Mercosur

Actualizan las reglas para la leche UHT: la nueva norma del Mercosur impacta en la industria láctea

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La Secretaría de Agricultura y la ANMAT incorporaron al Código Alimentario Argentino un nuevo reglamento técnico del Mercosur para la leche UAT (Ultra Alta Temperatura o UHT). La medida actualiza los estándares de identidad, calidad, rotulado y control sanitario, alineando la normativa argentina con los criterios regionales y otorgando mayor previsibilidad para la producción y el comercio de productos lácteos.

La Resolución Conjunta 7/2026, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza las normas vigentes desde la década de 1990 e incorpora al ordenamiento argentino la Resolución GMC 13/23 del Mercosur. El cambio no introduce una nueva categoría de producto, sino que moderniza las especificaciones técnicas y los parámetros de calidad exigibles para la leche UHT, un segmento clave dentro del mercado de lácteos de larga vida.

Para las empresas del sector, la principal implicancia es la unificación de criterios regulatorios con los demás socios del bloque, reduciendo diferencias normativas que pueden generar costos adicionales en procesos industriales, certificaciones y comercio intrarregional.

Una actualización técnica con impacto en la competitividad

La nueva regulación redefine las condiciones bajo las cuales un producto puede comercializarse como leche UAT (UHT). El Código Alimentario Argentino establece ahora que deberá elaborarse mediante un proceso continuo de calentamiento de entre 135°C durante 10 segundos y 150°C durante 2 segundos, o tratamientos equivalentes que garanticen la estabilidad microbiológica durante toda su vida útil.

Además, mantiene la clasificación en tres categorías: Leche entera; Leche semidescremada o parcialmente descremada y Leche descremada.

La resolución también actualiza los parámetros físico-químicos mínimos para cada categoría, incorpora referencias internacionales de análisis (ISO y AOAC), redefine exigencias microbiológicas y establece nuevos criterios sobre acondicionamiento, rotulado e higiene industrial.

Desde la perspectiva empresarial, la resolución apunta principalmente a homogeneizar estándares de producción dentro del Mercosur más que a modificar procesos industriales ya consolidados.

Entre los aspectos relevantes aparecen:

  • Actualización del Código Alimentario Argentino conforme al reglamento técnico del Mercosur.
  • Armonización regional de requisitos de identidad y calidad.
  • Nuevos parámetros técnicos para composición, estabilidad microbiológica y controles analíticos.
  • Ratificación del uso de estabilizantes autorizados, incluyendo fosfatos y citrato de sodio bajo las condiciones establecidas.
  • Actualización del régimen de rotulado, incorporando precisiones sobre las distintas categorías comerciales y la información obligatoria sobre contenido graso.

Un marco regulatorio más uniforme para exportar

La resolución señala que la incorporación del reglamento responde al compromiso asumido por los países del Mercosur de armonizar normas técnicas para favorecer la libre circulación de bienes dentro del bloque.

Para las industrias lácteas con operaciones de exportación, disponer de especificaciones equivalentes reduce la necesidad de adaptaciones regulatorias entre mercados regionales y facilita los procesos de certificación sanitaria.

Aunque la medida no modifica aranceles ni condiciones comerciales, sí fortalece la previsibilidad regulatoria para empresas que comercializan leche larga vida tanto en Argentina como en otros países del Mercosur.

La actualización normativa resulta relevante para distribuidores, industrias alimenticias, cadenas comerciales y operadores logísticos que comercializan productos lácteos provenientes de otras provincias.

La estandarización también beneficia a fabricantes de envases, laboratorios de control de calidad y proveedores tecnológicos vinculados al procesamiento UHT, ya que establece un marco regulatorio uniforme sobre el cual desarrollar inversiones y procesos industriales.

La actualización representa un cambio eminentemente regulatorio, pero con efectos sobre la competitividad de mediano plazo. El desafío para la industria será adaptar la documentación técnica, los protocolos de calidad y los sistemas de control a las nuevas exigencias, mientras el Mercosur continúa avanzando hacia normas alimentarias cada vez más armonizadas, un factor que adquiere relevancia para las empresas con estrategia exportadora.

Anexo Resolución Conjunta 7/2026 by CristianMilciades

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Mercosur actualiza el régimen de zonas francas: un nuevo protocolo que impacta sobre el comercio regional

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Desde este 2 de julio comenzó a regir el 222° Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica N°18, que incorpora al ordenamiento jurídico del Mercosur una nueva regulación sobre zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales. Para las economías regionales, la medida redefine el marco normativo bajo el cual operan estos instrumentos de promoción comercial.

La Cancillería argentina oficializó la entrada en vigor para el país del Ducentésimo Vigésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N°18, celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El instrumento incorpora al tratado la Decisión Mercosur N° 02/25, referida al régimen de zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales, actualizando las reglas comunes del bloque.

El protocolo fue suscripto en Montevideo el 26 de junio de 2025 y comenzó a regir para la Argentina el 2 de julio de 2026, tras completarse el procedimiento previsto entre la Secretaría del Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

El texto del protocolo tiene un alcance puntual pero relevante: incorpora formalmente al ACE 18 la Decisión 02/25 del Mercosur, que regula el funcionamiento de los regímenes especiales vinculados al comercio exterior. Además, modifica el artículo 3 del anexo correspondiente al 113° Protocolo Adicional del mismo acuerdo.

Aunque la publicación en el Boletín Oficial no desarrolla el contenido técnico de la decisión incorporada, su entrada en vigencia implica que las nuevas disposiciones pasan a integrar el marco jurídico que regula las relaciones comerciales entre los cuatro socios del Mercosur.

Desde la perspectiva empresarial, esto significa que las operaciones desarrolladas bajo regímenes especiales deberán adecuarse a las reglas armonizadas acordadas por los Estados Parte.

¿Por qué es relevante para el NEA?

Las provincias del noreste argentino mantienen una fuerte vinculación logística y comercial con Paraguay y Brasil, dos de los principales destinos y orígenes del intercambio regional.

La actualización normativa adquiere especial importancia porque las zonas francas y las áreas aduaneras especiales constituyen herramientas destinadas a mejorar la competitividad mediante beneficios aduaneros y operativos para determinadas actividades industriales y comerciales.

Para sectores exportadores del NEA —como la forestoindustria, la producción yerbatera, el té, el arroz o la industria alimentaria— la previsibilidad regulatoria dentro del Mercosur resulta un componente clave para planificar inversiones, logística y estrategias comerciales de mediano plazo.

Qué cambia para las empresas

Más que introducir beneficios inmediatos, el protocolo consolida un nuevo marco normativo regional sobre instrumentos de promoción comercial.

Entre los aspectos relevantes para el sector privado se destacan entra en vigor para Argentina el 222° Protocolo Adicional del ACE 18. Se incorpora la Decisión Mercosur 02/25 sobre zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales. Se actualiza el régimen jurídico común aplicable entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las nuevas disposiciones pasan a formar parte del marco legal del Mercosur para este tipo de operaciones comerciales.

La entrada en vigor del protocolo constituye un paso jurídico más dentro del proceso de actualización normativa del Mercosur. El verdadero impacto para el sector productivo dependerá de cómo cada Estado Parte implemente la Decisión 02/25 y de si las nuevas reglas contribuyen a facilitar el comercio intrabloque, reducir costos logísticos y otorgar mayor previsibilidad a los proyectos vinculados con zonas francas y regímenes aduaneros especiales. Para las economías del NEA, estrechamente integradas con los mercados vecinos, ese desarrollo tendrá incidencia directa sobre la competitividad regional.

Mercosur actualiza el régimen de zonas francas by CristianMilciades

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EE.UU. sanciona una red que fue vinculada al PCC y Lula responde a Trump con un mensaje de soberanía regional

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La relación entre Brasil y Estados Unidos volvió a ingresar en una etapa de fuerte tensión política y diplomática. Mientras la administración de Donald Trump aprovecha su estrategia de combate contra las organizaciones criminales transnacionales para implementar sanciones económicas y financieras, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con un contundente mensaje en defensa de la soberanía regional: “Nadie es dueño de América del Sur”.

El cruce se produjo luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra dos ciudadanos brasileños, tres empresas radicadas en el estado de San Pablo y una firma portuguesa, acusados de integrar una estructura de lavado de dinero al servicio del Primer Comando Capital (PCC), considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.

La decisión profundiza el endurecimiento de Washington frente al crimen organizado regional y, al mismo tiempo, incrementa las diferencias con el gobierno brasileño sobre el alcance de la política estadounidense en Sudamérica.

Estados Unidos apunta al financiamiento internacional del PCC

Las sanciones fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, utilizando las órdenes ejecutivas 14059 —orientada al combate del narcotráfico— y 13224, que habilita medidas económicas contra organizaciones catalogadas como terroristas y quienes las apoyen.

Entre los sancionados figuran el empresario Victor de Oliveira Shimada, señalado como uno de los principales nexos financieros entre operadores del PCC en Florida y estructuras criminales radicadas en Brasil, y Stella Nunes Henrique de Oliveira, identificada como colaboradora directa.

También fueron alcanzadas las empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluciones de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda y la firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.

Según la investigación estadounidense, la organización habría lavado más de 30 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante transferencias internacionales y operaciones con criptomonedas, utilizando empresas de fachada para canalizar recursos obtenidos por actividades ilegales en distintas ciudades de Estados Unidos.

Washington sostiene que estos mecanismos permitían enviar fondos hacia integrantes del PCC en Brasil, fortaleciendo la estructura financiera de una organización dedicada al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y homicidios por encargo.

La nueva estrategia de Washington contra el crimen organizado

Las sanciones forman parte de un cambio más amplio en la política de seguridad estadounidense.

Hace pocas semanas, la administración Trump incluyó formalmente tanto al Primer Comando Capital (PCC) como al Comando Vermelho (CV) dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que amplía significativamente las herramientas jurídicas disponibles para perseguir sus activos financieros alrededor del mundo.

La calificación permite congelar bienes, bloquear operaciones bancarias, prohibir cualquier tipo de asistencia económica y perseguir internacionalmente a personas o empresas vinculadas con estas estructuras criminales.

El objetivo declarado por Washington consiste en desarticular la infraestructura financiera de las organizaciones dedicadas al narcotráfico antes que concentrar exclusivamente los esfuerzos en la persecución policial de sus integrantes.

Lula respondió desde la cumbre del Mercosur

La respuesta política llegó pocas horas después desde Asunción, durante la cumbre del Mercosur.

Sin mencionar directamente a Donald Trump, Lula utilizó un discurso de fuerte contenido geopolítico para reivindicar la autonomía regional.

“Nadie es dueño del mundo, nadie es dueño de América del Sur”, afirmó el mandatario brasileño, al tiempo que cuestionó los alineamientos automáticos con las grandes potencias y defendió una política exterior basada en la multipolaridad y la diversificación de alianzas comerciales, incluyendo el fortalecimiento de los vínculos con China.

Las declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa al creciente protagonismo estadounidense en los asuntos de seguridad regional y a la decisión de catalogar como terroristas a organizaciones criminales brasileñas.

Aunque el gobierno brasileño respalda el combate contra el crimen organizado, dentro del Palacio del Planalto existe preocupación por las implicancias jurídicas y geopolíticas que puede tener la nueva doctrina estadounidense.

Sectores del oficialismo consideran que la utilización de la legislación antiterrorista podría abrir la puerta a mayores niveles de intervención internacional sobre cuestiones que Brasil entiende como parte exclusiva de su jurisdicción interna.

El canciller Mauro Vieira ya había advertido meses atrás que este tipo de clasificaciones podrían convertirse en un precedente para justificar acciones unilaterales de Washington bajo el argumento de combatir organizaciones terroristas.

Ese debate adquirió mayor intensidad luego del operativo estadounidense desarrollado este año en Venezuela, donde Estados Unidos ejecutó una operación de captura contra Nicolás Maduro en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

Aunque ambos escenarios presentan diferencias jurídicas y políticas significativas, en Brasil algunos funcionarios observan con preocupación la ampliación del concepto de seguridad hemisférica impulsado por la Casa Blanca.

Un nuevo foco de tensión regional

Más allá del caso puntual del PCC, el episodio refleja una disputa mucho más amplia sobre el liderazgo político en América Latina.

Mientras Estados Unidos profundiza una estrategia basada en sanciones financieras, persecución internacional del narcotráfico y presión diplomática sobre gobiernos considerados ambiguos frente al crimen organizado, Brasil intenta consolidar un perfil de autonomía regional, fortaleciendo espacios como el Mercosur y ampliando sus relaciones con socios extrarregionales.

En ese contexto, las sanciones contra la red financiera vinculada al PCC trascienden el plano judicial y se convierten también en un nuevo capítulo dentro de la creciente competencia geopolítica entre Washington y Brasilia por la definición de las reglas de seguridad y gobernanza en América del Sur.

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Argentina abre la consulta pública para reconocer 130 Indicaciones Geográficas de Brasil: una decisión clave para la yerba mate

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inició el proceso para reconocer y proteger en Argentina un total de 130 Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) de Brasil, en cumplimiento del acuerdo del Mercosur aprobado por la Ley N° 27.765. La medida abre un período de consulta pública de 30 días durante el cual empresas, productores y entidades podrán presentar objeciones fundadas. Para las economías regionales del Nordeste Argentino (NEA), especialmente la cadena de la yerba mate, el procedimiento adquiere una relevancia estratégica porque involucra la protección de activos de propiedad intelectual vinculados al origen geográfico de los alimentos y bebidas dentro del mercado regional.

La convocatoria, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, constituye uno de los primeros pasos operativos derivados del Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias de los Estados Parte del Mercosur, instrumento que busca fortalecer la protección jurídica de productos con identidad territorial dentro del bloque.

Aunque el procedimiento alcanza productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos brasileños, el impacto excede el aspecto registral: establece reglas comunes para la valorización comercial de productos regionales y genera un precedente que también alcanza a las economías regionales argentinas que cuentan con Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

Un mecanismo que fortalece la competencia basada en el origen

Brasil remitió oficialmente a la Argentina un listado integrado por 130 Indicaciones Geográficas, distribuidas entre Indicaciones de Procedencia (IP) y Denominaciones de Origen (DO).

El reconocimiento no será automático. La Resolución SAGyP N° 67/2026 establece un procedimiento administrativo que contempla la participación de terceros mediante una consulta pública.

Durante 30 días corridos desde la publicación de la convocatoria, cualquier persona humana o jurídica que acredite un interés legítimo podrá formular observaciones u oposiciones por escrito si considera que alguno de los nombres protegidos puede afectar derechos existentes o inducir a error al consumidor.

La normativa contempla diversas causales de objeción. Entre ellas se incluyen que el nombre sea considerado genérico en Argentina, que coincida con una marca registrada previamente, que resulte idéntico o similar a otra denominación protegida, que pueda generar confusión respecto del verdadero origen geográfico del producto o que entre en conflicto con variedades vegetales o razas animales.

Las presentaciones deberán incorporar la identificación completa del interesado, los fundamentos jurídicos y técnicos correspondientes, la documentación probatoria y un domicilio legal constituido en el país. Las solicitudes que no cumplan con esos requisitos podrán ser rechazadas conforme a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Una herramienta con impacto para la yerba mate y otras producciones regionales

Más allá del trámite administrativo, la decisión tiene implicancias económicas para las producciones regionales del NEA.

Las Indicaciones Geográficas funcionan como instrumentos de diferenciación comercial porque vinculan la calidad, reputación o características de un producto con un territorio determinado. Ese reconocimiento permite agregar valor, proteger denominaciones tradicionales y reducir riesgos de utilización indebida de nombres asociados a determinadas regiones productivas.

Para cadenas agroindustriales como la yerba mate, uno de los principales productos identitarios de Misiones y el nordeste argentino, el fortalecimiento del sistema regional de protección representa un elemento relevante dentro de la estrategia de posicionamiento en mercados internacionales.

El acuerdo de reconocimiento mutuo dentro del Mercosur también busca otorgar mayor previsibilidad al comercio intrabloque al establecer criterios homogéneos sobre la protección de nombres geográficos y productos con identidad territorial.

La publicación oficial aclara que las fichas técnicas correspondientes a las 130 Indicaciones Geográficas brasileñas estarán disponibles para consulta pública en el portal de Alimentos Argentinos, donde los interesados podrán analizar las características de cada producto antes de formular eventuales observaciones.

Un paso institucional dentro de la integración del Mercosur

La convocatoria se enmarca en la implementación de la Ley N° 27.765, mediante la cual Argentina aprobó el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias en los territorios de los Estados Parte del Mercosur.

El procedimiento representa una etapa previa al reconocimiento formal de cada denominación brasileña dentro del sistema argentino de protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Desde una perspectiva institucional, el mecanismo incorpora transparencia al proceso mediante la consulta pública y permite compatibilizar la protección internacional de las denominaciones con los derechos previamente adquiridos por productores, empresas y titulares de marcas registradas en Argentina.

Para el sector productivo del NEA, el seguimiento de esta instancia resulta relevante porque el fortalecimiento del régimen regional de Indicaciones Geográficas puede convertirse en una herramienta adicional para consolidar el valor diferencial de productos vinculados al territorio y ampliar la protección jurídica de activos estratégicos asociados a las economías regionales.

Impactos para el sector productivo se abre una consulta pública por 30 días para el reconocimiento de 130 Indicaciones Geográficas brasileñas. Productores, empresas y cámaras podrán presentar objeciones si consideran afectados derechos adquiridos. El procedimiento fortalece la aplicación del Acuerdo Mercosur sobre Indicaciones Geográficas, aprobado por la Ley N° 27.765. La medida involucra productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos. Para el NEA, el avance del sistema regional de protección adquiere importancia por su potencial incidencia sobre productos con identidad territorial como la yerba mate y otras economías regionales.

Concluido el período de consulta pública, la autoridad de aplicación deberá analizar las oposiciones que eventualmente se presenten antes de avanzar con el reconocimiento definitivo de las Indicaciones Geográficas brasileñas. El desarrollo de este procedimiento marcará un antecedente para futuras solicitudes dentro del Mercosur y será observado por los sectores productivos que buscan consolidar la protección internacional de productos asociados al origen geográfico.

Aviso MIN DE ECONOMÍA – SEC AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA by CristianMilciades

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Milei llega a la cumbre de Asunción con frentes abiertos con Brasil y una agenda que redefine el rumbo del bloque

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La cumbre presidencial del Mercosur que se desarrollará este lunes y martes en Asunción llega atravesada por un escenario de creciente tensión política y comercial entre sus principales socios. El presidente Javier Milei participará del encuentro regional en un contexto marcado por diferencias cada vez más profundas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, mientras Argentina impulsa una estrategia de inserción internacional que comienza a desafiar algunos de los pilares históricos del bloque.

Aunque la agenda oficial contempla avances en las negociaciones comerciales con la Unión Europea y el inicio de conversaciones formales con Japón, la discusión política estará dominada por tres temas que reflejan el cambio de orientación de la política exterior argentina: el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, la intención de incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el rechazo del Gobierno nacional a cualquier intento de rehabilitar a Venezuela dentro del Mercosur.

El viaje se produce apenas días después del paso de Milei por España y en un momento en que la relación bilateral con Brasil atraviesa uno de sus momentos de mayor frialdad desde el inicio de la gestión libertaria. La principal preocupación de Itamaraty gira en torno al entendimiento arancelario alcanzado entre Buenos Aires y Washington, mediante el cual Argentina eliminó aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses.

Desde Brasil sostienen que cualquier esquema de apertura comercial con terceros países debe respetar el Arancel Externo Común y los mecanismos de negociación conjunta previstos por el Mercosur. En otras palabras, consideran que los acuerdos bilaterales por fuera del bloque pueden generar distorsiones competitivas y debilitar la unión aduanera.

La posición argentina responde a una lógica distinta. El Gobierno considera que la flexibilización comercial constituye una condición necesaria para acelerar la inserción internacional del país y ampliar mercados, aun cuando ello implique revisar algunos de los compromisos tradicionales del bloque regional.

A esa diferencia se suma un nuevo capítulo de la estrategia internacional de la administración Milei: el pedido formal de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. La iniciativa, impulsada por la Cancillería, abre una dimensión geopolítica inédita para Argentina al proyectar su ingreso a uno de los principales acuerdos comerciales del mundo, integrado por economías de Asia-Pacífico y que incluye, entre otros miembros, al Reino Unido.

La decisión también alteró el tablero regional. Especialistas en comercio internacional interpretan que el reciente anuncio de Brasil de acelerar una negociación entre el Mercosur y Japón responde, en parte, a un intento por ofrecer nuevas alternativas comerciales dentro del propio bloque y reducir los incentivos para que Argentina y Uruguay profundicen estrategias de apertura individual mediante el CPTPP.

Más allá de la discusión económica, la cumbre también tendrá un fuerte componente político. La situación institucional de Venezuela volverá a aparecer sobre la mesa, aunque sin figurar formalmente entre los principales temas del encuentro.

Mientras Brasil, Colombia e incluso algunos sectores del gobierno paraguayo manifestaron durante los últimos meses disposición para revisar la situación de Caracas dentro del Mercosur, la administración Milei mantiene una posición inflexible y anticipa que utilizará su derecho de veto frente a cualquier intento de reincorporación.

La posición argentina se fundamenta en el incumplimiento de la cláusula democrática de Ushuaia y en las observaciones sobre el funcionamiento institucional del gobierno venezolano, criterios que, según sostienen desde la Casa Rosada, permanecen inalterados pese al reciente diálogo humanitario mantenido tras los sismos registrados en ese país.

La distancia política entre Buenos Aires y Brasilia también tendrá una expresión simbólica fuera de la mesa de negociaciones.

Antes de partir hacia Asunción, Milei recibirá en la Casa Rosada al senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal referente opositor al gobierno de Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales previstas para octubre. El encuentro será interpretado como una nueva señal del alineamiento político del mandatario argentino con el espacio conservador brasileño y agrega un componente adicional de tensión a una relación bilateral ya condicionada por diferencias ideológicas y comerciales.

En este contexto, la cumbre del Mercosur trasciende la habitual revisión de la agenda económica del bloque. El encuentro pondrá a prueba la capacidad de convivencia entre modelos de integración cada vez más divergentes: por un lado, la visión brasileña de fortalecer las negociaciones colectivas y preservar la institucionalidad del Mercosur; por otro, la estrategia argentina orientada a flexibilizar las reglas del bloque para acelerar acuerdos bilaterales y ampliar su inserción en nuevos mercados globales.

El resultado de las deliberaciones difícilmente produzca definiciones inmediatas, pero sí ofrecerá una señal sobre el rumbo que adoptará el Mercosur en una etapa en la que las tensiones geopolíticas, la competencia por nuevos mercados y las diferencias ideológicas entre sus principales socios comienzan a redefinir el equilibrio interno del principal bloque económico de América del Sur.

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