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Dolarización: cada vez más lejos

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Escribe Juan Luis Bour – Es probable que, a pesar de lo que se anunciaba, el escenario de dolarización no haya estado nunca muy cerca, más por las dificultades que se presentaban para implementarlo a comienzos de 2024, que por el análisis de sus ventajas y desventajas relativas. Las dificultades –es decir, la carencia de dólares- siguen más presentes que nunca y justifican, desde ya, postergar cualquier aventura de dolarización en el corto plazo. Pero hay algo más: apareció recientemente un (bienvenido) cambio de intención hacia donde debe aterrizar el régimen monetario argentino, reflejado en presentaciones públicas, comunicados y acciones de política del Banco Central.

Quizás se trata solo de izar bandera blanca cuando todo indica que el dólar seguirá siendo una moneda escasa por bastante tiempo en la Argentina y, por lo tanto, la estabilidad dependerá de que el peso tenga la suficiente demanda como para resultar también un bien escaso (valioso). Así, lejos de repudiar el peso y considerarlo “basura”, se tratará de restablecer las condiciones para que demandemos pesos, no solo para transacciones sino como reserva de valor.

En esa línea se inserta la estrategia de emitir pesos de acuerdo con la evolución de la demanda que vaya surgiendo, previendo un crecimiento significativo de la base monetaria a partir de la hipótesis de una recuperación de la actividad económica. Ello poco tiene que ver con la idea de fijar nominalmente la base y no emitir más (error subsanado por el Banco Central al reemplazar la fijación de la cantidad de dinero por la fijación, “en esta etapa”, del objetivo de alcanzar una base monetaria de 47.7 billones de pesos a fin de 2026). Vale recordar que la idea de fijar nominalmente para siempre la cantidad de pesos fue, en algún momento, defendida vehementemente por distintas autoridades, llevando –como no podía ser menos- a una discusión estéril.

La competencia de monedas se abre, ahora sí, como el escenario más probable –al menos, en la estrategia delineada desde el Banco Central- que nos vuelve a posicionar en un terreno conocido, reduciendo la incertidumbre sobre el régimen monetario que prevalecerá en la Argentina. Ello no elimina otras fuentes de incertidumbre de política económica que siguen presentes, en particular la transición desde el régimen cambiario actual a un régimen unificado y libre con flotación. Pero ahora resulta más claro que esta cuestión no se encauza solamente pidiendo plata (aumentando la deuda) para acumular transitoriamente un mayor volumen de reservas brutas. El camino a la estabilidad, cuando se apuesta al peso, requiere que la política económica sea “estructuralmente” sustentable, a riesgo de perder nuevamente la confianza en la moneda nacional.

Y si bien la política fiscal muestra un compromiso muy fuerte por el equilibrio –tanto en la política de gasto como de recursos- y la dirección y acciones de la política monetaria acompañan para sentar las bases de una economía más estable respecto de todo lo que vimos en las últimas décadas, la política cambiaria sigue generando incertidumbre. Hay varias formas de entrarle al problema de los precios relativos que se está gestando. Una de ellas es por el lado salarial.

Los números indican que los salarios formales privados, medidos en pesos constantes, estaban en julio entre 7 y 13% por debajo de su promedio entre 2021 y noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión de Alberto Fernández). Medidos en dólares, sin embargo (al tipo de cambio oficial), estarán por arriba. Ello indica costos laborales unitarios crecientes, dada la etapa del ciclo económico por la que transitamos, particularmente para los sectores transables. Y más importante aún, sugiere a partir de evaluar el sendero que sigue el ratio de salarios a precios mayoristas, asociado al cambio en el margen de beneficios, que estamos frente a un deterioro en la tendencia de éstos. Esa caída de márgenes se refleja, en una economía con un sistema financiero minúsculo, en un deterioro de la formación bruta de capital y de la tasa de recuperación de la economía .

Naturalmente, todo es cuestión de tiempo, y la persistencia o no de incertidumbre depende de la rapidez con que nuevas y profundas reformas microeconómicas complementen las reformas macroeconómicas, permitiendo que ganancias de productividad compensen aumentos de otras variables que afectan costos unitarios. El margen para frenar salarios –como alternativa a ganancias de productividad-, y por dicha vía frenar aumentos de costos, no parece estar disponible dado el bajo punto de partida. Esta Fase 2 del programa económico debe transformarse sin solución de continuidad en una Fase 3 de “reconstrucción institucional” que permita llegar al destino de estabilidad sin condenarnos a pérdidas de competitividad que anticipen nuevas turbulencias macroeconómicas en el horizonte.

Juan Luis Bour director esquipo económico Fundación FIEL

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Según Cavallo el esquema actual del tipo de cambio puede ser “insostenible”

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El esquema actual del tipo de cambio puede ser “insostenible”, advirtió el exministro de Economía Domingo Cavallo, quien criticó que “las últimas decisiones y declaraciones tanto del equipo económico como del propio presidente Javier Milei no demuestran urgencia en eliminar los controles de cambio y no parecen preocupados por aumentar las reservas, una condición necesaria para eliminar los riesgos de incumplimiento que todavía se reflejan en la magnitud de la tasa de riesgo país”.

Si bien destacó las “buenas noticias” de las últimas semanas sobre la evolución de la inflación, también alertó sobre los efectos secundarios de la política de estabilización llevada a cabo por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Estos efectos, asegura Cavallo, generan dudas sobre su sostenibilidad: “El ensanchamiento de la brecha entre la tasa de cambio implícita (CCL) y el tipo de cambio oficial (que muchos observadores interpretan como un indicador de apreciación excesiva en términos reales) y el agravamiento de la recesión”.

El exministro de Economía sostuvo que, por el momento, para abordar el ensanchamiento de la brecha “el Gobierno ha tranquilizado a los mercados asegurando que eliminará las fuentes restantes de expansión monetaria, incluidas aquellas relacionadas con la compra de divisas por parte del Banco Central”.

En tanto, para abordar el agravamiento de la recesión, Cavallo sostuvo que “el Gobierno espera que la desinflación en sí misma aumente los ingresos reales de los trabajadores y jubilados y genere una recuperación del consumo”.

“Al mismo tiempo, está tratando activamente de convencer a los inversores reales para que anuncien y comiencen a implementar los proyectos que califican para el régimen de incentivos recientemente aprobado para grandes inversiones”, resaltó.

Al analizar lo sucedido en julio, señala que “los indicadores tempranos sugieren que la inflación siguió disminuyendo”. 

“Esto es lo que surge de observar la evolución de los índices elaborados por PriceStats, que en general ha anticipado bien la tendencia, pero en general subestimado el índice de inflación del INDEC”, aseguró.

Por otra parte, sostuvo que luego de la devaluación del tipo de cambio oficial en diciembre, “la decisión del Gobierno de mantener la devaluación controlada del 2% por mes como ancla nominal para alinear las expectativas de precios llevó a una apreciación gradual pero implacable del tipo de cambio real ponderado por el comercio”. “Tal apreciación ahora genera dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo”, resaltó.

Dijo que tras alcanzar una brecha del 15% en marzo/abril, “la tasa de cambio implícita (CCL) volvió a depreciarse, ampliando la brecha a cerca del 50% en los primeros días de julio. Aunque dicha brecha bajó en las semanas siguientes y aún es relativamente baja en comparación con los picos vistos en la administración anterior, claramente representa un cambio en el ánimo del mercado con respecto al riesgo percibido del tipo de cambio, en parte vinculado a la estrategia monetaria para digerir el exceso de deuda del BCRA”.

Cavallo advirtió que “uno de los puntos débiles más obvios del actual programa antiinflacionario es su efecto en la demanda agregada o, al menos, en el consumo”. 

“Los índices de actividad líderes sugieren que la recuperación aún no está a la vista. Tanto la recaudación de impuestos vinculada a la actividad de junio como la producción de automóviles (ADEFA) sugirieron una continuación del fuerte declive anterior en la actividad. La tasa de crecimiento anual de los impuestos vinculados a la actividad cayó a -19,6% anual, incluso después de tomar un promedio móvil de tres meses para suavizar la serie temporal”, analizó.

En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno cree que la recesión era inevitable, dada el enorme esfuerzo fiscal necesario para lograr la reducción de la tasa de inflación”. 

“Dado que el presidente Milei había anticipado esto durante la campaña electoral, la recesión y sus consecuencias sociales aún no parecen haber afectado su popularidad. Las encuestas muestran el mismo porcentaje de apoyo que recibió en las elecciones, pero será difícil mantener este apoyo si no aparecen pronto signos claros de recuperación económica”, sostuvo.

En cuanto a la recuperación, aseguró que “el equipo económico confía en que la disminución de la inflación permitirá la recuperación de los salarios reales pagados por el sector privado y también mejorará el poder adquisitivo de las pensiones”. “Si esto ocurre, el consumo debería aumentar y, dado que el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria es muy bajo, la oferta de bienes de consumo podría aumentar sin que la reactivación retroalimente la inflación”, agregó.

Y señaló que “el Gobierno también está trabajando arduamente para convencer a los posibles inversores en actividades basadas en la abundancia de recursos naturales (minería, hidrocarburos, silvicultura) para que decidan e inicien proyectos de inversión en el marco del régimen recientemente sancionado de incentivos para grandes inversiones (RIGI) por el Congreso como parte de la ley Bases”.

“Sin embargo, para que estos mecanismos de reactivación comiencen a funcionar, sería importante aclarar el proceso de eliminación de las restricciones que actualmente afectan tanto las transacciones de comercio exterior como las de la cuenta de capital del balance de pagos”, explicó.

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Impulsados por las lluvias, los productores concluyen la siembra de trigo

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Las lluvias de los últimos días permitieron terminar las tareas de siembra del trigo 2024/25 en el corazón agrícola de la Argentina, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Así, los productores rurales llevan sembrado el 98,5% de los 6,3 millones de hectáreas que serán dedicados al trigo en la Argentina en la actual campaña.

“Registros de precipitaciones focalizadas fundamentalmente sobre el centro y este del área agrícola permitieron finalizar las labores en los Núcleos Norte y Sur”, explicó la entidad.

Y puntualizó que en zonas trigueras sureñas las plantas han sido afectadas por condiciones frías y secas recientes.

Con respecto al maíz del ciclo 2023/24, la Bolsa dijo que la recolección del cereal avanzó con rapidez en la última semana y que se lleva cosechado el 86,6% de los 7,6 millones de hectáreas sembrados con el grano.

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y para la Bolsa de Cereales la producción del cereal 23/24 será de 46,5 millones de toneladas.

En el maíz, mantiene un adelanto interanual de 18,2 puntos porcentuales y un avance de cosecha del 86,6 %.

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Salarios vs Precios de Servicios Públicos: ¿Quien ganará la contienda en segundo semestre 2024?

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Desde Focus Market elaboramos el siguiente Informe donde evaluamos cómo afecta al Salario de los argentinos los aumentos vigentes en los Servicios Públicos, y las nuevas alzas que se prevén para este mes.

“Todo parece prever que los salarios tomarán como parámetro el descenso de la inflación futura más que la pasada. Por su parte, las paritarias comienzan a ganarle a la inflación a partir de Abril sin embargo quedan rezagadas respecto de la pérdida de poder adquisitivo pasado. A su vez, en el segundo semestre del año se comenzarán a pagar los costos de precios regulados que ante la necesidad de mantener el equilibrio fiscal comenzar a liberarse en los servicios públicos. Todo precio reprimido se paga en su liberación. Si los salarios comienzan a ganarle a la inflación ante un nuevo equilibrio promedio de la variación de precios promedios en su medición núcleo comenzará a pesar sobre el bolsillo la proporción derivada del ingreso al pago de los precios regulados de tarifas de servicios públicos”

Los últimos datos oficiales señalarían un piso para los salarios reales a fin del primer trimestre, considerando la desaceleración de la inflación que se habría mantenido hasta mayo y el impacto de los ajustes salariales surgidos de los acuerdos paritarios, muchos de los cuales se aplicaron entre marzo y junio. Teniendo en cuenta los porcentajes de actualización para el mes en curso, dentro de los sindicatos más representativos destacan los ajustes de los empleados de las industrias metalmecánicas (22,5%), de la construcción (11%) y del comercio (7%). A ellos se suma la actualización automática incluida en las paritarias del sector financiero una vez se oficialice el dato de inflación de mayo. También recibirán incrementos salariales en junio los estatales nacionales (9,1%) y bonaerenses (7,5%), los empleados de la industria del plástico (6%) y los farmacéuticos (11%), entre otros.

Luego de postergar la suba de los precios de los servicios regulados en mayo, en junio se prevén alzas en varios rubros y esto enciende una luz amarilla sobre la recuperación del poder adquisitivo de los argentinos. Entre los aumentos para este mes sobresale el incremento de las tarifas de electricidad y gas. En el primer caso, para los hogares N1 la factura se elevará 22,85%, sobre una tarifa que ya venía actualizándose, mientras que la quita de subsidios para los hogares N2 y N3 implicarán alzas en la factura de 99,29% y 155,88%. En gas se prevén ajustes de 9,27%, 32,98% y 9,81% para los hogares N1, N2 y N3, respectivamente. Además, habrá una nueva actualización en nafta y gasoil (3,5%), servicio de agua potable (Aysa; 2,77%), prepagas (8,8%), colegios privados (en torno a 7,5%), peajes de las autopistas porteñas (35%) y alquileres (2,5%). Los servicios de telefonía, Internet y cable se elevarán entre 8% y 20%, dependiendo del plan y de la operadora. 

¿Alcanzan las actualizaciones salariales de junio para sostener el recorte de la caída del salario real? ¿O las subas de regulados comienza a socavar la recuperación reciente del poder adquisitivo de los asalariados?

Para ello estimamos el incremento promedio ponderado de los salarios teniendo en cuenta que los acuerdos alcanzan a aproximadamente 55% de estos trabajadores registrados. Nuestros cálculos arrojan que los ingresos percibidos por estos trabajadores crecerán en junio en torno al 6%. De igual manera, el incremento de los servicios regulados se estimó en torno a 17% en promedio ponderado según su participación en la canasta de consumo. Es evidente entonces que las actualizaciones previstas para el precio de estos servicios esenciales, que se suman a las alzas de otros rubros también esenciales (como los alimentos), encienden una alerta acerca de la posible recuperación del poder adquisitivo de las familias, dato clave para encarar un sendero de crecimiento económico. Estos resultados cobran aún más relevancia si consideramos que el ejercicio incluye exclusivamente a los trabajadores formales (usualmente con mejoras salariales por sobre el sector informal).   

¿Y qué podríamos esperar de cara a los subsiguientes meses?

Desde enero, los precios regulados crecen a una tasa que supera a la inflación núcleo debido a los ajustes de las tarifas de los servicios públicos y prepagas, entre otros, recortando así el desfasaje de precios relativos que se fue acumulando desde 2020. Si tomamos diciembre de 2019 como base para la comparación de precios relativos, las actualizaciones de los primeros cuatro meses de este año dejan aún una inflación reprimida en torno a 12 puntos porcentuales. Esta brecha se habría ampliado en mayo dado que, como mencionamos, el Gobierno pospuso las subas de los precios regulados programadas. En la medida que el Ejecutivo aspire a reducir el gasto en subsidios, se anticipa un sendero de ajustes de estos precios que se traduciría en tasas de inflación elevadas para la canasta de consumo de los argentinos.

Realizamos un ejercicio para medir el potencial impacto en los próximos meses de las nuevas actualizaciones de los servicios regulados sobre el poder adquisitivo de las familias. Para los ingresos, supusimos que los salarios de los trabajadores registrados crecen en promedio 5,3% entre julio y septiembre, en línea con la inflación prevista por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA.

Para los precios, tomamos como referencia a la inflación núcleo proyectada por el mercado según el REM a la que ajustamos incluyendo una suba superior a esta inflación núcleo para los servicios regulados de manera tal de que a septiembre 2024 se cierre la brecha de precios relativos antes mencionada. De esta manera, la estimación arroja un alza promedio mensual de los precios minoristas en torno a 6,6% para el período comprendido entre julio y septiembre. Bajo estos supuestos, el salario real de los trabajadores registrados volvería a tener una presión respecto del aumento del precios de los servicios frente a los bienes. 

“Si bien la reactivación del crédito al consumo, fundamentalmente a través de la financiación a 3 o 6 cuotas sin interés y las promociones bancarias en un marco de fuerte competencia de estas entidades con las Fintech, contribuye a dar soporte al gasto de las familias, el salario sigue siendo la principal fuente de financiamiento del consumo de los hogares por lo que, en un contexto de disminución del poder adquisitivo, sería difícil esperar la recuperación del consumo privado y, en consecuencia, de la actividad económica. Un tercio de la canasta de consumo de una familia está concentrado en precios regulados o retrasados de la economía que comenzarán a moverse. Nos referimos a servicios públicos como luz, gas, agua, transporte y privados cómo educación, salud y comunicaciones. Los precios reprimidos siempre estuvieron ahí y en el segundo semestre será el período donde verán la luz de su liberación”

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Vuelve Federico Sturzenegger: será ministro de desregulación económica de Milei

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El nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que Federico Sturzenegger integrará el gabinete nacional como ministro. “Será en un área que tiene que ver con la desregulación económica del país”, informó en entrevistas concedidas a las radios Rivadavia y Mitre. Sturzenegger fue el autor del paquete de reformas que se convirtió en la Ley Bases que el Congreso todavía no aprobó e ideólogo, entre otras desregulaciones, del desmembramiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que perdió la potestad de regular el mercado y fijar precios tras el DNU presidencial de diciembre.

“Él ha estado estudiando esto muchísimo tiempo, ha trabajado mucho, ha analizado toda la administración pública y sabe que hay una cantidad de regulaciones en la Argentina que no permiten desarrollar normalmente la economía”, puntualizó. Y desarrolló: “Lo hizo durante el período inicial del gobierno con la elaboración de los proyectos de leyes, lo hizo mientras trabajaba con Patricia Bullrich en la campaña electoral y ayuda a pensar el gabinete también; alguien que tiene esa mente, en un gabinete permite desarrollarnos a todos y crecer”.

Sturzenegger fue presidente del Banco Central entre 2015 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Antes había sido diputado nacional y presidente del Banco Ciudad. También ocupó la Secretaría de Política Económica durante el gobierno de Fernando De La Rúa, en 2001. Renunció el 20 de noviembre, un mes antes de que se desatara la crisis. Junto a Domingo Cavallo firmaron el Decreto 648/01 que habilitó la operación del megacanje. Según los expertos, el Megacanje aumentó el monto de la deuda en 53 000 millones de dólares sumando capital e intereses.​ Por esta operación fue procesado por la justicia Argentina en el marco de la causa por el Megacanje de De La Rúa, junto al banquero estadounidense David Mulford.

El Blindaje y el Megacanje causaron un aumento del endeudamiento externo. Antes de esta operación hacia finales del año 2000, la deuda externa del país ascendía a los 80 000 millones de dólares. Con posterioridad al Megacanje, la deuda externa aumentaría hasta los 88 000 millones de dólares y alcanzaría 102 000 millones de dólares. Antes del Megacanje Argentina debía pagar en el período 2001-2031 por los vencimientos de su deuda un valor que alcanzaba los 60 500 millones de dólares. Luego del Megacanje, ese valor se incrementaría en un 63 % y llegaría a los 98 400 millones de dólares.

En los 90′, durante el mandato de Carlos Menem, tuvo un cargo en YPF. También estuvo durante la presidencia de Mauricio Macri.

Al frente del BCRA, Sturzenegger eliminó el cepo cambiariocreó los créditos hipotecarios UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) indexados a la inflación, que generaron una gran polémica a lo largo de los años, y también ideó el carry trade de las Letras del Banco Central (Lebacs), que posteriormente fueron reconvertidas en las Letras de Liquidez (Leliq), que fueron construyendo la “bola” que hoy busca “desarmar” Milei.

La gestión del economista en el BCRA, sin embargo, quedó en el recuerdo por sus famosas metas de inflación con tipo de cambio flotante, que proyectó para el año 2018 un “10% (+ – 2%)”. Hacia diciembre de 2017, la meta inflacionaria se había corregido a 15% y 2018 finalizó con una suba de precios del 47,6%, para entonces la cifra más alta en 27 años.

Si bien acompañó a Patricia Bullrich durante su carrera electoral, a fines del año pasado reforzó su vínculo con Milei y se transformó en el hacedor de varias de las reformas que impulsó el nuevo gobierno, entre ellas el DNU 70/2023 de desregulación de la economía. También tuvo una participación activa en la redacción de la Ley Bases que aún se discute en el Senado.

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