Mercado Eléctrico Mayorista

El costo nacional de la energía subió 423% desde 2024 y suma presión sobre las tarifas en Misiones

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El precio de la electricidad atravesó una profunda transformación desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Primero fue el shock del costo mayorista. Después avanzó la reducción de subsidios. Y en 2026 entró en escena una tercera variable que resulta especialmente sensible para Misiones: la cantidad de energía que Nación reconoce como consumo base subsidiable cambia según el mes del año.

Los números permiten dimensionar el cambio.

Para el conjunto de usuarios directos de Energía de Misiones, el costo de compra de electricidad acumuló un incremento del 423% entre 2024 y agosto de 2026, mientras que la tarifa media aumentó 91,7%.

La distancia entre ambos indicadores alcanza más de 331 puntos porcentuales y muestra que la formidable recomposición del costo nacional de abastecimiento no tuvo una correspondencia equivalente en la evolución de la tarifa media de los usuarios misioneros.

El año del shock mayorista

El primer gran movimiento ocurrió en 2024. Durante ese año se produjo el salto más pronunciado en el costo de abastecimiento. De acuerdo con la información de Energía de Misiones, el costo que las distribuidoras debieron afrontar por la compra de energía aumentó aproximadamente 525% en promedio, mientras que el precio de la potencia se disparó más de 3.600%.

Son porcentajes correspondientes al costo de abastecimiento y, por lo tanto, no deben confundirse con la variación de la factura final que recibió cada usuario.

Para el universo de usuarios directos de Energía de Misiones que releva el informe, el costo de compra registró durante 2024 un incremento del 346%, frente a un aumento de 55% de la tarifa media.

El impacto tampoco fue idéntico entre las diferentes categorías. En los residenciales sin subsidio, el costo de compra aumentó 261%; para los residenciales subsidiados, 920%; en comercios y pequeñas industrias, 352%; y entre los grandes usuarios de media tensión, 271%.

Fue, en definitiva, el año del shock del precio nacional de la energía.

Durante 2025 las actualizaciones del precio mayorista continuaron, aunque a una velocidad considerablemente menor. El costo medio de compra aumentó aproximadamente 20%.

Pero mientras se moderaba ese frente, comenzó a ganar peso otro fenómeno: la reducción de los subsidios nacionales y el traslado de una mayor proporción del costo energético hacia los consumidores.

El impacto fue diferente según la categoría y el nivel de asistencia recibido por cada usuario.

Los datos de Energía de Misiones reflejan esa heterogeneidad. Durante 2025, el costo de compra aumentó 21% para los residenciales sin subsidio y 34% para aquellos que todavía recibían subsidios.

La política energética comenzaba así a transitar desde el enorme ajuste inicial de los precios mayoristas hacia una modificación más profunda de quién recibe asistencia nacional y sobre qué cantidad de electricidad.

El cambio estructural llegó con el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025 y puesto en funcionamiento durante 2026.

El nuevo régimen unificó los subsidios energéticos nacionales destinados a los hogares considerados beneficiarios y estableció bloques máximos sobre los cuales se aplican las bonificaciones.

Desde entonces, para entender una factura eléctrica ya no alcanza con mirar cuánto consumió un hogar o si tiene acceso al subsidio. También importa en qué mes realizó ese consumo.

Nación estableció un bloque base de 300 kWh mensuales para enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.

Para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el límite baja a solamente 150 kWh mensuales.

Todo lo consumido por encima de esos bloques queda fuera de la bonificación.

En otras palabras: un mismo hogar puede consumir prácticamente la misma cantidad de electricidad durante dos meses diferentes y recibir un impacto tarifario distinto, porque cambia la cantidad de kilovatios alcanzados por el subsidio nacional.

El calor misionero

Este diseño tiene una derivación particularmente relevante para Misiones.

Entre los meses para los cuales Nación fija el bloque reducido de apenas 150 kWh aparecen marzo y noviembre, períodos en los que las temperaturas misioneras pueden continuar siendo elevadas y mantener un uso intensivo de refrigeración.

El propio Decreto 943 reconoce esta problemática: instruye a la Secretaría de Energía a evaluar las necesidades indispensables de los hogares ubicados en las provincias más cálidas del país o zonas con particularidades bioambientales, habilitando la posibilidad de establecer consumos base diferenciales.

Ese punto abre una discusión particularmente importante para Misiones y el NEA: si un esquema estacional uniforme puede reflejar adecuadamente la demanda eléctrica de regiones con condiciones climáticas muy diferentes al centro del país.

Agosto: 300 kWh subsidiables y continuidad del SEF

El esquema adquiere nueva relevancia con las decisiones adoptadas para agosto.

El Gobierno nacional ratificó la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. En electricidad, agosto se encuentra entre los meses para los cuales el consumo base alcanza los 300 kWh mensuales. El excedente queda fuera de la bonificación prevista por el régimen.

Las nuevas disposiciones nacionales también profundizan la identificación de los componentes vinculados con el costo de la energía y los subsidios en las facturas, buscando hacer visible cuánto corresponde al abastecimiento y cuánto aporta el Estado nacional mediante las bonificaciones.

La política sigue así una lógica que combina recomposición del precio de la energía con subsidios focalizados sobre una cantidad limitada de consumo.

Como antecedente inmediato, para julio la Secretaría de Energía había elevado al 16,59% la bonificación adicional extraordinaria aplicable a los usuarios eléctricos beneficiarios del SEF, sobre el consumo base correspondiente, por encima del 10,67% originalmente establecido para mayo-julio.

Para los usuarios no residenciales el panorama es diferente.

Comercios e industrias no cuentan con el mismo mecanismo de protección que los hogares subsidiados y, por lo tanto, quedan más directamente expuestos a las recomposiciones del costo mayorista.

Eso se observa también en los números acumulados de Misiones.

Desde 2024, para comercios y pequeñas industrias, el costo de compra de energía aumentó 400%, mientras que la tarifa media avanzó 143%.

Entre los grandes usuarios de baja tensión, el costo acumuló un incremento del 343% y la tarifa media del 135%. Para los grandes usuarios de media tensión, la diferencia llegó a 440% contra 172%.

Y 2026 volvió a mostrar una aceleración: solamente entre enero y julio, el costo de compra para los grandes usuarios de media tensión aumentó 152%, frente a una suba del 83% de la tarifa media.

Para el sector productivo, por lo tanto, la discusión energética se transforma directamente en una cuestión de competitividad, porque la electricidad forma parte de la estructura de costos de comercios, industrias y servicios.

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Energía: el Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta fines de 2027

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El Poder Ejecutivo extendió, mediante el DNU 585/2026, la emergencia en generación, transporte y distribución eléctrica bajo jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida busca dar continuidad al proceso de normalización del mercado mayorista y preservar la seguridad de abastecimiento en un contexto de márgenes operativos reducidos y obras de infraestructura aún en ejecución.

El decreto destaca que la generación térmica mantiene una fuerte dependencia del gas natural, por lo que la coordinación entre los sistemas eléctrico y gasífero resulta central para evitar tensiones en costos y suministro. Para las empresas productivas, la prórroga implica la continuidad del marco regulatorio vigente, con avances graduales en materia tarifaria, focalización de subsidios y mecanismos orientados a incentivar inversiones y mejorar la cobrabilidad del sistema.

Entre los indicadores citados por el Gobierno sobresalen un margen de reserva operativa de apenas 4,4 % frente al pico de demanda registrado en 2025 y niveles de utilización superiores al 90 % en instalaciones críticas de transporte. A la vez, la tasa de cobrabilidad del mercado eléctrico mayorista se habría recuperado desde el 48 % a cerca del 97 %, fortaleciendo el flujo financiero del sector.

Para las economías regionales del NEA, la continuidad de las herramientas excepcionales apunta a reducir riesgos de interrupciones y a facilitar la concreción de inversiones en redes y confiabilidad del sistema. La evolución de las obras de transporte y la consolidación del nuevo esquema de subsidios focalizados serán factores decisivos para determinar si la transición logra traducirse en un suministro más robusto y previsible para la actividad productiva.

La emergencia abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica

La prórroga se fundamenta en “la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas”, lo que se evidencia en informes que precisan que el sistema opera con márgenes de reserva operativa muy reducidos, alcanzando apenas un 4,4% frente a picos de demanda registrados en febrero de 2025.

A esto se agrega el preocupante estado de la infraestructura, que se refleja en el envejecimiento del parque generador eléctrico. Al respecto, el texto oficial detalló que “más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad”.

Asimismo, puntualizó que “el sistema de transporte enfrenta limitaciones estructurales severas“, ya que “opera con márgenes de seguridad reducidos y las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%”, lo que reduce la capacidad de respuesta ante contingencias.

En este sentido, las obras ampliación del sistema de transporte eléctrico, como el sistema “AMBA I” o las líneas de 500 kV, requieren plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que el Ejecutivo consideró que “resulta indispensable preservar herramientas regulatorias transitorias”.

El decreto hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema, ya que si bien la tasa de cobrabilidad de CAMMESA mejoró del 48% al 97% gracias a la normalización de la cadena de pagos, aún existe una brecha significativa entre el costo de generación y lo que pagan los usuarios.

Al respecto, indicó que “dicha recomposición requiere continuidad, seguimiento y consolidación, toda vez que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por CAMMESA, comprometer pagos a generadores, transportistas y demás agentes del mercado, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que el régimen de emergencia procura superar”.

A mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) pagado por los usuarios residenciales subsidiados representaba aproximadamente solo el 24% del costo real de abastecimiento. En este sentido, el Gobierno sostiene que con la emergencia busca permitir una transición gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)“evitando impactos abruptos” en los sectores más vulnerables.

La decisión de extender la emergencia eléctrica hasta diciembre de 2027 busca equiparar los plazos con la emergencia de transporte y distribución de gas natural, ya que la generación térmica sigue siendo un componente sustancial de la matriz eléctrica, y la disponibilidad de gas natural incide en los costos y la seguridad del despacho eléctrico.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que con una interrupción de la emergencia “podrían producirse discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los agentes, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos sobre la continuidad del servicio público de electricidad”.

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AlmaSADI: adjudican más de 700 MW en almacenamiento eléctrico y el NEA captó casi un tercio de la potencia

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La Secretaría de Energía adjudicó proyectos por 700,5 MW en la licitación AlmaSADI, destinada a incorporar sistemas de almacenamiento eléctrico mediante baterías (BESS). El NEA quedó entre las regiones más favorecidas, con 211,5 MW asignados entre Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, consolidándose como un polo estratégico para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico.

La Resolución 155/2026 de la Secretaría de Energía oficializó la adjudicación de los acuerdos de almacenamiento correspondientes a la convocatoria “Abastecimiento de Energía Eléctrica por Centrales de Almacenamiento para reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (AlmaSADI)”, uno de los programas más relevantes del proceso de modernización del sistema eléctrico argentino.

La licitación había despertado un fuerte interés del mercado: CAMMESA recibió 235 ofertas que totalizaron 8.338 MW de potencia, más de once veces la capacidad objetivo inicial de 700 MW, lo que refleja el creciente atractivo de las inversiones en almacenamiento energético en Argentina. Finalmente fueron adjudicados 700,5 MW, con un valor promedio de 8.427 dólares por MW/mes.

El NEA concentra inversiones estratégicas

Para el norte argentino, la resolución tiene una relevancia particular. Del total adjudicado, 174,5 MW corresponden a proyectos ubicados en el corredor eléctrico del NEA, una región donde la demanda crece con mayor velocidad que la infraestructura de transporte disponible.

Entre los proyectos seleccionados figuran:

  • BESS Goya (Aluar): 50 MW, identificado para la región NEA Misiones-Corrientes.
  • Villa Ángela (DQD Energy): 30 MW.
  • Castelli (DQD Energy): 20 MW.
  • San Martín (DQD Energy): 20 MW.
  • La Leonesa (DQD Energy): 22,5 MW.
  • CD22 (DQD Energy): 22 MW.
  • CD5 (DQD Energy): 15 MW.
  • Pirané (Intermepro Generación): 12 MW.
  • Charata (DQD Energy): 10 MW.
  • Presidencia Roca (DQD Energy): 10 MW.

La distribución muestra una fuerte concentración de inversiones en Chaco y Formosa, mientras que el proyecto de Goya impacta sobre el área eléctrica que integra a Corrientes y Misiones, uno de los nodos con mayores necesidades de respaldo operativo.

Qué significa incorporar almacenamiento

Los sistemas Battery Energy Storage System (BESS) permiten almacenar electricidad cuando existe disponibilidad y liberarla en momentos de mayor consumo o ante contingencias de la red.

Para el sistema eléctrico argentino cumplen una función distinta a la de una central convencional: no generan energía primaria, sino que aportan potencia inmediata, regulación de frecuencia, reservas operativas y estabilidad de tensión, reduciendo el riesgo de interrupciones del servicio.

La Secretaría de Energía considera que estos proyectos funcionarán como una solución de transición hasta que entren en operación nuevas obras de transporte eléctrico de alta tensión previstas dentro del plan de expansión nacional.

Uno de los datos más relevantes del proceso es el nivel de competencia alcanzado.

La convocatoria recibió 8.338 MW de ofertas para cubrir apenas 700 MW de capacidad objetivo, lo que permitió seleccionar proyectos mediante criterios técnicos y económicos establecidos en el pliego licitatorio.

El mayor adjudicatario fue Genneia, con proyectos distribuidos en Buenos Aires, NOA, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa. En el NEA sobresale DQD Energy, que obtuvo múltiples adjudicaciones en distintas localidades chaqueñas y formoseñas, mientras que Aluar consiguió la adjudicación del proyecto BESS Goya, destinado al corredor energético de Corrientes y Misiones.

Impacto para el sector productivo

Para las economías regionales del NEA, donde industrias forestales, yerbateras, arroceras, alimenticias y establecimientos agroindustriales dependen de un suministro eléctrico continuo, la incorporación de capacidad de almacenamiento representa una mejora en la calidad del servicio más que un incremento directo en la oferta de generación.

Entre los principales efectos esperados aparecen Mayor confiabilidad del abastecimiento durante los picos de demanda. Respuesta más rápida ante contingencias del sistema eléctrico. Mejor integración de energías renovables, reduciendo restricciones operativas. Mayor previsibilidad para industrias electrointensivas y nuevos proyectos de inversión.

Anexo Resolución 155/2026 by CristianMilciades

La resolución también establece que todos los proyectos adjudicados serán incorporados automáticamente al Registro Nacional de Proyectos de Almacenamiento de Energía Eléctrica (RENPALMA), donde deberán mantener actualizada su información técnica y de avance.

La adjudicación constituye apenas el primer paso. El desafío ahora será que los desarrolladores concreten las inversiones dentro de los plazos comprometidos y que los sistemas entren en operación antes de los próximos períodos de máxima demanda. Para el NEA, donde persisten restricciones estructurales en transporte eléctrico, la puesta en marcha efectiva de estas baterías será un indicador clave para evaluar si el almacenamiento comienza a convertirse en una herramienta capaz de sostener el crecimiento productivo mientras avanzan las obras de infraestructura de mayor escala.

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Energía: el Gobierno activa una licitación por 700 MW en baterías para reforzar la confiabilidad del mercado eléctrico

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La Secretaría de Energía abrió una licitación nacional e internacional para sumar hasta 700 MW de almacenamiento eléctrico con baterías (BESS) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La medida, formalizada mediante la Resolución 50/2026 y publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial, apunta a contratar potencia disponible durante al menos cuatro horas consecutivas, con el objetivo de reforzar reservas, cubrir picos de demanda y reducir riesgos de cortes en nodos críticos.

El instrumento crea la convocatoria “AlmaSADI” y encomienda a CAMMESA la adjudicación y administración de los contratos. El dato clave: la potencia objetivo es de 700 MW, que se suman a los 713 MW ya adjudicados en el Área Metropolitana bajo el esquema AlmaGBA. La señal es clara: el Gobierno acelera la incorporación de almacenamiento como pieza estructural del mercado eléctrico mayorista.

Una nueva capa de oferta firme para el MEM

La norma convoca a presentar ofertas para celebrar Acuerdos de Almacenamiento destinados a prestar servicios de potencia y reservas operativas de corto plazo en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Las centrales deberán ser nuevas, basadas en sistemas BESS, y garantizar la entrega de energía y potencia comprometida durante un mínimo de cuatro horas seguidas. Ese requisito no es menor: define el perfil de activos buscado —capacidad firme de corta duración— orientado a cubrir picos, estabilizar la red y aportar respuesta rápida.

El pliego aprobado fija: Niveles de potencia comprometida. Precios referenciales por potencia puesta a disposición y por energía. Metodología de evaluación con ponderación por mejora de confiabilidad según nodo y región. Requisitos técnicos y formales de conexión.

Los proyectos necesitarán la conformidad del transportista troncal o del prestador adicional de la función técnica de transporte correspondiente. En otras palabras, no alcanza con la tecnología: el valor sistémico en cada nodo será determinante.

CAMMESA actuará como compradora de la potencia y energía comprometida y pagará mensualmente los contratos. El costo se incorporará a las transacciones económicas del MEM como servicio de Reserva de Confiabilidad, a cargo de toda la demanda.

Reservas en tensión y expansión renovable

La decisión se inscribe en el marco de la Ley 24.065, que obliga a garantizar suministro seguro al menor costo posible. Pero también responde a una realidad operativa: la expansión de generación renovable intermitente y la demora en ampliaciones de transporte en alta tensión generan cuellos de botella y tensiones de corto plazo.

El Gobierno ya había avanzado con AlmaGBA, donde se adjudicaron 713 MW para el Área de Gran Buenos Aires. Además, en 2025 se creó el Programa de Gestión de Demanda para grandes usuarios, con un esquema voluntario y remunerado de reducción de carga.

Sin embargo, esos instrumentos no alcanzan para recomponer reservas en todo el SADI. La convocatoria AlmaSADI amplía el foco al resto del país con una visión federal. El almacenamiento aparece así como solución transitoria —y en algunos casos sustitutiva— frente a obras de transporte que requieren plazos y financiamiento más extensos.

En términos técnicos, las baterías permiten: Cubrir requerimientos de capacidad de corta duración. Aportar reservas de rápida respuesta. Regular tensión y potencia reactiva. Limitar aporte al cortocircuito, facilitando integración segura. Evitar Energía No Suministrada (ENS) en zonas abastecidas radialmente.

La norma no modifica el marco legal vigente, pero sí amplía la arquitectura contractual del MEM al consolidar al almacenamiento como actor específico dentro de la planificación de potencia.

Inversión intensiva y costos socializados

Desde el punto de vista económico, el programa puede movilizar inversiones relevantes en infraestructura electroquímica y sistemas de control. Los proyectos BESS demandan importación de equipamiento, ingeniería local y montaje, con impacto en empleo técnico y proveedores especializados.

Al mismo tiempo, el esquema traslada el costo a toda la demanda del MEM. Es decir, el financiamiento de la reserva se socializa vía transacciones económicas. Para las empresas distribuidoras y grandes usuarios, el efecto dependerá del precio adjudicado por MW y del peso relativo del nuevo cargo.

En términos de competitividad sistémica, el almacenamiento puede: Reducir costos asociados a cortes o restricciones. Optimizar despacho y uso de generación existente. Diferir inversiones en transporte. Facilitar mayor penetración renovable sin desestabilizar la red.

El beneficio es indirecto pero estructural: menos riesgo operativo implica menor costo de energía no suministrada y mayor previsibilidad para sectores industriales intensivos en electricidad.

Señal política y regulatoria

La convocatoria no implica una desregulación. Por el contrario, consolida un esquema centralizado de contratación donde CAMMESA actúa como comprador único y el costo se prorratea entre usuarios.

Sin embargo, también envía una señal pro-inversión: el almacenamiento deja de ser un complemento experimental y pasa a formar parte explícita de la planificación de confiabilidad. La decisión combina intervención coordinada con apertura a capital nacional e internacional.

En clave política, la medida refuerza la idea de transición energética pragmática. No se trata solo de sumar renovables, sino de garantizar firmeza y estabilidad en un sistema que enfrenta crecimiento de demanda y limitaciones de infraestructura.

Lo que habrá que seguir de cerca

El impacto real dependerá de tres variables: el nivel de precios adjudicados, la distribución regional de los proyectos y la velocidad de ejecución. También será clave observar cómo se integra esta nueva capacidad con la gestión de demanda y con futuras ampliaciones de transporte.

En los próximos meses, el mercado mirará si la competencia en la licitación logra contener costos y si el almacenamiento efectivamente reduce restricciones operativas. La señal ya está dada: el Gobierno apuesta a que las baterías no sean un complemento, sino una pieza central en la confiabilidad del sistema eléctrico argentino.

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Hidroeléctricas Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, reglas claras para la liquidación de energía y potencia tras la privatización

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La Secretaría de Energía aprobó el régimen aplicable a la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de los complejos hidroeléctricos Alicurá, Piedra del Águila, Cerros Colorados y El Chocón, estableciendo reglas precisas para la liquidación de energía, potencia y regalías desde el 9 de enero de 2026. La medida resulta clave para garantizar continuidad operativa, previsibilidad económica y seguridad jurídica tras la transferencia de las concesiones.

Mediante la Resolución 19/2026 (RESOL-2026-19-APN-SE#MEC), dictada el 26 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 28 de enero, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aprobó el régimen que regula la participación en el MEM de los complejos hidroeléctricos ALICURÁ, PIEDRA DEL ÁGUILA, CERROS COLORADOS y EL CHOCÓN, en el marco del proceso de privatización, adjudicación y transferencia accionaria iniciado en 2025.

La decisión establece un esquema operativo, económico y comercial uniforme que deberá aplicar CAMMESA para la programación, despacho, medición y liquidación de transacciones, con vigencia desde la fecha efectiva de toma de posesión, ocurrida el 9 de enero de 2026, y con contratos de concesión de treinta (30) años de duración.

Privatización, adjudicación y toma de posesión: el marco que da origen al nuevo régimen

El régimen aprobado se inscribe en un proceso iniciado por la Resolución 1.200/2025 del Ministerio de Economía, que dispuso la venta del total del paquete accionario de las sociedades concesionarias de los cuatro complejos hidroeléctricos, bajo un Concurso Público Nacional e Internacional sin base y de etapa múltiple, conforme los Decretos 286/2025 y 590/2025.

Posteriormente, mediante la Resolución 1.569/2025 se incorporó la Circular Modificatoria N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones, y por Resolución 2.059/2025 se preadjudicó el proceso. Finalmente, la Resolución 2.124/2025 adjudicó las acciones a EDISON HOLDING S.A., BML ENERGÍA S.A. y CENTRAL PUERTO S.A., y aprobó los contratos de transferencia y concesión correspondientes.

El 22 de diciembre de 2025 se suscribieron los Contratos de Transferencia de Acciones con las provincias de Neuquén y Río Negro y los adjudicatarios, así como los Contratos de Concesión previstos en el Decreto 718/2024. No obstante, la fecha de toma de posesión fue postergada hasta el 9 de enero de 2026 mediante Actas Acuerdo, a fin de asegurar una transición ordenada en el MEM.

En ese contexto, la Secretaría de Energía consideró indispensable dictar un régimen instructivo específico que permitiera a CAMMESA aplicar de manera uniforme las nuevas condiciones contractuales, evitando descalces operativos, comerciales o contables que pudieran afectar la seguridad del abastecimiento eléctrico.

Cómo funcionará el régimen en el MEM: energía regulada, energía liberada y liquidaciones

La Resolución 19/2026 aprueba un régimen que define con precisión la asignación de la producción de cada complejo entre energía y potencia regulada y energía y potencia liberada, de acuerdo con los cronogramas previstos en los contratos de concesión y detallados en el anexo técnico anexo_7559701_1.

La energía y potencia regulada será remunerada conforme los valores base y mecanismos establecidos en cada contrato, mientras que la energía y potencia liberada podrá ser comercializada libremente en el Mercado a Término o en el Mercado Spot, bajo las condiciones vigentes del MEM, incluyendo lo dispuesto por la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía.

En materia de remuneración, el régimen fija parámetros técnicos y económicos claros:

  • Energía regulada: se liquidará según los precios PreEneGe (Precio por Energía Generada) y PreEneOp (Precio por Energía Operada).
  • Potencia regulada: se reconocerá en función de la Disponibilidad Real de Potencia (DRP), el Precio Base y el factor kFM.
  • Actualización anual: se aplicará una fórmula basada en los índices PPI y CPI de los Estados Unidos de América, según lo previsto en los contratos de concesión.

Asimismo, se establece un criterio de conversión para valores expresados en moneda extranjera: se utilizará el mecanismo previsto en los contratos y, en ausencia de referencia expresa, el tipo de cambio del Banco Central de la República Argentina correspondiente al último día hábil del mes del Documento de Transacciones Económicas (DTE) provisorio.

Regalías, control institucional y efectos sobre el sector eléctrico

Un aspecto central del régimen es el tratamiento de las regalías hidroeléctricas. La resolución dispone que CAMMESA calculará y liquidará las regalías a favor de las provincias titulares de dominio y demás beneficiarios, conforme el artículo 34 de cada contrato de concesión, sobre la base de la remuneración total de la energía producida y la disponibilidad de potencia.

Para asegurar trazabilidad y transparencia, se instruye a CAMMESA a implementar liquidaciones diferenciadas de energía regulada, energía liberada, potencia regulada y regalías, evitando interpretaciones divergentes y facilitando la verificación por parte del ENRE, el ORSEP y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro.

Desde una perspectiva económica e institucional, la medida:

  • Brinda previsibilidad regulatoria a los nuevos concesionarios, al definir reglas claras de participación en el MEM.
  • Reduce riesgos de litigiosidad derivados de interpretaciones dispares en la liquidación de energía y potencia.
  • Asegura continuidad operativa del sistema eléctrico en una etapa sensible de transición.
  • Refuerza el rol de CAMMESA como agente central de implementación y control.

Para el sector eléctrico en su conjunto, el régimen fija un precedente relevante en materia de articulación entre contratos de concesión de largo plazo y las reglas operativas del MEM, en un contexto de reconfiguración del esquema de generación hidroeléctrica.

Un régimen clave para la estabilidad del sistema eléctrico

La Resolución 19/2026 se presenta como una pieza técnica pero estratégica dentro del proceso de reordenamiento del sector energético. Al fijar reglas precisas desde la toma de posesión y por toda la vigencia de las concesiones, la Secretaría de Energía busca preservar la seguridad del abastecimiento, la coherencia económica del MEM y la confianza de los agentes del mercado.

En un escenario de cambios estructurales en la propiedad y gestión de activos hidroeléctricos, el régimen aprobado funciona como un ancla regulatoria que ordena la transición y proyecta estabilidad institucional para los próximos treinta años.

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