos actores del transporte ferroviario de cargas.

La apuesta oficial es que el capital privado asuma el riesgo empresario que durante décadas no logró resolver el sistema estatal. El diagnóstico incluido en la documentación del proceso señala que la infraestructura acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, aun cuando el Estado destinó recursos crecientes al sostenimiento del servicio.

El problema adquiere una dimensión particular cuando se observa la evolución de la producción argentina. Desde 1970, la producción agropecuaria se multiplicó por seis, mientras que el Belgrano Cargas transporta actualmente menos carga que en aquel momento. Para el Gobierno, esa brecha muestra que el principal problema no es la ausencia de demanda sino la incapacidad del modelo de gestión para acompañar el crecimiento productivo.

La situación que encontró la actual administración también fue considerada crítica. Los informes técnicos mencionados en el proceso de privatización describieron pérdidas económicas significativas, deterioro de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos y deficiencias en el mantenimiento del parque tractivo. Durante 2023, entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado de las locomotoras no se habría cumplido.

El nuevo esquema intenta cambiar esa ecuación trasladando al concesionario la responsabilidad de invertir y mantener la red. La duración de 50 años fue definida con el objetivo de generar un horizonte suficiente para inversiones ferroviarias de gran escala, cuyos períodos de recuperación exceden ampliamente los ciclos de corto plazo.

Además, los contratos contemplarán Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones. Los oferentes también podrán comprometer obras adicionales de carácter optativo, que serán consideradas en el proceso de evaluación de las propuestas.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la eliminación del cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y la recuperación del ramal azucarero de la Línea Belgrano. En el caso del San Martín, el objetivo es recuperar capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal, mientras que en el Urquiza se prevé la recuperación de su ramal troncal.

La operación incorpora además un mecanismo para transformar activos ferroviarios existentes en una fuente de financiamiento para la recuperación de la infraestructura. Los concesionarios tendrán la opción de adquirir determinados lotes de material rodante y los recursos obtenidos por la venta y el remate serán destinados a un fideicomiso de administración cuyo objetivo será financiar las obras a cargo de los concesionarios.

El diseño busca, de ese modo, que parte de los activos actualmente vinculados al sistema contribuyan a financiar su propia recuperación. La resolución establece que el fideicomiso será constituido específicamente para administrar los recursos provenientes de esas operaciones, en lugar de utilizar la estructura fiduciaria que había sido prevista anteriormente.

Otro componente relevante es la posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los futuros concesionarios podrán beneficiarse de los incentivos y mecanismos de estabilidad y protección previstos por ese régimen, siempre que cumplan con los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa. Para el Gobierno, incorporar esta alternativa puede ampliar la concurrencia y favorecer ofertas más competitivas.

La escala territorial de la concesión convierte al proceso en una operación con potencial impacto directo sobre la logística argentina. Las tres líneas atraviesan 16 provincias y conectan regiones productivas con los principales puertos y con pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Una mejora sostenida de la infraestructura ferroviaria podría reducir restricciones logísticas y ampliar las alternativas de transporte para las economías regionales y las cadenas exportadoras.

El cronograma ya quedó definido. Las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10, mientras que las ofertas deberán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura se realizará ese mismo día a las 10, a través de la plataforma CONTRAT.AR.

La resolución también habilita a la Secretaría de Transporte y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a requerir asistencia técnica y operativa de Belgrano Cargas y Logística durante el proceso. Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos previstos para las distintas unidades de negocio, el esquema definido por el Gobierno contempla la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A.

La discusión de fondo, más allá de la privatización, será si el nuevo modelo logra convertir kilómetros de vías deterioradas en una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de la producción argentina. El éxito de la concesión no se medirá solamente por la adjudicación de los contratos, sino por la capacidad de recuperar corredores, reducir tiempos y costos logísticos, aumentar la carga transportada y generar condiciones para que más producción pueda llegar de manera competitiva a los mercados internos y externos.

La licitación marca así el paso de una etapa de administración estatal de Belgrano Cargas hacia un modelo de concesión de largo plazo con inversión privada y acceso abierto. El desafío será transformar ese cambio contractual en resultados concretos sobre la infraestructura, la logística y la competitividad de las economías productivas que dependen de esos corredores ferroviarios.

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Extienden hasta 2027 la operación de la Línea Urquiza mientras sigue la licitación

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La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía resolvió extender hasta el 30 de junio de 2027 el plazo de continuidad en la explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de la Línea Urquiza a cargo de Metrovías Sociedad Anónima, o hasta tanto se adjudiquen los servicios en el marco de la licitación pública vigente, lo que ocurra primero. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 91/2025, firmada el 22 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, y busca garantizar la regularidad, continuidad y obligatoriedad del servicio mientras el Estado define el esquema definitivo de concesión.

La medida tiene impacto directo en la gobernanza del sistema ferroviario metropolitano, en un contexto de emergencia pública ferroviaria, procesos licitatorios inconclusos y revisión integral de los contratos heredados bajo el marco normativo de la Ley 27.132.

Un contrato vencido, extensiones sucesivas y un marco legal en revisión

El servicio de la Línea General Urquiza se encuentra concesionado desde 1993, cuando el entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos aprobó el contrato con Metrovías S.A. mediante el Decreto 2608/1993, luego modificado por el Decreto 393/1999. El plazo original fue de 24 años, con posibilidad de prórrogas sucesivas de 10 años.

Sin embargo, el proceso de reordenamiento ferroviario iniciado por la Ley 26.352 y profundizado por la Ley 27.132, que declaró de interés público nacional la reactivación ferroviaria, modificó sustancialmente el rol del Estado. Esa normativa estableció la administración estatal de la infraestructura, habilitando la participación pública y privada en la operación, y facultó al Poder Ejecutivo a rescatar, renegociar o reconvertir concesiones.

En ese marco, la Resolución 1325/2017 del entonces Ministerio de Transporte rechazó la solicitud de prórroga contractual de Metrovías y dispuso la continuidad transitoria del servicio por 18 meses, plazo que fue extendido de manera sucesiva por las resoluciones 360/2019, 76/2020, 187/2023 y 1000/2024 del Ministerio de Economía. La última extensión previa había sido por 60 días, mediante la Resolución 62/2025 de la Secretaría de Transporte.

Licitación en curso y decisión de no avanzar aún con la adecuación contractual

En paralelo, el Estado lanzó un proceso licitatorio de mayor alcance. Mediante el Decreto 423/2019 se llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de las Líneas Urquiza y Belgrano Norte, proceso que fue reformulado por el Decreto 170/2023, migrando de un modelo de concesión integral a uno centrado en operación y mantenimiento.

La Resolución 91/2025 detalla que Metrovías presentó una propuesta de adecuación contractual el 24 de octubre de 2025, en el marco del artículo 3° de la Ley 27.132 y del Decreto 1027/2018, modificado por el Decreto 478/2025, que delega en la Secretaría de Transporte la facultad de revisar los contratos vigentes, incluso con posibilidad de extensión por hasta 10 años.

No obstante, tras el análisis técnico y jurídico correspondiente, la Secretaría de Transporte resolvió no avanzar en esta instancia con la adecuación contractual, considerando la necesidad de mantener coherencia con el marco normativo vigente y con los procesos licitatorios en curso. Por ello, optó por una extensión administrativa del plazo de operación, como mecanismo transitorio.

El texto de la resolución es explícito: la continuidad se extiende “hasta el 30 de junio de 2027, o hasta tanto se adjudiquen los servicios en el marco de la licitación aprobada por decreto 423/2019, con la modificación del decreto 170/2023, lo que ocurra primero”.

Impacto institucional y efectos sobre el sistema ferroviario

La decisión se inscribe en un escenario de emergencia pública ferroviaria, declarada por el DNU 525/2024 y reglamentada por el Decreto 526/2024, que abarca tanto la infraestructura como la operación de los servicios de pasajeros y cargas. La resolución aclara que dicha emergencia no altera los efectos de los contratos vigentes ni subroga las responsabilidades de los concesionarios.

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el rol de la Secretaría de Transporte como autoridad delegada para administrar la transición del modelo ferroviario, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIF) continúan como organismos clave en el control y la administración de la red.

En términos prácticos, el artículo 2° de la resolución establece que, si la licitación se adjudica antes del 30 de junio de 2027, Metrovías deberá cesar la prestación sin derecho a reclamo alguno, colaborando con el traspaso al nuevo operador. Esto introduce una cláusula de salida clara y reduce la incertidumbre sobre eventuales compensaciones futuras.

Continuidad del servicio y definición pendiente

La extensión hasta 2027 garantiza previsibilidad operativa para la Línea Urquiza, una de las trazas estratégicas del sistema metropolitano, pero también deja en evidencia la dilación en la definición estructural del esquema concesional. Mientras avanza el proceso licitatorio, el Estado opta por un esquema de transición que prioriza la continuidad del servicio público sobre una resolución contractual definitiva.

La resolución, firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini, entra en vigencia desde su suscripción y marca un nuevo capítulo en la larga transición del sistema ferroviario argentino hacia el modelo previsto por la Ley 27.132.

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