Mauricio Macri

Macri activa su estrategia federal y reordena el PRO con la mira en 2027

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Mauricio Macri comenzará la próxima semana una serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de reposicionar al PRO y consolidar una estrategia federal en un escenario político atravesado por tensiones internas en la oposición y señales de reconfiguración de alianzas de cara a 2027.

El movimiento marca el primer paso concreto del expresidente tras el relanzamiento del partido en Parque Norte, donde habló de “el próximo paso” como una construcción territorial. La agenda incluye visitas a Chaco y Corrientes el 17 de abril, con reuniones junto a los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, además de encuentros con dirigentes y militantes. “El próximo paso se construye desde cada provincia”, señaló Macri en un comunicado que difundió el PRO Chaco. La actividad en Resistencia contará con la presencia de dirigentes nacionales como, entre otros, el exministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, uno de los armadores nacionales; el vicepresidente del CEAMCE Ezequiel Jarvis; el referente local Patricio Amarilla, el expresidente del partido a nivel nacional Humberto Schiavoni; el legislador porteño Darío Nieto; el senador Enrique Martín Goerling; y la diputada correntina Sofía Branbilla.

Antes de esa gira, Macri será uno de los protagonistas centrales de la tradicional cena de la Fundación Pensar, organizada por María Eugenia Vidal, un evento que reunirá a más de 400 dirigentes y que busca volver a posicionar al PRO como un actor clave dentro del tablero opositor.

El trasfondo de estas actividades es más profundo que una simple agenda partidaria. El PRO intenta recomponer su estructura territorial tras el desgaste que dejaron las elecciones de medio término de 2025 y las divisiones internas que fragmentaron su conducción en distritos clave. Provincias como Córdoba y Tucumán aparecen hoy como focos críticos, donde el partido enfrenta procesos de intervención y disputas entre líneas internas que limitan la capacidad de articulación nacional.

En paralelo, el reordenamiento del PRO es observado con atención por sectores de la Unión Cívica Radical, que evalúan escenarios de reconstrucción de un frente opositor más amplio. En Corrientes, el exgobernador Gustavo Valdés ratificó la histórica alianza entre ambos espacios y dejó abierta la puerta a futuras convergencias, aunque advirtió que aún es prematuro hablar de una estrategia nacional consolidada.

El interrogante central sigue siendo el rol que Macri jugará en el próximo ciclo político. Dentro del radicalismo y del propio PRO persiste la idea de que su figura podría volver a ordenar el espacio opositor, especialmente frente al avance de La Libertad Avanza. Sin embargo, el propio expresidente mantiene una postura cautelosa y evita definiciones públicas sobre una eventual candidatura.

Esa prudencia también se refleja en su mirada sobre el gobierno de Javier Milei. Según su entorno, Macri observa con preocupación la coyuntura económica, el clima social y las tensiones políticas que atraviesa la gestión nacional, aunque opta por no emitir críticas directas para evitar profundizar la fragmentación del espacio opositor.

En el Congreso, esa estrategia de diferenciación ya comenzó a tomar forma. El bloque del PRO en Diputados decidió no alinearse automáticamente con el oficialismo en temas sensibles, como la reforma de la Ley de Glaciares o las controversias vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La apuesta es construir una agenda propia, con foco en producción, desarrollo tecnológico y propuestas de “segunda generación”, que le permitan al partido recuperar identidad y volumen político.

El escenario que se abre es el de una oposición en proceso de redefinición, donde el PRO busca reconstruirse como fuerza nacional con anclaje territorial, mientras la UCR y otros espacios evalúan posibles convergencias. En ese tablero, Macri vuelve a moverse con una lógica conocida: ganar tiempo, ordenar la estructura y mantener abierta la incógnita sobre su protagonismo futuro.

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Herrera Ahuad: “Hay que discutir las leyes que la sociedad está pidiendo”

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El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, trazó un diagnóstico del actual escenario político argentino, marcado -según su visión- por un oficialismo definido y una oposición todavía en proceso de reorganización. En ese contexto, consideró que el Congreso atraviesa una etapa de negociaciones intensas y que el desafío central será avanzar en reformas que la sociedad reclama desde hace años.

“El escenario político nacional hoy tiene una certeza que es el oficialismo y una oposición con muchos fragmentos que se van acomodando más por cuestiones internas de cada espacio”, señaló el legislador misionero. A su entender, el proceso de reconfiguración política aún está en marcha y tomará forma a medida que avancen los próximos meses.

Herrera Ahuad mencionó como ejemplo los movimientos recientes dentro del PRO, con reuniones encabezadas por Mauricio Macri, y también el proceso de reorganización del justicialismo, que -según indicó- todavía no ha consolidado una figura con capacidad de convocatoria nacional, más allá del peso político del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Para el ex gobernador de Misiones, el desafío principal de los espacios opositores será definir una propuesta clara de país. “Lo primero que debe generarse es una idea hacia dónde va la oposición, cuál es su postura sobre la Argentina actual y qué propuesta tiene hacia adelante como oferta electoral”, afirmó.

En paralelo, señaló que las provincias atraviesan dinámicas similares, con oficialismos consolidados y oposiciones que buscan reconfigurarse. En el caso de Misiones, explicó que la política provincial mantiene una identidad propia respecto del escenario nacional, con distintos espacios que irán consolidándose en el transcurso del tiempo.

En ese marco, Herrera Ahuad definió el momento actual como una etapa de negociación política intensa. “Creo que son tiempos de grandes negociaciones, pero sobre todo de ponerse de acuerdo a nivel nacional en una idea de qué es lo que queremos para la Argentina”, sostuvo.

Consultado sobre el funcionamiento del Congreso y la aprobación de leyes impulsadas por el oficialismo, el diputado diferenció la lógica partidaria de las necesidades institucionales. Según explicó, muchas de las normas debatidas en el Parlamento forman parte de una agenda que la sociedad viene reclamando desde hace tiempo.

“Hay leyes que han estado siempre en la agenda nacional y que la mayoría de los argentinos le ha dado la derecha para que se lleven adelante”, indicó. Entre esos temas mencionó el debate sobre una nueva legislación laboral y la discusión sobre la imputabilidad de menores, cuestiones que -remarcó- estuvieron presentes en distintos programas electorales.

Desde su perspectiva, el Congreso debe priorizar las leyes que aporten soluciones concretas a los problemas del país. “No tiene nada que ver con la política partidaria. Hay leyes que no deberían tener bandería política, sino que tienen que servir a la sociedad”, subrayó.

En relación con la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei, que plantea la posibilidad de tratar cerca de 90 proyectos durante el período parlamentario, Herrera Ahuad consideró que el volumen de iniciativas no es inusual desde el punto de vista legislativo.

“A mí no me sorprende que se plantee discutir 80 o 90 proyectos. En la Legislatura de Misiones, por ejemplo, se sancionan alrededor de 100 leyes por año. Estamos muy acostumbrados a trabajar con volumen y también con calidad legislativa”, explicó.

No obstante, reconoció que el nivel de negociación requerido en el Congreso nacional es mayor que en las legislaturas provinciales. “En una provincia es más sencillo acordar. A nivel nacional las discusiones son más complejas, pero eso no significa que no se pueda avanzar”, señaló.

El legislador también anticipó algunos de los debates que podrían marcar la agenda parlamentaria en los próximos meses. Entre ellos mencionó una eventual reforma electoral y nuevas discusiones vinculadas al financiamiento universitario, además de otros proyectos estructurales que podrían llegar al Congreso.

Para Herrera Ahuad, el rol del Parlamento es justamente abordar esas discusiones, incluso cuando implican debates profundos sobre el rumbo del país. “La gente nos puso ahí para discutir cosas y no para dejar la historia como está”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la Argentina enfrenta una oportunidad para revisar normas y políticas que, en su opinión, han mostrado limitaciones durante las últimas décadas.

“La historia de los últimos veinte años fue compleja en la aplicación de leyes y en muchas decisiones políticas. Hoy hay discusiones profundas que se tienen que dar en el ámbito político”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el actual período legislativo tiene una característica que podría favorecer esos debates: no se trata de un año electoral. “Hay que dar estas discusiones en un año que no es electoral, porque permite hacerlo con mayor responsabilidad”, concluyó.

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Milei retiró al Estado como querellante en la causa del megacrédito al FMI y descomprimió el frente judicial de Mauricio Macri

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Mediante el Decreto 87/2026, publicado en un suplemento vespertino del Boletín Oficial el 5 de febrero, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ordenó que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su rol como querellante particular en la causa judicial que investiga el megacrédito otorgado por el FMI durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión implica un cambio institucional relevante en la estrategia del Estado frente a uno de los expedientes más sensibles en materia de endeudamiento externo, con impacto político, jurídico y económico, y se produce en coincidencia con la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional al país.

El decreto y el giro institucional en la causa del FMI

El Decreto 87/2026 deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había instruido a la Procuración del Tesoro a constituirse como querellante en la Causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. En consecuencia, se ordena formalmente que el organismo abandone su intervención penal en representación del Estado Nacional.

El texto oficial fundamenta la medida en una resolución judicial dictada el 2 de febrero de 2026, mediante la cual la jueza interviniente archivó la causa, al considerar que no se cometieron los delitos denunciados. Según se detalla en los considerandos, gran parte de los cuestionamientos planteados en el expediente fueron interpretados como discrepancias con decisiones de política económica, adoptadas dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no susceptibles de control penal.

En ese marco, el decreto sostiene que los efectos macroeconómicos adversos derivados de dichas decisiones “no permiten reconducir, por sí solos, estas conductas al ámbito del derecho penal”, alineándose con el criterio judicial que descartó la tipificación de delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El megacrédito, las irregularidades denunciadas y el trasfondo económico

El expediente judicial tiene su origen en el acuerdo stand by firmado con el FMI el 12 de junio de 2018, por un monto cercano a US$57.000 millones, el más grande en la historia argentina y el mayor préstamo otorgado por el propio Fondo. La decisión había sido anunciada por Mauricio Macri en cadena nacional el 8 de mayo de 2018, bajo el argumento de “evitar una gran crisis económica” y corregir desequilibrios fiscales.

Sin embargo, distintos informes oficiales posteriores —incluidos los de la Auditoría General de la Nación (AGN)— señalaron graves irregularidades administrativas y normativas. Entre ellas, se destacó que el crédito representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el FMI, incrementando la vulnerabilidad externa en lugar de fortalecer la posición financiera del país. Además, se indicó que el 71% de los fondos se destinó al pago de deuda pública previa, especialmente emisiones realizadas entre 2016 y 2018, y que las comisiones y gastos reconocidos al Fondo equivalieron a más del 50% del presupuesto del CONICET en 2018.

Las denuncias también subrayaron el incumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, la falta de dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos, la ausencia de intervención del Congreso, y la no aplicación de la Resolución 108/09 que exige la aprobación por decreto de préstamos multilaterales. Asimismo, se cuestionó que el entonces ministro de Hacienda no tenía facultades suficientes para autorizar la operación, y que no se realizaron análisis de costos, riesgos ni sostenibilidad de la deuda.

Pese a ese cúmulo de observaciones, el archivo judicial de la causa y el nuevo decreto presidencial desactivan la participación penal directa del Estado, aunque el texto aclara que ello no implica renunciar a eventuales acciones civiles para el recupero de daños y perjuicios, si estos pudieran acreditarse.

Impacto político y posibles repercusiones

La publicación del decreto en un suplemento vespertino del Boletín Oficial, en lugar de esperar la edición habitual, reforzó las lecturas políticas del movimiento. La decisión beneficia directamente a Mauricio Macri, al retirar al Estado como parte activa en una causa emblemática de su gestión, en un contexto donde el expresidente se muestra distanciado políticamente de Javier Milei.

Desde el plano institucional, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de evitar superposiciones de funciones y de priorizar el uso eficiente de los recursos públicos, remarcando que la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, conforme a los artículos 120 de la Constitución Nacional y 33 de la Ley 24.946. El decreto enfatiza que la Procuración del Tesoro no cuenta con áreas especializadas en litigación penal compleja, y que su intervención en ese fuero es excepcional.

En términos económicos y de señal política, el giro se produce en paralelo a la auditoría del FMI sobre la economía argentina, lo que abre interrogantes sobre el mensaje que el Gobierno busca enviar al organismo internacional respecto del pasado reciente y del tratamiento institucional del endeudamiento externo.

primera-seccion_05-02-2026_suplemento-1 by CristianMilciades

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Embargos y acusaciones millonarias contra exfuncionarios macristas por el caso Vicentin

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La Justicia federal ordenó el embargo y la inhibición general de bienes de exautoridades del Banco Nación que se desempeñaron durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la megacausa Vicentin. La decisión alcanza, entre otros, al expresidente de la entidad Javier González Fraga y a su vice, Lucas Llach, acusados de haber favorecido al grupo empresario con maniobras que habrían provocado un perjuicio millonario al banco público. La medida busca asegurar el eventual decomiso, el cobro de multas y la reparación del daño económico.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 y se inscribe en una investigación que apunta a determinar responsabilidades penales por el presunto otorgamiento irregular de créditos, la omisión de controles y la liberación de fondos que debían funcionar como garantía de préstamos otorgados a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA.

Los fundamentos del embargo y la acusación central

Según el fallo, “la finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”. La resolución también subraya que la medida busca cubrir “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.

La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75”, monto que el banco reclamó en el concurso preventivo de la firma y que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

El eje de la acusación apunta a que las autoridades del banco se habrían apartado de la normativa vigente al no intimar a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos de prefinanciación de exportaciones.

Cuentas liberadas, garantías omitidas y créditos bajo sospecha

La resolución judicial detalla que la maniobra incluyó “la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos”.

Por esas cuentas, entre agosto y diciembre de 2019, circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902, respectivamente. Sin embargo, la Justicia sostiene que los funcionarios habrían permitido que “entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se liberaran un total de $ 43.449.104.966”, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente del grupo, “desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”.

A esto se suma el “otorgamiento presuntamente irregular de veintiocho préstamos por un total de U$S 105.500.000”, concedidos al Grupo Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019. La resolución enfatiza que, al momento de esos créditos, el grupo ya registraba “una deuda vencida y exigible de U$S 149.500.000” y se encontraba excedido en la normativa GERC del BCRA “desde por lo menos el 31 de julio de 2019”.

Indagatorias en curso y proyección judicial

Las indagatorias comenzaron en noviembre y continuarán después de la feria judicial, con nuevas audiencias previstas para marzo. Javier González Fraga, quien presidió el Banco Nación entre 2017 y 2019, fue uno de los primeros en declarar.

El avance de la causa profundiza el impacto político e institucional del expediente Vicentin, que combina presuntas irregularidades en la gestión de un banco público, un perjuicio patrimonial millonario y decisiones adoptadas en los meses finales de una administración nacional. La continuidad del proceso judicial mantiene bajo escrutinio a exfuncionarios clave y abre la puerta a eventuales responsabilidades penales y patrimoniales de alto alcance.

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Espionaje a familiares del ARA San Juan: Denuncian a camaristas que sobreseyeron a Macri

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El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales que sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri en la causa penal sobre tareas de inteligencia a familiares de los tripulantes del submarino.

El letrado pidió que se inicie el juicio de remoción de Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones y “posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, negociaciones incompatibles con sus cargos y prevaricato”.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Télam, el abogado reclamó además que, mientras tramita su pedido, “se proceda a suspender a los magistrados denunciados” y se formule “la correspondiente acusación y sumario ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño”.

Tagliepietra -quien actúa como querellante en la causa penal- formuló la denuncia contra los camaristas que el 15 de julio último revocaron lo decidido en primera instancia y sobreseyeron, entre otros, a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los procesamientos de Macri, Arribas, Majdalani y subordinados de éstos habían sido dictados el 1 de octubre de 2021 por el juez federal Martín Bava.

En su pedido al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el padre del marino Alejandro Tagliapietra, fallecido en el hundimiento del 15 de noviembre de 2017, sostuvo que los jueces “violaron la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el debido proceso y los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra legislación”.

El denunciante afirmó que las tareas de espionaje “ilegal” fueron “intromisiones gravísimas” en la vida privada de los familiares de los tripulantes del submarino y que los camaristas “no explican en qué modo, tiempo y circunstancias quienes resultamos victimas podríamos realizar” la actividad criminal que, según la ley 25.520, autoriza las actividades de espionaje.

Tagliapietra manifestó que sí se hubiese temido una actividad contra el entonces Presidente de la Nación, se debió “denunciar dicha circunstancia ante el Juez Federal en turno para que este adopte las medidas que entienda necesarias para hacer cesar este peligro”.

Agregó que, para sobreseer a Macri, Arribas y Majdalani como a otros procesados, Llorens, Bertuzzi y Bruglia prescindieron de “cuantiosa prueba” incriminatoria y solo ponderaron testimonios que favorecieron a los imputados.

“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron nunca con autorización judicial alguna, ni mucho menos fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”, remarcó Tagliapietra.

Agregó que, en cambio, hubo “relevamiento, acumulación y/o producción ilegal de información sobre familiares de los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan y BP-Rigel, que reclamábamos al entonces Gobierno nacional por la aparición de nuestros seres queridos y justicia para el esclarecimiento de los hechos”.

Para Tagliapietra “el accionar de los denunciados deviene en la utilización abusiva de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrados federales, con motivos probablemente espurios” o por “amiguismo”.

Luego que se conociera la resolución de la Sala I de la Cámara, el ministro de Justicia Martín Soria afirmó públicamente que a Macri “no lo sobresee la justica, lo salvan sus amigos” en tanto que el ex presidente dijo que “ganó la verdad”.

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