En los últimos meses, la conflictividad política-social en Venezuela evidenció una alarmante escalada, alcanzando su punto máximo tras la conformación de la Asamblea Constituyente (órgano con autoridad por sobre el poder Ejecutivo). Aunque la situación del país ha tomado visibilidad internacional recientemente, la crisis venezolana es el resultado de varios años de continuo y profundo deterioro económico, político y social.Uno de los primeros problemas con los que cuenta Venezuela a la hora de evaluar su situación económica es la escasez de datos actualizados. La mayoría de las estadísticas oficiales relevantes llegan a 2014, año en el que (no casualmente) el PBI del país comenzó a contraerse. La economía venezolana venía mostrando un crecimiento anual moderado entre 2010-13 (+2,5% promedio anual), pero en 2014 el PBI de Venezuela ingresó en un espiral contractivo. La mayor merma ocurrió el año pasado, cuando la economía se contrajo 15% según la consultora Ecoanalítica, miembro de la alianza LAECO[1]. De esta manera, en los últimos tres años el país acumularía una caída del PBI aproximada de 23%.
La retracción de la actividad en los últimos años se combinó con una fuerte aceleración inflacionaria (la suba de precios lidera el ranking mundial). Entre 2007-2012, el alza de precios en el país se mantuvo relativamente estable en 25% anual, pero a partir de 2013 comenzaron a mostrar una suba tan virulenta que actualmente puede hablarse de un proceso de hiperinflación. Conforme a consenso de estimaciones privadas y de organismos internacionales, en 2016 la inflación se estableció entre 250% y 525%, y para este año se proyecta una suba cercana al 1.000%. El efecto de estos dos fenómenos sobre el aumento de la pobreza (el último dato disponible es de 2015, cuando alcanzó el 33% de la población) no hace más que profundizar la crisis política y social.
El inicio del ciclo recesivo de Venezuela coincide con el derrumbe del precio del petróleo a nivel internacional (el valor del barril se redujo a la mitad en 2014), lo cual no es casual dado que más del 90% de las exportaciones del país están ligados a la actividad extractiva, y que los dólares petroleros representan dos tercios de los recursos fiscales del país. Sin embargo, otros países de la región con una elevada dependencia de los recursos naturales (caso de Ecuador) sufrieron menos este shock externo, lo cual lleva a analizar con mayor profundidad los condicionantes internos que desembocaron en dicho colapso económico.
El origen de la crisis económica: desborde de gasto público y shock externo
Es sabido que el boom de los precios de los commodities que tuvo lugar tras la crisis internacional de 2008 favoreció a los países exportadores de materias primas. En el caso particular de Venezuela, sin embargo, en esos años la performance de la economía comenzó a dar los primeros indicios de deterioro, aun cuando el valor del barril del petróleo alcanzó valores máximos. Tal como se hizo referencia en el apartado anterior, en los años subsiguientes a la crisis mundial, el PBI de Venezuela aumentó 2,5% anual en promedio, contra la tasa de 8,5% de 2004-2008.
Uno de los factores que dio inicio al deterioro de la economía de Venezuela fue el sostenido aumento del gasto del sector público a partir de 2011. Previo a este año, el nivel de gasto era elevado pero estable (entre 2004-2010 representó 34% del PBI). Desde ese año, las erogaciones comenzaron a acelerarse progresivamente y en 2014 llegaron a representar casi 50% del PBI según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pese a los altos niveles del precio del petróleo, los ingresos del gobierno no acompañaron la tendencia creciente de los gastos, de hecho se mantuvieron en torno al 27% del PBI entre 2011-2014 (previo a la crisis internacional llegaron a superar 37% del producto). Como consecuencia de ello, el oficialismo recurrió a otras fuentes de financiamiento para cubrir el déficit fiscal: la emisión monetaria y la deuda externa.
Por un lado, la impresión de dinero alimentó la aceleración inflacionaria, y por otra parte el stock de deuda de Venezuela experimentó un crecimiento exponencial: mientras que en 2008 la deuda bruta del gobierno llegó a un mínimo de 20% del PBI, la tendencia ascendente llevó este ratio al 63% previo a la crisis del petróleo, según estimación del FMI. Asimismo, el crecimiento de la economía generó una mayor demanda de divisas por el incremento de las importaciones, que pasaron de representar 15% del PBI en 2010, a 25% en 2014.
Frente a este escenario, la caída del precio del petróleo en 2014 (se redujo a la mitad en dicho período, pasando de más de más de US$ 110 el barril a mediados de ese año, a US$ 50 al cierre) expuso los desequilibrios macroeconómico acumulados. Las menores exportaciones del país y los crecientes servicios de la deuda en divisas afectaron el abastecimiento interno (Venezuela importa una cantidad importante de productos básicos).
La primera forma de hacer frente a la restricción externa fue el racionamiento de importaciones, sobre todo de bienes de consumo, situación que incrementó el desabastecimiento e impulsó la aceleración de la inflación. De hecho, este fenómeno ha llevado a que ciertos bienes, algunos durables (como celulares o electrodomésticos) pero también básicos (los medicamentos, por ejemplo), se trancen directamente en moneda dura, al punto que el bolívar dejó de cumplir la función de medio de cambio.
Asimismo, el gobierno de Venezuela instauró un esquema de administración de la oferta de dólares (en la actualidad existen dos mercados de cambios con cotizaciones diferenciadas de acuerdo al grado de necesidad de la demanda) que generó un mercado cambiario paralelo y fuertes distorsiones de precios relativos al interior de la economía. A esto se suma el aumento de la emisión monetaria, como resultado de la reducción de los ingresos fiscales por la baja del precio del crudo, dejando la economía al borde de la hiperinflación.
El impacto negativo del shock externo del petróleo potenció la conflictividad política y el deterioro social. Vale destacar que las medidas adoptadas por el gobierno bolivariano ante el viento de frente no sólo no lograron revertir el rumbo económico sino que lo profundizaron. Mientras que la producción de crudo de los países miembro de la OPEP tuvo entre 2014 y 2016 una baja acumulada del 4%, la caída en dicho período fue más marcada en Venezuela (-15%), poniendo en evidencia el impacto negativo de la creciente intervención del Estado sobre la economía.
En definitiva, las perspectivas de Venezuela para este año son muy negativas: el PBI caería por cuarto año consecutivo, alrededor de 7% de acuerdo al consenso de mercado, la inflación anual rozaría los cuatro dígitos, la deuda pública llegaría a representar 95% del producto (Venezuela está al borde del default), y los déficits gemelos se mantendrían elevados (1% del PBI el rojo de cuenta corriente y más de 15% el del sector público). Más aún, el recrudecimiento de la situación política de los últimos meses disparó la amenaza de que Estados Unidos deje de comprarle petróleo al país. Es difícil saber si el gobierno de Trump va a implementar dicha medida, pero la situación económica en Venezuela es tan crítica que la mera posibilidad de que se efectivice profundiza la crisis.
El precio internacional del petróleo no afecta a todos por igual
Es importante poner en perspectiva esta situación. Venezuela no es el único país dependiente de la producción y el precio internacional del petróleo para sostener su crecimiento. Ecuador, vecino país y miembro también de la OPEP, sufrió el efecto de la caída del precio internacional del crudo, pero el impacto fue mucho más moderado de lo que sucedió en el país bolivariano: en el primero el PBI logró crecer 2,5% entre 2014-2016, contra la reducción de más de 20% estimada para Venezuela. Más aún, esta disparidad está exacerbada por el hecho de que Ecuador es una economía dolarizada (no cuenta con moneda propia), que llevaría a pensar que dispone de menos herramientas para contrarrestar el shock externo, aunque la realidad muestra lo contrario.
Sin duda que la dependencia fiscal y del sector externo sobre los recursos naturales es un escollo para Venezuela. Sin embargo, las decisiones de política económica frente a este escenario son la principal condena del modelo económico vigente. La escasez actual de recursos ha llevado al gobierno bolivariano a tener que escoger entre abastecer la demanda de bienes del mercado interno (alrededor del 70% de los alimentos que se consumen en el país son importados) o cumplir con sus obligaciones de deuda externa. Para peor, parece imposible solucionar la crisis económica en un contexto político social tan convulsionado.
[1] Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas (LAECO). Ecolatina (ARG) y Ecoanalítica (VEN) son dos de las diez consultoras miembros de la dicha alianza.
