Mercosur

Simplifican el procedimiento para la Declaración de Origen en el Mercosur

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La Argentina dio un nuevo paso en la modernización de su comercio exterior al reglamentar un mecanismo que permitirá a productores y exportadores emitir de manera directa la Declaración de Origen de las mercaderías destinadas al Mercosur. La medida, oficializada mediante la Resolución 247/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, adapta la normativa nacional al nuevo Régimen de Origen del Mercosur y reemplaza procedimientos más burocráticos por una gestión completamente digital.

La iniciativa se enmarca en la actualización del Régimen de Origen del bloque regional, vigente desde julio de 2024, que promueve herramientas más ágiles para acreditar que un producto cumple con los requisitos necesarios para acceder al tratamiento arancelario preferencial dentro del Mercosur. La resolución establece que la Declaración de Origen podrá ser emitida directamente por el productor o el exportador como alternativa al tradicional certificado de origen, fortaleciendo la facilitación del comercio regional.

El nuevo procedimiento deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), integrada al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Allí, los operadores deberán completar la información exigida por el régimen, firmar digitalmente la declaración y presentarla junto con la documentación correspondiente ante el país importador.

Desde el Gobierno sostienen que el cambio responde a una política de simplificación administrativa orientada a reducir tiempos y costos para las empresas exportadoras, especialmente las pequeñas y medianas, al eliminar intermediaciones y digitalizar completamente el proceso de acreditación del origen de las mercaderías.

La normativa aclara que la Declaración de Origen tendrá carácter de declaración jurada. Esto implica que toda la responsabilidad sobre la veracidad de la información recaerá exclusivamente en el productor o exportador, sin que exista una validación previa por parte de la administración pública. Además, deberá emitirse dentro de los 180 días posteriores a la factura comercial y conservará una vigencia de doce meses desde su generación en la plataforma digital.

Como complemento, los exportadores estarán obligados a conservar durante cinco años toda la documentación que respalde la declaración, incluyendo antecedentes vinculados con la producción, adquisición de insumos, costos, pagos y eventuales procesos de tercerización. Esta obligación busca garantizar la trazabilidad ante eventuales verificaciones de origen realizadas por las autoridades de cualquiera de los Estados Parte.

La resolución también establece un régimen sancionatorio para quienes incumplan las condiciones del sistema. Las irregularidades formales o la declaración incorrecta del origen podrán derivar en suspensiones de hasta 18 meses para emitir nuevas declaraciones, mientras que los casos de reincidencia o fraude podrán implicar la inhabilitación para operar bajo este mecanismo durante un plazo de hasta cinco años. Estas previsiones se alinean con las reglas aprobadas por el Consejo del Mercado Común y con las responsabilidades previstas en el nuevo Régimen de Origen del Mercosur.

La Dirección de Importaciones será la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento del sistema y podrá requerir información adicional o realizar inspecciones en los establecimientos involucrados cuando resulte necesario para verificar el origen declarado de los productos.

Desde una perspectiva económica, la implementación de este esquema representa un avance en la digitalización del comercio exterior argentino. Al reducir trámites presenciales y armonizar procedimientos con los estándares vigentes del Mercosur y de la Organización Mundial de Aduanas, el país busca mejorar la competitividad de sus exportaciones y facilitar el acceso de las empresas al mercado regional.

Para provincias con fuerte perfil exportador como Misiones, donde numerosas industrias comercializan alimentos, productos forestales, yerba mate, té y manufacturas hacia Brasil y Paraguay, la simplificación de los procedimientos de origen podría traducirse en menores costos administrativos y mayor agilidad operativa, fortaleciendo la integración económica dentro del bloque regional.

La Resolución 247/2026 entrará en vigencia el 26 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual las Declaraciones de Origen podrán comenzar a emitirse mediante el nuevo procedimiento electrónico.

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Paraguayo abandonó un deportivo con 416 iPhones y 2.800 ampollas de medicamentos en Brasil

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Un nuevo episodio vinculado al contrabando en la frontera volvió a poner el foco sobre los corredores logísticos que conectan Paraguay con Brasil. Un ciudadano paraguayo logró escapar de un puesto de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) luego de que las autoridades descubrieran un cargamento oculto de 416 iPhones y 2.800 ampollas de medicamentos para adelgazar transportados en un automóvil deportivo de alta gama.

El procedimiento ocurrió durante la tarde del martes sobre la BR-277, a la altura del municipio de Céu Azul, en el oeste del estado de Paraná, una de las principales rutas utilizadas para conectar la frontera paraguaya con el interior de Brasil y el puerto de Paranaguá.

Los agentes interceptaron un Nissan 350Z con patente paraguaya, valuado en aproximadamente 350.000 reales, y durante la inspección detectaron un compartimiento oculto instalado detrás del asiento trasero. Allí encontraron 70 iPhones nuevos, aún sellados en sus cajas, otros 346 equipos sin embalaje y 2.800 ampollas de medicamentos para bajar de peso, todos ingresados sin la documentación fiscal exigida por la legislación brasileña.

Según informó la PRF, el conductor declaró que debía trasladar la mercadería hasta la ciudad de Cascavel, desde donde posteriormente sería enviada al estado de San Pablo, uno de los principales mercados de distribución de productos electrónicos y medicamentos importados ilegalmente.

Mientras los efectivos realizaban el conteo del cargamento y confeccionaban las actuaciones administrativas en la Unidad Operativa de la Policía Rodoviaria Federal, el sospechoso solicitó permiso para ir al baño. Aprovechando un momento de menor vigilancia, escapó corriendo hacia una zona de vegetación cercana y logró evadir el operativo.

Las patrullas desplegaron una búsqueda inmediata, aunque el conductor no pudo ser localizado. No obstante, la fuerza confirmó que ya fue plenamente identificado, por lo que deberá responder ante la Justicia brasileña por presuntos delitos de contrabando y descaminho (evasión fiscal aduanera).

Por disposición de la Policía Federal de Brasil, tanto el vehículo como toda la mercadería secuestrada fueron entregados a la Receita Federal en Cascavel, organismo que continuará con los procedimientos administrativos y tributarios correspondientes.

El caso vuelve a reflejar la intensidad del tráfico ilegal de mercaderías en la denominada triple frontera, una región estratégica para el comercio regional donde las fuerzas de seguridad de Brasil, Paraguay y Argentina mantienen operativos permanentes para combatir el ingreso irregular de productos electrónicos, medicamentos y otros bienes de alto valor comercial.

Para Misiones, cuya economía mantiene un vínculo cotidiano con las dinámicas comerciales de Paraguay y Brasil, este tipo de procedimientos constituye un indicador de los desafíos que aún enfrenta la región en materia de control fronterizo, fiscalización aduanera y combate a las redes de contrabando que utilizan los principales corredores internacionales del Mercosur.

Fuente Diário de Foz 

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Actualizan las reglas para la leche UHT: la nueva norma del Mercosur impacta en la industria láctea

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La Secretaría de Agricultura y la ANMAT incorporaron al Código Alimentario Argentino un nuevo reglamento técnico del Mercosur para la leche UAT (Ultra Alta Temperatura o UHT). La medida actualiza los estándares de identidad, calidad, rotulado y control sanitario, alineando la normativa argentina con los criterios regionales y otorgando mayor previsibilidad para la producción y el comercio de productos lácteos.

La Resolución Conjunta 7/2026, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza las normas vigentes desde la década de 1990 e incorpora al ordenamiento argentino la Resolución GMC 13/23 del Mercosur. El cambio no introduce una nueva categoría de producto, sino que moderniza las especificaciones técnicas y los parámetros de calidad exigibles para la leche UHT, un segmento clave dentro del mercado de lácteos de larga vida.

Para las empresas del sector, la principal implicancia es la unificación de criterios regulatorios con los demás socios del bloque, reduciendo diferencias normativas que pueden generar costos adicionales en procesos industriales, certificaciones y comercio intrarregional.

Una actualización técnica con impacto en la competitividad

La nueva regulación redefine las condiciones bajo las cuales un producto puede comercializarse como leche UAT (UHT). El Código Alimentario Argentino establece ahora que deberá elaborarse mediante un proceso continuo de calentamiento de entre 135°C durante 10 segundos y 150°C durante 2 segundos, o tratamientos equivalentes que garanticen la estabilidad microbiológica durante toda su vida útil.

Además, mantiene la clasificación en tres categorías: Leche entera; Leche semidescremada o parcialmente descremada y Leche descremada.

La resolución también actualiza los parámetros físico-químicos mínimos para cada categoría, incorpora referencias internacionales de análisis (ISO y AOAC), redefine exigencias microbiológicas y establece nuevos criterios sobre acondicionamiento, rotulado e higiene industrial.

Desde la perspectiva empresarial, la resolución apunta principalmente a homogeneizar estándares de producción dentro del Mercosur más que a modificar procesos industriales ya consolidados.

Entre los aspectos relevantes aparecen:

  • Actualización del Código Alimentario Argentino conforme al reglamento técnico del Mercosur.
  • Armonización regional de requisitos de identidad y calidad.
  • Nuevos parámetros técnicos para composición, estabilidad microbiológica y controles analíticos.
  • Ratificación del uso de estabilizantes autorizados, incluyendo fosfatos y citrato de sodio bajo las condiciones establecidas.
  • Actualización del régimen de rotulado, incorporando precisiones sobre las distintas categorías comerciales y la información obligatoria sobre contenido graso.

Un marco regulatorio más uniforme para exportar

La resolución señala que la incorporación del reglamento responde al compromiso asumido por los países del Mercosur de armonizar normas técnicas para favorecer la libre circulación de bienes dentro del bloque.

Para las industrias lácteas con operaciones de exportación, disponer de especificaciones equivalentes reduce la necesidad de adaptaciones regulatorias entre mercados regionales y facilita los procesos de certificación sanitaria.

Aunque la medida no modifica aranceles ni condiciones comerciales, sí fortalece la previsibilidad regulatoria para empresas que comercializan leche larga vida tanto en Argentina como en otros países del Mercosur.

La actualización normativa resulta relevante para distribuidores, industrias alimenticias, cadenas comerciales y operadores logísticos que comercializan productos lácteos provenientes de otras provincias.

La estandarización también beneficia a fabricantes de envases, laboratorios de control de calidad y proveedores tecnológicos vinculados al procesamiento UHT, ya que establece un marco regulatorio uniforme sobre el cual desarrollar inversiones y procesos industriales.

La actualización representa un cambio eminentemente regulatorio, pero con efectos sobre la competitividad de mediano plazo. El desafío para la industria será adaptar la documentación técnica, los protocolos de calidad y los sistemas de control a las nuevas exigencias, mientras el Mercosur continúa avanzando hacia normas alimentarias cada vez más armonizadas, un factor que adquiere relevancia para las empresas con estrategia exportadora.

Anexo Resolución Conjunta 7/2026 by CristianMilciades

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Mercosur actualiza el régimen de zonas francas: un nuevo protocolo que impacta sobre el comercio regional

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Desde este 2 de julio comenzó a regir el 222° Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica N°18, que incorpora al ordenamiento jurídico del Mercosur una nueva regulación sobre zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales. Para las economías regionales, la medida redefine el marco normativo bajo el cual operan estos instrumentos de promoción comercial.

La Cancillería argentina oficializó la entrada en vigor para el país del Ducentésimo Vigésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N°18, celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El instrumento incorpora al tratado la Decisión Mercosur N° 02/25, referida al régimen de zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales, actualizando las reglas comunes del bloque.

El protocolo fue suscripto en Montevideo el 26 de junio de 2025 y comenzó a regir para la Argentina el 2 de julio de 2026, tras completarse el procedimiento previsto entre la Secretaría del Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

El texto del protocolo tiene un alcance puntual pero relevante: incorpora formalmente al ACE 18 la Decisión 02/25 del Mercosur, que regula el funcionamiento de los regímenes especiales vinculados al comercio exterior. Además, modifica el artículo 3 del anexo correspondiente al 113° Protocolo Adicional del mismo acuerdo.

Aunque la publicación en el Boletín Oficial no desarrolla el contenido técnico de la decisión incorporada, su entrada en vigencia implica que las nuevas disposiciones pasan a integrar el marco jurídico que regula las relaciones comerciales entre los cuatro socios del Mercosur.

Desde la perspectiva empresarial, esto significa que las operaciones desarrolladas bajo regímenes especiales deberán adecuarse a las reglas armonizadas acordadas por los Estados Parte.

¿Por qué es relevante para el NEA?

Las provincias del noreste argentino mantienen una fuerte vinculación logística y comercial con Paraguay y Brasil, dos de los principales destinos y orígenes del intercambio regional.

La actualización normativa adquiere especial importancia porque las zonas francas y las áreas aduaneras especiales constituyen herramientas destinadas a mejorar la competitividad mediante beneficios aduaneros y operativos para determinadas actividades industriales y comerciales.

Para sectores exportadores del NEA —como la forestoindustria, la producción yerbatera, el té, el arroz o la industria alimentaria— la previsibilidad regulatoria dentro del Mercosur resulta un componente clave para planificar inversiones, logística y estrategias comerciales de mediano plazo.

Qué cambia para las empresas

Más que introducir beneficios inmediatos, el protocolo consolida un nuevo marco normativo regional sobre instrumentos de promoción comercial.

Entre los aspectos relevantes para el sector privado se destacan entra en vigor para Argentina el 222° Protocolo Adicional del ACE 18. Se incorpora la Decisión Mercosur 02/25 sobre zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales. Se actualiza el régimen jurídico común aplicable entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las nuevas disposiciones pasan a formar parte del marco legal del Mercosur para este tipo de operaciones comerciales.

La entrada en vigor del protocolo constituye un paso jurídico más dentro del proceso de actualización normativa del Mercosur. El verdadero impacto para el sector productivo dependerá de cómo cada Estado Parte implemente la Decisión 02/25 y de si las nuevas reglas contribuyen a facilitar el comercio intrabloque, reducir costos logísticos y otorgar mayor previsibilidad a los proyectos vinculados con zonas francas y regímenes aduaneros especiales. Para las economías del NEA, estrechamente integradas con los mercados vecinos, ese desarrollo tendrá incidencia directa sobre la competitividad regional.

Mercosur actualiza el régimen de zonas francas by CristianMilciades

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EE.UU. sanciona una red que fue vinculada al PCC y Lula responde a Trump con un mensaje de soberanía regional

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La relación entre Brasil y Estados Unidos volvió a ingresar en una etapa de fuerte tensión política y diplomática. Mientras la administración de Donald Trump aprovecha su estrategia de combate contra las organizaciones criminales transnacionales para implementar sanciones económicas y financieras, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con un contundente mensaje en defensa de la soberanía regional: “Nadie es dueño de América del Sur”.

El cruce se produjo luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra dos ciudadanos brasileños, tres empresas radicadas en el estado de San Pablo y una firma portuguesa, acusados de integrar una estructura de lavado de dinero al servicio del Primer Comando Capital (PCC), considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.

La decisión profundiza el endurecimiento de Washington frente al crimen organizado regional y, al mismo tiempo, incrementa las diferencias con el gobierno brasileño sobre el alcance de la política estadounidense en Sudamérica.

Estados Unidos apunta al financiamiento internacional del PCC

Las sanciones fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, utilizando las órdenes ejecutivas 14059 —orientada al combate del narcotráfico— y 13224, que habilita medidas económicas contra organizaciones catalogadas como terroristas y quienes las apoyen.

Entre los sancionados figuran el empresario Victor de Oliveira Shimada, señalado como uno de los principales nexos financieros entre operadores del PCC en Florida y estructuras criminales radicadas en Brasil, y Stella Nunes Henrique de Oliveira, identificada como colaboradora directa.

También fueron alcanzadas las empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluciones de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda y la firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.

Según la investigación estadounidense, la organización habría lavado más de 30 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante transferencias internacionales y operaciones con criptomonedas, utilizando empresas de fachada para canalizar recursos obtenidos por actividades ilegales en distintas ciudades de Estados Unidos.

Washington sostiene que estos mecanismos permitían enviar fondos hacia integrantes del PCC en Brasil, fortaleciendo la estructura financiera de una organización dedicada al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y homicidios por encargo.

La nueva estrategia de Washington contra el crimen organizado

Las sanciones forman parte de un cambio más amplio en la política de seguridad estadounidense.

Hace pocas semanas, la administración Trump incluyó formalmente tanto al Primer Comando Capital (PCC) como al Comando Vermelho (CV) dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que amplía significativamente las herramientas jurídicas disponibles para perseguir sus activos financieros alrededor del mundo.

La calificación permite congelar bienes, bloquear operaciones bancarias, prohibir cualquier tipo de asistencia económica y perseguir internacionalmente a personas o empresas vinculadas con estas estructuras criminales.

El objetivo declarado por Washington consiste en desarticular la infraestructura financiera de las organizaciones dedicadas al narcotráfico antes que concentrar exclusivamente los esfuerzos en la persecución policial de sus integrantes.

Lula respondió desde la cumbre del Mercosur

La respuesta política llegó pocas horas después desde Asunción, durante la cumbre del Mercosur.

Sin mencionar directamente a Donald Trump, Lula utilizó un discurso de fuerte contenido geopolítico para reivindicar la autonomía regional.

“Nadie es dueño del mundo, nadie es dueño de América del Sur”, afirmó el mandatario brasileño, al tiempo que cuestionó los alineamientos automáticos con las grandes potencias y defendió una política exterior basada en la multipolaridad y la diversificación de alianzas comerciales, incluyendo el fortalecimiento de los vínculos con China.

Las declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa al creciente protagonismo estadounidense en los asuntos de seguridad regional y a la decisión de catalogar como terroristas a organizaciones criminales brasileñas.

Aunque el gobierno brasileño respalda el combate contra el crimen organizado, dentro del Palacio del Planalto existe preocupación por las implicancias jurídicas y geopolíticas que puede tener la nueva doctrina estadounidense.

Sectores del oficialismo consideran que la utilización de la legislación antiterrorista podría abrir la puerta a mayores niveles de intervención internacional sobre cuestiones que Brasil entiende como parte exclusiva de su jurisdicción interna.

El canciller Mauro Vieira ya había advertido meses atrás que este tipo de clasificaciones podrían convertirse en un precedente para justificar acciones unilaterales de Washington bajo el argumento de combatir organizaciones terroristas.

Ese debate adquirió mayor intensidad luego del operativo estadounidense desarrollado este año en Venezuela, donde Estados Unidos ejecutó una operación de captura contra Nicolás Maduro en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

Aunque ambos escenarios presentan diferencias jurídicas y políticas significativas, en Brasil algunos funcionarios observan con preocupación la ampliación del concepto de seguridad hemisférica impulsado por la Casa Blanca.

Un nuevo foco de tensión regional

Más allá del caso puntual del PCC, el episodio refleja una disputa mucho más amplia sobre el liderazgo político en América Latina.

Mientras Estados Unidos profundiza una estrategia basada en sanciones financieras, persecución internacional del narcotráfico y presión diplomática sobre gobiernos considerados ambiguos frente al crimen organizado, Brasil intenta consolidar un perfil de autonomía regional, fortaleciendo espacios como el Mercosur y ampliando sus relaciones con socios extrarregionales.

En ese contexto, las sanciones contra la red financiera vinculada al PCC trascienden el plano judicial y se convierten también en un nuevo capítulo dentro de la creciente competencia geopolítica entre Washington y Brasilia por la definición de las reglas de seguridad y gobernanza en América del Sur.

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