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Logística y tecnología lideraron el empleo en 2025 y anticipan más demanda de técnicos en 2026

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El mercado laboral argentino cerró el segundo semestre de 2025 con señales claras de recuperación en sectores estratégicos como logística, producción alimenticia, frigoríficos y tecnología, y proyecta para 2026 un escenario de mayor dinamismo, con fuerte demanda de perfiles técnicos, operativos y administrativos. Así lo revela el último informe de Ceta Capital Humano, que identifica tendencias clave, brechas de formación y desafíos estructurales para el empleo formal.

El relevamiento, elaborado a partir del monitoreo de avisos laborales, datos oficiales y estudios propios, confirma que la recuperación del empleo se concentra allí donde existe actividad productiva real, inversión en tecnología y expansión de la cadena de valor. Al mismo tiempo, expone los límites del proceso: alta informalidad, brechas de género persistentes y dificultades para cubrir puestos por falta de capacitación específica.

Sectores que traccionaron el empleo en el segundo semestre de 2025

Entre julio y diciembre de 2025, logística y correo concentraron el 22% de las búsquedas laborales, impulsadas por el crecimiento del e-commerce, la distribución y la reorganización de las cadenas de suministro. En segundo lugar se ubicaron los servicios, con el 17% de la demanda, especialmente en atención al cliente y soporte, mientras que la producción alimenticia explicó el 13% de las búsquedas, en línea con una mayor industrialización del sector.

El informe también destaca el peso de los frigoríficos (12%) y de la tecnología (10%), lo que evidencia una creciente necesidad de talento técnico y digital transversal a múltiples actividades económicas. Más atrás se posicionaron la agroindustria (8%), minería y energía (6%), salud y asistencia (6%), construcción (4%) y administración y recursos humanos (2%).

En este contexto, los diez perfiles más solicitados durante el segundo semestre de 2025 fueron: operarios de depósito y logística; pickers y preparadores de pedidos; personal de carga y descarga; camareros, mucamas y cocineros en hotelería y gastronomía; representantes de atención al cliente; técnicos de mantenimiento y electromecánicos; operarios de producción y frigorífico; clarkistas; administrativos generales; y ejecutivos de cuentas y vendedores.

“Lo que vemos con claridad es que el empleo está creciendo donde hay operación real: movimiento de mercadería, producción y mantenimiento técnico. La logística, los frigoríficos y la industria alimenticia están traccionando fuerte y la tecnología aparece cada vez más integrada a procesos que antes no eran digitales”, explicó Soledad Curbelo, coordinadora de Reclutamiento y Selección en Ceta Capital Humano.

Indicadores laborales, salarios y brechas estructurales

El informe muestra una recuperación del empleo formal, aunque con desafíos persistentes. La tasa de actividad se ubicó en 48,6%, la tasa de empleo en 45,4% y el desempleo cerró en 6,6%. Sin embargo, el dato estructural que continúa condicionando el mercado laboral es la informalidad, que alcanza al 36,7% de los trabajadores.

En materia salarial, el salario promedio bruto del sector privado llegó a $1.798.332 en diciembre de 2025, con una variación interanual del 44,34%, reflejando tanto la recomposición nominal como la presión inflacionaria del período. Los rangos salariales confirman la centralidad de los perfiles técnicos y operativos: un técnico de mantenimiento percibió entre $1.450.000 y $1.800.000, un clarkista entre $1.100.000 y $1.350.000, los administrativos entre $1.000.000 y $1.400.000, y los operarios de depósito entre $820.000 y $990.000, según el relevamiento de la compañía del Grupo Ceta.

En términos de género, la participación femenina continúa rezagada: 38% frente al 61% de hombres, aunque se observa una mayor inserción de mujeres en atención al cliente, administración, hotelería y salud, sectores donde la demanda se mantuvo activa durante 2025.

El mapa federal del empleo y las tendencias que marcarán 2026

Desde el punto de vista geográfico, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de avisos en logística, atención al cliente, administración y ventas farmacéuticas. Córdoba mostró una demanda diversificada en agroindustria, logística, producción y servicios técnicos. En Neuquén y Río Negro se destacó la actividad vinculada a Oil & Gas, hotelería y mantenimiento industrial, mientras que Santa Fe combinó búsquedas en minería, producción, logística y perfiles ejecutivos.

De cara a 2026, el informe de Ceta Capital Humano identifica cinco grandes tendencias que marcarán el mercado laboral argentino: la automatización y digitalización de procesos, con mayor demanda de técnicos especializados; el crecimiento de los empleos verdes vinculados a eficiencia energética y sostenibilidad; una mayor articulación entre empresas y centros educativos para reducir la brecha de habilidades; el avance de la digitalización en Recursos Humanos; y un foco creciente en la inclusión femenina en sectores productivos, logísticos y tecnológicos.

“Para este año esperamos una demanda todavía más marcada de perfiles técnicos y administrativos, por eso el gran desafío sigue siendo la formación. Hay puestos disponibles que no siempre se logran cubrir por falta de capacitación específica. Es clave el trabajo conjunto entre empresas, instituciones educativas y programas de inclusión laboral para fortalecer el talento”, analizó Curbelo.

Más oportunidades, pero con el desafío de la capacitación

El cierre de 2025 dejó una señal clara: el empleo crece donde hay inversión en tecnología, logística y producción, y ese patrón se profundizará en 2026. Sin embargo, la sostenibilidad de este proceso dependerá de la capacidad del sistema educativo, las políticas de empleo y el sector privado para cerrar la brecha de habilidades, reducir la informalidad y ampliar la inclusión laboral. En ese equilibrio se juega la calidad del crecimiento del mercado laboral argentino en el corto y mediano plazo.

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La quita de aranceles no alcanza, los celulares cuestan hasta el doble que en el exterior

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La eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, que entra en vigencia este jueves en Argentina, no se traducirá en una baja significativa de precios para los consumidores. Distribuidores del sector aseguran que el impacto de la medida ya estaba incorporado en los valores actuales y advierten que la elevada carga impositiva interna, el tipo de cambio y los costos logísticos continúan sosteniendo una fuerte brecha con los precios internacionales.
Según un relevamiento de Clarín, los celulares en el mercado local siguen costando hasta el doble que en Estados Unidos y más de un 60% más que en Chile, lo que mantiene vigente el incentivo a comprar tecnología en el exterior.

Una medida anticipada por el mercado

La decisión oficial apunta a mejorar la competitividad y reducir distorsiones en el acceso a bienes tecnológicos, pero el efecto inmediato sobre los precios finales es limitado. Desde los principales distribuidores explicaron que el anuncio fue anticipado y que, por ese motivo, no habrá reducciones visibles en las listas vigentes.

Desde MacStation, distribuidor oficial de Apple en el país, afirmaron de manera textual: “La quita de aranceles ya fue contemplada en los precios de lanzamiento del iPhone 17… No resulta necesario aplicar reducciones en esta instancia”.

En el mismo sentido, referentes de Maximstore señalaron que “en algunas categorías nos adelantamos a las bajas porque sabemos que el costo de reposición será menor”, aunque aclararon que el mayor impacto de la medida se observa en las compras corporativas y no en el consumidor individual.

El diagnóstico del sector es consistente: la eliminación del arancel es solo uno de los componentes del precio final y no compensa el peso de los impuestos internos ni los costos estructurales del mercado argentino.

Brecha regional: Argentina sigue entre los países más caros

El contraste de precios con Chile vuelve a dejar en evidencia las diferencias de costo para el consumidor final, especialmente en los segmentos de gama alta y media-alta.

  • iPhone 17 Pro Max (256 GB): en Argentina se comercializa a US$ 2.229 (aproximadamente $3,3 millones), mientras que en Chile cuesta US$ 1.757 (unos $2,6 millones).
  • Samsung Galaxy S25 FE: el precio local alcanza los US$ 1.216 (alrededor de $1.799.999), frente a los US$ 736 del mercado chileno (unos $1.090.612).
  • Motorola Moto G35 5G: en la gama media la diferencia se reduce, con un valor de $399.999 (US$ 270) en Argentina y US$ 256 en Chile.

Estos datos confirman que, incluso sin aranceles, la estructura de costos local mantiene a la Argentina como uno de los mercados más caros de la región para la compra de tecnología.

Impacto limitado y señales para el consumo

La continuidad de la brecha de precios plantea un desafío para la política de competitividad: la quita de aranceles, por sí sola, no alcanza para modificar el comportamiento del consumidor, que sigue encontrando mejores precios fuera del país.
Mientras tanto, el sector comercial ajusta sus estrategias con cautela, priorizando previsibilidad en los costos de reposición y segmentando los beneficios de la medida hacia el canal corporativo.

En ese contexto, la expectativa de una baja generalizada de precios queda, por ahora, postergada, y la discusión vuelve a centrarse en los factores estructurales que encarecen el acceso a bienes tecnológicos en el mercado argentino.

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Puente San Javier–Porto Xavier, avanzan los pasos técnicos para iniciar la obra binacional

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Misiones y autoridades del sur de Brasil avanzaron en una reunión binacional clave para poner en marcha la fase operativa del puente internacional San Javier–Porto Xavier, una obra ya aprobada que ingresa ahora en la etapa técnica y administrativa previa al inicio de los trabajos. El encuentro marcó un punto de inflexión: dejó atrás el plano de los anuncios y se concentró en los procedimientos concretos —ambientales, territoriales y logísticos— necesarios para pasar a la ejecución de un proyecto estratégico para la integración regional, el comercio y el desarrollo local.

De la planificación a la ejecución: una agenda técnica decisiva

La reunión permitió ordenar una agenda técnica y administrativa orientada a destrabar los últimos pasos antes del inicio de obra. El puente, que será financiado por el gobierno de Brasil, se consolidó a lo largo de los años mediante gestiones sostenidas, agendas bilaterales y trabajo institucional entre el Gobierno de Misiones, los municipios involucrados y organismos del país vecino. Este nuevo avance responde al impulso del Estado misionero y de los intendentes de la provincia, que mantuvieron activo el proyecto y promovieron de manera constante las instancias necesarias para alcanzar esta etapa de concreción.

Participaron del encuentro el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori; el jefe de Asesores del gobernador Hugo Passalacqua, Eduardo Morales Lezica; los intendentes de San Javier y Porto Xavier, Matías Vilchez y Gilberto Menin; y autoridades locales y provinciales, entre ellos el viceintendente de San Javier, Víctor Rafael Cabrera; el concejal Duilio Sosa; asesores del Ejecutivo y representantes de Vialidad. Por el lado brasileño, asistió el secretario de Desarrollo y Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser.

También estuvieron presentes representantes del consorcio empresario vinculado al proyecto, encabezado por Rivoli Costruttora, empresa de capitales italianos que lidera el conjunto de cinco firmas seleccionadas por el gobierno brasileño para ejecutar la obra. La participación de los equipos técnicos permitió delinear el trabajo conjunto en territorio y organizar las próximas instancias operativas.

Puntos técnicos: licencias ambientales, relocalizaciones y accesos

Durante el encuentro se abordaron los ejes técnicos que permitirán pasar de la planificación al inicio efectivo de obra. Entre los puntos centrales figuraron el avance de los trámites de licenciamiento ambiental, la definición de áreas sensibles y los procesos de relocalización, así como la planificación de accesos y obras complementarias en ambas cabeceras del futuro viaducto.

En particular, se analizó la situación de los terrenos involucrados, con foco en sectores destinados a áreas aduaneras y de servicios. Allí será necesario avanzar en relevamientos, delimitaciones y eventuales procesos de indemnización. De acuerdo con los primeros estudios, el área afectada comprende a un grupo acotado de familias asentadas en zonas de expansión urbana, lo que obliga a articular mecanismos de relocalización y compensación dentro de los marcos técnicos y administrativos correspondientes.

Asimismo, se puso en común el estado de los trámites ambientales en Brasil, donde ya se trabaja sobre estudios y protocolos desarrollados en instancias anteriores del proyecto. Esta base técnica previa optimiza tiempos y acorta etapas, con impacto directo en el calendario general de la obra. En paralelo, se avanzó en criterios de coordinación institucional para ordenar procedimientos entre ambos países.

Impacto regional y expectativas: conectividad, empleo y logística

El ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, destacó el avance del proyecto y expresó su optimismo respecto al inicio próximo de las obras. “Esto promueve el desarrollo local de ambas ciudades, tanto del lado argentino como del brasileño. Fortalece la conectividad y abre la puerta a la generación de nuevos puestos de trabajo”, afirmó.

En la misma línea, subrayó que “se genera una enorme expectativa, porque el impacto no será solo directo sobre el comercio, sino también indirecto, a partir del crecimiento de nuevas dinámicas logísticas que resultan clave para consolidar y potenciar toda la región. Es sin dudas un avance importante para San Javier y toda la provincia será beneficiada”.

El puente San Javier–Porto Xavier es considerado estratégico para la integración regional y el desarrollo económico y turístico. Además de mejorar la conectividad entre Misiones y el estado de Río Grande do Sul, el viaducto se proyecta como una nueva vía para el intercambio comercial, la circulación de personas y la articulación logística entre ambos países. La actual fase técnica consolida un proceso con múltiples etapas previas —estudios, gestiones diplomáticas y acuerdos institucionales— y enfoca los próximos pasos en profundizar estudios, ordenar procedimientos ambientales y administrativos y establecer un esquema de trabajo coordinado que permita materializar la obra tras años de planificación.

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El Gobierno extiende el peaje bonificado en la hidrovía mientras define la tarifa definitiva

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La Administración General de Puertos extendió hasta el 31 de enero de 2026 la bonificación del peaje en la Vía Navegable Troncal para el transporte internacional. La decisión mantiene un esquema transitorio de tarifas reducidas mientras continúa la transición institucional tras la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y se posterga la definición del valor definitivo del peaje en la hidrovía.

La Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación) dispuso una nueva prórroga de la bonificación del peaje en el tramo “Puerto de Santa Fe – Confluencia (Sección II)” de la Vía Navegable Troncal (VNT). A través de la Resolución 1/2026, firmada por el interventor Gastón Alejo Benvenuto y publicada el 13 de enero de 2026, se estableció que entre el 1° y el 31 de enero de 2026 la tarifa para el transporte internacional será de dólares estadounidenses uno con treinta centavos (US$ 1,30) por tonelada de registro neto (TRN).

La medida prolonga un régimen transitorio que se aplica desde febrero de 2023 y refleja la persistencia de condiciones institucionales y operativas que impiden avanzar en la definición del cuadro tarifario definitivo para el segmento norte de la hidrovía.

Un peaje en revisión permanente desde 2022

El origen del esquema actual se remonta a la Resolución 625/2022 del entonces Ministerio de Transporte, que fijó el peaje del tramo Santa Fe–Confluencia en US$ 1,47 por TRN para el transporte internacional y $ 1,47 por TRN para el cabotaje, sujeto al resultado de una instancia de participación ciudadana. Sin embargo, tras ese proceso se multiplicaron las presentaciones administrativas y acciones judiciales de usuarios y sujetos obligados al pago, lo que derivó en la suspensión de la aplicación plena de la tarifa.

Como respuesta, la AGP constituyó en septiembre de 2024 la “Mesa de Trabajo de la VNT – Sección Santa Fe al Norte”, en el ámbito del Comité Ejecutivo de la Vía Navegable Troncal, y dispuso una bonificación progresiva del peaje. El esquema redujo la tarifa a US$ 0,80 por TRN entre el 15 de febrero de 2023 y el 31 de agosto de 2024, luego a US$ 1,20 por TRN hasta el 28 de febrero de 2025, y desde entonces se sucedieron prórrogas mensuales o bimestrales con ajustes graduales.

Durante 2025, la tarifa bonificada pasó a US$ 1,25 por TRN y luego se mantuvo el beneficio hasta diciembre. Ahora, con la Resolución 1/2026, se avanza un nuevo escalón de convergencia hacia el valor original, llevándolo a US$ 1,30 por TRN.

Transición institucional y demora en la definición tarifaria

En los considerandos, la resolución subraya que la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dispuesta por el DNU 3/2025, modificó sustancialmente el contexto jurídico e institucional. La disolución y liquidación de la Administración General de Puertos, bajo un esquema de continuidad operativa, absorbió gran parte de los recursos técnicos y de gestión, lo que impidió la efectiva constitución de la Mesa de Trabajo y la realización de los estudios necesarios para evaluar la razonabilidad del peaje.

En ese marco, el Gobierno justifica la reiteración de las prórrogas en criterios de gradualidad y razonabilidad, aclarando que la política tarifaria no implica eliminar el peaje ni congelarlo indefinidamente, sino ajustarlo de manera progresiva mientras se completa la transición institucional y se definen las condiciones del régimen definitivo.

Impacto económico y señales al comercio exterior

La decisión tiene impacto directo sobre los operadores del comercio exterior, especialmente exportadores e importadores que utilizan la hidrovía para el transporte de cargas hacia y desde los puertos del norte argentino y la región del Paraná. La continuidad de una tarifa bonificada atenúa los costos logísticos en un contexto de alta sensibilidad de precios, aunque también prolonga la incertidumbre regulatoria respecto del valor final del peaje.

Desde el punto de vista institucional, la reiteración de prórrogas expone las dificultades del Estado para cerrar el debate tarifario en uno de los corredores logísticos más relevantes del país, mientras se redefine la gobernanza del sistema portuario y de navegación. El esquema actual mantiene una señal de previsibilidad de corto plazo, pero deja abierta la discusión sobre el equilibrio entre financiamiento del mantenimiento de la vía navegable y competitividad del transporte fluvial.

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Rutas nacionales, cómo es el plan de concesiones que busca inversión privada y cero subsidios

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El Gobierno nacional puso en marcha la Red Federal de Concesiones (RFC) con el objetivo de mejorar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, elevar los estándares de seguridad vial y reemplazar un esquema deficitario por uno transparente y sin subsidios del Tesoro. La Etapa I ya comenzó el 7 de enero, mientras que el resto de los tramos se preparan para su licitación en sucesivas fases, con foco en posesión, administración y mantenimiento de la red.

Etapa I en ejecución y arranque operativo

La implementación de la RFC ya tiene obras en curso. Desde el 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios asumió la gestión de las rutas 12, 14, 135, A015 y 117 en su paso por Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En paralelo, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni se hizo cargo de la ruta nacional 174, que conecta Santa Fe y Entre Ríos a través del Puente Rosario–Victoria.

Con esta etapa inicial activa, el Ejecutivo avanzó en la definición del mapa completo de tramos a intervenir en el resto del país. La información oficial está disponible en argentina.gob.ar, donde se detallan los corredores y su extensión.

Lo que viene: Etapa II y el detalle de kilómetros a licitar próximamente

La Etapa II, próxima a licitarse, incluye los tramos Sur Atlántico Acceso Sur y Pampa, que en conjunto suman 1.871,8 kilómetros. A su vez, el programa completo prevé intervenir corredores estratégicos distribuidos por regiones, con el siguiente detalle de kilómetros proyectados a licitar:

  • Tramo Oriental: 682,28 km
  • Tramo Conexión: 59,43 km
  • Tramo Sur Atlántico Acceso Sur: 1.325,17 km
  • Tramo Pampa: 546,65 km
  • Tramo Centro: 681,92 km
  • Tramo Mesopotámico: 276,11 km
  • Tramo Centro Norte: 536,43 km
  • Tramo Noroeste: 596,52 km
  • Tramo Litoral: 546,74 km
  • Tramo Noreste: 456,22 km
  • Tramo Chaco–Santa Fe: 497,18 km
  • Tramo Cuyo: 329,09 km
  • Tramo Mediterráneo: 672,32 km
  • Tramo Portuario Sur: 636,75 km
  • Tramo Portuario Norte: 528,04 km
  • Tramo Puntano: 720 km

El alcance total confirma una reconfiguración integral de la red vial nacional, con licitaciones escalonadas y foco en corredores productivos, logísticos y de alto tránsito.

Objetivo fiscal y modelo de gestión: inversión privada y sin subsidios

La finalidad del esquema es actualizar la infraestructura vial para mejorar la seguridad de los usuarios y atraer inversión privada, cuidando al mismo tiempo los recursos públicos. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo que el programa “permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, alineado con la estrategia fiscal del Gobierno.

Desde el punto de vista económico e institucional, la RFC apunta a previsibilidad en la operación, competencia en las licitaciones y mantenimiento sostenido de los corredores, con impactos directos sobre costos logísticos, tiempos de viaje y seguridad vial. La expectativa oficial es que el nuevo esquema consolide un cambio de paradigma en la gestión de rutas nacionales.

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