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Hidrovía privatizada: el Gobierno adjudicó la Vía Navegable Troncal y promete una baja del 13,5% en los costos logísticos

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El Gobierno nacional anunció la adjudicación definitiva de la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), la principal autopista fluvial del país, y dio por concluido el proceso de privatización de la infraestructura por donde se transporta cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

Según informó el Ministerio de Economía, la licitación fue adjudicada a la firma Jan de Nul-Servimagnus, que presentó la oferta considerada más conveniente por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). La formalización se realizó mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC.

La administración de Javier Milei presentó la decisión como un hito para el comercio exterior y sostuvo que permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos una vez firmado el contrato, previsto para los próximos 30 días.

El corazón exportador del país

La Vía Navegable Troncal constituye uno de los activos estratégicos más importantes de la economía argentina. A través de este corredor circulan granos, aceites, harinas, combustibles y una amplia variedad de productos industriales destinados a los mercados internacionales.

El Gobierno sostiene que la nueva concesión permitirá avanzar en obras de profundización del canal, mejorar la seguridad de la navegación e incorporar tecnología para fortalecer los controles y combatir actividades ilícitas, incluido el narcotráfico.

Según el comunicado oficial, la reducción de costos se originará en una mayor eficiencia operativa y en la posibilidad de que los buques completen cargas más importantes en los puertos de origen, disminuyendo escalas y optimizando la logística exportadora.

La expectativa oficial es que esas mejoras impacten directamente sobre la competitividad de las cadenas productivas, especialmente las vinculadas al complejo agroindustrial, principal generador de divisas de la Argentina.

Sin impugnaciones y con respaldo empresario

El Ministerio de Economía destacó que la etapa final del proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones de las empresas participantes, un dato que considera una validación de los dictámenes técnicos elaborados por la comisión evaluadora.

Además, remarcó el respaldo de entidades empresariales como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro Exportador de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

El comunicado también menciona el acompañamiento de los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones durante el proceso.

Otro aspecto que el Ejecutivo destacó fue la participación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que auditó distintas etapas de la licitación para verificar el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia y calidad técnica.

Fin de una etapa estatal

La adjudicación marca el cierre de un largo proceso de debate sobre el futuro de la hidrovía y consolida uno de los objetivos centrales de la política económica del Gobierno: trasladar la gestión de infraestructura estratégica al sector privado.

En esa línea, el comunicado sostiene que comienza una nueva etapa de inversión privada, mientras que el Estado conservará funciones regulatorias y de control, pero sin participación directa en la operación.

La decisión tiene relevancia para las economías regionales del NEA y el Litoral, que dependen en gran medida de la competitividad logística para colocar producción agroindustrial en los mercados externos. En provincias como Misiones, donde la yerba mate, la madera, el té y otras actividades exportadoras enfrentan elevados costos de transporte, cualquier reducción en la cadena logística puede traducirse en mejoras de competitividad, aunque el impacto concreto dependerá de la implementación efectiva de las obras prometidas y de la evolución de los costos internos.

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Marina Mercante: Argentina actualiza los requisitos de titulación y alinea su sistema de formación con estándares internacionales

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) aprobó la actualización de los requisitos para obtener títulos y certificaciones del personal embarcado de la Marina Mercante. La medida incorpora formalmente las Enmiendas de Manila al Convenio STCW y busca subsanar observaciones realizadas por la Organización Marítima Internacional (OMI), un paso clave para sostener la competitividad del sistema logístico y portuario argentino.

La Resolución 35/2026 pone al día un aspecto central de la infraestructura invisible del comercio exterior: la formación y certificación del capital humano que opera buques mercantes. Aunque el impacto no es inmediato sobre los costos logísticos, la decisión tiene implicancias estratégicas para el transporte marítimo, fluvial y portuario, ya que asegura que los títulos emitidos en Argentina mantengan reconocimiento y equivalencia dentro de los estándares internacionales exigidos por la navegación comercial.

La medida responde a una observación formulada por la OMI durante la auditoría realizada al país en 2023, donde se detectó que las denominadas “Enmiendas de Manila 2010” al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) aún no habían sido plenamente incorporadas a la normativa nacional. La actualización busca cerrar esa brecha regulatoria y adecuar los requisitos de capacitación a las tecnologías y procedimientos que hoy predominan en la actividad marítima.

Un tema técnico con impacto económico

Para el sector productivo, especialmente para las economías exportadoras que dependen de la Hidrovía Paraná-Paraguay y de los puertos marítimos argentinos, la relevancia de la resolución excede el ámbito académico o profesional.

La certificación del personal embarcado es uno de los elementos que evalúan organismos internacionales, armadores, aseguradoras y operadores logísticos al momento de validar operaciones. Una eventual falta de adecuación a los estándares STCW podría generar restricciones operativas, observaciones internacionales o mayores exigencias de control para buques con bandera argentina.

La actualización aprobada por ANPyN establece nuevas condiciones para la obtención, renovación y recuperación de títulos de oficiales de puente, oficiales de máquinas, electrotécnicos, radioperadores, marineros y demás categorías contempladas en la Marina Mercante. También incorpora exigencias vinculadas con seguridad operacional, lucha contra incendios, protección marítima, gestión de recursos de navegación y prevención de la contaminación.

Más exigencias formativas y foco en nuevas competencias

Uno de los cambios de fondo es la consolidación de un esquema de capacitación continua. Las reválidas de títulos exigen acreditar períodos mínimos de embarco o actividades vinculadas al sector, complementadas con cursos de actualización técnica y operativa.

La normativa también incorpora competencias asociadas a estándares internacionales modernos, incluyendo gestión de recursos de máquinas, prevención de la contaminación, protección de buques y procedimientos de seguridad exigidos por la navegación contemporánea.

Para las empresas navieras, esto implica una mayor necesidad de planificación en materia de recursos humanos, capacitación y certificación de tripulaciones. A cambio, se fortalece la capacidad del sistema argentino para operar bajo parámetros reconocidos internacionalmente.

La Hidrovía y la logística regional en el centro de la escena

La actualización adquiere especial relevancia para el corredor fluvial más importante del país. La Hidrovía concentra buena parte de las exportaciones agroindustriales argentinas y es el principal canal de salida para productos provenientes del NEA y del NOA.

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa observan con atención cualquier modificación vinculada al sistema de navegación, ya que la recuperación del transporte fluvial es una de las apuestas recurrentes para reducir costos logísticos y mejorar competitividad frente a mercados internacionales.

La profesionalización del personal embarcado constituye una condición necesaria para sostener esa estrategia. La expansión de operaciones fluviales requiere tripulaciones certificadas bajo estándares aceptados globalmente, particularmente en segmentos donde convergen operadores privados, cargas regionales y servicios internacionales.

Lo que cambia para el sector

Entre los principales efectos de la resolución se destacan: Adecuación formal de Argentina a las Enmiendas de Manila 2010 del Convenio STCW. Mayor reconocimiento internacional de los títulos emitidos por el país. Actualización de competencias vinculadas a seguridad, protección marítima y prevención ambiental. Fortalecimiento de la empleabilidad internacional de los profesionales de la Marina Mercante. Reducción del riesgo regulatorio derivado de observaciones de organismos internacionales. Mayor previsibilidad para armadores, operadores portuarios y empresas navieras.

La actualización normativa resuelve una deuda regulatoria que Argentina mantenía desde hace más de una década respecto de los estándares internacionales de formación marítima. El desafío ahora pasa por la implementación efectiva: capacidad de los centros de capacitación, tiempos de certificación, disponibilidad de cursos y adaptación del sector privado a las nuevas exigencias. Para una economía que busca ganar competitividad exportadora, la calidad del capital humano embarcado es tan importante como la infraestructura portuaria o el dragado de la Hidrovía.

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El Gobierno activa la privatización de la Vía Navegable Troncal con tres ofertas y promete US$ 10.000 millones de inversión

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El Gobierno dio un paso decisivo en la privatización de la Vía Navegable Troncal, el corredor por el que circula el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región. El ministro Luis Caputo informó que se presentaron tres oferentes internacionales —Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia— en la licitación pública internacional para la modernización, operación y mantenimiento del sistema, con una inversión estimada en más de US$ 10.000 millones a lo largo de 25 años.

El proceso, que cuenta con aval técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se encamina ahora hacia la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a riesgo empresarial y sin aval del Estado. En términos políticos, la señal es clara: el Ejecutivo busca consolidar un esquema de infraestructura estratégica financiado por capital privado y con estándares internacionales de transparencia, en línea con su estrategia de desestatización y reducción de riesgos fiscales.

Licitación internacional y respaldo multisectorial

La apertura de sobres completó una etapa central del proceso licitatorio. El esquema se estructuró en tres instancias: primero, la evaluación de antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; luego, el análisis del Plan de Trabajo con un sistema de puntajes; finalmente, la ponderación de la oferta económica, con mayor peso para asegurar la tarifa más baja posible.

El pliego se elaboró con respaldo de la UNCTAD, que auditó criterios de transparencia y competitividad. El Gobierno subrayó que se trata de una de las licitaciones “más participativas y transparentes”, apoyada por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, además de los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires. También expresaron respaldo entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, junto a organizaciones ambientalistas.

Ese alineamiento no es menor. La vía navegable concentra intereses productivos, portuarios y fiscales de las principales provincias exportadoras. La definición del nuevo concesionario impactará en tarifas, profundidad de dragado y previsibilidad operativa para un complejo agroindustrial que depende de la logística fluvial.

Competitividad y costos logísticos: el eje económico

El objetivo declarado del proyecto es permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior. En una economía donde la balanza comercial y el ingreso de divisas resultan determinantes, cualquier mejora en eficiencia portuaria tiene efecto macroeconómico.

La inversión proyectada —más de US$ 10.000 millones en 25 años— supone un volumen relevante de capital privado destinado a dragado, señalización y mantenimiento. El contrato a riesgo empresarial implica que el concesionario asume el financiamiento y recupera la inversión vía tarifa, sin garantías estatales.

Para el sector agroexportador y portuario, la clave estará en el equilibrio entre tarifa y servicio. El pliego pondera la oferta económica con mayor peso, lo que busca asegurar un costo competitivo. Sin embargo, el esquema también exige capacidad técnica y financiera comprobada, un punto crítico en una infraestructura que define la salida de granos, aceites y subproductos.

Las provincias del litoral observan el proceso con interés directo: una vía más eficiente puede traducirse en mayor actividad portuaria, empleo y recaudación asociada al comercio exterior.

Señales al mercado y consolidación del rumbo

La apertura de sobres refuerza el mensaje de que el Gobierno prioriza participación privada en activos estratégicos y busca reducir exposición fiscal. La concesión sin aval estatal y con inversión comprometida a largo plazo encaja en esa narrativa.

Al mismo tiempo, el respaldo multisectorial y la auditoría de la ONU funcionan como escudo político ante un tema históricamente sensible. La vía navegable no es solo una obra de infraestructura; es un nodo de poder económico.

Queda por delante la evaluación técnica y económica de las propuestas y la adjudicación final. Allí se definirá qué empresa operará durante 25 años una de las arterias logísticas más relevantes del Cono Sur. La decisión marcará no solo el futuro del sistema portuario, sino también la capacidad del país para sostener competitividad exportadora en un contexto internacional exigente.

El proceso ya está en marcha. La discusión ahora se traslada al terreno de la ejecución y al delicado equilibrio entre tarifa, inversión y control público.

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Fin de la bonificación ZAP: nuevo esquema de costos en el Puerto Buenos Aires

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La Administración General de Puertos S.A.U. (AGP) resolvió derogar la bonificación del cien por ciento (100%) aplicada al cargo de la Zona de Apoyo Portuario (ZAP) para los contenedores llenos que ingresan a las terminales concesionadas del Puerto Buenos Aires, mediante la Resolución 148/2025, dictada el 23 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre.

La medida entrará en vigencia el 1° de enero de 2026 y marca un cambio relevante en el esquema tarifario portuario, con impacto directo sobre la operatoria logística y la estructura de costos del sistema.

La decisión se inscribe en el nuevo enfoque de explotación privada de la infraestructura portuaria, impulsado por la Ley de Bases N° 27.742, y busca garantizar la sustentabilidad económica y financiera de la Zona de Apoyo Portuario, cuya operación fue transferida a un permisionario privado.

Antecedentes del sistema ZAP y evolución del esquema tarifario

El Sistema de Control de Tránsito Vehicular Portuario (CTVP) fue implementado en 2012 con el objetivo de ordenar el preingreso de camiones a las terminales portuarias y evitar interferencias con la circulación externa, en cumplimiento del Artículo 47 del Pliego de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/93 para la concesión de las terminales de Puerto Nuevo.

En octubre de 2017, la entonces AGP asumió la gestión operativa de la Zona de Apoyo Portuario, estableciendo un cargo tarifario de US$ 10 más IVA por cada contenedor lleno de 20 o 40 pies que ingresara o egresara de las terminales concesionadas. Dicho monto debía ser facturado y recaudado por las terminales, por cuenta y orden de la AGP, bajo el concepto “ZAP”.

Posteriormente, a partir del 1° de octubre de 2018, se dispuso una bonificación del 100% del cargo para los contenedores llenos ingresados a las terminales, esquema que fue mantenido —con distintas adecuaciones normativas— hasta la actualidad.

En 2023, el valor del cargo ZAP fue actualizado a US$ 14,50, importe que se mantiene vigente, aunque neutralizado por la bonificación total ahora derogada.

Cambio de política: explotación privada y necesidad de sustentabilidad financiera

La Resolución 148/2025 fundamenta la eliminación de la bonificación en el cambio de paradigma en la gestión portuaria, alineado con las políticas públicas que promueven que los agentes privados asuman actividades previamente desarrolladas por el Estado.

En ese marco normativo, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/25 creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y el Decreto N° 602/25 fijó los lineamientos del proyecto de infraestructura portuaria. En consonancia con esas directrices, la AGP otorgó a Terminales Río de la Plata S.A. un Permiso de Uso de la Zona de Apoyo Portuario, transfiriendo la operación y explotación integral del sector al permisionario.

Según el texto oficial, para asegurar la viabilidad económica de esa explotación privada, resulta indispensable contar con los recursos generados por la tarifa ZAP, lo que torna incompatible la continuidad de una bonificación total sobre el cargo. Por ese motivo, se dispuso la derogación expresa del apartado que establecía el beneficio del 100% para cada contenedor lleno de 20 o 40 pies.

Impacto operativo y repercusiones en la actividad portuaria

Con la entrada en vigencia de la resolución el 1° de enero de 2026, los contenedores llenos que ingresen a las terminales concesionadas del Puerto Buenos Aires volverán a estar alcanzados por el cargo ZAP, actualmente fijado en US$ 14,50, conforme a la normativa vigente.

Desde una perspectiva económica, la medida implica un reordenamiento de los costos logísticos asociados al tránsito portuario, al tiempo que refuerza un esquema en el que la infraestructura y los servicios de apoyo deben autofinanciarse. En términos institucionales, consolida el rol del sector privado en la operación de áreas clave del sistema portuario, bajo supervisión estatal.

La resolución también establece las notificaciones formales a Terminales Río de la Plata S.A. y Terminal 4 S.A., y ordena su comunicación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, reforzando la articulación entre los organismos del nuevo esquema portuario.

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