Martín Rappallini

La UIA reclama un pacto fiscal federal para bajar impuestos y recuperar competitividad

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La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner el foco sobre uno de los principales reclamos históricos del sector productivo: la reducción de la carga tributaria. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, propuso avanzar en un “pacto fiscal federal industrial” que involucre a la Nación, las provincias y los municipios con el objetivo de reducir impuestos en los tres niveles del Estado y aliviar el denominado “costo argentino”.

La propuesta llega en un momento en el que el Gobierno nacional impulsa desregulaciones y apertura económica, mientras buena parte de la industria advierte que enfrenta una competencia cada vez más intensa sin una reducción equivalente de los costos internos. Para la UIA, la presión fiscal sigue siendo el principal factor que explica los elevados precios domésticos y la pérdida de competitividad frente a otros países.

“Seguimos liderando la presión fiscal a nivel global, somos los Messi de la presión fiscal”, afirmó Rappallini al exponer un informe de la entidad que compara la carga tributaria argentina con la de las 30 economías más importantes del mundo. Según el dirigente, el problema no se limita a los impuestos nacionales, sino que se agrava por la superposición de tributos provinciales y tasas municipales que terminan impactando sobre toda la estructura de costos.

La industria apunta contra el “costo argentino”

El diagnóstico de la UIA sostiene que durante las últimas tres décadas la política económica se apoyó más en aumentar impuestos que en expandir la economía formal. El resultado, según la entidad, fue un menor crecimiento del Producto Interno Bruto y una expansión de la informalidad, que hoy rondaría el 40% de la actividad.

Rappallini advirtió que la elevada presión tributaria genera un sistema “perverso” en el que cada vez más actores encuentran incentivos para operar fuera del circuito formal. En ese marco, la UIA plantea revisar tributos como el impuesto al cheque, Bienes Personales, Ingresos Brutos, sellos y los derechos de exportación.

La entidad reconoce, sin embargo, que las provincias enfrentan dificultades para resignar recaudación en un contexto de desaceleración del consumo y caída de ingresos fiscales. Por eso propone avanzar gradualmente, comenzando por los sectores con mayor carga impositiva y mayor exposición a la competencia internacional.

RIGI sí, pero también para la industria tradicional

Otro de los ejes del planteo industrial apunta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La UIA comparte la idea de ofrecer condiciones tributarias competitivas para atraer capitales, pero reclama que esos beneficios no se limiten únicamente a nuevos proyectos de gran escala.

“La industria tradicional también necesita reglas similares”, sostuvo Rappallini, al mencionar sectores como acero, automotriz, aluminio, plásticos y manufacturas que compiten directamente con productos importados.

El planteo refleja una preocupación creciente dentro del entramado fabril: mientras algunos sectores vinculados a energía, minería o infraestructura pueden acceder a regímenes especiales, gran parte de la industria manufacturera continúa operando con una estructura tributaria y financiera que considera más pesada que la de sus competidores externos.

Competencia china, plataformas digitales y consumo en baja

La UIA también alertó sobre la competencia desleal proveniente del exterior, particularmente desde China. Según Rappallini, ese país concentra alrededor del 55% del mercado global de acero, aluminio y plásticos y posee una capacidad productiva que podría derivar en posiciones dominantes si no hay respuestas coordinadas.

Además, denunció problemas de contrabando, subfacturación y dumping en rubros como calzado, celulares y cerveza, junto con la expansión de plataformas digitales que venden productos sin afrontar la misma carga impositiva que las empresas radicadas en el país.

En paralelo, el dirigente reconoció que el mercado interno sigue mostrando señales de debilidad, especialmente en construcción, textil y calzado. El objetivo de mínima para la industria, señaló, es recuperar los niveles de actividad de 2022 y evitar que la transición económica derive en cierres de empresas y pérdida de capacidades productivas.

El planteo de la UIA reabre un debate central para la economía argentina: cómo reducir impuestos sin desfinanciar a provincias y municipios que dependen en gran medida de tributos como Ingresos Brutos y tasas locales.

En la práctica, un eventual “pacto fiscal federal” implicaría una negociación política compleja entre la Casa Rosada, los gobernadores y los intendentes, en un contexto donde la prioridad oficial sigue siendo el equilibrio fiscal. La industria, sin embargo, sostiene que sin una reducción significativa del costo tributario será difícil consolidar inversiones, generar empleo y competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo.

“No estamos pidiendo protección, sino igualdad de condiciones”, resumió Rappallini, dejando en claro que el reclamo industrial ya no pasa solo por aranceles o barreras comerciales, sino por una reforma integral del esquema impositivo argentino.

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La UIA reclama cambios al “Súper RIGI”: pide más contenido nacional y alerta por la presión fiscal sobre la industria

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Mientras el Gobierno busca acelerar la aprobación del denominado “Súper RIGI” en la Cámara de Diputados como una de las piezas centrales de su estrategia para atraer inversiones, la Unión Industrial Argentina (UIA) decidió fijar posición y plantear modificaciones al proyecto. La principal entidad fabril del país respaldó la necesidad de promover nuevas inversiones, pero advirtió que el régimen debe incorporar mecanismos concretos que garanticen una mayor participación de la industria nacional y de los proveedores locales.

La discusión no es menor. El oficialismo aspira a convertir al “Súper RIGI” en una herramienta para captar grandes desembolsos de capital en sectores estratégicos, ampliando los beneficios ya previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Sin embargo, desde la UIA sostienen que el desafío no pasa únicamente por atraer inversiones, sino por maximizar su impacto sobre el entramado productivo argentino.

Durante la reunión de Junta Directiva de la entidad, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, remarcó que la llegada de nuevas inversiones debe transformarse en una oportunidad para fortalecer cadenas de valor locales, generar empleo calificado y promover la transferencia tecnológica. En ese sentido, planteó una definición de fondo: si la Argentina necesita regímenes de excepción para atraer capitales, el problema estructural sigue siendo la falta de condiciones competitivas para el conjunto de la industria.

Con esa lógica, la central fabril propuso incorporar al “Súper RIGI” una exigencia mínima de contenido nacional. La iniciativa consiste en replicar el piso obligatorio del 20% de inversión que ya contempla el régimen vigente, pero orientándolo exclusivamente a bienes con valor agregado local. El objetivo es evitar que ese porcentaje se diluya en contrataciones que inevitablemente deben realizarse en el mercado interno y garantizar una participación efectiva de fabricantes nacionales en los grandes proyectos de inversión.

Además, la UIA impulsa la creación de esquemas de integración progresiva. La propuesta apunta a que, a medida que los emprendimientos avancen desde la etapa de construcción hacia la operación, se incremente gradualmente la participación de proveedores argentinos. Para ello, también reclama reglas claras que permitan verificar objetivamente la existencia de oferta local competitiva en términos de precio, calidad y disponibilidad.

La posición de la entidad industrial surge en un contexto donde conviven expectativas por la recuperación económica con señales de preocupación en varios sectores manufactureros. De acuerdo con los datos presentados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial registró en mayo una caída interanual del 0,8%, con desempeños particularmente negativos en ramas de alto impacto productivo como la automotriz (-21%), la metalmecánica (-5%) y bebidas (-14%).

Pero el debate sobre el “Súper RIGI” estuvo acompañado por otra preocupación recurrente del sector: la presión tributaria. Durante el encuentro, la entidad presentó un informe sobre la carga fiscal que enfrenta la producción formal y advirtió que miles de pequeñas y medianas empresas continúan operando bajo condiciones que deterioran su competitividad frente a competidores internacionales.

Según el análisis de la UIA, la industria aporta el 27% de la recaudación tributaria nacional y enfrenta una estructura de costos agravada por impuestos provinciales y municipales. Particularmente, la entidad puso el foco sobre el financiamiento productivo. En promedio, las provincias aplican una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre la intermediación financiera, mientras que las tasas municipales agregan otro 6%. Sumados los impuestos de sellos y otras cargas, el sobrecosto tributario sobre el crédito puede alcanzar el 20%, encareciendo el acceso al financiamiento y afectando especialmente a las pymes.

La advertencia adquiere especial relevancia para provincias industriales y agroindustriales del interior, donde el acceso al crédito resulta determinante para sostener inversiones, capital de trabajo y empleo. En regiones como el NEA, donde predominan las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción primaria, la industria forestal y los servicios, el costo financiero se ha convertido en una de las principales barreras para la expansión de la actividad.

La discusión sobre el “Súper RIGI” expone así una tensión de fondo dentro del modelo económico actual. Mientras el Gobierno apuesta a la apertura de nuevos flujos de inversión y a la estabilidad macroeconómica como motores del crecimiento, la industria reclama que esos incentivos extraordinarios se traduzcan en desarrollo local, generación de proveedores y fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales. La batalla legislativa que comenzará en Diputados no solo definirá el alcance de un régimen promocional, sino también el perfil que tendrá la política industrial argentina en los próximos años.

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La industria advierte por la pérdida de empleo y reclama cambios para aprovechar el “Súper RIGI”

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La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó al Congreso una fuerte advertencia sobre el presente de la actividad manufacturera argentina. Durante una exposición ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, la entidad empresaria describió un escenario de caída de la producción, pérdida de empleo formal y creciente presión sobre la competitividad, al tiempo que reclamó una batería de reformas para evitar un mayor deterioro del entramado productivo.

La presentación pasó relativamente desapercibida por la agenda política de los últimos días, dominada por el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la expectativa previa al Mundial de Fútbol. Sin embargo, el diagnóstico planteado por la principal entidad fabril del país fue contundente.

Según datos elaborados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial se ubicó en marzo un 12% por debajo de los niveles registrados en junio de 2022. El comportamiento sectorial muestra una marcada heterogeneidad: mientras algunos segmentos vinculados a la molienda de granos, la refinación de petróleo, la industria farmacéutica, la fabricación de motocicletas y ciertos rubros alimenticios lograron sostenerse, gran parte de la estructura industrial continúa en retroceso.

Entre los sectores más afectados aparecen la siderurgia, la petroquímica, caucho y plástico, bebidas, textiles, confecciones, calzado, electrónica y maquinaria industrial. También se observa una caída significativa en la demanda de materiales para la producción.

Más de 75.000 empleos industriales menos

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado al empleo. De acuerdo con la UIA, entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 240.980 puestos de trabajo asalariados en el sector privado. La industria manufacturera figura entre los sectores más golpeados, junto con la construcción, acumulando una destrucción de 75.399 empleos formales.

“La caída de la actividad tiene su correlato en el empleo formal. Vemos una caída sostenida”, señaló Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA, durante su exposición ante los legisladores.

La dirigente remarcó además que las cifras corresponden exclusivamente al empleo directo, por lo que no contemplan el impacto indirecto sobre proveedores, servicios asociados, logística, comercialización ni actividades inducidas por la producción industrial.

El avance de las importaciones y el costo argentino

Otro de los ejes planteados por la entidad fue el crecimiento de las importaciones destinadas al consumo. Según los datos presentados, estas aumentaron 17% desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, mientras que las vinculadas a la producción registraron una caída del 14%.

Para la UIA, esta dinámica refleja una creciente preocupación por la competitividad de los sectores transables, especialmente en un contexto donde persisten elevados costos internos.

La entidad volvió a poner el foco sobre el denominado “costo argentino”, una problemática histórica que incluye presión tributaria, costos energéticos, dificultades de financiamiento, infraestructura insuficiente y elevados costos logísticos.

Exportaciones industriales estancadas

La preocupación también alcanza al frente externo. Los técnicos de la UIA señalaron que las exportaciones industriales muestran un estancamiento de más de una década.

Las cantidades exportadas durante el primer trimestre de 2026 se ubicaron 24% por debajo de los niveles observados entre 2011 y 2013, lo que evidencia la pérdida de participación de la industria argentina en los mercados internacionales.

Frente a este escenario, la entidad reclamó una estrategia orientada a mejorar la competitividad y fortalecer las capacidades exportadoras.

El debate por el “Súper RIGI”

Uno de los puntos más relevantes de la exposición estuvo vinculado al proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y estratégicos.

La iniciativa contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluso más amplios que los establecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actualmente vigente.

Entre los sectores alcanzados aparecen la inteligencia artificial, los centros de datos de gran escala, la industria de semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital estratégica.

La UIA respaldó el objetivo de atraer inversiones, pero advirtió que el esquema debe garantizar una participación efectiva de la industria nacional.

Según la entidad, la experiencia del RIGI mostró limitaciones importantes. Sostiene que gran parte de las inversiones comprometidas pudo cumplirse mediante gastos en obras y servicios, sin generar necesariamente demanda de bienes industriales de origen local. Además, cuestionó la existencia de mecanismos que permiten reemplazar compras a proveedores nacionales por importaciones.

Por ello, propuso que el nuevo régimen incorpore un porcentaje mínimo obligatorio del 20% destinado a bienes con valor agregado local, junto con mecanismos de ampliación gradual del contenido nacional y reglas claras para asegurar condiciones de competencia razonables para los proveedores argentinos.

Reforma tributaria y alivio para las pymes

La UIA también presentó una serie de propuestas tributarias orientadas a mejorar la competitividad.

Entre ellas figuran la posibilidad de computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal para IVA y Ganancias en sectores intensivos en empleo; una alícuota única del 25% en el impuesto a las ganancias alineada con estándares internacionales; la utilización plena del impuesto al cheque como pago a cuenta de IVA y Ganancias para las pymes; y la eliminación progresiva de los derechos de exportación que aún afectan a sectores industriales y economías regionales.

Asimismo, reclamó un aumento de los reintegros a las exportaciones para productos industriales, alimentos, bebidas y producciones regionales.

Capacidad instalada: la industria sigue sin despegar

Los últimos datos muestran una leve mejora en la utilización de la capacidad instalada, que alcanzó el 59,9%, frente al 58,6% registrado un año atrás. Sin embargo, el nivel continúa lejos de los parámetros considerados saludables para una expansión sostenida de la actividad.

Para Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora Industria y Desarrollo (I+D), la industria atraviesa una dinámica compleja.

“La actividad industrial es un serrucho con tendencia clara hacia la baja. Hay un efecto sándwich: precios y demanda a la baja, costos al alza. Crece la presión sobre la rentabilidad”, sostuvo.

La situación también se refleja en la industria metalúrgica. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) informó que el sector siderúrgico registró en abril una caída interanual del 5,1% y acumula un retroceso del 6% en lo que va del año. El uso de la capacidad instalada se ubica apenas en 39,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Mientras tanto, los datos oficiales del Indec muestran que la industria volvió a caer en abril, con una baja mensual del 2,1% y una contracción interanual del 2,8%, confirmando que el sector aún no encuentra una senda sostenida de recuperación.

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Rappallini llamó a dejar de “correr atrás del dólar” y avanzar con reformas estructurales

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Rappallini afirmó que el dólar a $1.500 está en equilibrio y pidió avanzar con reformas laborales e impositivas para mejorar la competitividad.

El presidente de la UIA advirtió que Argentina no puede “vivir corriendo atrás del dólar” y reclamó reducir los costos internos para sostener la actividad industrial y el empleo.

El titular de la UIA planteó un “dólar de equilibrio” y un llamado a reformas estructurales

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, afirmó que el dólar a $1.500 refleja un nivel de equilibrio para la economía, aunque advirtió que el verdadero desafío está en la reducción de los costos laborales e impositivos. El dirigente industrial consideró que el país debe “dejar de correr atrás del tipo de cambio” y enfocarse en transformaciones estructurales que devuelvan competitividad a la producción nacional.

“No podemos estar siempre corriendo atrás del dólar. Se tiene que realmente trabajar sobre los costos internos y así vamos a tener una Argentina mucho más competitiva. El foco tiene que estar puesto en las reformas estructurales”, expresó Rappallini en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

En ese sentido, señaló que “el dólar en $1.500 está en equilibrio”, pero que “si tenemos un costo alto en términos laborales e impositivos, no hay dólar que alcance”. El titular de la UIA reiteró que la industria necesita previsibilidad macroeconómica, pero también un entorno regulatorio y fiscal que incentive la inversión productiva.

Reclamo por menor presión impositiva y reactivación del crédito

En declaraciones a Radio Mitre, Rappallini sostuvo que, en el corto plazo, es “necesario reducir las tasas de interés y reactivar la economía”, afectada por la turbulencia financiera y la caída del consumo en los últimos meses. “Si se logra estabilizar la economía y bajar las tasas, el empleo y la producción van a empezar a recuperarse”, aseguró.

El dirigente explicó que el freno del consumo en el último trimestre impactó con fuerza sobre distintas ramas industriales, especialmente las vinculadas al mercado interno. “Venimos de meses complejos, con una pérdida que había subido casi a 3.000 puestos de trabajo”, detalló.

En este contexto, la UIA insiste en que la competitividad no depende sólo del tipo de cambio, sino de un paquete integral de medidas estructurales, entre las que destacan:

  • Simplificación tributaria y reducción de cargas sobre la producción.
  • Modernización laboral, con esquemas que incentiven la contratación formal.
  • Recuperación del crédito productivo, hoy restringido por las altas tasas.
  • Estabilidad macroeconómica, como condición básica para la inversión.

“El dólar puede estar en equilibrio, pero si el entorno fiscal y laboral no cambia, la competitividad sigue siendo baja”, enfatizó Rappallini.

El costo argentino, eje de la agenda industrial

Las declaraciones del titular de la UIA se enmarcan en el debate sobre el “costo argentino”, un concepto que reúne la carga impositiva, los costos logísticos, la presión regulatoria y las rigideces del mercado laboral. La entidad fabril considera que estos factores restan dinamismo al entramado industrial y dificultan la generación de empleo formal.

De acuerdo con el planteo de Rappallini, el desafío para 2026 será alcanzar un modelo de estabilidad sostenida, con tasas de interés más bajas, incentivos al crédito productivo y reformas que reduzcan el peso de los costos internos. “El dólar no resuelve nada si no hay un marco que promueva la inversión y el trabajo”, sintetizó.

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