Mercado laboral

Vivar y la paradoja: cuatro cuadras de cola por 35 puestos y nuevas inversiones en Posadas

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La escena fue tan impactante como elocuente: dos vueltas completas a la manzana, más de cuatro cuadras de cola sobre la avenida Uruguay al 3969, en Posadas. No era el lanzamiento de una promoción ni la apertura de una cadena internacional. Era una convocatoria laboral. Apenas 35 puestos iniciales en el supermercado Vivar bastaron para que cientos de personas se presentaran con currículum en mano desde las dos de la madrugada.

La imagen se viralizó en redes sociales y rápidamente se convirtió en símbolo de un momento económico que combina inversión privada y retracción del consumo, crecimiento puntual y fragilidad estructural. Una postal que interpela y que contrasta con la versión de la economía que dio el presidente Javier Milei en la noche del domingo, durante la apertura de las sesiones del Congreso, donde dijo que creció el empleo y que el salario se triplicó en dólares. Lo cierto es que sucede lo inverso. Casi 300 mil empleos perdidos -diez mil en Misiones- y 22 mil empresas menos, aunque algunas se animan a abrir, como el supermercado posadeño, en un desafío a las estadísticas que muestran caída de consumo.

Al frente del proyecto está Tamara Georgia Wurm, una de las propietarias del emprendimiento familiar que decidió hacerse cargo del local cuando el negocio anterior estaba a punto de cerrar. Lo que no esperaban era la magnitud de la respuesta.

“Nosotros no esperábamos en absoluto esta convocatoria. Ya a las dos de la mañana hubo gente haciendo cola. Cuando abrimos a las ocho, había personas que estaban hace muchas horas. Fueron dos vueltas completas a la manzana”, relató en diálogo con Open 101.7.

La empresaria describió la jornada como “linda pero dura”. No solo por la organización que implicó recibir cientos de currículums hasta las nueve de la noche, sino por las historias detrás de cada rostro.

“Conocimos mucha gente de todo tipo, de todas las edades. Personas buscando su primer trabajo, gente con veinte años de experiencia, un arquitecto, un docente que no pudo dar clases ese día, un profesor de música que pidió que lo cubran, y a la noche terminé con un albañil que venía de una jornada de doce horas y había venido igual a buscar una oportunidad laboral”, contó.

La escena deja entrever un fenómeno más amplio: trabajadores formales que necesitan complementar ingresos, profesionales que no logran sostener su actividad, y oficios que ya no garantizan estabilidad. La caída del poder adquisitivo y el cierre de locales en distintos puntos de la ciudad conviven, paradójicamente, con nuevas apuestas de inversión.

Invertir en la retracción

Vivar no es un proyecto improvisado. El local ya funcionaba como paseo de compras y anteriormente había sido sede de grandes supermercados históricos de la ciudad. Wurm y su familia decidieron tomar el control como un proyecto propio, con una fuerte apuesta a la ampliación de rubros.

El supermercado incorpora panadería, carnicería, rotisería, pastelería, fiambrería, venta de electrodomésticos y proyecta ampliar horarios, abrir los domingos y desarrollar la modalidad online, que también demandará mano de obra.

“Queremos empezar con 35 personas, pero la inversión es grande y vamos a seguir tomando gente durante todo el año. El supermercado es un rubro muy dinámico, muy demandante, hacen falta manos”, explicó.

La decisión de avanzar en este contexto no respondió -según reconoce- a un análisis macroeconómico favorable, sino a una oportunidad concreta y a un sueño familiar. “No sé si era el mejor momento del país, pero era la oportunidad que tuvimos”, admitió.

El desafío no es menor. Posadas compite con cadenas nacionales, mayoristas de peso y con la cercanía de Paraguay como polo de precios más bajos. En ese escenario, la estrategia pasa por el ingenio.

“Hay que ofrecer lo que otro lugar no te puede ofrecer. Estar más cerca del cliente, calidad, ingenio. Paraguay es una competencia fuerte y en Posadas tenemos las cadenas más importantes del país”, sostuvo Wurm.

El proyecto también incorpora una impronta inclusiva. La empresaria destacó que ya cuentan con empleados con discapacidad y mencionó el caso de Thiago, uno de los trabajadores, como símbolo del perfil que buscan construir: un supermercado con visión comercial, pero también social.

La fila como síntoma

Las cuatro cuadras de cola no son solo una anécdota empresarial exitosa. Son, sobre todo, un termómetro social. En una ciudad que muestra obras públicas, inversiones privadas y nuevos proyectos comerciales, la masiva búsqueda de empleo evidencia que el mercado laboral atraviesa tensiones profundas, más allá del fervor del presidencial.

El contraste es evidente: mientras algunos sectores se animan a expandirse, cientos de personas madrugan para competir por un puesto. La necesidad y las ganas de trabajar, como dijo la propia Wurm, conviven en la misma fila.

En tiempos donde la economía se mide en estadísticas, aquella mañana sobre la avenida Uruguay ofreció otra clase de indicador: el de la urgencia. Una fila que, más que rodear una manzana, rodeó una pregunta incómoda sobre el estado real del empleo y el poder adquisitivo en la capital misionera.

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El RENATRE apuesta a ordenar el mercado laboral rural con un nuevo programa federal

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El mercado laboral rural suma una nueva herramienta institucional. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) creó el Programa de Empleo Rural (PER), una plataforma de intermediación laboral que conecta oferta y demanda de trabajo en el sector agropecuario y forestal, con foco en empleo formal, capacitación y productividad. La decisión quedó plasmada en la Resolución 20/2026, publicada el 2 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y deja sin efecto el esquema previo aprobado en 2019.

El cambio importa ahora porque apunta a uno de los cuellos de botella más persistentes del sector: la dificultad simultánea de los empleadores para conseguir mano de obra registrada y de los trabajadores para acceder a empleos formales y estables. El PER busca cubrir ese vacío con una intermediación activa, federal y digital, financiada con recursos propios del organismo.

Qué establece la norma, en términos económicos

La resolución crea formalmente el Programa de Empleo Rural (PER) en la órbita del RENATRE y lo define como un servicio de intermediación laboral asistida. No se trata solo de un registro pasivo: el programa contempla entrevistas, diagnóstico de perfiles, vinculación con búsquedas concretas y acompañamiento en el alta temprana del trabajador.

El esquema está dirigido a trabajadores y empleadores rurales inscriptos en el RENATRE, con especial atención a beneficiarios del sistema de prestaciones por desempleo. Para los empleadores, la consecuencia operativa es clara: acceso a una base validada de perfiles laborales, asistencia técnica en el reclutamiento y reducción del costo de búsqueda. Para los trabajadores, mayor visibilidad de su perfil, orientación laboral y acceso a capacitaciones específicas.

La norma también define que la selección final no obliga a contratar, preservando la decisión empresaria, pero incorpora trazabilidad y seguimiento del proceso, reforzando la formalización de los vínculos laborales.

Contexto

El PER reemplaza a la Resolución 189/2019, que había establecido un esquema anterior de intermediación. La nueva iniciativa amplía el alcance y la ambición del instrumento, en línea con las funciones que la ley asigna al RENATRE de centralizar información y facilitar contrataciones en un sector caracterizado por la estacionalidad, la dispersión territorial y la informalidad estructural.

El programa se inscribe en un contexto de economías regionales presionadas, donde la productividad y el arraigo rural dependen cada vez más de contar con mano de obra capacitada y registrada. La norma reconoce ese problema y propone una herramienta superadora del simple registro administrativo.

Impacto concreto

El impacto económico no viene por la vía de subsidios directos ni cambios salariales, sino por la reducción de fricciones en el mercado laboral rural. Para las empresas agropecuarias y forestales, el PER puede bajar costos de contratación, acortar tiempos de búsqueda y mejorar el “match” entre puesto y trabajador.

En términos de empleo, el objetivo explícito es ampliar el trabajo formal, con efectos indirectos sobre la recaudación de aportes y contribuciones y sobre la cobertura de la seguridad social. También puede mejorar la competitividad de las unidades productivas al fortalecer competencias laborales alineadas con las necesidades reales de cada actividad.

Los sectores más beneficiados serían aquellos intensivos en mano de obra y con alta rotación estacional, mientras que el desafío estará en lograr una adopción efectiva del sistema en todo el territorio.

Continuidad y fortalecimiento institucional

La resolución envía una señal de continuidad y fortalecimiento institucional más que de giro. No desregula el mercado laboral rural, sino que refuerza la intervención del RENATRE como actor de articulación entre empleadores y trabajadores. También marca una apuesta por la gestión digital y federal, con acompañamiento personalizado y uso de información registral.

Hacia el sector productivo, el mensaje es de apoyo a la formalización sin imponer nuevas cargas directas. Hacia los trabajadores, una señal de mayor presencia estatal en la facilitación del acceso al empleo registrado.

Qué habrá que mirar hacia adelante

El impacto real del PER se medirá en su capacidad de generar colocaciones efectivas, en la calidad de los perfiles formados y en la adhesión de empleadores de distintas economías regionales. En los próximos meses, el indicador clave será si la plataforma logra convertirse en un canal habitual de contratación y no solo en una herramienta complementaria dentro del ecosistema laboral rural.

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La ansiedad social se corrió del dólar y aterrizó en el salario

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En la Argentina de fines de febrero, la preocupación cotidiana dejó de tener un rostro único. Ya no es solo la inflación ni únicamente la inseguridad: la inquietud se volvió un triángulo duro de romper entre salarios que no alcanzan, empleo que falta y precios que no aflojan. Eso es lo que muestra un relevamiento nacional de Zuban & Córdoba, con 1.500 casos realizado entre el 23 y el 26 de febrero de 2026, con un error muestral de +/- 2,53% y 95% de confianza, mediante una técnica mixta (mailing y CAWI), ponderado por género, zona y último voto legislativo 2025.

El dato más contundente es también el más político: la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, que encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%) e “inseguridad” (13,9%). Mucho más atrás aparecen “corrupción del Estado” (7,3%), “endeudamiento del país” (5,7%) y “polarización política” (1,9%).

La lectura fina del estudio es incómoda para casi todos los discursos. Por un lado, muestra que la economía sigue siendo el gran ordenador del malestar, aunque con un giro: el problema no se enuncia como “macro” sino como microeconomía doméstica. Que “bajos salarios” quede primero sugiere un cambio de foco: incluso si los precios bajan de velocidad, el ingreso sigue llegando tarde.

Por otro lado, el mapa de preocupaciones también relativiza el peso de la “grieta” como explicación total. La polarización aparece, sí, pero en el margen. En términos electorales, esto es una señal: hay una demanda social por resultados materiales más que por épicas identitarias. En términos de gestión, otra: las decisiones de política pública se evalúan en el mostrador y en el recibo de sueldo.

Brecha de género: ellas miran el empleo; ellos, el poder adquisitivo

Cuando se separa por género, las diferencias son nítidas. En varones, el primer lugar lo ocupa “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo” (29,7%), seguido por “falta de empleo y desocupación” (19,4%) e “inflación” (16,9%). En mujeres, el orden se reacomoda: “falta de empleo y desocupación” sube a 25,8%, mientras “bajos salarios” queda en 27,5% y “inflación” marca 18%.

Esa brecha puede leerse como síntoma de época: el empleo aparece como una alarma más fuerte en el universo femenino, mientras que en los varones pesa algo más la pérdida del poder de compra. No es solo economía: es también estructura social, tipo de inserción laboral y expectativas sobre estabilidad.

El corte etario muestra que la preocupación “se mueve” con el ciclo de vida. Entre 18 y 30 años, el empleo domina con 34,5%, muy por encima de salarios (20,8%), inflación (17,9%) e inseguridad (18,5%). En 31 a 45 años, el liderazgo pasa a “bajos salarios” (30,7%) y la inflación pega un salto (27,3%). En 46 a 60, vuelve a imponerse el ingreso: 31,5% salarios, con empleo en 26,1%. Y en mayores de 60, los “bajos salarios” sostienen el primer lugar con 27,9%, aunque el rubro “otro” crece (25,7%), una categoría que suele capturar preocupaciones específicas (salud, medicamentos, costos de vida, servicios) que no siempre quedan reflejadas en opciones cerradas.

La política debería tomar nota: los jóvenes no están discutiendo un modelo; están buscando un puesto. Y los mayores piden que la jubilación alcance.

El corte por voto presidencial también cuenta una historia: hay temas que atraviesan identidades, pero cambian las jerarquías. En primera vuelta, quienes votaron a Javier Milei ubicaron primero la inseguridad (27,5%), seguida por bajos salarios (24,2%), con inflación y empleo prácticamente empatados (18,2% y 18,7%). En votantes de Patricia Bullrich, el orden es más “económico”: bajos salarios (29,6%) y empleo (25,7%), con inseguridad en 19% e inflación en 14,6%. Entre votantes de Sergio Massa, vuelven a liderar bajos salarios (28,4%) y empleo (24,2%), con inflación 19,9% y endeudamiento 13,1%. Pero el caso más extremo es el de Juan Schiaretti: allí, “bajos salarios” llega a 52,8%, un techo que sugiere un electorado fuertemente orientado a la economía real.En el ballotage (último voto), el contraste se simplifica. Entre votantes de Milei, vuelve a liderar inseguridad (25,8%), pero “bajos salarios” es casi igual de alto (26,3%). Entre votantes de Massa, la prioridad es claramente bajos salarios (30,8%), con empleo segundo (24,6%) e inflación tercero (18,9%).

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En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Qué cambia con la nueva Reforma Laboral para empleados, pymes y freelancers

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La reforma laboral que impulsa el Gobierno tiene como uno de sus ejes centrales la regularización de relaciones laborales no registradas o mal registradas. Para ello, prevé incentivos como la reducción de aportes patronales en nuevas contrataciones y mecanismos que faciliten el blanqueo sin que el proceso derive automáticamente en multas o juicios.

Según el Ejecutivo, el objetivo es doble: ampliar el empleo formal y reducir la litigiosidad, un factor que históricamente elevó el costo de contratar en Argentina.

Menos “zona gris” y más previsibilidad

Uno de los problemas que busca atacar la reforma es el fenómeno de los trabajadores en “zona gris”: vínculos contractuales que comienzan como prestación de servicios y terminan siendo recalificados como relación de dependencia en sede judicial.

La nueva normativa intenta reducir ese riesgo, otorgando mayor reconocimiento al contrato de servicios cuando esté correctamente diseñado. Sin embargo, advierte que el empleo encubierto seguirá siendo pasible de reclamo: si existen horario fijo, exclusividad y subordinación, prevalecerán los hechos sobre la forma contractual.

En paralelo, se crea un fondo de cese laboral que reemplaza el esquema tradicional de indemnización “de golpe” por un sistema de capitalización progresiva. El Gobierno sostiene que aportará previsibilidad al costo de desvinculación, mientras que algunos especialistas consideran que podría garantizar cobros más automáticos si está bien financiado. No obstante, también abre el debate sobre el nivel real de protección y quién asume el mayor aporte.

Despidos, bloqueos y condenas en cuotas

La ley habilita el despido con justa causa en casos de bloqueos o tomas de empresas en el marco de reclamos sindicales. Además, permite el pago en cuotas de condenas e indemnizaciones en determinados esquemas, un punto que apunta a aliviar la carga financiera sobre las empresas.

Flexibilidad en horas extras y vacaciones

La reforma también busca regularizar prácticas ya extendidas en sectores como el gastronómico, comercial y tecnológico, donde existen esquemas de administración flexible de horas de trabajo.

Modalidades como el “viernes libre” o la compensación de jornadas especiales quedarían formalmente reconocidas, reduciendo el riesgo de judicialización. En materia de horas extras, se intenta dar marco legal a acuerdos que en muchos casos hoy se negocian por fuera de los convenios.

El foco en las pymes

Para las micro y pequeñas empresas, el “corazón” práctico de la reforma es el incentivo al blanqueo. Se crea la figura del “colaborador” para micro pymes, que permite contratar hasta cierto número de personas bajo un esquema distinto al de relación laboral tradicional.

Se trata de una herramienta pensada para tareas acotadas, aunque especialistas advierten que su uso como empleo encubierto podría derivar en conflictos judiciales.

Además, la reforma busca reducir el “miedo al costo de salida”, uno de los principales frenos a la contratación formal. Con un esquema más previsible, blanquear empleados dejaría de ser una decisión prohibitiva y pasaría a evaluarse en términos económicos.

Empresas con contratistas: más control y más compliance

En los casos de empresas que tercerizan servicios —seguridad, limpieza, logística u obras— se incorporan mecanismos para exigir comprobantes y retener pagos si el contratista incumple con obligaciones previsionales.

La reforma refuerza así un modelo de compliance laboral: si la empresa principal no controla, puede quedar expuesta a responsabilidad solidaria. Esto podría elevar costos administrativos, pero reducir riesgos futuros.

Autónomos y freelancers

Para profesionales independientes, la reforma amplía el reconocimiento del contrato de servicios. Un freelancer que factura a varios clientes, maneja sus horarios y trabaja por entregables tendría un marco más claro y menos riesgoso para las empresas contratantes.

Sin embargo, el esquema no protege situaciones de “monotributistas exclusivos” que cumplen horario fijo y reportan a un superior: en esos casos, la posibilidad de reclamo seguiría vigente.

Como independientes, aguinaldo y vacaciones quedarán librados a la negociación particular, no a la ley.

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