Arjol propone que Misiones adhiera a la ley de narcomenudeo para ampliar las herramientas contra las drogas
El diputado nacional Martín Arjol presentará este jueves sobre tablas un proyecto para que Misiones adhiera a la Ley Nacional 26.052, conocida como ley de desfederalización del narcomenudeo. La iniciativa apunta a ampliar las competencias provinciales frente a la venta minorista de estupefacientes y generar un esquema de coordinación entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos provinciales vinculados con la prevención y el tratamiento de las adicciones.
El planteo parte de una distinción operativa: mientras la Justicia provincial podría concentrarse en delitos de menor escala vinculados con el narcomenudeo, los organismos y fuerzas federales quedarían con mayor margen para focalizar sus recursos en investigaciones sobre narcotráfico y organizaciones criminales de mayor complejidad.
La adhesión también busca incorporar a Misiones al esquema de recursos previsto por la legislación nacional. Para Arjol, contar con financiamiento específico resulta determinante para fortalecer las capacidades locales y evitar que causas vinculadas con la comercialización minorista de drogas queden sujetas a circuitos que pueden ralentizar la respuesta estatal.
Una respuesta que busca acercar la Justicia al territorio
El proyecto establece al Ministerio de Gobierno de Misiones como autoridad de aplicación y coordinación administrativa para la implementación del régimen, sin afectar las atribuciones constitucionales y legales del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Desde allí se plantea articular el trabajo con la Policía de Misiones, el Servicio Penitenciario Provincial, el organismo encargado de la prevención de adicciones y control de drogas, el Ministerio de Salud Pública y las demás áreas que intervengan en la problemática.
La lógica es territorial. El narcomenudeo no se expresa únicamente en grandes investigaciones de tráfico internacional, sino también en circuitos de comercialización de pequeña escala que impactan directamente sobre barrios y comunidades. En ese nivel, la posibilidad de que la Justicia provincial intervenga sobre determinados delitos permitiría reducir la carga de trabajo que actualmente recae sobre estructuras federales.
El desafío será establecer con precisión los límites entre las competencias provinciales y federales, además de garantizar que la ampliación de atribuciones esté acompañada por recursos, capacitación y coordinación institucional. La desfederalización, por sí sola, no resuelve el problema si no existe capacidad operativa para investigar, judicializar y sostener las intervenciones.
El consumo problemático pone el foco en los jóvenes
El proyecto también coloca como argumento central la dimensión social del problema. Según los datos oficiales mencionados en la presentación, la edad de inicio del consumo se ubica desde los 12 años y la población joven afectada se encuentra en aumento.
En ese contexto, la lucha contra el narcomenudeo aparece vinculada no solamente con la persecución penal, sino también con las políticas de prevención, atención y abordaje del consumo problemático. La participación del Ministerio de Salud Pública dentro del esquema de coordinación propuesto busca incorporar esa dimensión sanitaria a una respuesta que hasta ahora suele quedar concentrada en el eje de seguridad.
El planteo recoge además una demanda que, según sostiene Arjol, aparece en recorridas por distintos barrios de la provincia: vecinos que identifican presuntos puntos de venta de estupefacientes, pero encuentran dificultades para que esas denuncias se traduzcan en respuestas rápidas. La iniciativa pretende reducir esas barreras mediante una estructura provincial con mayores competencias y recursos.
La discusión que comenzará en la Legislatura, por lo tanto, excede la cuestión estrictamente judicial. El punto de fondo será determinar si Misiones puede construir una respuesta más cercana al territorio frente a un fenómeno que combina seguridad, salud pública y prevención, sin superponer funciones con las fuerzas federales ni debilitar la persecución de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Para la Provincia, adherir a la Ley 26.052 significaría asumir un mayor protagonismo en la persecución del narcomenudeo y, al mismo tiempo, la responsabilidad de convertir esa nueva competencia en capacidad efectiva. El resultado dependerá de que los recursos, la coordinación institucional y la respuesta sanitaria acompañen el cambio de jurisdicción.
