litio Argentina

Posco consigue USD 700 millones del BID para ampliar su producción de litio en Salta y Catamarca

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La minera surcoreana Posco obtuvo un financiamiento de hasta USD 700 millones de BID Invest para ampliar el proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca. El crédito permitirá avanzar en la puesta en marcha y el aumento progresivo de la producción de dos plantas destinadas a elaborar hidróxido y carbonato de litio.

La estructura financiera contempla un tramo de hasta USD 250 millones aportado directamente por BID Invest, el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo, y la posibilidad de movilizar otros USD 450 millones de instituciones financieras internacionales privadas.

El financiamiento representa un nuevo respaldo para una inversión que ya supera los USD 2.700 millones desde el desembarco de Posco en la Argentina en 2018. La compañía adquirió entonces los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones y atravesó ocho años de desarrollo antes de comenzar a capturar resultados operativos.

Dos plantas y hasta 48.000 toneladas anuales

La expansión contempla una planta de hidróxido de litio con capacidad para 25.000 toneladas anuales y otra de carbonato de litio con capacidad para 23.000 toneladas. Una vez que ambas instalaciones alcancen su plena operación, Posco proyecta producir y exportar cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio.

El proyecto también generaría alrededor de 620 empleos permanentes formales, de acuerdo con la información difundida por BID Invest. La operación forma parte de IDB LAC Minerals, iniciativa del Grupo BID destinada a fortalecer cadenas de suministro de minerales críticos y promover mayor valor agregado en América Latina y el Caribe.

“Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

El financiamiento llega, además, después de que la segunda etapa de Sal de Oro, que supone una inversión adicional de USD 208 millones, obtuviera en junio la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El régimen contempla beneficios impositivos, estabilidad regulatoria durante 30 años y acceso al arbitraje internacional.

Después de años de pérdidas, Posco empezó a ganar dinero en Argentina

La llegada del financiamiento coincide con un punto de inflexión para la operación argentina de Posco. Durante el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina registró una ganancia operativa de 11.000 millones de wones, equivalentes a unos USD 8 millones.

Se trata del primer trimestre con resultado operativo positivo para la compañía después de ocho años de presencia en el país y casi dos años desde el inicio de la operación comercial, en octubre de 2024. Hasta ese momento, la filial había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

El recorrido explica por qué el nuevo financiamiento adquiere relevancia. El proyecto demandó años de exploración, infraestructura y construcción antes de alcanzar una escala capaz de comenzar a generar resultados. Entre las obras realizadas se encuentran decenas de pozos y piletas de evaporación cuya superficie conjunta supera el equivalente a 1.000 canchas de fútbol.

Ahora, el desafío pasa de poner en marcha la producción a escalar la capacidad industrial y capturar mayor valor de un recurso estratégico para la transición energética.

Posco amplía su presencia en el Salar del Hombre Muerto

La estrategia de la compañía no se limita a Sal de Oro. En abril de este año Posco adquirió por USD 65 millones el proyecto Hombre Muerto Norte, también localizado en el Salar del Hombre Muerto, mediante la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina, subsidiaria de Lithium South.

El activo se encuentra en una etapa de exploración avanzada y presenta un potencial de producción de hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

De esta manera, el grupo surcoreano está construyendo una posición de mayor escala sobre uno de los principales polos litíferos de la Argentina. El movimiento combina expansión de reservas, incremento de capacidad productiva y acceso a infraestructura industrial para procesar el recurso.

La compañía prevé adelantar la construcción de una tercera y una cuarta planta de litio en salmuera para 2027 y 2030, respectivamente. Su objetivo global es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio en 2033, incluyendo operaciones de roca en Australia.

El litio argentino gana peso en la estrategia de Corea del Sur

La expansión de Posco ocurre en paralelo con un mayor acercamiento entre Argentina y Corea del Sur alrededor de los minerales críticos. El 31 de julio, el presidente surcoreano Lee Jae Myung visitó Buenos Aires y mantuvo una reunión con Javier Milei.

Ese mismo día, Argentina y Corea del Sur firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con especial atención en el litio. El acuerdo busca promover inversiones en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, además de fortalecer cadenas de suministro vinculadas con baterías y tecnologías avanzadas.

Para Corea del Sur, el acceso estable a minerales críticos es una cuestión estratégica frente a las tensiones de las cadenas globales de suministro y la creciente demanda asociada a la electrificación y la industria tecnológica.

Para Argentina, la ecuación es diferente pero complementaria: convertir recursos naturales en exportaciones, inversiones, empleo y mayor capacidad de procesamiento. La llegada de financiamiento internacional para ampliar una operación que ya produce y comienza a generar ganancias muestra que el capital busca proyectos con capacidad de pasar de la etapa exploratoria a una escala industrial.

Argentina busca convertir reservas en producción

El país ocupa, según los datos aportados, el quinto lugar entre los mayores productores mundiales de litio y el tercero en reservas. Sin embargo, la distancia entre el potencial geológico y la producción efectiva continúa siendo significativa.

La Secretaría de Minería registra 69 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo, pero solamente siete se encuentran actualmente en producción. El desafío económico, por lo tanto, no consiste únicamente en ampliar las reservas conocidas, sino en transformar proyectos mineros en operaciones industriales sostenibles y con capacidad exportadora.

En ese escenario, los USD 700 millones comprometidos por BID Invest para Sal de Oro aportan una señal adicional sobre la maduración del sector. El capital internacional no llega solamente para explorar: se orienta a ampliar plantas, aumentar producción y consolidar cadenas vinculadas con un mineral que ocupa un lugar central en la competencia tecnológica global.

Para las provincias productoras, el punto decisivo será que esa expansión se traduzca en actividad económica local, empleo formal, proveedores y mayor integración industrial. Para Argentina, el desafío de fondo es aprovechar la ventana del litio antes de que la competencia internacional y la evolución tecnológica reduzcan el valor relativo de su ventaja geológica.

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Energía: empresarios de Estados Unidos piden estabilidad, obras y reglas de largo plazo para convertir recursos en desarrollo federal

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Argentina atraviesa una ventana de oportunidad inédita en materia energética, pero transformar esa ventaja geológica en desarrollo económico requiere algo más que recursos naturales. Ese fue uno de los principales mensajes del AmCham Energy Forum 2026, donde empresarios estadounidenses plantearon que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la infraestructura y la coordinación entre los distintos niveles del Estado serán determinantes para convertir el potencial energético en inversiones, empleo y desarrollo federal.

La presidenta de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Mariana Schoua, sostuvo que el país logró “recuperar credibilidad” después de la agenda de reformas y los acuerdos bilaterales alcanzados con Estados Unidos. El desafío, señaló, consiste ahora en transformar esa confianza financiera y empresarial en crecimiento que pueda percibirse fuera de los principales indicadores macroeconómicos.

“Transformar esa credibilidad en desarrollo federal para que el crecimiento económico se perciba en todo el territorio y no solo en los indicadores macroeconómicos” aparece así como una de las principales condiciones para que el actual ciclo de inversiones tenga impacto sobre las economías provinciales.

El punto de partida es particularmente favorable. Argentina pasó de una situación de déficit energético y necesidad de importar combustibles a posicionarse como exportador neto, mientras proyecta una expansión de la producción de gas durante la próxima década y dispone de importantes reservas de litio. La combinación de petróleo, gas y minerales críticos ubica al país dentro de una transformación global en la que la seguridad energética y la transición hacia nuevas fuentes de abastecimiento adquieren un valor estratégico.

Pero disponer del recurso no garantiza su desarrollo económico. Para Schoua, el verdadero desafío consiste en convertir esa ventaja geológica en proyectos concretos dentro de las provincias, cadenas de proveedores nacionales y empleos de mayor productividad.

La diferencia es sustancial. Una economía puede incrementar sus exportaciones de hidrocarburos o minerales y, al mismo tiempo, capturar una proporción limitada del valor agregado si no desarrolla servicios especializados, infraestructura, proveedores industriales y capital humano alrededor de esas actividades. Por eso, la discusión energética comienza a desplazarse desde cuánto puede producir Argentina hacia cuánto desarrollo puede generar alrededor de esa producción.

El segundo desafío es temporal. Los proyectos energéticos requieren inversiones de gran escala y períodos de maduración que exceden ampliamente los ciclos electorales. Desde la identificación de un recurso hasta la construcción de infraestructura, el desarrollo productivo y la llegada efectiva al mercado pueden transcurrir varios años.

Ese desfasaje entre los tiempos de la inversión y los tiempos de la política convierte a la continuidad regulatoria en una variable económica central. “El desarrollo energético requiere inversiones muy grandes, con horizontes que trascienden ampliamente un período de gobierno”, planteó Schoua.

La advertencia tiene una consecuencia directa: si las reglas cambian antes de que los proyectos alcancen su madurez, aumenta el riesgo percibido y sube el costo del capital. En sectores intensivos en inversión, esa incertidumbre puede determinar si una iniciativa avanza, se demora o directamente se dirige hacia otro mercado.

Por eso, el sector empresario estadounidense reclamó sostener cuatro condiciones: estabilidad macroeconómica, equilibrio fiscal, previsibilidad regulatoria y seguridad jurídica. No se trata solamente de atraer nuevos capitales, sino de garantizar que las inversiones anunciadas puedan atravesar todas las etapas necesarias hasta convertirse en capacidad productiva.

La infraestructura aparece como otro cuello de botella. El crecimiento energético requiere ampliar rutas, redes eléctricas, gasoductos, puertos, sistemas logísticos y conectividad digital, además de infraestructura específica para cada cadena productiva. La velocidad con la que esas obras acompañen la expansión de la oferta energética puede definir cuánto del potencial exportador se transforma efectivamente en actividad económica.

Schoua también puso el foco en un componente menos visible, pero decisivo: los recursos humanos. La transición energética demanda trabajadores con nuevas capacidades y perfiles técnicos especializados. Preparar esa fuerza laboral requiere formación, reconversión y articulación con empresas antes de que la demanda se convierta en un cuello de botella.

El mismo razonamiento se aplica a los proveedores locales. Si el aumento de la producción energética genera una red de empresas nacionales capaces de abastecer bienes y servicios especializados, el impacto sobre las economías regionales será considerablemente mayor. Si la expansión se limita a importar tecnología, equipos y servicios, una parte significativa del efecto multiplicador quedará fuera del país.

La propuesta empresaria, en consecuencia, apunta a reducir los costos de esa transición mediante una ejecución “rápida, eficiente y ordenada”. El desafío no consiste únicamente en decidir qué proyectos realizar, sino en crear las condiciones para que puedan ejecutarse dentro de plazos compatibles con la oportunidad que ofrece el mercado internacional.

Ahí aparece una dimensión federal que resulta particularmente relevante para las provincias productoras. Nación, gobiernos provinciales, municipios y empresas tienen competencias diferentes, pero cualquier demora en uno de esos eslabones puede afectar al conjunto del proyecto.

“Nación, provincias, municipios y sector privado tienen que trabajar en la misma dirección”, sostuvo Schoua. La advertencia es concreta: cuando esa coordinación falla, aumentan los costos, se extienden los plazos y la oportunidad de inversión pierde atractivo.

El desafío, entonces, es institucional tanto como económico. Argentina dispone de recursos capaces de generar una transformación profunda de su matriz exportadora, pero necesita convertir esa ventaja inicial en una estrategia sostenida de inversión, infraestructura, capital humano y desarrollo de proveedores.

Para las provincias, la oportunidad excede la percepción de regalías o la llegada de grandes compañías. El objetivo de una política energética con impacto federal debería ser construir alrededor de cada proyecto un ecosistema productivo que genere empleo, proveedores, conocimiento y nuevas empresas locales.

La ventana internacional tampoco es indefinida. La competencia por capital, tecnología y mercados es global y otros países también buscan posicionarse como proveedores confiables de energía y minerales críticos. Por eso, la previsibilidad no es solamente una demanda empresaria: puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros destinos de inversión.

El mensaje de AmCham plantea, en definitiva, una hoja de ruta de largo plazo: preservar la estabilidad alcanzada, consolidar reglas previsibles, acelerar infraestructura, formar trabajadores, desarrollar proveedores y coordinar las decisiones públicas con el sector privado. El objetivo es que el actual ciclo energético no quede limitado a una mejora de las cuentas externas, sino que se traduzca en mayor productividad y oportunidades en las provincias.

La condición decisiva será que el rumbo trascienda a las administraciones de turno y pueda consolidarse como una verdadera política de Estado. Si Argentina logra sostener esa continuidad, la energía puede dejar de ser solamente una ventaja de recursos para convertirse en una plataforma de desarrollo federal. Si no lo hace, la abundancia geológica corre el riesgo de volver a ser una oportunidad potencial más que una transformación económica concreta.

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El RIGI suma un nuevo proyecto de litio en Catamarca: aprobaron una inversión de US$709 millones

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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continúa ampliando su cartera de proyectos estratégicos. El Comité Evaluador aprobó el ingreso de la iniciativa presentada por la sucursal dedicada de LIEX S.A., destinada a desarrollar un complejo de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, provincia de Catamarca. La inversión comprometida asciende a US$709 millones, consolidando al litio como uno de los sectores con mayor capacidad para atraer capitales de largo plazo dentro de la minería argentina.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el proyecto contempla la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, además del desarrollo integral de la infraestructura necesaria para la explotación del yacimiento. El plan incluye la perforación de pozos para extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos internos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones, entre otras inversiones vinculadas a la operación del complejo.

Desde la perspectiva económica, el emprendimiento presenta indicadores de escala relevantes. Según la documentación evaluada por el Comité, el yacimiento dispone de recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva, mientras que las exportaciones proyectadas alcanzarían aproximadamente US$400 millones por año, fortaleciendo el ingreso de divisas provenientes del sector minero y ampliando la participación del litio dentro de la matriz exportadora argentina.

El impacto también se proyecta sobre el mercado laboral. Durante las etapas de construcción y operación, el desarrollo demandará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, generando un efecto multiplicador sobre proveedores, servicios especializados, infraestructura y actividades vinculadas a la cadena minera de Catamarca.

La aprobación representa un nuevo respaldo al RIGI como herramienta para canalizar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos por el Gobierno nacional. Con la incorporación de LIEX S.A., el régimen acumula 21 proyectos aprobados, que en conjunto comprometen US$46.700 millones en inversiones distribuidas entre minería, energía e infraestructura.

Para la administración nacional, la incorporación de nuevos proyectos busca consolidar un esquema de previsibilidad regulatoria orientado a acelerar el desarrollo de inversiones intensivas en capital y con fuerte perfil exportador. En ese contexto, el litio continúa posicionándose como uno de los principales motores del crecimiento minero argentino, impulsado por la creciente demanda internacional asociada a la transición energética y a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

La aprobación del proyecto en Catamarca reafirma además el protagonismo del denominado “triángulo del litio”, integrado por Argentina, Chile y Bolivia, una región que concentra una parte sustancial de las reservas mundiales del mineral y que se ha convertido en uno de los principales destinos para las inversiones globales en minerales críticos.

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El Gobierno impulsa el “Súper RIGI” con mayores beneficios fiscales, cambiarios y laborales

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El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso del denominado “Súper RIGI”, un nuevo esquema de promoción para mega inversiones que busca profundizar los beneficios ya contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero enfocado exclusivamente en proyectos vinculados a nuevas industrias estratégicas y de alto impacto productivo.

La iniciativa, bautizada formalmente como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a captar desembolsos superiores a los USD 1.000 millones en sectores considerados clave para la transformación económica argentina, como baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, infraestructura digital y cadena de valor del uranio.

El proyecto plantea un esquema de beneficios fiscales, aduaneros, laborales y cambiarios de una magnitud inédita en la legislación argentina reciente. Entre los principales incentivos aparece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras jurídicas que deberán crearse exclusivamente para cada inversión adherida.

Además, incorpora amortización acelerada de inversiones, deducción ilimitada de quebrantos, reducción al 3,5% de la carga sobre dividendos y utilidades, devolución de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal y exenciones de derechos de importación y exportación vinculados al proyecto.

En materia laboral, el texto también introduce una reducción significativa de contribuciones patronales: establece una alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas bajo los proyectos adheridos.

Uno de los capítulos más sensibles del proyecto es el referido al régimen cambiario. Allí se habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones, con un esquema escalonado que permite disponer del 20% de los dólares el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero desde la primera exportación. También se exceptúa de liquidación obligatoria a divisas provenientes de aportes de capital y financiamiento externo.

La propuesta incorpora además garantías de estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, un punto central en la estrategia oficial para captar inversiones de largo plazo. El proyecto garantiza además disponibilidad plena sobre la producción, protección frente a actos confiscatorios y acceso irrestricto a la Justicia.

Sin embargo, uno de los aspectos que podría generar mayor debate político y federal aparece en el capítulo destinado a provincias y municipios. El texto exige a las jurisdicciones subnacionales compromisos concretos de “moderación fiscal” y limita severamente la posibilidad de crear o aumentar tributos locales sobre los proyectos adheridos.

En ese marco, las provincias no podrán aplicar alícuotas de Ingresos Brutos superiores al 0,50% ni cobrar Impuesto de Sellos sobre contratos, operaciones financieras o instrumentos vinculados a las inversiones. Tampoco podrán crear nuevos gravámenes después del 31 de diciembre de 2025 si implican una mayor carga fiscal.

La iniciativa también establece que las empresas que ya hayan solicitado adhesión al RIGI original no podrán ingresar al nuevo “Súper RIGI”, ni tampoco proyectos similares pertenecientes al mismo grupo económico, con el objetivo de evitar superposiciones y preservar el carácter estratégico del régimen.

El oficialismo busca presentar el nuevo esquema como una herramienta para acelerar inversiones de escala global en sectores tecnológicos y energéticos donde Argentina pretende posicionarse en la próxima década. No obstante, el alcance de los beneficios y las restricciones fiscales sobre provincias y municipios anticipan un debate político intenso en el Congreso y entre las administraciones provinciales.

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