El Gobierno impulsa el “Súper RIGI” con mayores beneficios fiscales, cambiarios y laborales
El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso del denominado “Súper RIGI”, un nuevo esquema de promoción para mega inversiones que busca profundizar los beneficios ya contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero enfocado exclusivamente en proyectos vinculados a nuevas industrias estratégicas y de alto impacto productivo.
La iniciativa, bautizada formalmente como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a captar desembolsos superiores a los USD 1.000 millones en sectores considerados clave para la transformación económica argentina, como baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, infraestructura digital y cadena de valor del uranio.
El proyecto plantea un esquema de beneficios fiscales, aduaneros, laborales y cambiarios de una magnitud inédita en la legislación argentina reciente. Entre los principales incentivos aparece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras jurídicas que deberán crearse exclusivamente para cada inversión adherida.
Además, incorpora amortización acelerada de inversiones, deducción ilimitada de quebrantos, reducción al 3,5% de la carga sobre dividendos y utilidades, devolución de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal y exenciones de derechos de importación y exportación vinculados al proyecto.
En materia laboral, el texto también introduce una reducción significativa de contribuciones patronales: establece una alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas bajo los proyectos adheridos.
Uno de los capítulos más sensibles del proyecto es el referido al régimen cambiario. Allí se habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones, con un esquema escalonado que permite disponer del 20% de los dólares el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero desde la primera exportación. También se exceptúa de liquidación obligatoria a divisas provenientes de aportes de capital y financiamiento externo.
La propuesta incorpora además garantías de estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, un punto central en la estrategia oficial para captar inversiones de largo plazo. El proyecto garantiza además disponibilidad plena sobre la producción, protección frente a actos confiscatorios y acceso irrestricto a la Justicia.
Sin embargo, uno de los aspectos que podría generar mayor debate político y federal aparece en el capítulo destinado a provincias y municipios. El texto exige a las jurisdicciones subnacionales compromisos concretos de “moderación fiscal” y limita severamente la posibilidad de crear o aumentar tributos locales sobre los proyectos adheridos.
En ese marco, las provincias no podrán aplicar alícuotas de Ingresos Brutos superiores al 0,50% ni cobrar Impuesto de Sellos sobre contratos, operaciones financieras o instrumentos vinculados a las inversiones. Tampoco podrán crear nuevos gravámenes después del 31 de diciembre de 2025 si implican una mayor carga fiscal.
La iniciativa también establece que las empresas que ya hayan solicitado adhesión al RIGI original no podrán ingresar al nuevo “Súper RIGI”, ni tampoco proyectos similares pertenecientes al mismo grupo económico, con el objetivo de evitar superposiciones y preservar el carácter estratégico del régimen.
El oficialismo busca presentar el nuevo esquema como una herramienta para acelerar inversiones de escala global en sectores tecnológicos y energéticos donde Argentina pretende posicionarse en la próxima década. No obstante, el alcance de los beneficios y las restricciones fiscales sobre provincias y municipios anticipan un debate político intenso en el Congreso y entre las administraciones provinciales.