Mercado laboral

Ministerio de Trabajo proyecta más formación laboral para enfrentar el cambio del empleo

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El Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones proyecta para 2027 una agenda centrada en la formación profesional y la capacitación como herramientas para mejorar las posibilidades de acceso y permanencia en el mercado laboral. La ministra Silvana Giménez informó que la cartera contará con un presupuesto previsto de $2.555 millones, lo que representa un incremento del 12% respecto del año anterior.

El dato presupuestario adquiere relevancia porque la estrategia laboral de la Provincia busca desplazar el foco hacia las capacidades que demanda un mercado de trabajo en transformación. La formación en oficios, la actualización de conocimientos y la reconversión de habilidades aparecen como instrumentos para trabajadores que necesitan fortalecer su perfil, jóvenes que buscan su primera experiencia y personas que deben volver a insertarse laboralmente.

La definición parte de un escenario que plantea dificultades tanto para quienes buscan empleo como para las empresas que necesitan sostener sus estructuras productivas. Frente a esa tensión, el Ministerio prevé profundizar el trabajo territorial y el diálogo con los distintos actores del mercado laboral para detectar necesidades concretas y adaptar la oferta de capacitación a cada realidad.

Capacitar donde están las oportunidades

La planificación para 2027 contempla llevar propuestas de formación a distintos puntos de Misiones, con especial atención a los perfiles que requieren los sectores productivos de cada localidad. La lógica busca evitar que la capacitación quede desconectada de la demanda laboral y avanzar hacia una mayor correspondencia entre los conocimientos disponibles y las habilidades requeridas.

En ese esquema, la articulación con cámaras empresariales, sindicatos, instituciones y sectores productivos ocupa un lugar central. El objetivo es identificar qué capacidades necesita cada actividad y orientar los programas de formación hacia esas demandas.

La política adquiere así una dimensión territorial. En una provincia con una estructura productiva diversa, la necesidad de trabajadores capacitados no es uniforme. Vincular la formación con las características de cada localidad permite que el Estado actúe sobre una de las principales barreras para el acceso al empleo: la distancia entre las habilidades de quienes buscan trabajo y los perfiles que requieren las empresas.

Giménez señaló que el Ministerio profundizará las acciones destinadas a trabajadores, jóvenes y personas que necesitan reconvertir sus habilidades. La prioridad estará puesta tanto en quienes buscan incorporarse al mercado laboral como en aquellos que necesitan actualizar conocimientos frente a los cambios del entorno sociolaboral.

La capacitación en oficios aparece, en ese sentido, como una herramienta de política laboral activa. No se limita a mejorar conocimientos técnicos, sino que busca ampliar las posibilidades de inserción y acompañar a quienes necesitan desarrollar nuevas capacidades para sostener una actividad productiva.

Formación y diálogo social para sostener el empleo

La estrategia de capacitación se complementa con otra línea de intervención de la cartera laboral: el diálogo social entre Estado, trabajadores y empresas. En un contexto económico que genera presión sobre las estructuras productivas y los ingresos laborales, la Provincia plantea fortalecer las instancias de negociación como mecanismo para preservar puestos de trabajo.

Giménez destacó el diálogo social tripartito como una herramienta para abordar las dificultades que atraviesan empresas y trabajadores. La lógica apunta a intervenir antes de que las tensiones económicas desemboquen en una pérdida definitiva del empleo.

En esa línea, la ministra se refirió a los convenios previstos en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permiten establecer acuerdos entre empresas y trabajadores durante períodos determinados con el objetivo de evitar despidos. Según explicó, estas herramientas vienen utilizándose desde hace casi un año para acompañar a empresas y preservar fuentes laborales.

La combinación entre capacitación y mecanismos de sostenimiento del empleo configura una estrategia con dos tiempos. Por un lado, busca evitar que las dificultades coyunturales se traduzcan en despidos. Por otro, apunta a preparar a los trabajadores para un mercado que modifica sus requerimientos y exige nuevas competencias.

El desafío de convertir capacitación en empleo

El principal desafío para 2027 será que la expansión de la formación profesional se traduzca en oportunidades laborales concretas. Para eso, la conexión con el sector productivo será determinante: cuanto más precisa sea la identificación de las necesidades empresariales y sectoriales, mayor será la posibilidad de que los cursos respondan a demandas efectivas.

La apuesta también tiene un componente social. Para los jóvenes, adquirir un oficio puede significar una primera puerta de entrada al mundo laboral. Para trabajadores en actividad, puede representar una herramienta de adaptación. Para quienes quedaron fuera del mercado, la actualización de capacidades puede funcionar como una vía de reconversión.

En ese punto se concentra la propuesta del Ministerio de Trabajo para 2027: utilizar la formación como una política de empleo y no únicamente como una oferta educativa. El presupuesto proyectado de $2.555 millones deberá sostener una estrategia que combine capacitación, presencia territorial y articulación con quienes generan trabajo.

Para Misiones, el desafío será acompañar con capacidades laborales la evolución de sus sectores productivos. La formación profesional puede convertirse así en un puente entre dos necesidades que suelen avanzar a distinta velocidad: las personas que necesitan una oportunidad y las actividades que necesitan trabajadores con conocimientos adecuados para sostener y ampliar su producción.

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Empleo: la Argentina encadenó por primera vez un año completo de caída del trabajo privado registrado

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La economía argentina volvió a mostrar una señal que expone la distancia entre la recuperación de algunos indicadores de actividad y su impacto sobre el mercado laboral. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en mayo se completaron doce meses consecutivos de caída del empleo privado registrado, una secuencia inédita desde que existen registros comparables, que comienzan en 2009.

La contracción comenzó en junio del año pasado y desde entonces no registró interrupciones. No se trata de la caída más profunda en términos de magnitud histórica, pero sí de la más prolongada sin un solo mes de recuperación.

El saldo acumulado es significativo: durante esos doce meses se perdieron 135.500 puestos de trabajo privado registrado.

La dinámica tampoco fue compensada por otras modalidades laborales. En el mismo período desaparecieron 16.700 empleos públicos registrados, mientras que se incorporaron 42.600 monotributistas. Es decir, el incremento del trabajo independiente formal estuvo lejos de cubrir la destrucción de puestos asalariados.

Si la comparación se extiende hasta el cambio de gestión nacional, el deterioro es mayor: de acuerdo con el IAG, desde entonces se perdieron 241.200 empleos privados registrados.

Una economía que crece sin generar empleo

El fenómeno aparece acompañado por una composición particular de la actividad económica. En junio, la actividad avanzó 0,8% y quedó 2,7% por encima del mismo mes del año anterior. Sin embargo, el segundo trimestre terminó 0,9% por debajo del primero, mientras que el primer semestre acumuló una expansión de 1,9%.

El problema está en qué sectores explican el crecimiento.

La pesca registró un salto de 247,6% y la minería creció 15,6%. En sentido contrario, la industria acumuló una caída de 1,9% y el comercio retrocedió 1,2% durante el semestre.

La diferencia no es menor. Industria y comercio representan, en conjunto, alrededor del 26% del Producto Bruto Interno y el 38% del empleo privado registrado, según los datos presentados por el Instituto Argentina Grande.

Así, una parte relevante del crecimiento está concentrándose en actividades de fuerte expansión pero con una capacidad relativamente menor para generar empleo masivo, mientras permanecen debilitados dos de los principales motores laborales de la economía.

Superávit fiscal, con ajuste sobre subsidios y provincias

El otro pilar del programa económico continúa siendo el resultado fiscal. Julio terminó con un superávit primario de $2,96 billones y un resultado financiero positivo de $244.897 millones.

En los primeros siete meses del año, el superávit primario equivale al 0,9% del PBI y el financiero al 0,1%.

Según el análisis del IAG, parte del resultado volvió a sostenerse sobre la reducción de subsidios y las transferencias a las provincias.

El contraste define uno de los principales interrogantes de la economía argentina: la actividad puede recuperar terreno y las cuentas públicas permanecer equilibradas, pero el empleo privado formal todavía no encuentra un piso.

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Generación Puente: Posadas crea un programa laboral para mayores de 35 años

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La iniciativa de este programa laboral apunta a quienes atraviesan procesos de reinserción, cambio o consolidación laboral después de los 35 años. Esta semana inicia el primer encuentro “Talento 35+”.

La Dirección de Formación y Empleo, a través de la Oficina de Empleo, presenta Generación Puente, un programa de formación dirigido a personas mayores de 35 años. La propuesta ofrece herramientas para afrontar los desafíos actuales del mundo del trabajo.

Tras un contacto diario, se evidenció la necesidad de responder a quienes atraviesan procesos de reinserción o cambio laboral, redefinen sus objetivos profesionales o buscan actualizar sus capacidades frente a un mercado en constante transformación. Por ello, este programa no se define solo por la edad, sino que reúne a personas con trayectoria que precisan seguir aprendiendo, adaptarse a nuevos escenarios y comunicar con claridad su aporte profesional.

Dicho programa abordará tres ejes de trabajo como poner en valor la experiencia, actualizar herramientas y potenciar el talento. Serán cinco encuentros que incluirán las siguientes temáticas: talento 35+, liderazgo, emprendedores, habilidades e identidad. El primero denominado Talento 35+ contará de 3 encuentros presenciales y comenzará este miércoles 26 de agosto a las 9:00 hs en el Ministerio de Acción Cooperativa, ubicado en Av. Mitre 2180.

Este taller está dirigido a quienes buscan empleo, atraviesan una transición profesional o desean fortalecer sus habilidades. Entre los temas a desarrollar se encuentran la orientación laboral, el autoliderazgo, la comunicación, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la creatividad, la resiliencia y la adaptabilidad.

También se trabajará en herramientas prácticas: currículum, elevator pitch, entrevistas laborales, storytelling y propuesta de valor. Al finalizar, cada participante contará con un mapa personal de habilidades, un objetivo laboral definido, una propuesta de valor, un manifiesto profesional y un plan de acción concreto.

En esa línea, adelantaron que la experiencia representa un capital construido a partir de aprendizajes, decisiones y problemas resueltos. Por este motivo, el desafío consiste en reconocerlo para lograr fortalecer donde haga falta y aprender a comunicarlo con estrategia.

La formación, a cargo de la Oficina de Empleo, será dictada por Miguel Galeano, coach ontológico y coach laboral. Las inscripciones, gratuitas y con cupos limitados, se habilitarán a partir del 20 de agosto a las 14:00 hs en la sede municipal de Av. Uruguay 3200, esquina Félix Aguirre.

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Los salarios subieron 2,9% en junio y acumularon un alza de 18,5% en el primer semestre

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La evolución salarial constituye uno de los principales indicadores para medir cómo se distribuye el impacto de la dinámica económica sobre los hogares. Un aumento del 18,5% entre enero y junio refleja la magnitud de la recomposición nominal de los ingresos laborales, aunque su efecto real dependerá de la evolución de los precios durante el mismo período y de las diferencias entre sectores, modalidades de empleo y categorías de trabajadores.

El incremento mensual de 2,9% en junio también aporta una señal relevante para las empresas. Los salarios son, al mismo tiempo, ingresos para millones de trabajadores y uno de los principales componentes de costos para numerosas actividades productivas. La capacidad de compatibilizar recomposición salarial, empleo formal y sostenibilidad de las empresas seguirá siendo uno de los desafíos centrales de la economía.

El salario como variable de consumo y actividad

Para los hogares, la discusión trasciende el porcentaje de aumento. La cuestión determinante es qué bienes y servicios pueden adquirirse con ese ingreso y cómo evoluciona la capacidad de cubrir gastos esenciales, desde alimentos y transporte hasta vivienda, educación y servicios.

Para el sector productivo, una mejora sostenida de los ingresos reales puede fortalecer la demanda interna. Comercios, pequeñas y medianas empresas y prestadores de servicios dependen, en buena medida, de la capacidad de consumo de las familias.

Ese vínculo explica por qué la evolución salarial tiene un impacto que excede las paritarias. Una recuperación efectiva del poder de compra puede generar un círculo de mayor demanda y actividad, mientras que una mejora exclusivamente nominal, absorbida por la suba de precios, limita ese efecto sobre la economía cotidiana.

El desafío es reducir la distancia entre salarios y costo de vida

El promedio que refleja el índice salarial tampoco necesariamente describe la situación de todos los trabajadores. La evolución de los ingresos puede ser diferente según se trate de empleo registrado privado, empleo público o trabajo no registrado, además de las diferencias entre sectores y regiones.

Para una mirada orientada a soluciones, el desafío consiste en mejorar los mecanismos que permitan sostener ingresos sin deteriorar la capacidad de contratación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. La productividad, la formalización laboral y la previsibilidad de costos aparecen como variables tan relevantes como el porcentaje de incremento acordado.

En regiones como el NEA, donde la estructura económica tiene un fuerte peso de las PyMEs, el comercio, los servicios y las economías regionales, la evolución del salario adquiere una dimensión adicional. La capacidad de las empresas para trasladar aumentos de costos es limitada cuando la demanda permanece débil, pero al mismo tiempo la falta de recuperación del ingreso de los hogares restringe el mercado interno.

Lo que habrá que seguir de cerca

El dato de junio deja una referencia concreta: los salarios aumentaron 2,9% en el mes y 18,5% en el primer semestre de 2026. La próxima discusión será determinar cómo se ubica esa trayectoria frente a la evolución de la inflación y si la mejora alcanza de manera relativamente homogénea a los distintos segmentos del mercado laboral.

La recuperación del salario real será una variable decisiva para la segunda mitad del año. No solo definirá el poder adquisitivo de los hogares, sino también el comportamiento del consumo, la actividad comercial y la capacidad de las empresas para sostener empleo. El desafío de política económica será convertir la estabilidad de las variables nominales en una mejora verificable de las condiciones de vida y en una recuperación sostenible de la demanda.

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Sturzenegger avanza sobre el sistema de Riesgos del Trabajo: eliminan 122 normas para reducir burocracia y anticipan una reforma más amplia

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La reforma del mercado laboral comenzó a mostrar uno de sus primeros movimientos concretos fuera de las leyes de fondo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció el inicio de una revisión integral del sistema de Riesgos del Trabajo con una medida que apunta a reducir la burocracia acumulada durante décadas: la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) eliminó 122 resoluciones consideradas obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 35/2026, firmada por el superintendente Gustavo Morón, y constituye el primer paso de una estrategia más amplia orientada a revisar el costo regulatorio que enfrentan empresas, aseguradoras y trabajadores dentro del sistema creado por la Ley 24.557.

Empezamos a abordar el tema de los riesgos del trabajo. De los múltiples temas que teníamos en el mercado laboral, el costo de los riesgos del trabajo es uno que siempre se menciona con preocupación“, expresó Sturzenegger al presentar la medida. Según explicó, el objetivo es realizar una revisión integral de toda la normativa vigente junto con la SRT.

El ministro sostuvo que la resolución constituye una “limpieza normativa” que prepara el terreno para futuras reformas y destacó que muchas de las disposiciones eliminadas permanecían vigentes desde hacía más de tres décadas, prácticamente desde la creación del organismo.

Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas con procedimientos que ya habían sido reemplazados por plataformas digitales, registros administrativos que perdieron utilidad, estructuras internas sin funciones operativas y programas que dejaron de implementarse hace años. La resolución elimina, por ejemplo, el registro de graduados universitarios en Higiene y Seguridad, el comité de seguridad de la información de la SRT y diversos procedimientos presenciales que habían quedado superados por la digitalización administrativa.

Una depuración normativa para reducir costos administrativos

La resolución distingue dos situaciones. Por un lado, reconoce formalmente la pérdida de vigencia de 29 resoluciones que, aunque seguían apareciendo como activas, ya habían sido reemplazadas por normas posteriores, por lo que su derogación era, en los hechos, tácita desde hacía años. Algunas de ellas habían dejado de producir efectos incluso desde 2002 o 2010.

En paralelo, la SRT derogó expresamente otras 93 resoluciones o artículos específicos cuyo objeto ya se había cumplido, cuyos plazos habían vencido o que resultaban redundantes dentro del actual marco regulatorio. Entre ellas aparecen numerosas normas dictadas entre 2015 y 2024 que habían quedado sin aplicación práctica.

Desde el organismo sostienen que esta depuración busca brindar mayor seguridad jurídica, facilitar la consulta del Digesto Institucional y evitar que ciudadanos, empresas y profesionales deban interpretar un entramado normativo compuesto por disposiciones que ya no tenían efectos reales.

El objetivo: un sistema más simple y previsible

La medida se inscribe dentro del proceso de revisión normativa impulsado por el Decreto 90/2025, que ordenó a todos los organismos nacionales identificar regulaciones innecesarias para disminuir cargas administrativas y simplificar los procedimientos estatales.

En ese marco, la propia resolución sostiene que eliminar regulaciones obsoletas contribuye a reducir la incertidumbre jurídica, agilizar los trámites y mejorar la eficiencia administrativa sin afectar derechos adquiridos ni situaciones jurídicas ya consolidadas.

Para las empresas, la decisión implica un marco regulatorio más claro al eliminar obligaciones y procedimientos que ya no tenían aplicación efectiva. Para los estudios jurídicos, asesores laborales y profesionales de higiene y seguridad, la depuración también reduce el riesgo de interpretaciones contradictorias derivadas de normas que permanecían formalmente vigentes pese a haber sido superadas por regulaciones posteriores.

La señal política detrás de la medida

Más allá del alcance administrativo de la resolución, el mensaje político fue explícito. Sturzenegger vinculó la iniciativa con la estrategia general del Gobierno de Javier Milei para reducir regulaciones y simplificar el funcionamiento del Estado.

“La agenda de reducir normas es el camino que nos señala el presidente Javier Milei”, afirmó el ministro, dejando entrever que la depuración normativa constituye apenas la primera etapa de una reforma más profunda sobre el régimen de Riesgos del Trabajo, un sistema que desde hace años acumula reclamos empresariales por sus costos, su litigiosidad y su complejidad regulatoria.

Aunque la Resolución 35/2026 no modifica las prestaciones ni los derechos de los trabajadores, sí marca el inicio de una revisión estructural que podría derivar en futuros cambios sobre uno de los componentes más sensibles del costo laboral argentino.

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