Marcelo Pérez

El Ministerio de Gobierno proyecta $385.695 millones para 2027 y destinará casi nueve de cada diez pesos a seguridad

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El Ministerio de Gobierno de Misiones proyecta para 2027 un presupuesto de $385.694,6 millones, con la seguridad pública como principal destino de los recursos. La cifra representa un incremento nominal del 11,78% frente a los $345.046,9 millones asignados para el ejercicio anterior.

La presentación se realizó ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes y estuvo encabezada por Daniel Behler, subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras. El funcionario reemplazó al ministro Marcelo Pérez, ausente por encontrarse de viaje.

El presupuesto de la cartera equivale al 7,41% de los $5,206 billones previstos en el proyecto general de la Provincia para el próximo ejercicio. En valores absolutos, el incremento interanual será de $40.647,7 millones.

La exposición ratificó que la seguridad continuará como el principal eje financiero y operativo del ministerio. La Policía de Misiones absorberá el 67,97% del presupuesto de la cartera y el Servicio Penitenciario Provincial, otro 20,84%. En conjunto, ambas fuerzas concentrarán el 88,81% de los recursos, prácticamente nueve de cada diez pesos administrados por el organismo.

La Unidad Superior recibirá el 5,92% del presupuesto, mientras que las demás dependencias tendrán participaciones considerablemente menores.

El Registro Provincial de las Personas representará el 1,80%; el Registro de la Propiedad Inmueble, el 0,96%; la Subsecretaría de Protección Civil, el 0,85%; y la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, el 0,56%.

La Dirección General de Catastro concentrará el 0,46%; la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones, el 0,29%; Personas Jurídicas y Registro Público, el 0,14%; Asuntos Municipales, el 0,11%; y la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, el 0,10%.

Finalmente, la Subsecretaría de Atención a la Ciudadanía tendrá una participación del 0,01%.

El Ministerio de Gobierno contempla una planta total de 19.182 cargos. De ese universo, 17.802 corresponden al área de seguridad, equivalentes al 92,81%, mientras que los restantes 1.380 puestos, el 7,19%, pertenecen a dependencias administrativas.

La Policía de Misiones dispone de 11.319 cargos, equivalentes al 63,58% del personal de seguridad. El Servicio Penitenciario Provincial cuenta con 4.641 cargos, el 26,07%, y la Universidad de las Fuerzas de Seguridad reúne otros 1.842, equivalentes al 10,35%.

Con esa dotación, Misiones alcanza una relación de 823 policías cada 100.000 habitantes. La presentación utilizó como referencia una proporción de 300 efectivos cada 100.000 habitantes atribuida a las Naciones Unidas, por lo que la cobertura provincial prácticamente triplica ese parámetro.

Behler indicó, además, que se encuentra bajo evaluación la incorporación de nuevo personal para la Policía y el Servicio Penitenciario. La decisión buscaría completar ingresos que habían sido previstos anteriormente y luego postergados.

La Policía de Misiones dispone de una flota operativa de 1.115 vehículos, integrada principalmente por 403 motocicletas, 339 camionetas y 262 automóviles.

La capacidad instalada incluye además 37 cuatriciclos, 35 furgones; 24 autobombas, cinco ómnibus, tres helicópteros; tres grúas, dos minibuses, un camión y una autoescalera.

La continuidad de la renovación de móviles aparece entre las prioridades para 2027, junto con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la prevención, la vigilancia territorial y la capacidad de respuesta.

La Provincia proyecta cerrar el año con una red de 5.000 cámaras de seguridad. La mitad está concentrada en la zona metropolitana, integrada por Posadas, Garupá y Candelaria, y las otras 2.500 cámaras estarán distribuidas en el interior.

Implica una cobertura provincial de una cámara cada 640 habitantes. En la zona metropolitana, la relación mejora hasta alcanzar un dispositivo cada 550 habitantes.

El Ministerio también informó que mantiene cuatro drones en operación, con presencia operativa en 25 municipios. El objetivo para el próximo ejercicio será continuar incorporando estas herramientas y ampliar su utilización en tareas de búsqueda, prevención, vigilancia y asistencia durante operativos especiales.

La Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones cuenta con 615 cadetes en formación activa.

Del total, 325 cursan el primer año, 76 el segundo, 111 el tercero y 103 el cuarto. Durante el actual ciclo egresaron 249 agentes diplomados, quienes podrán incorporarse progresivamente a las estructuras de seguridad.

La formación de nuevos cuadros adquiere relevancia ante la posibilidad de habilitar incorporaciones para cubrir vacantes, reforzar dependencias y completar ingresos que fueron postergados.

Además de la seguridad, Behler repasó las políticas de regularización dominial desarrolladas mediante el programa Mi Título.

El funcionario explicó que la Provincia pasó de concretar entre 500 y 600 regularizaciones anuales a entregar aproximadamente 700 u 800 títulos por año. Si se agregan los permisos de ocupación y otros instrumentos administrativos, el volumen asciende a unas 2.000 soluciones dominiales anuales.

El programa busca otorgar seguridad jurídica a familias asentadas en tierras fiscales o que atraviesan situaciones pendientes de regularización. La obtención del título o del permiso de ocupación también facilita el acceso a servicios, programas habitacionales y mecanismos formales de financiamiento.

Seguridad como prioridad presupuestaria

La estructura del presupuesto evidencia que el funcionamiento de la Policía y del Servicio Penitenciario determinará buena parte de las necesidades financieras del Ministerio de Gobierno en 2027.

El sostenimiento de 17.802 cargos de seguridad, la operación de más de 1.100 vehículos, la formación de 615 cadetes y la expansión de la videovigilancia explican que las dos principales fuerzas absorban casi el 89% de los recursos.

Con un aumento nominal del 11,78%, el ministerio buscará sostener el despliegue territorial, profundizar la incorporación de tecnología, evaluar nuevos ingresos de personal y continuar con las políticas de regularización dominial. El incremento, sin embargo, deberá analizarse posteriormente frente a la inflación prevista para determinar si implica una expansión real o solamente una actualización nominal de las partidas.

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Cambios en la conducción de la Unidad Regional de San Vicente: Katz asumió como nuevo jefe

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El comisario inspector José Hernán Katz asumió al frente de la Unidad Regional VIII, cuya jurisdicción comprende los municipios de San Vicente, Dos de Mayo y El Soberbio. Reemplaza al comisario general Hugo Omar González, quien actualmente se desempeña como director general de Seguridad de la Policía de Misiones. Como segundo jefe regional fue designado el comisario inspector Mario Alberto Silva.

El comisario inspector José Hernán Katz asumió como nuevo jefe de la Unidad Regional de San Vicente, en reemplazo del comisario general Hugo Omar González. El cambio forma parte de una reingeniería de la estructura de conducción de la Policía de Misiones, que continuará con nuevas adecuaciones en distintos niveles de mando.

La ceremonia reunió a autoridades policiales, representantes de la comunidad y familiares. Participaron el intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez; el intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva; el diácono Rubén Miranda; el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Lima; integrantes del Foro Vecinal, policías retirados, vecinos y medios periodísticos.

Durante el acto, González formalizó la entrega del mando a Katz, quien tendrá a su cargo la coordinación de las dependencias y unidades operativas distribuidas en los tres municipios que integran la jurisdicción, con la misión de fortalecer las tareas de prevención, seguridad e investigación.

La designación fue dispuesta por el jefe de la Policía de Misiones, comisario general Sandro Alberto Martínez, y constituye uno de los cambios previstos dentro del proceso de reorganización de los niveles de conducción de la fuerza. Esta reingeniería continuará con nuevas modificaciones en la estructura de mando, de acuerdo con las necesidades operativas y territoriales de cada jurisdicción.

El proceso apunta a fortalecer la gestión, optimizar los recursos y consolidar una conducción acorde con las actuales demandas de seguridad.

Por su parte, González ya se encuentra cumpliendo funciones como director general de Seguridad, cargo para el que fue designado el último viernes por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, en el marco de los cambios en la conducción superior que también incluyeron la designación del comisario general Raúl David Maslowski como subjefe de la Policía de Misiones.

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Misiones fue sede del COFEJUS y reclamó una Justicia más federal

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En el Hotel Gran Meliá Iguazú se realizó la apertura de la jornada de trabajo del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), el principal ámbito de articulación entre el Ministerio de Justicia de la Nación y las provincias para coordinar políticas públicas destinadas al fortalecimiento del sistema judicial.

El acto inaugural contó con la participación del gobernador Hugo Passalacqua, quien dio la bienvenida a las autoridades nacionales y provinciales junto al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

En ese marco, Passalacqua agradeció al ministro de Justicia de la Nación haber elegido a la provincia de Misiones como sede de la jornada y destacó que “nuestra visión no es la nación y la provincia, sino que las provincias somos la nación”. Destacó además que para Misiones significa mucho el proyecto nacional de fortalecer la justicia federal en zona de frontera ya que la provincia “está metida entre Brasil y Paraguay eso tiene que tener una atención particular”, afirmó.

Por otra parte, el gobernador destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado, con una planificación conjunta que permita optimizar recursos y dar respuestas más ágiles a las demandas de la comunidad. En ese sentido, remarcó que los municipios cumplen un rol fundamental por su cercanía con los vecinos y su capacidad para identificar las necesidades de cada territorio, por lo que consideró indispensable fortalecer la articulación permanente con los gobiernos locales para avanzar en políticas públicas más eficientes y con mayor alcance.

En representación de Misiones, estuvieron presentes el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. Además, ministros, secretarios, subsecretarios y representantes de las áreas de Justicia de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la apertura se realizó la presentación institucional del COFEJUS y de las principales líneas de gestión impulsadas por el Ministerio de Justicia de la Nación. Posteriormente, se llevó adelante la elección de las nuevas autoridades del Consejo, seguida por el inicio de las mesas de trabajo.

A lo largo de la jornada se abordaron distintos ejes vinculados al fortalecimiento del sistema judicial, entre ellos la coordinación federal de políticas criminales, el fortalecimiento de las justicias de paz, el acceso a la justicia, la mediación, la incorporación de innovación tecnológica a los procesos judiciales y la cooperación entre jurisdicciones, con especial atención a los sistemas de adopción y la protección del interés superior del niño.

La realización de este encuentro en Puerto Iguazú reafirma el compromiso de Misiones con el fortalecimiento del federalismo, la cooperación institucional y la construcción de políticas públicas orientadas a garantizar una justicia más cercana, moderna y accesible para toda la ciudadanía.

Iguazú: una posta que ilustra lo que significa el COFEJUS

En sus palabras inaugurales, el Ministro de Justicia de Nación Juan Bautista Mahiques agradeció a la provincia de Misiones por ser sede del evento nacional. “No es casual que nos encontremos en este lugar. Iguazú es literalmente el punto donde convergen tres países y donde dos ríos se unen para formar una de las postales más impresionantes del mundo. Me parece una buena imagen para pensar en lo que es el COFEJUS” explicó.

Con eso hizo referencia a que en el COFEJUS confluyen 24 jurisdicciones distintas, cada una con su propia historia, sus propios desafíos, su propia idiosincrasia para trabajar juntas por un objetivo en común. También afirmó que Iguazú es un lugar indicado para pensar una política de justicia pensada más allá de la provincia de Buenos Aires.

En ese punto reivindicó el federalismo como un método de trabajo que implica escuchar a las provincias, entender sus necesidades específicas y construir soluciones a medida, “en lugar de imponer recetas uniformes que no contemplan la enorme diversidad de nuestro país”, expresó.

El compromiso nacional de reivindicar el federalismo

Durante su exposición, el ministro Mahiques reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con una gestión federal de la justicia basada en el trabajo conjunto con las provincias. “No entendemos la relación con las provincias como una relación de tutela ni mucho menos de imposición. La entendemos como una relación de trabajo articulado, provincia por provincia, de acuerdo con lo que cada una necesita”, indicó.

En ese sentido, destacó que las realidades y desafíos de cada jurisdicción son diferentes, por lo que las políticas públicas deben adaptarse a cada contexto. “No hay una sola provincia igual a la otra y por eso no puede haber una única política que sirva de la misma manera para las 24 jurisdicciones”, sostuvo, al tiempo que recordó que ya se firmaron 30 convenios de colaboración con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diseñados en función de sus necesidades específicas.

El funcionario también puso en valor al Consejo Federal de Justicia como un ámbito de construcción de consensos entre la Nación y las provincias. “No venimos acá a uniformar, venimos a coordinar; venimos a encontrar entre las 24 jurisdicciones y la Nación los puntos de acuerdo que nos permitan avanzar, sin resignar la autonomía de ninguna provincia ni las particularidades de ningún sistema judicial local”, afirmó.

Finalmente, ratificó la decisión de profundizar la presencia territorial del Estado en materia judicial y aseguró: “Nuestro compromiso es que la federalización de la justicia deje de ser una aspiración retórica y se convierta en una práctica cotidiana de gestión”. Además, concluyó que “gobernar la justicia de manera federal significa, ante todo, cogobernarla junto a las provincias y no a pesar de ellas”.

El desafío: aunar políticas entre todos

Por su parte, el Ministro de Gobierno de Misiones Marcelo Pérez resaltó el objetivo principal que tiene el COFEJUS, de coordinar políticas respecto al accionar de la justicia en materia legal, e impulsar cambios y modernizaciones en el ámbito de la esfera judicial, promover leyes y unificar criterios en los procesos judiciales.

En ese marco, reflexionó sobre la celeridad y la accesibilidad: dos de los principales desafíos que se le exige hoy al sistema judicial argentino. “Hoy los desafíos que demanda la justicia tienen que ver con el acceso rápido ágil con un lenguaje más terrenal, más de las personas comunes; además de la digitalización. Además eso requiere aunar políticas entre todos, básicamente este encuentro es eso.”, agregó.

Cabe mencionar que Pérez fue elegido por unanimidad como vicepresidente primero del COFEJUS para el próximo período, un reconocimiento al trabajo que Misiones viene desarrollando en materia de articulación institucional y fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas al sistema de justicia. La designación consolida el protagonismo de la provincia en el ámbito federal y le permitirá integrar la conducción del organismo junto a representantes de otras jurisdicciones del país.

Una Justicia misionera más cercana e inclusiva

La provincia de Misiones se destacó presentando tres propuestas articuladas para fortalecer el acceso a la justicia y promover una mirada más inclusiva. La primera propuesta compartida fue “Jueces en la Escuela”, una iniciativa desarrollada por el Poder Judicial de Misiones que promueve el vínculo entre magistrados y estudiantes que cursan el nivel secundario, para fortalecer la formación ciudadana, el conocimiento de los derechos y el acceso a la justicia desde edades tempranas. La exposición estuvo a cargo de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, quien compartió la experiencia provincial como un modelo de referencia para otras jurisdicciones del país.

“Jueces y secretarios van a la escuela no a enseñar derecho sino a escuchar y explicar. Hoy estamos con la Ley Penal Juvenil por ejemplo, tratando que nuestros jóvenes de cuarto y quinto año entiendan que lo que antes era una broma ahora puede ser un delito”, explicó. A su vez, resaltó que el objetivo de esta propuesta es que “la juventud entienda que la división de poderes implica un gobernador, un presidente de la legislatura y un presidente del superior y que esas personas tienen cara y acompañan”,.

La segunda propuesta presentada por Misiones fue el programa Identidades, un ciclo de entrevistas en formato videos de Youtube y Spotify donde el Superior Tribunal de Justicia visibiliza a los integrantes del poder judicial para retratarlos en su faceta de personas, con todas sus vulnerabilidades. “Con esto pretendemos mostrar que trabajamos en la justicia atendiendo el problema de las personas”, explicó Venchiarutti. Finalmente, la última propuesta presentada por la provincia fue la Ley IV – N.º 96, conocida como la Ley para la Elaboración de Sentencias de Fácil Comprensión.

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Misiones participó del Consejo de Seguridad Interior para fortalecer la lucha contra el ciberdelito y el crimen organizado

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El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, participó en Entre Ríos, de la II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior junto a ministros de todo el país.

El encuentro, en el que Misiones dijo presente con la participación del ministro, fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Durante la jornada, compartimos información, experiencias y estrategias clave para optimizar las investigaciones, coordinar la prevención y actuar con mayor rapidez frente al delito. El objetivo central es consolidar el trabajo articulado entre la Nación, las provincias y los organismos internacionales.

La agenda de trabajo se centró en la detección e investigación de ciberfraude y ciberdelitos.
Investigación criminal e interoperabilidad de sistemas y control de precursores químicos.

Otro de los ejes fundamentales fue el avance en materia migratoria y el funcionamiento del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una herramienta clave que conecta las bases de datos de seguridad de todo el país, agilizando el intercambio de información y haciendo más eficientes las investigaciones.

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Regularización de tierras: Passalacqua entregó más de 200 instrumentos de regularización dominial en Santa Ana

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El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este jueves 5 de marzo una jornada de entrega de más de 200 instrumentos de regularización dominial en Santa Ana, una política pública que el Gobierno de Misiones utiliza para consolidar seguridad jurídica sobre la tierra y ordenar la ocupación urbana y rural.

El acto se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Polideportivo local y se inscribió en el programa Mi Título, impulsado por la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras. Durante la actividad se entregaron aproximadamente 190 constancias y permisos de ocupación y más de 15 títulos de propiedad a familias de los barrios Martín Chico, Nueva Esperanza, San Pantaleón, El Cruce y La Colina.

La escena tiene un peso político que excede lo administrativo. La regularización dominial se convirtió en una herramienta central de gestión territorial: formaliza derechos de propiedad, ordena la ocupación de suelo y fortalece el vínculo entre el Estado y comunidades que durante años habitaron terrenos sin documentación legal. En ese punto, la política pública también opera como señal de presencia estatal en el territorio.

El programa Mi Título y la estrategia de formalización de la tierra

La entrega de instrumentos se inscribe en una política provincial orientada a acelerar procesos de regularización dominial, una demanda extendida en numerosas localidades donde familias ocupan terrenos desde hace años sin contar con documentación formal.

Durante el acto, Passalacqua recordó una experiencia ocurrida en San Vicente, donde una familia recibió su título de propiedad décadas después de haber iniciado el trámite. A partir de esa situación —según explicó— se impulsó una política para agilizar la regularización de la tierra en la provincia.

El mandatario vinculó la documentación dominial con la estabilidad familiar y la posibilidad de proyectar a largo plazo. “Muchas cosas tienen valor, pero pocas se valoran tanto como el terrenito de uno”, sostuvo durante su intervención.

En términos institucionales, el proceso implica distintas etapas. Los permisos de ocupación funcionan como una instancia inicial que reconoce la tenencia del terreno, mientras que el título de propiedad otorga seguridad jurídica plena. Según explicó el subsecretario de Gobierno, Daniel Behler, ese recorrido administrativo permite ordenar la situación de los lotes y avanzar hacia la titularización definitiva.

Estado territorial y construcción de seguridad jurídica

Desde el área de Gobierno provincial remarcaron que detrás de cada documento existe un proceso técnico y administrativo que incluye verificaciones en terreno, análisis registrales y gestiones administrativas.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, planteó que la entrega de títulos y permisos no se limita a una formalidad jurídica. “Cuando se entregan títulos o permisos de ocupación, no se entrega solamente un papel; se entrega tranquilidad, seguridad y futuro”, afirmó.

La intendenta de Santa Ana, Mabel Pezoa, destacó el impacto local de la medida y subrayó que muchos beneficiarios aguardaban la documentación desde hace años. Según expresó, la regularización permite consolidar proyectos familiares y brinda previsibilidad a quienes viven y trabajan en la localidad.

Desde la Dirección General de Tierras también subrayaron que la formalización de la propiedad tiene efectos más amplios: facilita la inversión en vivienda, ordena el crecimiento barrial y reduce conflictos por la tenencia de suelo.

Una política que combina gestión territorial y construcción política

La regularización dominial ocupa un lugar estratégico dentro de la agenda de gestión provincial. No solo ordena la situación jurídica de los terrenos; también consolida un vínculo directo entre el Estado y los vecinos que acceden a la titularidad de la tierra.

Ese proceso genera un impacto concreto en la estructura social de los barrios: define derechos de propiedad, habilita inversiones familiares y contribuye a estabilizar comunidades donde la tenencia informal fue durante años la norma.

En ese marco, la política también tiene una dimensión política. La presencia del gobernador y del gabinete provincial en actos de entrega de títulos refuerza la idea de un Estado que interviene en el territorio y gestiona demandas que atraviesan la vida cotidiana de miles de familias.

Un proceso que continúa en la agenda provincial

La entrega realizada en Santa Ana forma parte de una política más amplia que el Gobierno provincial viene desplegando a través del programa Mi Título.

El proceso de regularización dominial suele avanzar por etapas: primero el reconocimiento de la ocupación, luego la consolidación administrativa del lote y finalmente la emisión del título definitivo.

En las próximas semanas, el seguimiento de estos programas permitirá observar cómo evoluciona la política de formalización de la tierra en distintos municipios de Misiones. También será clave ver si la estrategia logra acelerar los tiempos de regularización y ampliar el acceso a títulos de propiedad en otras localidades de la provincia.

Por ahora, la entrega de documentos en Santa Ana deja una señal clara: la regularización dominial sigue siendo una herramienta central de gestión territorial y una pieza relevante en la relación entre el Estado provincial y las comunidades.

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