Mario Lugones

Salud y Seguridad fortalecen el trabajo conjunto en la frontera norte del país

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La articulación entre ambos ministerios incluye la vacunación del personal esencial, capacitaciones en enfermedades vectoriales y acciones de prevención en zonas de mayor riesgo epidemiológico.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se reunió con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de avanzar en las acciones implementadas para proteger al personal de las Fuerzas de Seguridad que presta servicio en zonas de frontera y regiones estratégicas del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA) del país. Las mismas incluyen la inmunización del personal esencial, la capacitación sobre prevención de enfermedades transmitidas por vectores y el control focal de las enfermedades presentes en la región.

Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo realizado hasta el momento. En este sentido se destacó la campaña de vacunación antigripal que ha permitido inmunizar al personal esencial de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval Argentina, y la realización de capacitaciones específicas con foco en la prevención y el autocuidado frente a enfermedades como dengue, chikungunya, paludismo y leishmaniasis. La capacitación más reciente, realizada en marzo de 2026, contó con la participación de 250 efectivos que cumplen funciones en zonas de frontera.

En función del escenario epidemiológico actual, ambas carteras avanzaron también en la definición de nuevas acciones, entre las que se incluye la priorización del personal que se desempeña en zonas de frontera en la vacunación contra dengue. Por otro lado, se propuso trabajar en la unificación de los protocolos de atención y el manejo clínico de las enfermedades con mayor prevalencia en la región del NOA.

Cabe destacar que desde el año 2024 la cartera sanitaria viene asistiendo a las Fuerzas Armadas, Defensa Civil y personal de Seguridad en capacitaciones de actualización y sensibilización para la prevención y control vectorial de dengue y chagas. Esta articulación se inscribe en el trabajo de vigilancia epidemiológica y entomológica que lleva adelante la cartera sanitaria nacional.

El objetivo de ambos ministerios es fortalecer la prevención, la detección temprana y el control de focos. De esta manera, se consolida una estrategia conjunta para cuidar la salud del personal de seguridad y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de sus tareas en todo el país.

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El Gobierno impulsa exportaciones regionales de vacunas y proyecta ingresos por US$240 millones al año

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El Gobierno nacional avanzó en una estrategia para convertir a Argentina en un exportador regional de vacunas, con una proyección de US$240 millones anuales durante la próxima década, en una iniciativa presentada en el Encuentro de Productores Farmacéuticos organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La propuesta fue expuesta por el ministro de Salud, Mario Lugones, durante la visita oficial al país del director del organismo regional, Jarbas Barbosa, y busca consolidar la capacidad biotecnológica local para abastecer mercados latinoamericanos a través de los Fondos Rotatorios Regionales.

El anuncio no se limita a una agenda sanitaria. Forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para vincular el desarrollo industrial con la inserción internacional, apostando a que la industria farmacéutica funcione como una plataforma exportadora. En un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de divisas, el movimiento también abre un interrogante político: ¿puede el sector de vacunas convertirse en un nuevo vector de exportaciones estratégicas para la economía argentina?

Una estrategia sanitaria con dimensión industrial

La iniciativa se presentó en el marco de un encuentro que reunió a autoridades sanitarias, representantes de la OPS y referentes de laboratorios nacionales para discutir transferencia tecnológica, producción regional y acceso a vacunas.

Durante la apertura, Lugones planteó el posicionamiento del Ejecutivo respecto del rol del sector privado en la salud. Según expresó, la industria farmacéutica constituye “un motor estratégico de la salud” y actualmente el país ofrece condiciones propicias para el desarrollo de inversiones.

El ministro vinculó esa oportunidad con el marco macroeconómico impulsado por la administración de Javier Milei, señalando que el Gobierno busca garantizar reglas de juego claras, equilibrio fiscal y seguridad jurídica para atraer capitales al sector.

La estrategia oficial combina dos objetivos: ampliar la capacidad productiva nacional y utilizar los mecanismos regionales de compra y distribución de la OPS para colocar vacunas argentinas en otros países de América Latina.

En ese esquema, los Fondos Rotatorios Regionales funcionan como la plataforma institucional que permitiría escalar el alcance de la producción local.

Un cambio institucional en el acceso a los fondos regionales

Uno de los puntos destacados durante el encuentro fue la implementación de un esquema que permite que las 24 jurisdicciones argentinas cuenten con acuerdos habilitantes para acceder al Fondo Estratégico a nivel subnacional.

Según el Ministerio de Salud, se trata de un mecanismo inédito en la región: Argentina sería el primer país que habilita plenamente a sus provincias para operar dentro de ese sistema de compra y distribución sanitaria.

En términos institucionales, el cambio amplía la capacidad de las jurisdicciones para gestionar recursos y acceder a medicamentos y vacunas mediante un sistema regional que opera desde hace más de cuatro décadas.

Desde la OPS subrayaron que estos fondos se sostienen sobre principios de equidad, solidaridad y transparencia, y constituyen uno de los instrumentos más consolidados del sistema sanitario interamericano.

Barbosa destacó que el mecanismo permitió garantizar durante décadas la disponibilidad de medicamentos y vacunas en América, y valoró el potencial que tiene Argentina para incrementar la producción regional.

Capital biotecnológico y capacidad industrial

Durante la mesa de alto nivel también participaron Eva Jané Llopis, representante de la OPS en Argentina, junto con funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de laboratorios nacionales.

Desde el organismo internacional resaltaron tres factores que podrían consolidar al país como polo regional de producción: su capacidad biotecnológica, el capital humano especializado y el entramado institucional del sistema científico y sanitario

La apuesta del Gobierno consiste en traducir ese potencial en una estrategia de exportación sostenida, capaz de generar ingresos por US$240 millones anuales si se consolida el flujo regional de vacunas.

En un escenario global donde los insumos sanitarios se convirtieron en un activo geopolítico desde la pandemia, la producción local adquiere además un componente estratégico para la seguridad sanitaria.

Influenza aviar y cooperación internacional

El encuentro también derivó en la firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Senasa, la Subsecretaría de Ambiente y la OPS para fortalecer la preparación frente a la Influenza Aviar Zoonótica.

El acuerdo apunta a mejorar la capacidad de respuesta sanitaria, reducir la exposición humana al virus y prevenir la transmisión entre animales y personas. Además, busca mitigar los impactos económicos que podría generar un brote de este tipo.

El abordaje conjunto refleja una tendencia creciente en las políticas sanitarias globales: la articulación entre salud humana, sanidad animal y gestión ambiental.

Una mesa consultiva para redefinir la atención primaria

Como parte de la agenda institucional, también se firmó un acta para crear la Mesa Consultiva para la Atención Primaria de Salud en Argentina.

El nuevo espacio reunirá al Ministerio de Salud con la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El objetivo será coordinar proyectos, alinear financiamiento internacional con las prioridades sanitarias del país y fortalecer el sistema de atención primaria.

En términos de gobernanza sanitaria, la iniciativa apunta a mejorar la planificación de inversiones y canalizar cooperación técnica hacia programas estructurales del sistema de salud.

Un sector estratégico en disputa

La apuesta del Gobierno por el sector farmacéutico ocurre en un contexto en el que la política económica busca ampliar la capacidad exportadora de industrias con alto valor agregado.

La producción de vacunas combina tres dimensiones que resultan atractivas para esa estrategia: desarrollo tecnológico, mercado regional asegurado y generación de divisas.

Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de múltiples variables. Entre ellas, la capacidad de consolidar acuerdos de transferencia tecnológica, sostener la cooperación con organismos internacionales y garantizar inversiones productivas a largo plazo.

Por ahora, el Gobierno intenta posicionar a la Argentina como un actor relevante dentro del mapa sanitario regional.

El verdadero alcance de esa estrategia comenzará a medirse cuando la promesa de US$240 millones anuales en exportaciones se traduzca —o no— en contratos concretos y en una expansión real de la producción local.

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El Gobierno oficializó la designación de Scigliano en la ANDIS

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En medio de la crisis institucional desatada por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei firmó el Decreto 666/2025 que designa al licenciado Gianfranco Scigliano como Subdirector Ejecutivo del organismo. La medida refuerza el esquema de intervención dispuesto a fines de agosto, que puso al frente como interventor al médico Alejandro Vilches.

La ANDIS fue intervenida el 21 de agosto de 2025, a partir del Decreto 601/2025, luego de que salieran a la luz audios comprometedores del entonces titular Diego Spagnuolo, en los que reconocía presuntos pedidos de coimas y mencionaba al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En ese marco, el Ejecutivo designó al médico Alejandro Alberto Vilches como interventor, quien debió dejar la Secretaría de Gestión Sanitaria (renuncia oficializada en el Decreto 600/2025). Según explicó en su momento el vocero presidencial Manuel Adorni, la misión central de Vilches es llevar adelante una auditoría integral de la agencia, informando con precisión cualquier irregularidad detectada y su impacto económico.

La intervención tendrá una duración inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga, y busca reconstruir la credibilidad de un organismo clave para la política de inclusión y asistencia a personas con discapacidad.

El nombramiento de Scigliano: perfil y trayectoria

El Decreto 666/2025, publicado en el Boletín Oficial, formalizó la designación de Gianfranco Scigliano como Subdirector Ejecutivo de la ANDIS, con vigencia a partir del 10 de septiembre de 2025. El texto aclara que la medida se inscribe en el marco de la intervención vigente y que se evaluaron los antecedentes del funcionario antes de su incorporación.

Scigliano es licenciado en Ciencia Política con especialización en Estudios Políticos. Se desempeñó como Director Nacional de Transparencia en la Secretaría de Políticas Públicas de Bienestar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y trabajó en áreas de modernización del Ministerio de Salud y de la propia ANDIS.

En junio de este año, fue designado como integrante de la Comisión ad hoc para la Revisión y Modernización de las Estructuras Institucionales de Organismos Descentralizados, creada mediante la resolución 1876/2025. Esa comisión, vinculada al Ministerio de Salud, fue presentada como parte del plan de desburocratización administrativa tras la reunión entre el ministro Mario Lugones y el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

El nombramiento de Scigliano busca dar continuidad al proceso de intervención y fortalecer el esquema de control interno de la ANDIS. El Ejecutivo subrayó que “el espíritu de la actual gestión es propender a un uso adecuado y eficaz de los recursos públicos” y que los funcionarios designados en estas instancias no percibirán remuneraciones adicionales ni asumirán funciones superiores.

La decisión ocurre en un momento de máxima tensión política, con denuncias judiciales en curso y un fuerte impacto institucional. La ANDIS administra programas sensibles, como pensiones no contributivas y asistencia integral a personas con discapacidad, por lo que la crisis de credibilidad podría tener repercusiones sociales directas.

En términos políticos, el oficialismo busca mostrar señales de transparencia y control, en medio de la presión opositora y el escrutinio judicial. El avance de la auditoría será clave para determinar si la intervención se limita a una etapa administrativa o si deriva en cambios estructurales más profundos en la agencia.

Una auditoría bajo la lupa judicial

En los próximos meses, el Gobierno deberá presentar los primeros resultados de la auditoría interna ordenada por el decreto de intervención. Si se confirman desvíos económicos de magnitud, se abriría la puerta a denuncias penales y a una eventual reestructuración definitiva de la ANDIS.

Para el Ejecutivo, el desafío será mantener el funcionamiento operativo del organismo y garantizar la continuidad de las prestaciones a beneficiarios en un contexto de fuerte crisis política y social. La designación de Scigliano refuerza el equipo interventor, pero también coloca bajo la lupa la capacidad del Gobierno para gestionar la transparencia en un área históricamente sensible.

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Universidades, pediatría y DNU: Diputados tratará los vetos presidenciales en una sesión clave el 17 de septiembre

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La oposición logró convocar para el 17 de septiembre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario que incluye el rechazo a los vetos presidenciales de Javier Milei sobre la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, además de la creación de comisiones investigadoras y la reforma del régimen de DNU. La discusión promete un fuerte impacto político y movilizaciones en la calle.

Los vetos que tensaron la relación entre el Congreso y la Casa Rosada

El detonante de la convocatoria fue la decisión del presidente Javier Milei de vetar dos leyes recientemente aprobadas por el Congreso:

  • Ley de financiamiento universitario: establecía la actualización automática de fondos por inflación para universidades nacionales y ordenaba la reapertura de paritarias docentes.
  • Ley de emergencia pediátrica: buscaba fortalecer el sistema hospitalario infantil y recomponer los ingresos de médicos y trabajadores de la salud.

El Poder Ejecutivo argumentó que ambas medidas implicaban un “costo fiscal excesivo” que pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, los vetos encendieron la reacción de rectores, sindicatos docentes y pediatras, que este viernes marcharon a Plaza de Mayo y anticiparon nuevas movilizaciones para el día de la sesión.

El temario: pedidos de informes, comisiones investigadoras y límites a los DNU

La sesión especial no se limitará al rechazo de los vetos. El temario, impulsado por la oposición, incluye puntos sensibles para el Gobierno:

  • Pedidos de informes a Karina Milei y Mario Lugones: por audios que los vinculan con presuntas coimas y contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
  • Interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y autoridades del área por supuestas irregularidades en prestaciones sociales.
  • Creación de comisiones investigadoras: sobre la comercialización de fentanilo contaminado y las responsabilidades de la ANMAT en su fiscalización.
  • Reforma del régimen de DNU: proyectos para limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia y reforzar el rol del Congreso.
  • Transformación institucional de organismos nacionales como el INA y el INPRES, además de reformas en políticas vinculadas a discapacidad y programas de salud.

El oficialismo buscará frenar la avanzada opositora apelando a sus aliados estratégicos y con la promesa de paliativos presupuestarios en el Presupuesto 2026. En paralelo, gobernadores peronistas y radicales presionan por recursos para las provincias y podrían ser decisivos en la votación.

Para revertir los vetos, la oposición necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras, un escenario complejo en el que el respaldo de diputados provinciales será determinante.

Más allá del resultado, la sesión del 17 de septiembre se perfila como un hito político que pondrá en juego la capacidad de negociación del Gobierno, el peso del federalismo en el Congreso y la resistencia social frente a los recortes en educación y salud.

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Pensiones por discapacidad: el Gobierno suspende las bajas y revisará 128 mil casos ya eliminados

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La decisión se produce tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en paralelo al rechazo legislativo del veto presidencial a la ley de emergencia en el sector. El Ejecutivo evalúa judicializar la norma votada por amplia mayoría en el Congreso.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, resolvió poner en pausa la auditoría sobre las pensiones por discapacidad que había derivado en la baja de 128.667 beneficiarios en todo el país. La medida llega en medio de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se reconocía una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos.

Según confirmaron fuentes oficiales, no se avanzará con nuevas citaciones ni controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios actuales, mientras se revisan las bajas efectuadas y se auditan las compras y la estructura administrativa del organismo.

Del escándalo en la ANDIS a la presión política

Durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS había impulsado un proceso de depuración del padrón que derivó en la eliminación de 110.522 pensiones mal otorgadas, 8.107 otorgadas a personas fallecidas y 10.038 renunciadas voluntariamente. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, había defendido el procedimiento en conferencias de prensa, asegurando que se trataba de un “proceso progresivo” que abarcaría más de un millón de casos.

Sin embargo, tras la difusión de los audios que revelaban posibles sobreprecios y manejos discrecionales, el Gobierno decidió intervenir la ANDIS, suspender las bajas y reabrir la revisión de los expedientes ya dados de baja. “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría, que continúa con foco en tres cuestiones: pensiones, compras y estructura”, indicaron fuentes cercanas al ministro Lugones.

En paralelo, el Ejecutivo había evaluado convertir a la ANDIS en una dependencia directa del Ministerio de Salud para centralizar el control presupuestario, pero las facultades delegadas de la Ley Bases ya no están vigentes, lo que obligaría a enviar la iniciativa al Congreso.

La emergencia en discapacidad y el choque con el Ejecutivo

La suspensión de la auditoría coincide con un hecho político inédito: el Congreso rechazó el veto presidencial y sancionó nuevamente la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma establece la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas y refuerza la asistencia en el sector.

La votación en el Senado fue contundente: 63 votos a favor y solo 7 en contra, con el apoyo de kirchneristas, radicales, macristas y bloques provinciales. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que el Congreso revierte un veto presidencial.

Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei sostuvo que la norma “afecta el equilibrio fiscal” y anticipó que podría judicializar la cuestión para evitar la aplicación de los incrementos previstos. El oficialismo interpreta que el costo fiscal de la ley compromete el programa de ajuste, mientras que la oposición alega que la medida responde a una situación de emergencia social crítica.

La decisión de suspender las bajas genera alivio entre organizaciones de personas con discapacidad, que habían denunciado arbitrariedades en los procesos de revisión. No obstante, la revisión de las 128 mil bajas ya ejecutadas abre un frente sensible: si se detectan errores, el Estado deberá restituir beneficios, con impacto directo en las cuentas públicas.

En el plano político, el fallo legislativo refuerza la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto donde la gobernabilidad de Milei depende de la negociación con bloques opositores. Una judicialización del caso podría escalar el conflicto institucional.

En perspectiva, el Gobierno enfrenta un dilema: avanzar con la depuración del sistema para preservar el ajuste, o ceder ante la presión social y legislativa en un tema de alta sensibilidad, como es el acceso a las pensiones por discapacidad.

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