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El RIGI suma un nuevo proyecto de litio en Catamarca: aprobaron una inversión de US$709 millones

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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continúa ampliando su cartera de proyectos estratégicos. El Comité Evaluador aprobó el ingreso de la iniciativa presentada por la sucursal dedicada de LIEX S.A., destinada a desarrollar un complejo de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, provincia de Catamarca. La inversión comprometida asciende a US$709 millones, consolidando al litio como uno de los sectores con mayor capacidad para atraer capitales de largo plazo dentro de la minería argentina.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el proyecto contempla la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, además del desarrollo integral de la infraestructura necesaria para la explotación del yacimiento. El plan incluye la perforación de pozos para extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos internos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones, entre otras inversiones vinculadas a la operación del complejo.

Desde la perspectiva económica, el emprendimiento presenta indicadores de escala relevantes. Según la documentación evaluada por el Comité, el yacimiento dispone de recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva, mientras que las exportaciones proyectadas alcanzarían aproximadamente US$400 millones por año, fortaleciendo el ingreso de divisas provenientes del sector minero y ampliando la participación del litio dentro de la matriz exportadora argentina.

El impacto también se proyecta sobre el mercado laboral. Durante las etapas de construcción y operación, el desarrollo demandará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, generando un efecto multiplicador sobre proveedores, servicios especializados, infraestructura y actividades vinculadas a la cadena minera de Catamarca.

La aprobación representa un nuevo respaldo al RIGI como herramienta para canalizar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos por el Gobierno nacional. Con la incorporación de LIEX S.A., el régimen acumula 21 proyectos aprobados, que en conjunto comprometen US$46.700 millones en inversiones distribuidas entre minería, energía e infraestructura.

Para la administración nacional, la incorporación de nuevos proyectos busca consolidar un esquema de previsibilidad regulatoria orientado a acelerar el desarrollo de inversiones intensivas en capital y con fuerte perfil exportador. En ese contexto, el litio continúa posicionándose como uno de los principales motores del crecimiento minero argentino, impulsado por la creciente demanda internacional asociada a la transición energética y a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

La aprobación del proyecto en Catamarca reafirma además el protagonismo del denominado “triángulo del litio”, integrado por Argentina, Chile y Bolivia, una región que concentra una parte sustancial de las reservas mundiales del mineral y que se ha convertido en uno de los principales destinos para las inversiones globales en minerales críticos.

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El Gobierno impulsa el “Súper RIGI” con mayores beneficios fiscales, cambiarios y laborales

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El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso del denominado “Súper RIGI”, un nuevo esquema de promoción para mega inversiones que busca profundizar los beneficios ya contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero enfocado exclusivamente en proyectos vinculados a nuevas industrias estratégicas y de alto impacto productivo.

La iniciativa, bautizada formalmente como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a captar desembolsos superiores a los USD 1.000 millones en sectores considerados clave para la transformación económica argentina, como baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, infraestructura digital y cadena de valor del uranio.

El proyecto plantea un esquema de beneficios fiscales, aduaneros, laborales y cambiarios de una magnitud inédita en la legislación argentina reciente. Entre los principales incentivos aparece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras jurídicas que deberán crearse exclusivamente para cada inversión adherida.

Además, incorpora amortización acelerada de inversiones, deducción ilimitada de quebrantos, reducción al 3,5% de la carga sobre dividendos y utilidades, devolución de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal y exenciones de derechos de importación y exportación vinculados al proyecto.

En materia laboral, el texto también introduce una reducción significativa de contribuciones patronales: establece una alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas bajo los proyectos adheridos.

Uno de los capítulos más sensibles del proyecto es el referido al régimen cambiario. Allí se habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones, con un esquema escalonado que permite disponer del 20% de los dólares el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero desde la primera exportación. También se exceptúa de liquidación obligatoria a divisas provenientes de aportes de capital y financiamiento externo.

La propuesta incorpora además garantías de estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, un punto central en la estrategia oficial para captar inversiones de largo plazo. El proyecto garantiza además disponibilidad plena sobre la producción, protección frente a actos confiscatorios y acceso irrestricto a la Justicia.

Sin embargo, uno de los aspectos que podría generar mayor debate político y federal aparece en el capítulo destinado a provincias y municipios. El texto exige a las jurisdicciones subnacionales compromisos concretos de “moderación fiscal” y limita severamente la posibilidad de crear o aumentar tributos locales sobre los proyectos adheridos.

En ese marco, las provincias no podrán aplicar alícuotas de Ingresos Brutos superiores al 0,50% ni cobrar Impuesto de Sellos sobre contratos, operaciones financieras o instrumentos vinculados a las inversiones. Tampoco podrán crear nuevos gravámenes después del 31 de diciembre de 2025 si implican una mayor carga fiscal.

La iniciativa también establece que las empresas que ya hayan solicitado adhesión al RIGI original no podrán ingresar al nuevo “Súper RIGI”, ni tampoco proyectos similares pertenecientes al mismo grupo económico, con el objetivo de evitar superposiciones y preservar el carácter estratégico del régimen.

El oficialismo busca presentar el nuevo esquema como una herramienta para acelerar inversiones de escala global en sectores tecnológicos y energéticos donde Argentina pretende posicionarse en la próxima década. No obstante, el alcance de los beneficios y las restricciones fiscales sobre provincias y municipios anticipan un debate político intenso en el Congreso y entre las administraciones provinciales.

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