Mario Lugones

Lugones redefine el rol sanitario de Nación y empuja un esquema federal con mayor peso de las provincias

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El ministro de Salud ratificó que las jurisdicciones deben asumir la gestión directa de los sistemas sanitarios mientras Nación conservará funciones estratégicas. El planteo reabre el debate sobre financiamiento, coordinación y capacidad operativa en las provincias.

El ministro de Salud de la NaciónMario Lugones, manifestó que, junto a sus pares provinciales, busca impulsar un “sistema sanitario verdaderamente federal”, al mismo tiempo en que ratificó que “cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad”.

Desde sus redes sociales, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que el Gobierno “va a continuar garantizando recursos estratégicos“, como por ejemplo, las vacunas del Calendario Nacional, y “acompañando a las jurisdicciones en los procesos vinculados a los medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos“.

“Las provincias y la Ciudad tienen a su cargo la gestión de la atención en sus territorios y conocen las necesidades de sus poblaciones. Para cuidar la salud de todos los argentinos, cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad. Orden, eficiencia y trabajo coordinado”, se sostuvo.

En la misma línea, el comunicado firmado por todos los ministros sanitarios del país se indicó que la salud en Argentina “es una responsabilidad jurisdiccional dentro de un sistema federal” y que, tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires, tienen a su cargo la gestión de los sistemas sanitarios locales y “conocen de cerca las necesidades de sus poblaciones”. 

Asimismo, subrayaron en el texto que Nación seguirá cumpliendo el rol de “rector indispensable” que “coordina políticas, fija estándares y garantiza recursos estratégicos“.

“Este trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, que se refleja en los encuentros mensuales del Consejo Federal de Salud, es el que permite fortalecer el sistema de salud y mejorar las respuestas para todos los argentinos”, concluyeron. 

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Recortan $63.000 millones en Salud: ajuste en medicamentos, cáncer y programas esenciales

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La decisión administrativa 20/2026 del Gobierno nacional volvió a poner a la salud pública en el centro de la discusión. El Ministerio de Salud sufrió un recorte superior a los 63.000 millones de pesos dentro del ajuste general del 2% aplicado sobre toda la Administración Pública Nacional, una poda que impacta de lleno en programas sensibles como Remediar, tratamientos oncológicos, provisión de medicamentos esenciales, VIH, trasplantes, salud sexual y prevención de enfermedades transmisibles.

El ajuste quedó plasmado en el anexo presupuestario de la normativa oficial y expone una reducción significativa en áreas estratégicas que sostienen la atención primaria, especialmente en provincias con menor capacidad financiera. Aunque desde la cartera que conduce Mario Lugones aseguran que no habrá desfinanciamiento de prestaciones sensibles y que se trata de una “optimización de recursos”, especialistas advierten que el impacto podría sentirse con fuerza en los sectores más vulnerables.

Uno de los principales focos de preocupación está en el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, que sufrió una poda cercana a los 20.000 millones de pesos. Allí se encuentran el Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, la provisión de medicamentos esenciales, la asistencia a pacientes trasplantados, tratamientos de alto costo, medicamentos judicializados y programas vinculados al cannabis medicinal.

También se recortaron 5.000 millones de pesos en el área de cáncer, que originalmente tenía previstos 15.000 millones para 2026 y quedó con apenas 10.000 millones vigentes. Hasta mediados de mayo, la ejecución presupuestaria apenas alcanzaba los 641 millones, equivalente al 6,2% del total disponible, un dato que genera fuerte inquietud entre especialistas y prestadores.

Otro capítulo crítico es el programa Remediar, una política pública histórica que desde 2002 garantiza medicamentos gratuitos en centros de atención primaria para poblaciones vulnerables. El ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, cuestionó duramente la reducción de este esquema y advirtió sobre las consecuencias sanitarias de trasladar esa carga financiera a las provincias.

“Claramente es una medida pro equidad que siguió funcionando en todas las gestiones. Se está desmantelando bajo el concepto de que todo lo tienen que bancar las provincias. Esto va a repercutir en los indicadores sanitarios”, sostuvo.

En paralelo, el programa SUMAR+, vinculado al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, también sufrió un fuerte ajuste con una reducción de 25.000 millones de pesos. Esto golpea especialmente a las provincias del norte argentino, donde la dependencia de transferencias nacionales es mucho mayor y donde las brechas sanitarias suelen ser más profundas.

La poda alcanza además a programas de prevención y control de enfermedades endémicas, dengue, zoonosis, enfermedades transmisibles, VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra, salud sexual y provisión de anticonceptivos. También hubo recortes para organismos como el INCUCAI, la SEDRONAR, el ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.

Desde el Gobierno sostienen que la modificación presupuestaria busca “ordenar la inversión sanitaria”, eliminar superposiciones y priorizar prestaciones de mayor impacto. Sin embargo, el debate de fondo gira en torno a cuánto puede resistir el sistema sanitario público cuando la demanda crece al mismo tiempo que se retrae la capacidad de financiamiento.

En un contexto de caída del poder adquisitivo, aumento de la morosidad y más personas dependiendo exclusivamente del sistema público de salud, el recorte sanitario abre un frente político y social de alto voltaje que difícilmente pase desapercibido en las provincias.

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Salud y Seguridad fortalecen el trabajo conjunto en la frontera norte del país

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La articulación entre ambos ministerios incluye la vacunación del personal esencial, capacitaciones en enfermedades vectoriales y acciones de prevención en zonas de mayor riesgo epidemiológico.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se reunió con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de avanzar en las acciones implementadas para proteger al personal de las Fuerzas de Seguridad que presta servicio en zonas de frontera y regiones estratégicas del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA) del país. Las mismas incluyen la inmunización del personal esencial, la capacitación sobre prevención de enfermedades transmitidas por vectores y el control focal de las enfermedades presentes en la región.

Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo realizado hasta el momento. En este sentido se destacó la campaña de vacunación antigripal que ha permitido inmunizar al personal esencial de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval Argentina, y la realización de capacitaciones específicas con foco en la prevención y el autocuidado frente a enfermedades como dengue, chikungunya, paludismo y leishmaniasis. La capacitación más reciente, realizada en marzo de 2026, contó con la participación de 250 efectivos que cumplen funciones en zonas de frontera.

En función del escenario epidemiológico actual, ambas carteras avanzaron también en la definición de nuevas acciones, entre las que se incluye la priorización del personal que se desempeña en zonas de frontera en la vacunación contra dengue. Por otro lado, se propuso trabajar en la unificación de los protocolos de atención y el manejo clínico de las enfermedades con mayor prevalencia en la región del NOA.

Cabe destacar que desde el año 2024 la cartera sanitaria viene asistiendo a las Fuerzas Armadas, Defensa Civil y personal de Seguridad en capacitaciones de actualización y sensibilización para la prevención y control vectorial de dengue y chagas. Esta articulación se inscribe en el trabajo de vigilancia epidemiológica y entomológica que lleva adelante la cartera sanitaria nacional.

El objetivo de ambos ministerios es fortalecer la prevención, la detección temprana y el control de focos. De esta manera, se consolida una estrategia conjunta para cuidar la salud del personal de seguridad y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de sus tareas en todo el país.

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El Gobierno impulsa exportaciones regionales de vacunas y proyecta ingresos por US$240 millones al año

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El Gobierno nacional avanzó en una estrategia para convertir a Argentina en un exportador regional de vacunas, con una proyección de US$240 millones anuales durante la próxima década, en una iniciativa presentada en el Encuentro de Productores Farmacéuticos organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La propuesta fue expuesta por el ministro de Salud, Mario Lugones, durante la visita oficial al país del director del organismo regional, Jarbas Barbosa, y busca consolidar la capacidad biotecnológica local para abastecer mercados latinoamericanos a través de los Fondos Rotatorios Regionales.

El anuncio no se limita a una agenda sanitaria. Forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para vincular el desarrollo industrial con la inserción internacional, apostando a que la industria farmacéutica funcione como una plataforma exportadora. En un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de divisas, el movimiento también abre un interrogante político: ¿puede el sector de vacunas convertirse en un nuevo vector de exportaciones estratégicas para la economía argentina?

Una estrategia sanitaria con dimensión industrial

La iniciativa se presentó en el marco de un encuentro que reunió a autoridades sanitarias, representantes de la OPS y referentes de laboratorios nacionales para discutir transferencia tecnológica, producción regional y acceso a vacunas.

Durante la apertura, Lugones planteó el posicionamiento del Ejecutivo respecto del rol del sector privado en la salud. Según expresó, la industria farmacéutica constituye “un motor estratégico de la salud” y actualmente el país ofrece condiciones propicias para el desarrollo de inversiones.

El ministro vinculó esa oportunidad con el marco macroeconómico impulsado por la administración de Javier Milei, señalando que el Gobierno busca garantizar reglas de juego claras, equilibrio fiscal y seguridad jurídica para atraer capitales al sector.

La estrategia oficial combina dos objetivos: ampliar la capacidad productiva nacional y utilizar los mecanismos regionales de compra y distribución de la OPS para colocar vacunas argentinas en otros países de América Latina.

En ese esquema, los Fondos Rotatorios Regionales funcionan como la plataforma institucional que permitiría escalar el alcance de la producción local.

Un cambio institucional en el acceso a los fondos regionales

Uno de los puntos destacados durante el encuentro fue la implementación de un esquema que permite que las 24 jurisdicciones argentinas cuenten con acuerdos habilitantes para acceder al Fondo Estratégico a nivel subnacional.

Según el Ministerio de Salud, se trata de un mecanismo inédito en la región: Argentina sería el primer país que habilita plenamente a sus provincias para operar dentro de ese sistema de compra y distribución sanitaria.

En términos institucionales, el cambio amplía la capacidad de las jurisdicciones para gestionar recursos y acceder a medicamentos y vacunas mediante un sistema regional que opera desde hace más de cuatro décadas.

Desde la OPS subrayaron que estos fondos se sostienen sobre principios de equidad, solidaridad y transparencia, y constituyen uno de los instrumentos más consolidados del sistema sanitario interamericano.

Barbosa destacó que el mecanismo permitió garantizar durante décadas la disponibilidad de medicamentos y vacunas en América, y valoró el potencial que tiene Argentina para incrementar la producción regional.

Capital biotecnológico y capacidad industrial

Durante la mesa de alto nivel también participaron Eva Jané Llopis, representante de la OPS en Argentina, junto con funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de laboratorios nacionales.

Desde el organismo internacional resaltaron tres factores que podrían consolidar al país como polo regional de producción: su capacidad biotecnológica, el capital humano especializado y el entramado institucional del sistema científico y sanitario

La apuesta del Gobierno consiste en traducir ese potencial en una estrategia de exportación sostenida, capaz de generar ingresos por US$240 millones anuales si se consolida el flujo regional de vacunas.

En un escenario global donde los insumos sanitarios se convirtieron en un activo geopolítico desde la pandemia, la producción local adquiere además un componente estratégico para la seguridad sanitaria.

Influenza aviar y cooperación internacional

El encuentro también derivó en la firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Senasa, la Subsecretaría de Ambiente y la OPS para fortalecer la preparación frente a la Influenza Aviar Zoonótica.

El acuerdo apunta a mejorar la capacidad de respuesta sanitaria, reducir la exposición humana al virus y prevenir la transmisión entre animales y personas. Además, busca mitigar los impactos económicos que podría generar un brote de este tipo.

El abordaje conjunto refleja una tendencia creciente en las políticas sanitarias globales: la articulación entre salud humana, sanidad animal y gestión ambiental.

Una mesa consultiva para redefinir la atención primaria

Como parte de la agenda institucional, también se firmó un acta para crear la Mesa Consultiva para la Atención Primaria de Salud en Argentina.

El nuevo espacio reunirá al Ministerio de Salud con la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El objetivo será coordinar proyectos, alinear financiamiento internacional con las prioridades sanitarias del país y fortalecer el sistema de atención primaria.

En términos de gobernanza sanitaria, la iniciativa apunta a mejorar la planificación de inversiones y canalizar cooperación técnica hacia programas estructurales del sistema de salud.

Un sector estratégico en disputa

La apuesta del Gobierno por el sector farmacéutico ocurre en un contexto en el que la política económica busca ampliar la capacidad exportadora de industrias con alto valor agregado.

La producción de vacunas combina tres dimensiones que resultan atractivas para esa estrategia: desarrollo tecnológico, mercado regional asegurado y generación de divisas.

Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de múltiples variables. Entre ellas, la capacidad de consolidar acuerdos de transferencia tecnológica, sostener la cooperación con organismos internacionales y garantizar inversiones productivas a largo plazo.

Por ahora, el Gobierno intenta posicionar a la Argentina como un actor relevante dentro del mapa sanitario regional.

El verdadero alcance de esa estrategia comenzará a medirse cuando la promesa de US$240 millones anuales en exportaciones se traduzca —o no— en contratos concretos y en una expansión real de la producción local.

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El Gobierno oficializó la designación de Scigliano en la ANDIS

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En medio de la crisis institucional desatada por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei firmó el Decreto 666/2025 que designa al licenciado Gianfranco Scigliano como Subdirector Ejecutivo del organismo. La medida refuerza el esquema de intervención dispuesto a fines de agosto, que puso al frente como interventor al médico Alejandro Vilches.

La ANDIS fue intervenida el 21 de agosto de 2025, a partir del Decreto 601/2025, luego de que salieran a la luz audios comprometedores del entonces titular Diego Spagnuolo, en los que reconocía presuntos pedidos de coimas y mencionaba al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En ese marco, el Ejecutivo designó al médico Alejandro Alberto Vilches como interventor, quien debió dejar la Secretaría de Gestión Sanitaria (renuncia oficializada en el Decreto 600/2025). Según explicó en su momento el vocero presidencial Manuel Adorni, la misión central de Vilches es llevar adelante una auditoría integral de la agencia, informando con precisión cualquier irregularidad detectada y su impacto económico.

La intervención tendrá una duración inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga, y busca reconstruir la credibilidad de un organismo clave para la política de inclusión y asistencia a personas con discapacidad.

El nombramiento de Scigliano: perfil y trayectoria

El Decreto 666/2025, publicado en el Boletín Oficial, formalizó la designación de Gianfranco Scigliano como Subdirector Ejecutivo de la ANDIS, con vigencia a partir del 10 de septiembre de 2025. El texto aclara que la medida se inscribe en el marco de la intervención vigente y que se evaluaron los antecedentes del funcionario antes de su incorporación.

Scigliano es licenciado en Ciencia Política con especialización en Estudios Políticos. Se desempeñó como Director Nacional de Transparencia en la Secretaría de Políticas Públicas de Bienestar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y trabajó en áreas de modernización del Ministerio de Salud y de la propia ANDIS.

En junio de este año, fue designado como integrante de la Comisión ad hoc para la Revisión y Modernización de las Estructuras Institucionales de Organismos Descentralizados, creada mediante la resolución 1876/2025. Esa comisión, vinculada al Ministerio de Salud, fue presentada como parte del plan de desburocratización administrativa tras la reunión entre el ministro Mario Lugones y el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

El nombramiento de Scigliano busca dar continuidad al proceso de intervención y fortalecer el esquema de control interno de la ANDIS. El Ejecutivo subrayó que “el espíritu de la actual gestión es propender a un uso adecuado y eficaz de los recursos públicos” y que los funcionarios designados en estas instancias no percibirán remuneraciones adicionales ni asumirán funciones superiores.

La decisión ocurre en un momento de máxima tensión política, con denuncias judiciales en curso y un fuerte impacto institucional. La ANDIS administra programas sensibles, como pensiones no contributivas y asistencia integral a personas con discapacidad, por lo que la crisis de credibilidad podría tener repercusiones sociales directas.

En términos políticos, el oficialismo busca mostrar señales de transparencia y control, en medio de la presión opositora y el escrutinio judicial. El avance de la auditoría será clave para determinar si la intervención se limita a una etapa administrativa o si deriva en cambios estructurales más profundos en la agencia.

Una auditoría bajo la lupa judicial

En los próximos meses, el Gobierno deberá presentar los primeros resultados de la auditoría interna ordenada por el decreto de intervención. Si se confirman desvíos económicos de magnitud, se abriría la puerta a denuncias penales y a una eventual reestructuración definitiva de la ANDIS.

Para el Ejecutivo, el desafío será mantener el funcionamiento operativo del organismo y garantizar la continuidad de las prestaciones a beneficiarios en un contexto de fuerte crisis política y social. La designación de Scigliano refuerza el equipo interventor, pero también coloca bajo la lupa la capacidad del Gobierno para gestionar la transparencia en un área históricamente sensible.

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