El presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Federico Zerboni, pidió “acelerar el cronograma” de recortes en las retenciones para eliminarlas más rápido.
No obstante, remarcó los avances del gobierno nacional en la estabilización de variables macroeconómicas y la adopción de políticas de desburocratización y reducción de las retenciones.
En la apertura del Congreso Maizar 2026, sumó su pedido por una reducción en la presión impositiva de las provincias y los municipios, y la necesidad de generar mayor valor agregado en la cadena, con la aprobación de una nueva ley de biocombustibles, entre otros puntos.
En este sentido, el titular de la cadena maicera subrayó que el sector “no puede seguir escuchando la frase que dice hay que ‘esperar dos años a ver qué pasa en la próxima elección’. Así no hay inversión sustentable, no hay futuro”.
Zerboni reconoció que el Gobierno “está dando pasos clave” como la unificación del tipo de cambio, el equilibrio fiscal, el impulso de inversiones a través de RIGI y del RIMI, y la eliminación de trabas burocráticas asfixiantes y de los cupos de exportación, en cuanto a los derechos de exportación.
Pero, respecto de las retenciones, si bien valoró la reciente reducción de dos puntos en trigo y cebada y la presentación de un esquema de recortes graduales para el resto de los cultivos para el 2027, donde el maíz tendría rebajas trimestrales para alcanzar un punto porcentual en un año, consideró que “el proceso tendría que ser más rápido”.
“Si bien este es el camino correcto, necesitamos acelerar ese cronograma para poder llegar a retenciones cero en el menor tiempo posible y que esto sea por ley. Esperamos que la mejora de las cuentas fiscales lo permita”, sostuvo el titular de Maizar.
A la vez, afirmó que “es indispensable un consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios”, ya que “no puede ser que cada punto de rebaja de retenciones se lo lleven aumentos en los impuestos inmobiliarios rurales o en tasas municipales que no prestan ningún servicio”.
Zerboni consideró que Argentina todavía está lejos de alcanzar su potencial en la cadena maicera y, en este sentido, marcó que la responsabilidad del sector no es solo producir más granos, sino “transformarlos en carnes, lácteos, huevos, etanol, y centenares de insumos que utilizan las más variadas industrias”.
La producción de maíz creció en la Argentina desde 2016, ubicando al país como el tercer productor a nivel mundial. La producción de alimentos es la principal fuente de demanda para el cereal argentino, pero a su vez la potencialidad del cultivo se expande en otros usos generando oportunidad para agregar valor en diferentes industrias como la farmacéutica, cosmética, indumentaria, entre otras.
Para Syngenta, el maíz es un cultivo estratégico en la Argentina. Detrás de un grano de este cereal hay valor agregado: investigación y desarrollo, tecnología y generación de empleos de calidad.
Por este motivo, y aprovechando el Congreso de Maizar que tendrá lugar el 22 de mayo en Buenos Aires, Syngenta busca acercar proyectos de impacto liderados por jóvenes que le agreguen valor al cultivo desde diferentes enfoques: el mejoramiento, la producción, la transformación o la comercialización.
La convocatoria está abierta para estudiantes universitarios y recientemente graduados que estén trabajando en proyectos de maíz, con una mirada sostenible en alguna de las instancias del proceso productivo.
El concurso contará con un jurado que seleccionará los proyectos ganadores para ser presentados en este evento que reúne anualmente actores claves de la cadena del cultivo.
En su primera edición, la iniciativa reunió los proyectos de seis jóvenes de diferentes Universidades, quienes prepararon su caso y lo presentaron el Congreso Internacional de Maíz 2023, que tuvo lugar en Paraná Entre Ríos.
Guadalupe Villacosta, estudiante de la Universidad de Río Cuarto presentó su Mapeo Asociativo de Locis para la identificación Maiz-Azospirillum, el cual busca reducir el uso de fertilizantes en condiciones de cultivo.
Ignacio Muneli, estudiante de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y trabajó sobre la utilización de hongos entomopatógenos para el tratamiento de semillas de maíz.
Marcos Ruiz, Gastón Ramonda y Camila Pellegrino participaron representando también a la Universidad Nacional de Rio Cuarto, con su proyecto Identificación de regiones genómicas para resistencia a enfermedades como aporte a la sustentabilidad del cultivo de maíz.
Francisco Beltramino, estudiante de la Universidad Nacional de Entre Ríos abordó un proyecto con enfoque en la producción llamado Leguminosas invernales como antecesoras de maíz, efectos en el corto plazo que contribuyen a su adopción por el productor.
Syngenta junto a Maizar (Asociación de Maíz y Sorgo Argentino) convocan a Universidades de todo el país, jóvenes estudiantes y recién graduados a participar de esta nueva edición.
Todos aquellos interesados pueden presentar sus proyectos enviándolos a info@maizar.org.ar.
Este año es la segunda edición del Congreso Internacional de Maíz (https://congresointernacionaldemaiz.com.ar), el congreso que reúne a todos los actores de la cadena del maíz. El maíz es un cultivo sustentable, es el que mejor huella de carbono tiene en el planeta y su presencia en diversos elementos (desde alimentos hasta indumentaria pasando por cosméticos y medicina) nos invitan a visibilizar cómo el cultivo se relaciona con nuestra vida cotidiana.
En este marco, se está organizando un Hackaton de Maíz Sustentable, un concurso que invita a jóvenes universitarios y recientemente graduados a participar con iniciativas ligadas al maíz y la sustentabilidad.
La idea es capturar ideas pensadas por jóvenes enfocadas en maíz con una mirada sustentable, y visibilizar las iniciativas que este segmento está pensando para el cultivo.
Los proyectos deberán ser pensados por estudiantes en diferentes enfoques: el mejoramiento, la producción, la transformación, la comercialización. Los cuatro proyectos ganadores tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos en el evento, que tendrá lugar 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones de Paraná, Entre Ríos.
Así se extrae de una comparación basada en un estudio realizado por el INTA y el INTI con datos de la campaña 2021/2022. El resultado fue mejor también que el de los otros grandes productores de maíz del mundo, como Estados Unidos, Brasil, Ucrania y Rusia. Los investigadores esperan realizar más estudios para poder determinar una tendencia. El trabajo fue presentado por dos de sus autores, Leticia Tuninetti, especialista en Análisis de Ciclo de Vida del INTI, y Rodolfo Bongiovanni, investigador del INTA Manfredi. Fue en el panel “¿Tenemos el maíz con el mejor balance de carbono del mundo?”, moderado por Pedro Vigneau, presidente de Maizar, y Fernando Vilella, presidente del Congreso Maizar 2023.
Un estudio elaborado en conjunto por el INTA y el INTI y solicitado a ambos organismos por Maizar, determinó que en la campaña 2021-2022 el maíz generó 1.246 kilos de dióxido de carbono equivalente por héctarea, es decir, de 0,178 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de maíz cosechado. Es el promedio ponderado entre maíz temprano y tardío, con tendencias muy similares en ambos casos. El estudio determinó que lo que produce mayor impacto son las emisiones de la fertilización y de la producción de fertilizante: entre las dos, suman más de un 50%. También hay una alta emisión de los residuos de cosecha, la producción de herbicidas y de los combustibles. La siembra directa tuvo en la campaña estudiada un nivel de adhesión del 91%. Si se hubiera hecho el 100% bajo este sistema, la huella habría bajado de 0,178 a 0,177 por kilo de maíz, y si se hubiera trabajado solo el sistema convencional, habría habido una suba de la huella del 4%, de 0,178 a 0,185. Por otra parte, si se tiene en cuenta el transporte hasta el puerto (se consideraron unos 200 km), el impacto aumenta un 13%, de 0,178 a 0,204. Así lo informó Leticia Tuninetti, especialista en Análisis de Ciclo de Vida del INTI y una de las autoras del trabajo. Rodolfo Bongiovanni, investigador del INTA Manfredi y coautor del estudio, indicó que, si se toma como fuente las bases de datos de otros países, la Argentina tiene una huella muy inferior. En el caso de Brasil, la huella es de 0,264 si se considera la base de datos Ecoinvent, y de 0,324 si se considera la de Agrifootprint. Esta última consultora también midió la huella de China, de 0,411; de Estados Unidos, de 0,277; de India, 0,614; de Rusia, 0,545; de Ucrania, 0,328; y de Vietnam, 0,528. La huella promedio del mundo, para Ecoinvent, es de 0,526. La huella argentina también se comparó con una investigación publicada en la revista científica Journal of Cleaner Production, de un equipo encabezado por Tomas Nemecek, según el cual la huella para el mundo fue de 0,451 por kilo. En este sentido, la huella de la Argentina es 61% inferior a la mundial. Otro hallazgo fue que la actual huella de carbono del maíz argentino fue un 22% inferior a la que resultó de un estudio realizado en el país hace diez años bajo la misma metodología, que había determinado un valor de 0,229, aunque cabe aclarar que esto supone la comparación de dos fotos que pueden estar influidas por los diferentes rendimientos de cada campaña. Según explicó Tuninetti, la metodología utilizada para el trabajo fue el análisis del ciclo de vida, que implica cuantificar los impactos ambientales potenciales a lo largo de todo el proceso relacionado con el producto, desde la extracción de materias primas, la producción y uso de energía, hasta la disposición final. Es decir, no solo la etapa de la hectárea o de la industria, sino todos los insumos, todos los transportes, todos los tipos de energía utilizados.
Además, se tuvieron en cuenta tanto las emisiones como las remociones de carbono. Para ello, se basaron en la serie de normas ISO 14.040, que abarca la propia 14.040 “Análisis de ciclo de vida: Principios y Marco de Referencia” y la ISO 14.044 “Análisis de ciclo de vida: Requisitos y Directrices”, así como la ISO 14.067 “Norma para el cálculo de Huella de Carbono de Productos y su Comunicación”. Además, los investigadores del INTA y el INTI complementaron esas normas con las guías del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) de 2019, que son utilizadas por todos los países que reportan sus inventarios nacionales y de donde se extrajeron las ecuaciones, algunos factores y la forma de cálculo. Para el trabajo, se contabilizó la emisión de distintos gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo del ciclo de vida del maíz. De los muchos GEI, los emitidos en mayor proporción en este tipo de procesos son el dióxido de carbono (que es el gas tomado como referencia); el metano y el óxido nitroso, entre otros. El metano tiene un poder de calentamiento 28,9 veces más nocivo que el dióxido de carbono, y el óxido nitroso es 273 veces más nocivo que el dióxido de carbono. Para medir, se lleva a un indicador único: el dióxido de carbono equivalente (es decir, se computa no solo el dióxido de carbono, sino también los demás GEI). Para el estudio de la huella, se utilizaron datos proporcionados por la Bolsa de Cereales para el ciclo agrícola 2021/2022. “Es una foto de la campaña 2021/22; el objetivo es medir algunas campañas más para poder medir la tendencia de la huella de carbono del maíz en la Argentina”, explicó la investigadora. La superficie sembrada de maíz ese ciclo fue de 7,44 millones de hectáreas, y se tuvo en cuenta tanto el maíz temprano como el tardío. Y se contempló el porcentaje de participación de los productores de alta, mediana y baja tecnología para cada región geográfica. Se evaluaron 48 huellas de carbono tomando cada nivel tecnológico en cada región, para luego tener la de cada región y, finalmente, con las 16 regiones, establecer la huella de carbono de la Argentina. En todos los casos se ponderó de acuerdo con la superficie sembrada, porque las regiones no aportan la misma proporción. Asimismo, se tuvo en cuenta el stock de carbono inicial y el régimen de lluvias que impacta en las emisiones indirectas. Para el análisis, se armó un inventario ambiental teniendo en cuenta todo lo que se hace en la hectárea para obtener finalmente el maíz cosechado. En siembra, se evaluó la proporción de directa y convencional, la cantidad de combustible diésel, la cantidad de semillas sembradas por hectárea y la fertilización. Esta última es considerada la parte del inventario más importante, porque la fertilización nitrogenada genera emisión de nitrógeno que, transformado en óxido nitroso, tiene un efecto invernadero muy poderoso. Además, se relevaron los herbicidas, fungicidas e insecticidas, y las labores (como pulverización o la propia cosecha). Cada elemento del inventario se multiplicó por un factor para determinar cuánta emisión generó. Además, se tuvo en cuenta tanto la emisión que vino ya con el insumo, como la generada por él en el proceso.
El desafío de articular acciones concretas de corto y mediano plazo para el desarrollo de la bioeconomía fue el eje central de un panel sobre “Políticas de Estado para la Bioeconomía”, durante el Congreso de Maizar 2023. Participaron los máximos referentes del sector de las tres mayores provincias maiceras, que aportan USD 1.000 millones en retenciones: Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba; Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires; María Eugenia Carrizo, secretaria de Alimentos de la provincia de Santa Fe, así como Dalia Lewi, directora Nacional de Bioeconomía, moderados por Rodolfo Rossi, presidente de la cadena de valor de la soja (Acsoja) y Pedro Vigneau, presidente de Maizar.
“El hecho de la creación de la Dirección Nacional de Bioeconomía (en 2020) es todo un símbolo, porque se transformó en acciones concretas”, dijo Dalia Lewi, directora del área. La repartición tiene como objetivos básicos generar políticas públicas para fomentar la bioeconomía, señaló, y para ello, el camino es promover la articulación y vinculación entre la investigación, el desarrollo, la producción y la innovación.
Para Lewi, que fue durante más de 25 años investigadora del INTA, la evolución de la bioeconomía va a surgir a partir de la eficiencia y el mejoramiento de las cadenas productivas, de la promoción de las prácticas en equilibrio con el ambiente y la elaboración de productos agropecuarios y agroindustriales con altos estándares de calidad.
“Para ello avanzamos creando la comisión asesora del Programa de Fomento de la Bioeconomía. Este programa preexistía, pero lo revitalizamos, lo trajimos a esta dirección nacional, y la comisión asesora está conformada por expertos de las distintas disciplinas vinculadas a la bioeconomía”, indicó. En ese ámbito, del que participan entre 45 y 50 personas expertas de las distintas disciplinas, se gestó el plan de acción de la bioeconomía para el sector agropecuario.
“Acuñamos un concepto en relación con este paradigma de la bioeconomía que es el de biodesarrollo, a partir de un modelo de prácticas innovadoras de producción en base al aprovechamiento de recursos, procesos y principios biológicos y formas de generación y aplicación de conocimiento para producir alimentos, energía, productos y servicios de manera sostenible, que conduzcan al desarrollo de las comunidades, de los territorios, en los aspectos sociales, productivos y ambientales”, describió Lewi. Para su fomento, el Gobierno nacional dispuso líneas de financiamiento, con aportes que van desde 15 hasta 75 millones de pesos, según la dimensión del proyecto.
En sintonía, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos aires, Javier Rodríguez, trazó los lineamientos de la política en materia bioeconomía, apuntando a la innovación. “Nuestro foco es impulsar la innovación para la producción, articulando con las organizaciones y el sector privado”, explicó. En este sentido, señaló que resulta clave en este trabajo el modelo de chacras experimentales que tiene la provincia, un total de 16, con el objetivo de trabajar en investigación y extensión agropecuaria, y generar información productiva.
Dentro de sus líneas de trabajo, Rodríguez revalorizó dos: una relacionada con la investigación en desarrollos genéticos, que incluye al maíz, para determinadas zonas de la provincia, en articulación con otras instituciones (INTA y CONICET) y empresas privadas. La segunda está vinculada a la producción de bioinsumos, como parte de un modelo de producción más sustentable y amigable con el ambiente.
“Queremos tener una trayectoria muy clara en los productos biológicos y ese es el desafío. Queremos poder articular líneas de trabajo específicas que tengan resultados concretos”, concluyó Rodríguez.
Debido a los efectos adversos del clima, que hicieron que Santa Fe perdiera el 85% de su producción de maíz, el gobierno de la provincia busca darle una vuelta de tuerca más al modelo de bioeconomía. “De los 6,5 millones de toneladas de maíz que se produjeron en la campaña anterior, en la actual se van a cosechar un millón”, graficó María Eugenia Carrizo, secretaria de Alimentos de la provincia de Santa Fe.
A partir de estas pérdidas productivas y económicas, que obligaron a muchos productores a tener que hacer maíz de tercera para abastecer de reservas a los tambos durante el otoño y el invierno, la provincia de Santa Fe avanza en la modernización de su ley de emergencia agropecuaria. “Venimos trabajando en una nueva norma, porque la vigente ya tiene 28 años y quedó desfasada de la realidad productiva del país. No brinda herramientas concretas a los productores”, justificó la funcionaria.
El nuevo marco busca poner en marcha herramientas que, espera Carrizo, estimulen al productor. “La ley actual beneficia el propietario del campo y hoy el 70% de la producción es en campo arrendado”, agregó. El fomento a la toma de seguros agropecuarios y de ayudas para los productores que realizan las inversiones y coberturas para resiembra son parte de los nuevos instrumentos a poner en marcha.
Para Sergio Busso, ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, el modelo de políticas públicas para el estímulo a la bioeconomía se apoya sobre tres ejes: la sustentabilidad, la infraestructura y la transformación en origen.
La sustentabilidad se cimenta en “el programa de buenas prácticas agropecuarias (BPA), que se puso en agenda como política de Estado y que ya lleva siete años. En Córdoba ya no se produce de cualquier manera, y se lo hace respetando y cuidando los recursos y con compromiso social”, indicó.
En cuanto a infraestructura, Busso se refirió a la pavimentación de caminos rurales, la distribución de energía (con gasoductos de una extensión de 3.000 kilómetros) y la conectividad. “El fondo de desarrollo agropecuario, que se nutre con el aporte del 70% del impuesto inmobiliario que pagan los productores y que es intangible sirve para eso”, explicó.
En cuanto a la transformación de la producción en origen, el ministro, puso como ejemplos las actividades que realizan las etanoleras ACA Bio (en Villa María), Bio 4 (Río Cuarto) y Promaíz (Alejandro Roca), que industrializan el maíz de la región.
No obstante, Busso reclamó una política de Estado a nivel nacional que apunte a eliminar las retenciones al sector agropecuario y a unificar el tipo de cambio. “Las provincias no tienen incidencia sobre las decisiones macroeconómicas que requieren de transparencia y de previsibilidad”, alertó. Y para enfatizar el concepto dejó un dato final: en esta campaña, las tres provincias de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) van a aportar USD 1.000 millones de dólares en retenciones.
