LOGISTICA

Autorizan a MNZS S.A. a prestar servicios de rampa y asistencia aeroportuaria en Argentina

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Autorizan a MNZS S.A. a operar servicios aeroportuarios y de rampa en Argentina. La Subsecretaría de Transporte Aéreo habilitó a la firma MNZS Sociedad Anónima a brindar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa por un período de 15 años, conforme al nuevo reglamento del mercado aerocomercial.

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, autorizó a la empresa MNZS Sociedad Anónima a prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, en el marco del nuevo esquema regulatorio del mercado aerocomercial argentino. La medida fue formalizada mediante la Disposición 19/2025, publicada este 27 de junio en el Boletín Oficial.

La autorización, que tendrá una duración de 15 años renovables automáticamente si se cumplen los estándares de seguridad operacional, se inscribe en el régimen previsto por el Código Aeronáutico (Ley 17.285) y su normativa complementaria. El visto bueno técnico fue otorgado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tras verificar que la compañía cumplió con los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera exigidos por la ley.

La autorización a MNZS S.A. se otorga en el marco del Decreto 599/2024, que reglamenta el acceso de operadores al mercado aerocomercial argentino. Este decreto habilita tanto a personas humanas como jurídicas —nacionales o extranjeras con domicilio legal en el país— a prestar servicios de transporte aéreo y de asistencia en tierra, siempre que cuenten con la aprobación de la autoridad competente.

En noviembre de 2024, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía había aprobado —mediante la Resolución 49/2024— el nuevo “Proceso de otorgamiento de autorizaciones aerocomerciales”, estableciendo que las licencias tendrán un plazo inicial de 15 años, renovables si se verifican los estándares de Seguridad Operacional definidos por la ANAC.

El caso MNZS: aval técnico, capacidad financiera y cumplimiento normativo

Según consta en el expediente EX-2025-12932686, la empresa MNZS S.A. acreditó los requisitos técnicos y financieros previstos en el artículo 105 del Código Aeronáutico. El dictamen favorable de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) de la ANAC fue determinante para la aprobación, tras constatarse que la firma cumplía con todas las exigencias normativas, incluyendo las relacionadas con infraestructura, equipamiento, personal técnico calificado y solvencia económica.

La disposición firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, ordena también notificar a la empresa y comunicar lo dispuesto a la ANAC para su registro formal.

La incorporación de nuevos operadores de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa es clave para avanzar en un esquema de mayor competencia y eficiencia en la atención de aeronaves, equipajes, pasajeros y cargas en los distintos aeropuertos del país. Estas actividades abarcan tareas como asistencia en pista, guiado de aeronaves, limpieza, abastecimiento, carga y descarga, y son fundamentales para la logística aérea.

El otorgamiento de esta licencia a MNZS S.A. abre nuevas oportunidades para el sector, especialmente en un contexto de reconfiguración del mercado aerocomercial argentino, que busca promover inversiones, profesionalizar los servicios auxiliares y mejorar la calidad operativa en todo el sistema.

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Nueva reglamentación permite el uso de biodiesel y bioetanol en el transporte fluvial y marítimo

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El Gobierno habilita el uso de biocombustibles en embarcaciones y crea la figura de “Operador de Bunker”

La Secretaría de Energía actualizó la normativa para permitir el uso de biocombustibles puros o mezclados en embarcaciones fluviales y marítimas. Se incorpora una nueva categoría al Registro de Operadores con requisitos específicos para el suministro naval.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, oficializó este martes la Resolución 252/2025, mediante la cual autoriza la utilización de biocombustibles —en estado puro o mezclados con combustibles fósiles— en embarcaciones fluviales y marítimas. La medida forma parte del marco regulatorio establecido por la Ley 27.640, vigente hasta 2030, y tiene como objetivo ampliar el uso de energías renovables en el transporte, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y diversificar la matriz energética nacional.

Incorporación del “Operador de Bunker” al Registro Nacional

La resolución también introduce una nueva figura regulatoria: el Operador de Bunker de Biocombustibles, definida como la persona física o jurídica que suministra biocombustibles para embarcaciones, con o sin instalaciones propias. Esta categoría se incorpora formalmente al Registro de Operadores de Biocombustibles y Mezcladores, establecido por la Resolución 689/2022 y sus modificatorias.

Los operadores de bunker deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y regulatorios, que incluyen:

  • Inscripción como almacenador en el registro nacional.
  • Certificado de auditoría de seguridad de las instalaciones.
  • Habilitación ambiental y aduanera.
  • Currículum del responsable técnico a cargo de la planta.
  • En caso de no contar con instalaciones propias, contratos con empresas habilitadas para el almacenamiento.

Esta medida busca facilitar la operatoria logística del suministro de combustibles en puertos y garantizar estándares de seguridad y trazabilidad en toda la cadena de abastecimiento.

La Ley 27.640, sancionada en 2021 y reglamentada en años posteriores, sustituyó el anterior régimen de promoción de biocombustibles y sentó las bases para una política de transición energética centrada en la eficiencia, sostenibilidad ambiental y desarrollo industrial nacional. En este marco, la Resolución 252/2025 marca un avance concreto hacia la incorporación de biocombustibles en sectores de alto consumo energético, como el transporte marítimo.

Según la normativa vigente, el uso de estos combustibles será optativo para el usuario final, siempre que los motores de las embarcaciones sean compatibles.

Una estrategia alineada con la descarbonización

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, firmante de la resolución, destacó que la medida acompaña las tendencias internacionales hacia la descarbonización del transporte, particularmente en el sector marítimo, responsable de cerca del 3% de las emisiones globales de CO₂.

El texto de la resolución subraya que “el uso de biocombustibles en embarcaciones marítimas se encuentra en aumento, en tanto tienen el potencial de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero del sector”.

Con esta modificación, se espera una mayor demanda de biodiesel y bioetanol en puertos argentinos, lo cual podría dinamizar la industria nacional de biocombustibles. La nueva figura del operador de bunker también abre oportunidades de inversión en infraestructura de almacenamiento y distribución para este nicho.

La resolución entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, el 10 de junio de 2025, y ya está disponible en su totalidad en el sitio oficial del Boletín Oficial de la República Argentina.

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Marina Mercante: el Gobierno flexibiliza el cabotaje y habilita buques con bandera extranjera

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El Gobierno nacional aprobó por Decreto 340/2025 un Régimen de Excepción para la Marina Mercante Nacional, que desregula el sector fluvial y marítimo con el objetivo de aumentar la competitividad y evitar la extinción de la flota de bandera argentina. La medida incluye la flexibilización del cabotaje, incentivos a la inversión privada y un nuevo marco para la contratación de personal embarcado.

El Gobierno desregula la Marina Mercante para evitar su desaparición y atraer inversión. Régimen de Excepción: nueva estrategia para reactivar la flota nacional

En un movimiento que redefine el marco regulatorio de la Marina Mercante Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Decreto 340/2025, que establece un Régimen de Excepción destinado a revertir el colapso del sector. La norma permite el cese temporal de bandera para buques nacionales, habilita a armadores argentinos a operar con registros extranjeros por hasta 10 años y flexibiliza las condiciones de contratación y operación.

La medida surge en respuesta a la pérdida de competitividad del sector: en los últimos 34 años, la flota mercante nacional se redujo en más del 80 %, según cifras oficiales. El Ejecutivo argumenta que los altos costos operativos y la excesiva regulación empujaron a empresas a migrar hacia pabellones más flexibles, agravando el deterioro de la logística nacional.

Cabotaje más flexible y apertura a buques extranjeros

Una de las principales reformas es la apertura parcial del cabotaje. Si no hay embarcaciones nacionales disponibles, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) podrá autorizar buques extranjeros por períodos de hasta 180 días. Si superan los 60 días, deberán estar tripulados por personal argentino o residentes permanentes.

Asimismo, se habilita el tratamiento de bandera nacional para buques extranjeros arrendados a casco desnudo con hasta 20 años de antigüedad, ampliando el alcance de la Ley 27.419, que también fue modificada para simplificar trámites y reducir plazos de inscripción.

Reforma laboral y eliminación de restricciones sindicales

Otro punto clave es la libertad de contratación para los armadores, quienes podrán elegir libremente al personal embarcado, ya sea de las bolsas gremiales o del mercado abierto, siempre que esté habilitado. Se derogan todas las normas que limiten esta potestad.

Además, se redefine la determinación de dotación mínima: ya no la fijarán los sindicatos, sino el propio armador, de acuerdo con los estándares internacionales. La Prefectura Naval Argentina mantendrá su rol en establecer la dotación mínima de seguridad.

Declaración de servicio esencial y nuevas condiciones para operar

El decreto también declara servicio esencial a la navegación marítima y fluvial, lo que implica que deberá mantenerse al menos un 75 % de operación en caso de conflicto gremial. Esta cláusula busca evitar interrupciones en la logística, fundamentales para el comercio exterior y las economías regionales.

Se eliminan trabas como la necesidad de contratar en astilleros nacionales y se deroga la Comisión Asesora de la Industria Naval. La inscripción y eliminación de buques del registro nacional no podrá demorar más de 10 días hábiles, aplicando el principio de “silencio positivo” si no hay respuesta de la administración.

La aprobación del Régimen se da en el marco de la emergencia económica y administrativa establecida por la Ley 27.742 y el Decreto 70/2023, que facultan al Ejecutivo a reformar estructuras estatales para promover la inversión privada. Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa “evitará la extinción de la Marina Mercante” y generará “un beneficio inmediato en el costo logístico y en la balanza de pagos”.

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El Gobierno autorizó a una nueva empresa para prestar servicios de rampa

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Se trata de Global Protection Service y es la tercera compañía privada de este tipo habilitada para operar. El Ejecutivo continúa fomentando la competencia con Intercargo, la empresa estatal de handling

Luego de la desregulación del sector aerocomercial, el Gobierno autorizó a la empresa Global Protection Service S.A. a explotar servicios operacionales y de rampa en todos los aeropuertos del país. Se trata de la tercera compañía de este tipo que comenzará a operar.

Cabe recordar que el servicio de rampa incluye tareas clave como el empuje de aeronaves (push back), la colocación de escaleras para el embarque y desembarque de pasajeros, y la gestión de carga y descarga de equipaje.

Global Protection Service, perteneciente al Grupo Sima, que ya presta servicios de seguridad aeroportuaria, indicaron desde el Ejecutivo, ha dado cumplimiento a las exigencias que establece la reforma del Código Aeronáutico y su reglamentación.

La Secretaría de Transporte, conducida por Franco Mogetta, señaló que “esta nueva habilitación que consolida la eliminación del monopolio históricamente en manos de Intercargo, es posible gracias a la desregulación del sector aerocomercial que se viene realizando desde diciembre de 2023 y que genera más trabajo, más inversión y mayor competitividad para el sector y la Argentina en general”.

La compañía se suma a las empresas Fly Seg, que ya venía operando en aeropuertos prestando otros servicios, como el de mostradores, y Air Class Cargo, una línea aérea de origen uruguayo, que fueron habilitadas a prestar los mismos servicios en los primeros meses del año.

Su llegada es posible debido a los cambios regulatorios que dispuso el Ejecutivo el año pasado para fomentar la competencia y mejorar la conectividad. En este sentido, le quitó el monopolio a Intercargo, empresa estatal de handling, que se busca privatizar.

Como antecedente, en julio, con el decreto 500/24, el Ejecutivo había desregulado el servicio de rampa, de manera tal que cualquier empresa aérea pueda brindarlo. Flybondi, American Airlines y Aerolíneas Argentinas ya se autoprestaban.

Pero hoy cualquier empresa, sin necesidad de ser aerocomercial, puede ofrecer el servicio, siempre que cuente con la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Además, la tarifa está desregulada: el canon a pagar es negociado entre la línea aérea y la prestadora.

Global Protection Service S.A. podrá prestar servicios de rampa en los siguientes aeropuertos:

  • CABA: Aeropuerto Internacional Jorge Newbery
  • Ezeiza: Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
  • Tucumán: Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo
  • Córdoba: Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella
  • Salta: Aeropuerto Internacional San Martín Miguel de Güemes
  • San Carlos de Bariloche: Aeropuerto Internacional Teniente Luís Candelaria
  • Rosario: Aeropuerto Internacional Islas Malvinas
  • Mendoza: Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli
  • Jujuy: Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán
  • Posadas: Aeropuerto “Libertador General José de San Martín
  • Iguazú: Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú
  • Corrientes: Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro
  • Calafate: Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola
  • Ushuaia: Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas
  • Chapelco: Aeropuerto de Chapelco – Aviador Carlos Campos Neuquén: Aeropuerto Internacional Presidente Perón

Sobre Cielos Abiertos

Otra de las políticas destacadas en el sector es la de Cielos Abiertos. Desde el inicio de la nueva gestión, se rubricaron Memorándum de Entendimiento (MOU) con 15 países: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Canadá, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Ruanda, República Dominicana, Etiopía, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes.

Así, se establecen frecuencias ilimitadas, permitiendo a las aerolíneas determinar la cantidad de vuelos según la demanda. También, en varios casos se pactó hasta la novena libertad del aire, lo que habilita a las líneas aéreas a realizar vuelos de cabotaje y viceversa en servicios combinados (pasajeros y carga) y de carga exclusiva.

Por ahora, el resultado de dicha política fue la incorporación de 26 nuevas rutas internacionales que facilitan conexiones con 7 países de la región. Se destacan en ese sentido las ciudades de Quito, Punta Cana, Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Florianópolis, Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Asunción.

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Hidrovía: La Sociedad Rural desmintió “categóricamente” al Gobierno

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Sigue la polémica por la frustrada licitación de la Hidrovía y ahora la Sociedad Rural Argentina salió a responder las acusaciones del Gobierno de Javier Milei.

En medio de la polémica por la frustrada licitación de la Hidrovía, el Gobierno de Javier Milei denunció “sabotaje” y apuntó contra Mauricio Macri y otros, entre los que incluyó a Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, que ahora salió a responder.

“Desde la Sociedad Rural Argentina desmentimos categóricamente las falsas acusaciones contra el Presidente de la entidad, Nicolás Pino, donde indican que fue uno de los ‘responsables’ de hacer fracasar la licitación para adjudicar la explotación de la Hidrovía”, expresó la entidad del campo a través de un comunicado en redes sociales.

Se refería así, sin mencionarlo, al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, que ante la Comisión de Transporte de Diputados había hablado de un “sabotaje” coordinado por empresas y actores de la política para boicotear la licitación de la Hidrovía. Con nombre y apellido, apuntó no sólo contra la empresa belga DEME sino que también responsabilizó a Macri, al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

“Miembros de la política y empresarios se coordinaron para hacer que este proceso licitatorio se cayera. Un trabajo y una coordinación perfecta de estos actores que no tenían ningún interés en que esto saliera adelante y que lo único que les interesaba era voltear este procedimiento para que llegado el caso de que estos actores volvieran a una función ejecutiva pudieran terminar asignando este contrato para un lado o para el otro”, dijo Arreseygor, hombre del asesor Santiago Caputo.

“Vamos a avanzar con las investigaciones para terminar de validar lo que hoy por tenemos como presunción o comentario de distintos actores que piden reserva: de que el ex ministro Dietrich, sus ex funcionarios (Jorge) Metz, (Gustavo) Deleersnyder, el presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino, el abogado Ezequiel Cassagne, estuvieron involucrados en el sabotaje de esta licitación”, adivirtió.

Tras esa fuerte acusación, Nicolás Pino salió a negar cualquier responsabilidad en la caída del proceso licitatorio. “En nuestra entidad no actuamos jamás a favor o en contra de una determinada empresa. El tema de la licitación de la Hidrovía sí se trató durante la última reunión que tuvo la Mesa de Enlace con el ministro Luis Caputo y otras autoridades nacionales. Desde ya que la entidad pone a disposición sus técnicos y todo aquello que pueda ayudar al mejor desarrollo del proceso licitatorio”, explicó la Sociedad Rural.

“Continuamente en nuestras conversaciones con funcionarios de todos los niveles les hacemos llegar nuestras opiniones y comentarios buscando disminuir los costos de producción y resolver cuestiones que afecten a la competitividad del sector, tal como lo venimos haciendo hace 159 años”, añadió el comunicado.

Cabe recordar que Mauricio Macri también se había defendido de las acusaciones del Gobierno, apuntando contra Santiago Caputo. “La semana que viene le voy a contestar al señor Santiago Caputo. Porque él es quien está detrás de esa comisión trucha que se armó para la Hidrovía, que iba a terminar siendo un sobrecosto monumental para los productores. Y manda a contestar a uno de los impresentables que integra esa comisión; a acusarnos a nosotros de algo en lo que ellos fallaron”, dijo el ex presidente.

“Fracasó la licitación, la única que hicieron en un año y medio, por intentar que no haya competencia. Nosotros hicimos en nuestro gobierno cientos, miles de licitaciones y nadie impugnó un pliego. Ellos tienen que explicar por qué fracasó”, lanzó Macri.

Este lunes (24/02), la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 7/2025 que dio de baja la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El Boletín firmado por el director ejecutivo, Iñaki Arreseygor, dejó sin efecto el procedimiento licitatorio después de que sólo se recibiera una oferta correspondiente a la empresa belga, Dredging (DEME).

Esta decisión del Gobierno ya se conocía, pero recién ayer se oficializó. Javier Milei habló de “sabotaje”, luego de que solo se presentara una oferta en la licitación, justamente de la belga DEME que venía denunciando que el Gobierno había direccionado el pliego para que gane el también belga Jan de Nul, anterior licenciatario de la concesión hasta 2021, que continúa dragando ahora con un contrato con la ex Administración General de Puertos (AGP).

La apertura de sobres (en realidad, fue un sólo sobre) se había realizado un día después de que se conociera un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, (PIA) que advirtió sobre “serias irregularidades en la redacción de los pliegos”.

Agustín Barletti, Editor del suplemento Transport & Cargo del diario El Cronista, definió como “un papelón” el proceso licitatorio. “Este fracaso debe ser una lección para el gobierno de Milei. Si desde todos los sectores están diciendo que el pliego está mal hecho no podés seguir avanzando como si nada ocurriese”, añadió.

En este marco, contó que “los directivos de Jan De Nul estaban con el sobre en la mano en la entrada de la Agencia pero cuando vieron que se presentó DEME se fueron. Se ve que les gusta el dinero, pero no tanto como para ir presos, sobre todo luego del dictamen de la PIA”

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