mercado laboral argentino

La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo y echará a más de 900 empleados

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El cierre definitivo de la fábrica de neumáticos Fate no es solo el final de una empresa histórica: es la postal más contundente del retroceso industrial que atraviesa la Argentina. Con 920 despidos y el cese total de actividades en su planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, la firma de más de 80 años de trayectoria se convierte en uno de los símbolos más fuertes del actual ciclo económico.

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial”, informó la compañía en un comunicado oficial, en el que atribuyó la decisión a “los cambios en las condiciones de mercado”.

La empresa, que fue pionera en abastecer neumáticos radiales a la industria automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, arrastraba años de crisis por caída de ventas, conflictos gremiales y pérdida de mercados de exportación.

Pero el impacto del cierre excede a la firma. Se produce en un contexto en el que el sistema productivo argentino viene reduciéndose a una velocidad sostenida.

La salida de Fate del mapa productivo no ocurre en el vacío. Se inscribe en un proceso más amplio de contracción del entramado empresario formal que viene profundizándose desde fines de 2023. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el sistema perdió 21.938 empleadores registrados. En el mismo período, el número de trabajadores formales cubiertos cayó en 290.602 personas. Si en noviembre de 2023 había 512.357 empresas y 9.857.173 trabajadores, dos años después los registros muestran 490.419 empleadores y 9.566.571 trabajadores. Solo en noviembre último el cierre neto fue de 892 empresas, y en los primeros once meses de 2025 la pérdida acumulada alcanzó a 9.722 empleadores.

La construcción aparece como el sector más golpeado por el freno de la obra pública y la retracción de la inversión privada, pero la industria manufacturera también viene mostrando señales persistentes de debilidad. En ese contexto, el caso Fate adquiere una dimensión simbólica: no se trata de una pyme marginal, sino de una firma con liderazgo tecnológico, presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina, y un rol estratégico dentro del complejo automotriz argentino.

La crisis de la compañía no comenzó este año. En 2019 aplicó una reducción de 450 puestos y volvió a ajustar en 2021 y 2022. En julio de 2024 solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados externos. La empresa sostuvo entonces que la demanda interna se había desplomado un 30% y que acumulaba pérdidas superiores a los 30 millones de dólares en el primer semestre de 2024. En mayo de ese mismo año ya había anunciado cerca de 200 despidos para adecuar su estructura. Entre los factores señalados figuraban los elevados costos de producción, la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias para importar insumos, la deficiente infraestructura, los sobrecostos laborales, la baja productividad y la conflictividad gremial.

El cierre de Fate deja así una doble lectura. Por un lado, el drama inmediato de casi mil trabajadores que pierden su empleo. Por otro, la confirmación de una tendencia estructural: la economía argentina atraviesa una etapa de fuerte reducción de su base empresaria formal. Con casi 22 mil empleadores menos en dos años, la pregunta que comienza a instalarse no es solo cuántas compañías más resistirán el nuevo escenario, sino qué perfil productivo quedará en pie una vez que el ajuste termine de reconfigurar el mapa industrial del país.

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El empleo se vuelca al cuentapropismo y redibuja el mala laboral urbano

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El mercado de trabajo argentino en los principales centros urbanos cambió de forma silenciosa, pero profunda. Entre el tercer trimestre de 2016 y el mismo período de 2025, el empleo por cuenta propia avanzó con mayor dinamismo que el trabajo asalariado y terminó reconfigurando la estructura ocupacional en los 32 aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Hoy, sobre un total de 13,6 millones de ocupados urbanos, el 24,5% trabaja por cuenta propia, mientras que el 71,9% lo hace en relación de dependencia. En 2016, la proporción era distinta: los asalariados representaban el 75,4% y los cuentapropistas apenas el 20,5%. En menos de una década, el empleo independiente ganó 4,1 puntos porcentuales y el asalariado perdió 3,6.

La tendencia no fue lineal, pero sí persistente. Entre 2016 y 2020 el cuentapropismo creció de manera ininterrumpida, alcanzando el 25% del total en plena pandemia. Luego, entre 2021 y 2023, el empleo asalariado recuperó terreno, pero el ciclo volvió a invertirse en 2024 y 2025. En los últimos dos años el trabajo independiente sumó tres puntos porcentuales y se ubicó en su segundo nivel más alto de toda la serie histórica, solo por debajo del pico excepcional de 2020.

La transformación también se observa en números absolutos. En 2016 había 2,3 millones de cuentapropistas en los aglomerados urbanos; en 2025 son 3,3 millones: un crecimiento del 42,2%. En cambio, los asalariados pasaron de 8,7 millones a 9,8 millones, una suba del 13%. Más aún: el máximo histórico de empleo asalariado fue en 2023, con 10 millones de trabajadores. Desde entonces retrocedió 2,5%, mientras el cuentapropismo volvió a expandirse con fuerza.

(*) Incluye Patrones y Trabajadores familiares sin remuneración. Fuente: Politikon Chaco en base EPH-INDEC.

El fenómeno no es homogéneo. El mapa territorial revela diferencias marcadas. En el tercer trimestre de 2025, Mar del Plata encabeza el ranking con 32,5% de cuentapropistas sobre el total de ocupados. Le siguen Posadas (32,0%) y Gran Resistencia (30,7%). En el extremo opuesto, Río Gallegos registra apenas 9,2%, el único aglomerado con participación de un dígito, acompañado por Ushuaia-Río Grande con 14,5%.

La comparación entre 2016 y 2025 muestra que el avance fue particularmente intenso en el NEA. Gran Resistencia incrementó su cuentapropismo en 14,3 puntos porcentuales y Posadas en 11 puntos. En ambas ciudades, prácticamente uno de cada tres trabajadores urbanos es hoy independiente. Solo cinco aglomerados redujeron la participación del trabajo por cuenta propia en el período, entre ellos Santa Rosa-Toay y Río Cuarto.

El dato de fondo es que el cuentapropismo volvió a consolidarse como válvula de ajuste del mercado laboral urbano. Ya no se trata únicamente de un fenómeno asociado a la pandemia o a episodios coyunturales de crisis, sino de una modalidad que gana espacio estructuralmente frente al empleo asalariado.

La pregunta hacia adelante no es solo cuánto crece el empleo, sino bajo qué forma lo hace. El aumento del trabajo independiente puede reflejar dinamismo emprendedor, pero también fragilidad del mercado formal. Lo cierto es que, en muchas ciudades argentinas, el empleo dejó de expandirse principalmente a través del salario y comenzó a hacerlo, cada vez más, a través de la cuenta propia.

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Empleo formal en retroceso y salarios en caída: Misiones pierde más que el promedio nacional

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El mercado laboral misionero atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Así lo señala el Informe Disciplinar-Febrero 2026 del Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM), dependiente de la Universidad Gastón Dachary, que analiza la evolución del empleo formal y los salarios reales en la provincia y en la Argentina a partir de datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El documento advierte que, aunque la economía nacional logró cierta estabilización macroeconómica en el corto plazo, esa mejora no se tradujo todavía en una recuperación sostenida del empleo ni del poder adquisitivo. En Misiones, incluso, el deterioro resulta más marcado que en el promedio del país.

A nivel nacional, el empleo asalariado formal privado se ubica en torno a los 6,2 a 6,3 millones de trabajadores, pero arrastra más de una década de estancamiento. 

En la provincia, la dinámica es más preocupante. Entre 2015 y 2024 el empleo privado nacional creció apenas 1,65%, mientras que en Misiones se registró una leve contracción. Si se compara 2023 con 2024, la caída fue del 1,91% en el país y del 3,38% en la provincia. El dato más reciente profundiza la tendencia: el primer trimestre de 2025 muestra una disminución del 5,1% del empleo privado registrado en Misiones respecto al mismo período de 2023.

La contracción no fue homogénea. La construcción explica buena parte de la pérdida de puestos. Desde el máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2025 se destruyeron 9.637 empleos formales en ese sector en la provincia. Solo entre el primer trimestre de 2023 y el de 2025 se perdieron 4.690 puestos privados registrados.

Mientras tanto, comercio y servicios continúan ganando participación dentro del total del empleo privado. De acuerdo con el promedio 2020–2024, los servicios explican cerca del 40% del empleo formal en Misiones, mientras que la industria y el comercio concentran alrededor del 20% cada uno. En conjunto, estos tres sectores reúnen aproximadamente el 80% del empleo privado registrado. 

Esta estructura consolida un cambio productivo que se viene profundizando desde hace años: menos peso relativo de la construcción y mayor centralidad de las actividades terciarias.

El informe también pone el foco en los salarios. Desde 2013 el salario real del sector privado en Misiones mantiene una tendencia descendente. En 2024 los ingresos reales eran un 24% inferiores a los de 2013, medidos a precios constantes de septiembre de 2025. 

Si bien durante algunos meses de 2024 se registró una recuperación parcial, esa mejora se revirtió a comienzos de 2025. Entre enero y junio del año pasado, el salario real privado cayó alrededor de un 10%, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

El ODEM enmarca este escenario en lo que denomina el “problema de la sábana corta”: las políticas orientadas a reducir la inflación -mediante un enfoque fiscal y monetario contractivo- lograron una desaceleración inflacionaria, pero al mismo tiempo impactaron sobre la actividad y el empleo.

El mercado laboral misionero combina menor nivel de empleo formal, una estructura cada vez más concentrada en servicios y comercio, y salarios reales debilitados. El desafío, concluye el informe, será compatibilizar la estabilidad de precios con políticas que impulsen la actividad, diversifiquen la estructura productiva y promuevan empleo de mayor calidad, para que la mejora macroeconómica pueda reflejarse finalmente en los bolsillos y en la generación de trabajo genuino en la provincia.

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El CEC advierte una crisis generalizada en grandes cadenas comerciales: reestructuraciones y salarios atrasados

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Crisis laboral en el comercio, denuncias por pagos en cuotas, retiros masivos y reestructuraciones en grandes cadenas comerciales en Misiones.

El Centro de Empleados de Comercio advirtió que las medidas nacionales y la fuerte caída del consumo profundizan los despidos y la reducción de personal en supermercados, casas de electrodomésticos y comercios de gran escala.

Denuncias formales y pagos en cuotas: el impacto en empresas de electrodomésticos

El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Agustín Gómez, alertó sobre el agravamiento de la situación laboral en las principales cadenas comerciales del país. En diálogo con LT17 Radio Provincia, confirmó que Musimundo atraviesa un cuadro crítico que derivó en una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de Misiones, luego de que la empresa empezara a pagar los salarios en cuotas desde hace tres meses.

Gómez explicó que los trabajadores solicitaron la intervención del sindicato debido a que los haberes —de carácter alimentario— se abonan en fechas irregulares, sin un cronograma claro y con avisos informales. “El trabajador pide que se le explique cómo va a ser el pago del salario”, señaló, remarcando que la empresa incumple el marco legal que exige abonar los sueldos hasta el cuarto día hábil.

El dirigente sostuvo que la compañía reconoce un escenario difícil y que incluso advirtió que la situación podría “empeorar”, lo que generó mayor incertidumbre entre los empleados.

Híper Libertad: reducción de personal, retiros voluntarios y cambio de formato

La otra preocupación central del sector es Híper Libertad, que atraviesa una reestructuración profunda desde hace tres meses. Según Gómez, la empresa informó que tomó un préstamo internacional para financiar retiros voluntarios y garantizar el pago de salarios, debido a que sus números “dieron en rojo” en 2024.

La firma —propiedad del empresario salvadoreño Carlos Calleja— evalúa achicar su formato comercial y pasar de hipermercado a supermercado, lo que implicaría una reducción significativa del plantel.

Empleados a comienzos del año: alrededor de 200. Empleados actuales: cerca de 150. Personal proyectado si avanza el cambio de formato: 60 trabajadores

El dirigente sindical afirmó que la decisión inicial de la compañía era retirarse del país, pero que finalmente optó por avanzar primero con un proceso de achique, cuyo impacto definitivo será evaluado en enero, dependiendo del nivel de consumo.

La caída de ventas, la pérdida de poder adquisitivo y las asimetrías fronterizas que desvían el consumo hacia Paraguay y Brasil profundizan la crisis. “La situación es generalizada”, resumió Gómez, al describir el deterioro del comercio minorista.

Despidos y precarización: casos de Frávega y supermercados California

El secretario adjunto del CEC confirmó que Frávega cerró sucursales en distintas provincias y que en Misiones ya produjo despidos recientes.

Uno de los cuadros más complejos se observa en supermercados California, donde se denunció una mayor rotación de personal antiguo, reemplazado por trabajadores incorporados mediante una cooperativa. Según Gómez, esta modalidad vulnera condiciones básicas del Convenio Colectivo de Empleados de Comercio, ya que los nuevos trabajadores no perciben la jornada ni el salario correspondientes.

El dirigente agregó que la empresa —que cuenta con ocho locales en Posadas y una de las mayores dotaciones de trabajadores del rubro— ejecuta despidos sin causa, retiros voluntarios y desvinculaciones de empleados con antigüedad, mientras avanza con contrataciones externas que reducen costos laborales.

Un fin de año con mayor conflictividad laboral y caída del consumo

El CEC advirtió que la combinación de caída del consumo, aumento de costos y medidas nacionales que afectaron la actividad comercial derivaron en un escenario de conflictividad que no se veía desde hace años. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios también golpea a los propios comercios, que dependen en gran medida de la demanda interna.

La situación se agrava en vísperas de fin de año, cuando históricamente el comercio exhibía picos de actividad. “Es una situación complicada justo en fin de año, pero es la realidad que estamos atravesando”, concluyó Gómez.

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En Argentina estudiar una carrera reduce a la mitad las chances de estar desempleado

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Un informe de la OCDE revela que la educación superior sigue siendo un diferencial clave en el mercado laboral argentino. La brecha salarial y las tasas de desempleo confirman que el título universitario potencia ingresos y oportunidades, aunque persisten desafíos en inversión educativa y desigualdad social

El Panorama de la Educación 2025 de la OCDE muestra que en Argentina la brecha salarial entre quienes solo completaron la secundaria y quienes alcanzaron un título terciario o universitario asciende al 63%, por encima del promedio de los países miembros (54%).

La correlación también se refleja en las tasas de desempleo: entre los jóvenes de 25 a 34 años con educación superior, la desocupación fue del 4,1% en 2023, casi la mitad que el 7,2% registrado en quienes solo cuentan con secundaria completa. Para los que no finalizaron la secundaria, el indicador llegó al 7,8%.

La magnitud del diferencial aumenta con el nivel alcanzado. Según el estudio, en Argentina un título de maestría permite ingresos 2,5 veces superiores a los de alguien con solo secundaria completa, mientras que una licenciatura implica 75% más de salario promedio. Incluso las carreras terciarias cortas muestran un plus: 30% más que terminar la escuela media.

“En un contexto de cambio tecnológico y digitalización, la educación terciaria y universitaria es cada vez más importante”, afirmó Ana Miranda, investigadora del Conicet y Flacso, destacando la calidad de la educación superior argentina y su potencial en innovación.

Cobertura, inversión y desigualdades

El informe advierte que el acceso a la universidad en Argentina es limitado: mientras la asistencia a la secundaria alcanza al 94% en áreas urbanas, la participación en la educación superior se reduce al 48%, según datos recientes de Flacso y la OEI.

La desigualdad de origen social sigue siendo un factor determinante. En 2023, solo el 26% de los jóvenes de hogares con menor nivel educativo alcanzó un título universitario, frente al 70% en familias más favorecidas. “Apoyar el acceso equitativo a la educación superior es crucial para mejorar la movilidad social”, señala la OCDE.

En términos de financiamiento, Argentina figura entre los siete países con menor inversión educativa de los 45 relevados por la OCDE. Con datos de 2022, el gasto público por estudiante fue de USD 4.448 en niveles obligatorios y apenas USD 3.329 en nivel superior, muy por debajo del promedio de USD 15.102 en la OCDE.

“El mercado laboral argentino es más precario que el de los países de la OCDE; el título superior marca la diferencia, pero la secundaria ya no garantiza empleabilidad como antes”, explicó Pedro Núñez, investigador del Conicet.

Educación superior como política estratégica

El estudio deja en claro que el valor del título universitario en Argentina sigue vigente, tanto en términos de ingresos como de estabilidad laboral. Sin embargo, advierte que el diferencial positivo no alcanza a compensar las deficiencias estructurales del sistema educativo y del mercado laboral.

Entre los desafíos centrales aparecen:

  • Ampliar la cobertura del nivel superior, con políticas de becas y acompañamiento.
  • Mejorar la inversión educativa, en línea con estándares internacionales.
  • Revisar las políticas de terminalidad secundaria, cuyo efecto en la empleabilidad es cada vez menor.
  • Fortalecer las competencias laborales (lectura, escritura, matemáticas, habilidades digitales) más allá de la credencial formal.

En este contexto, el debate sobre el rol de la educación formal frente al discurso de influencers que promueven el “aprendizaje rápido y sin títulos” se vuelve estratégico. Los datos de la OCDE son contundentes: estudiar sigue siendo la herramienta más sólida para mejorar ingresos, reducir el desempleo y ampliar oportunidades de movilidad social.

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