El asalto a la Plaza de los 3 Poderes, de Brasilia DF, ocurrió el 08/01/2023, cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro —denominados por la prensa y autoridades como “terroristas”, irrumpieron en la sede del Congreso, como protesta por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones generales de 2022. Veneziano Vital do Rêgo, presidente en funciones del Senado Federal, confirmó que los manifestantes irrumpieron en el Salón Verde de la Cámara de Diputados e intentaron invadir el Palacio de Planalto, sede presidencial.
En un acto conmemorativo de aquel 08/01/2023, Lula vetó en su totalidad el texto que apuntaba a liberar a los golpistas y al ex presidente Jair Bolsonaro.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fundamentó su decisión en “la defensa de la democracia” ya que la legislación apuntaba a reducir drásticamente las penas del expresidente Jair Bolsonaro y otros condenados por actos relacionados con el intento de golpe de Estado, incluidos los episodios vandálicos ocurridos aquel dia.
Sin embargo, la decisión del Presidente puede ser revisada en el Congreso. Los legisladores pueden confirmar o revocar el veto presidencial. Para revocarlo se necesitan 257 votos de la Cámara de Diputados y 41 del Senado.
El veto se firmó durante una ceremonia en el Palácio do Planalto, y los presentes celebraron la decisión del cofundador del Partido de los Trabajadores.
En 2025, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron un proyecto de ley que reduciría las penas aplicadas al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, quien cumple condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Además de él, otras 5 personas se encuentran en la misma situación.
Walter Braga Netto, ex ministro;
Anderson Torres, exministro;
Almir Garnier, ex comandante de la Marina;
Paulo Sérgio Nogueira, ex Ministro de Defensa.
Augusto Heleno, bajo arresto domiciliario.
Mauro Cid, exasesor de Bolsonaro, está en libertad condicional.
El excongresista Alexandre Ramagem (PL) se encuentra en USA y se le considera prófugo.
La decisión de Lula no sorprendió a los parlamentarios. Desde la presentación del proyecto de ley, el presidente había indicado públicamente que vetaría la propuesta, considerando que podría debilitar la rendición de cuentas por los intentos de golpe de Estado.
¿Qué dice el texto vetado?
El Congreso aprobó un mecanismo que
agiliza la progresión de los regímenes de sentencia (cuando un convicto pasa de un régimen más severo a uno más indulgente) para quienes cumplen sentencias por delitos contra el Estado Democrático de Derecho;
reduce hasta 2/3 de la pena impuesta a los vándalos comunes de los atentados del 08/01/2023;
el delito de ‘intento de golpe de Estado’ (que establece penas más severas) absorbería el delito de intento de abolición del Estado, en caso de condenas simultáneas.
El texto aprobado también beneficia con el derecho a progresar al régimen semiabierto tras cumplir el 16% de su condena en el régimen cerrado.
La legislación actual estipula que estos delincuentes deben cumplir solo 25% de su condena para poder optar a la libertad condicional.
Si el veto fuese revocado, la propuesta se convierte en ley luego de su promulgación, lo que puede hacer el Presidente de la República o el presidente del Senado.
Si se revocara el veto, la acción podría ser impugnada por los partidos políticos, las asociaciones profesionales, la Procuraduría General de la República y el propio Gobierno.
Si el asunto llegara a la Corte Suprema, corresponderá a los magistrados decidir si la norma se ajusta a la Constitución. De no ser así, la ley queda anulada.
El fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) para proteger la selva tropical es una de las propuestas estrellas de Brasil en la COP30. Fue lanzado oficialmente en la cumbre de jefes de Estado previa a la COP y ya supera los 6.500 millones de dólares en compromisos de inversión.
Alemania acaba de anunciar su contribución al mismo: aportará mil millones de euros durante diez años. Así lo anunciaron el ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, y la ministra alemana de Desarrollo, Reem Alabali Radovan, en la Conferencia Mundial sobre el Clima, que se celebrada en Belém.
“Se trata de proteger las selvas tropicales, los pulmones de nuestro planeta”, explicaron ambos políticos, del partido socialdemócrata SPD.
Anteriormente, la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, también informó sobre la contribución alemana.
Se esperaba con gran interés la cantidad exacta que aportaría Alemania. El canciller, Friedrich Merz, solo había anunciado una “suma significativa” durante su breve visita a Brasil, sin dar más detalles.
Por 4 votos a 1, la Primeira Turma del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete aliados por los delitos de intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado y deterioro del patrimonio catalogado. Los votos a favor de la condena fueron emitidos por los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, ponente del caso, mientras que Luiz Fux votó por la absolución. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.
Cármen Lúcia se une a Alexandre de Moraes y Flávio Dino, que también votaron a favor de la condena de Bolsonaro el martes (9). El ministro Luiz Fux se desmarcó de sus colegas y absolvió al expresidente el miércoles (10). Se espera que el ministro Cristiano Zanin vote justo después de Cármen Lúcia.
En su voto, Cármen Lúcia dijo que “hay pruebas de la presencia de un complot entre estas personas, en el sentido de una organización que se integra, con el liderazgo de Jair Messias Bolsonaro”. Para ella, el expresidente practicó los cinco delitos de los que se le acusa.
-Lo que más se alega es que no hay una firma formal. Hasta donde tenemos algún conocimiento de la historia, pasar un recibo por notaría no es exactamente lo que sucede en estos casos. Él no fue arrastrado, él es el causante, el líder de la organización-, dijo.
Además de Bolsonaro, serán condenados:
Almir Garnier, excomandante de la Marina;
Anderson Torres, exministro de Justicia;
Augusto Heleno, exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional;
Mauro Cid, ex edecán de la Presidencia;
Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa;
Walter Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil;
Alexandre Ramagem, exdirector de la Abin (en este caso, menos por daños calificados y deterioro del patrimonio catalogado).
Después de la proclamación del resultado, las defensas de los acusados podrán presentar los llamados embargos de declaración, para aclarar puntos de la decisión, y los embargos de infracción, en caso de que no sea unánime. Solo después de eso se tomarán eventuales decisiones sobre el encarcelamiento.
Cómo votaron los ministros
El juicio comenzó la semana pasada y, esta semana, los ministros empezaron a votar. El martes (9), el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, fue el primero en votar a favor de la condena del expresidente. Moraes calificó al expresidente como “líder de una organización criminal” y afirmó que no hay dudas de que hubo un intento de golpe de Estado.
— Estamos olvidando poco a poco que Brasil casi vuelve a una dictadura que duró 20 años porque una organización criminal, constituida por un grupo político, no sabe perder elecciones. Porque una organización criminal constituida por un grupo político liderado por Jair Bolsonaro no sabe que la alternancia de poder es un principio democrático y republicano —dijo Moraes, en un fragmento.
A continuación, fue el turno del ministro Flávio Dino. Él acompañó a Moraes, pero dijo que ve niveles de culpabilidad diferentes, con Jair Bolsonaro y Braga Netto ejerciendo un papel dominante y, por lo tanto, teniendo una mayor culpabilidad. También mencionó a Almir Garnier, Anderson Torres y Mauro Cid con alta culpabilidad en el intento de golpe. En cuanto a Alexandre Ramagem, Augusto Heleno y Paulo Sérgio, afirmó que tuvieron una participación de menor importancia.
— No se trató de una mera conjetura. No se trató de meras reflexiones, que fueron indebidamente puestas en agendas, cuadernos y hojas —afirmó.
El miércoles (10), Luiz Fux votó por la nulidad del proceso. El ministro aceptó tres cuestiones previas (alegaciones de abogados para cuestionar los ritos del proceso): que el STF no sería el foro adecuado para juzgar a los acusados; que la acción debería ser juzgada por el plenario, y no por la Primera Sala; y la violación de la garantía de amplia defensa.
El ministro Luiz Fux también votó para absolver al expresidente Jair Bolsonaro (PL) de los cinco delitos citados por la Fiscalía General de la República (PGR) en el proceso de la trama golpista. El ministro declaró que no hay ninguna prueba de que el expresidente hubiera ordenado a los involucrados en el 8 de enero que dañaran un edificio público, en mención a los delitos de daño calificado al patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio catalogado.
El voto decisivo ha sido el emitido este jueves por Carmen Lúcia Antunes Rocha, la única mujer de la alta corte. La jueza considera probado que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno y liderado por Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con objetivo de perjudicar la alternancia de poder y minar a los demás poderes, en especial el poder judicial”.
Tras recordar que Brasil recuperó la democracia hace 40 años, la magistrada ha destacado que “los hechos descritos no han sido, en esencia, negados” por los acusados.
El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, antes abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. “Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, dijo Zanin en su voto, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.
En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, lo considera “jefe” de la “organización criminal” que intentó impedir la toma de posesión de Lula, tras su victoria en las elecciones de 2022 frente al líder de la extrema derecha.
Vea cómo fue el juicio
Los primeros indicios sobre el posible desenlace del caso del golpe ya se vieron en las sesiones de los primeros días. En la apertura del juicio, el ministro Alexandre de Moraes, al leer el informe del proceso que investiga la trama golpista, dio señales de la probable inclinación a la condena de los acusados.
— En estos momentos, la historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación, ya que el camino aparentemente más fácil, y solo aparentemente, que es el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia, como lamentablemente el pasado reciente en Brasil demuestra —afirmó.
Moraes también defendió que la pacificación está condicionada al respeto a la Constitución y sostuvo que el STF debe juzgar la trama golpista con imparcialidad, ignorando “coacciones” y “presiones externas”, en referencia a sanciones de Estados Unidos.
El procurador general de la República, Paulo Gonet, también defendió el castigo de los involucrados afirmando que la impunidad “recrudece ímpetus de autoritarismo” en la sociedad. También defendió que, para que un intento de golpe se consolide, “no es indispensable que haya una orden firmada por el presidente de la República”.
— Los actos que componen el panorama espantoso y tenebroso de la denuncia son fenómenos de atentado con relevancia criminal contra las instituciones democráticas. No pueden ser tratados como actos de menor importancia, como desvaríos utópicos anodinos ni como precipitaciones a ser reducidas, con el paso de los días, a un plan bonachón e irreverente —afirmó.
Bajo arresto domiciliario, Bolsonaro no compareció al juicio. La defensa, a cargo de los abogados Celso Vilardi y Paulo Amador Thomas Alves da Cunha Bueno, alegó que el expresidente “fue arrastrado” al 8 de enero y que no tiene relación con los actos. Los abogados argumentaron, además, que el expresidente tampoco tendría relación con los planes Puñal Verde y Amarillo y Copa 22, y que él habría autorizado la transición de gobierno.
“Aquí se vino a discutir democracia, no a discutir a Trump”, expresó el mandatario brasileño en un foro internacional sobre democracia.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que aún no se puede hablar de una guerra comercial con Estados Unidos, pese a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel del 50 % a productos brasileños.
En una rueda de prensa en Santiago de Chile, donde participa en un foro internacional sobre democracia, Lula dijo mantener “cierta tranquilidad” ante la situación y afirmó que su Gobierno, junto al sector empresarial, trabaja en una solución diplomática.
“Nosotros no estamos en una guerra tarifaria. La guerra tarifaria comenzará cuando yo dé una respuesta a Trump, si no cambia de opinión”, aseguró.
Además, el mandatario brasileño subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el vicepresidente Geraldo Alckmin y empresarios brasileños están movilizados para buscar una salida negociada al conflicto comercial.
Lula también se refirió a la carta enviada por Trump la semana pasada, en la que el presidente estadounidense pidió el fin del proceso judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado.
En ese sentido, Brasil no aceptará presiones externas que interfieran en las decisiones de su Poder Judicial, aseveró Lula. “Nadie puede amenazar a un partido con una decisión judicial. ¿Quién soy yo para tomar una decisión en nombre de la Corte Suprema? El ciudadano al que él (Trump) defiende está siendo juzgado por un crimen que consta en el expediente”, señaló.
Durante su intervención en el foro internacional sobre democracia, celebrado en Santiago de Chile, Lula evitó confrontar de forma directa el aumento de aranceles impuesto por Estados Unidos, insistiendo en que el foco del encuentro era el fortalecimiento de la democracia.
“Aquí se vino a discutir democracia, no a discutir a Trump”, expresó el mandatario.
La oposición del gobierno de Brasil logró impedir el “impuesto a los ricos”: el plan fiscal de la actual administración de Lula da Silva para gravar las transacciones financieras.
Los legisladores de la Cámara Baja de Brasil aprobaron este lunes una iniciativa que deja sin efecto el ambicioso paquete fiscal impulsado por el gobierno de Lula da Silva, el cual incluía un aumento de impuestos sobre ciertas transacciones financieras.
La oposición logró impedir que avanzara el llamado “impuesto a los ricos”, como lo bautizó el Palacio do Planalto, lo que representa, sin duda, un revés para la política de redistribución del ingreso público del gobierno de Lula, orientada a transferir recursos desde los sectores más acomodados hacia los más desfavorecidos.
Con 364 votos a favor y solo 97 en contra, la oposición brasileña aprobó una iniciativa de urgencia para anular el decreto presidencial que eleva los llamados impuestos IOF (gravámenes a las transacciones financieras, que podían llegar hasta el 3,5%).
La derrota de Lula en la Cámara de Diputados (16) contó con el apoyo masivo de los partidos que controlan 12 ministerios: los de centroderecha y derecha Unión Brasil, PP, Republicanos, PSD y MDB e incluso el de centroizquierda PDT.
Tras pasar por la votación de Diputados, la decisión final la tendrá el Presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos -PB), un dirigente dialoguista que podría ceder ante las presiones del Gobierno.De qué trata el polémico plan fiscal de Lula da Silva
El plan fiscal de Lula —el quid de la cuestión—, que estimaba ingresos anuales de 7.200 millones de reales para las arcas públicas, desató el pánico en los mercados en mayo. El principal fondo de inversión cotizado de acciones brasileñas en Wall Street, índice de referencia de la bolsa del país sudamericano en Nueva York, se desplomó más de un 3% (24/05/25).
Fue en mayo pasado cuando el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció un ambicioso paquete fiscal que incluye ajustes impositivos a instituciones financieras, una nueva regulación sobre los intereses sobre el capital propio (JCP) y tributos más altos para las apuestas en línea y las ganancias de capital.
La noticia llegó, justamente, en la misma semana en que Lula anunció la “exención de la factura de la luz” para 60 millones de brasileños, una medida que fue catalogada como “un arsenal populista”.
En ese sentido, el diario O Estado de São Paulo afirma que “al ampliar las franjas de exención y los descuentos en las tarifas de energía para las personas de bajos ingresos, Lula refuerza su estrategia de consolidar apoyo entre los sectores más vulnerables, aunque a costa de una mayor presión sobre las cuentas públicas”.
Sin embargo, la oposición, incluso el propio exmandatario Jair Bolsonaro, se han mostrado en contra de tal iniciativa fiscal de Lula al sugerir que frenara la inversión del capital privado y le costará al país varios empleos.
“Esta es una decisión que tiende a desalentar la inversión y encarecer el acceso al crédito, con efectos negativos para la economía brasileña”, escribió Bolsonaro en un posteo en X.
