El municipio de Puerto Libertad se sumó a las comunas misioneras en adherir formalmente al esquema de narcotest obligatorio impulsado por el Gobierno provincial para funcionarios públicos. A través de la Ordenanza Nº 003/2026, el Concejo Deliberante estableció la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos para el intendente y los responsables de distintas áreas municipales hasta rango de director o equivalente.

La normativa toma como referencia el Decreto Provincial Nº 776/2026, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, mediante el cual se dispuso la obligatoriedad de controles toxicológicos para funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, organismos descentralizados y sociedades con participación estatal.

Entre los fundamentos, la ordenanza sostiene que la medida busca “garantizar que el narcotráfico no forma parte de los eslabones de gobierno” y reforzar una política de Estado vinculada a la prevención y combate del consumo de sustancias ilegales dentro de la administración pública.

El texto establece que los funcionarios alcanzados deberán someterse a controles anuales, de manera aleatoria y conforme lo determine la autoridad de aplicación. La primera evaluación deberá concretarse dentro de los 90 días hábiles desde la publicación de la ordenanza, mientras que quienes sean designados posteriormente tendrán el mismo plazo desde su asunción.

La implementación quedará bajo coordinación del Departamento Ejecutivo Municipal, que fue autorizado a firmar convenios con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y el Ministerio de Salud Pública de Misiones para establecer los procedimientos técnicos y operativos correspondientes.

La ordenanza también contempla protocolos específicos para resguardar la confidencialidad, el debido proceso y la protección de datos personales de los funcionarios sometidos a análisis. En caso de detectarse metabolitos de sustancias psicoactivas ilegales, el Ejecutivo municipal podrá evaluar la continuidad o relevo del funcionario involucrado, aunque todas las actuaciones deberán mantenerse bajo carácter reservado.

Además, el instrumento prevé mecanismos de contención y asistencia integral para personas con consumos problemáticos, con intervención de organismos especializados para garantizar acompañamiento sanitario y social.

Los exámenes deberán detectar, entre otras sustancias, metabolitos de cannabinoides, cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas y MDMA, salvo acreditación de prescripción médica correspondiente.

La ordenanza fue promulgada posteriormente mediante la Resolución “B” Nº 20/2026 firmada por el intendente Ferreira, quien sostuvo que la iniciativa apunta a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y garantizar condiciones éticas e idóneas en el ejercicio de la función pública.