metrología legal

Cientos de empresarios se acercaron al INTI a expresar su apoyo

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La crisis del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) escaló esta semana con una convocatoria realizada en el Parque Tecnológico Miguelete, en San Martín, impulsada por mandos medios del organismo y acompañada por referentes empresarios, industriales, técnicos y académicos. El encuentro se produjo después de la eliminación de alrededor de 1.000 servicios técnicos que el instituto brindaba a la industria y a la comunidad, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y la supresión del Sistema de Metrología Legal.

A ese escenario se suma la advertencia por más de 700 posibles despidos en la planta del organismo. Desde el inicio de la actual gestión nacional, el INTI ya habría perdido cerca del 30% de su personal, entre retiros voluntarios, no renovación de contratos y otras bajas, un recorte que, según alertaron los participantes, podría volver prácticamente inviable el funcionamiento de la institución.

La actividad estuvo atravesada por un clima de tensión. Según denunciaron los organizadores, las autoridades intentaron impedir el desarrollo del encuentro: primero, rodeando el auditorio con gendarmes; luego, bloqueando el ingreso al predio. Sin embargo, la magnitud de la convocatoria obligó a permitir la realización de la jornada en la puerta del organismo.

Uno de los ejes del debate fue el rol estratégico del INTI en la competitividad industrial. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que los países que logran crecer con movilidad social “están totalmente apoyados en el desarrollo tecnológico e industrial”, y que ese proceso requiere educación y centros técnicos “como el INTI, multiplicados por todo el país”.

En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación ProTejer, advirtió que una matriz industrial diversificada y federal necesita organismos capaces de certificar productos, validar procesos y dar garantías para acceder a mercados internacionales. “Sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación”, afirmó.

Galfione puso como ejemplo la suspensión de ensayos vinculados a fibras de camélidos, una decisión que, según explicó, impide exportar productos que dependen de esas certificaciones. También cuestionó el argumento oficial de reemplazar capacidades públicas por laboratorios privados. “Me hablan de competitividad y me hacen mandar los ensayos a un laboratorio más caro; en muchos casos, esos laboratorios ni siquiera existen en la Argentina”, señaló.

Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, amplió el impacto del recorte: “Sin el INTI no sólo no hay industria; tampoco hay comercio, seguridad ni salud”. La empresaria alertó especialmente por la disolución del área de Metrología Legal, encargada de ensayos y controles sobre instrumentos de medición como balanzas, etilómetros y cinemómetros, utilizados en sectores sensibles de la vida económica y social.

El reclamo también incorporó testimonios de empresas que utilizaron al INTI como plataforma de desarrollo productivo. Juan Cruz López Hamdan, fundador y CEO de Cultura Cárnica & Cultura Smash y director de Agroganadera Los Juanes, relató que el organismo fue clave para transformar producción ganadera en alimentos con valor agregado y estándares internacionales.

“Me acerqué al INTI sin tener idea del sector industrial. Sus especialistas me ayudaron a desarrollar un producto desde cero, con estándares internacionales para Estados Unidos y Europa, y a montar nuestra primera planta”, explicó. Según planteó, la continuidad del instituto es decisiva para terminar un nuevo producto cárnico con destino exportador.

Aldo Lo Russo, CEO de la metalúrgica Baigorria, fue más directo en su diagnóstico: “Hoy nos encontramos con una política industrial inexistente”. Para el empresario, evitar que el entramado productivo quede reducido a “ruinas” exige reconstruir un pacto entre empresas, trabajadores, instituciones técnicas y el Estado.

El economista Paul Segal, profesor del IAE Business School y especialista en desarrollo internacional y economías emergentes, aportó una mirada estructural. Subrayó que el INTI cumple una función clave para que las empresas puedan exportar, al asesorarlas en el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y calidad.

Segal remarcó que el desarrollo productivo exitoso rara vez surge de empresas aisladas. “El sector privado es central: invierte, produce y exporta. Pero las empresas no operan en el vacío. Necesitan capacidades, reglas e instituciones que les permitan invertir, innovar y competir”, sostuvo. Para el académico, la inversión pública en ciencia, técnica y tecnología no es un accesorio: forma parte de las condiciones necesarias para que la industria pueda desarrollarse.

El conflicto por el INTI expone, así, una discusión de fondo sobre el modelo productivo argentino. Para los sectores empresarios y técnicos que participaron del encuentro, el ajuste sobre el organismo no sólo implica una reducción administrativa: compromete servicios críticos para exportar, certificar, medir, controlar calidad, agregar valor y sostener capacidades industriales en todo el país.

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El INTI deja de prestar servicios metrológicos legales y certificaciones

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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuso el cese progresivo de la prestación de servicios metrológicos legales y certificaciones vinculadas a instrumentos de medición reglamentados, mediante la Resolución 213/2025, publicada el 30 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial. La decisión redefine el rol operativo del organismo dentro del Sistema Nacional de Aplicación de la Ley 19.511, transfiere en los hechos mayor protagonismo a laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y busca reducir costos, plazos y superposiciones administrativas en el mercado interno. El cronograma de salida se extenderá entre enero y junio de 2026, con impacto directo en industrias, comercios, servicios públicos y actividades donde el control metrológico es obligatorio.

Desburocratización y reordenamiento del sistema metrológico legal

La Resolución RESFC-2025-213-APN-CD#INTI se inscribe en el proceso de simplificación regulatoria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del Decreto 891/2017, que aprobó las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación. En sus considerandos, el Consejo Directivo del INTI reconoce demoras recurrentes en los trámites de aprobación de modelo, verificación primitiva y verificación periódica de instrumentos de medición, así como una “situación de superposición” entre las funciones del propio Instituto y las competencias delegadas a laboratorios de ensayo y organismos de certificación privados acreditados ante el OAA.

El marco normativo que sustenta la medida es amplio. La Ley 19.511 estableció el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y la obligatoriedad de que todo instrumento de medición reglamentado sea sometido a controles oficiales cuando se utiliza en transacciones comerciales, actividades industriales, agropecuarias, mineras, de servicios o en reparticiones públicas. El Decreto 960/2017 reglamentó esa ley y habilitó a la entonces Secretaría de Comercio —hoy Secretaría de Industria y Comercio— a delegar funciones en el INTI y en entidades públicas o privadas acreditadas.

En esa línea, la Resolución de la Secretaría de Industria y Comercio N° 276/2024 amplió formalmente la participación del OAA y de los organismos certificadores acreditados como integrantes del Servicio Nacional de Aplicación, y autorizó a laboratorios privados acreditados a realizar ensayos, certificaciones y verificaciones que antes concentraba el INTI. Según el texto oficial, el sistema cuenta hoy con “una oferta suficiente de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA” en todo el territorio nacional, lo que permite al Instituto “centrar sus acciones en el marco de Metrología Científica e Industrial”.

En términos institucionales, la resolución redefine el perfil del INTI como articulador del Sistema Nacional de la Calidad, con foco en desarrollo tecnológico, innovación metrológica y elaboración de patrones y muestras testigo, dejando de operar directamente en servicios regulados que el mercado ya puede cubrir bajo esquemas de acreditación.

Qué servicios deja de prestar el INTI y desde cuándo

El artículo 1° dispone la cesación de los servicios regulados y certificaciones detallados en los Anexos I y II, que abarcan tanto actividades de laboratorio de ensayos como de organismo de certificación. Entre los instrumentos alcanzados se incluyen, entre otros:

  • Instrumentos de pesar no automáticos (Resoluciones SCyNE N° 3207/1980 y SIyC N° 25/2025).
  • Instrumentos automáticos para pesaje en movimiento de vehículos de carretera (Resolución SCI N° 492/2022).
  • Medidores de agua potable fría (Resolución SCI N° 402/2020).
  • Medidores de energía eléctrica en corriente alterna (Resolución SCI N° 247/2019).
  • Surtidores de nafta, kerosene y gas oil (Decreto N° 5410/1932 y Resolución SCI N° 50/1989).
  • Termómetros clínicos, etilómetros, cinemómetros, taxímetros, pesas patrón y medidas de capacidad, entre otros.

El cronograma de implementación establece una salida escalonada por regiones:

  • Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): cese efectivo a partir del 31 de enero de 2026, alcanzando a más de 40 municipios.
  • Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán: desde el 30 de abril de 2026.
  • Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe: a partir del 30 de junio de 2026.

La resolución aclara que los convenios, órdenes de trabajo y pedidos de certificación vigentes al momento del dictado de la norma “serán cumplidos y permanecerán vigentes hasta su finalización”, lo que busca evitar disrupciones contractuales y operativas durante la transición.

Asimismo, se instruyó a la Dirección Técnica de Metrología Legal y al Organismo de Certificación del INTI a elaborar un plan de transición que contemple el resguardo documental, la preservación de registros, la publicación de procedimientos técnicos vigentes, la comunicación a usuarios y organismos de control, el inventario del equipamiento y un cronograma de cierre operativo.

Impacto económico, sectores alcanzados y posibles reacciones

La medida tiene implicancias directas para sectores donde la metrología legal es crítica: comercio minorista y mayorista, energía, agua potable, transporte, industria manufacturera, servicios públicos, control de tránsito y actividades de fiscalización. En la práctica, importadores, fabricantes, prestadores de servicios y operadores comerciales deberán canalizar sus trámites de aprobación de modelo y verificaciones a través de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA.

Desde el punto de vista económico, el objetivo explícito es reducir tiempos y costos de transacción, eliminando cuellos de botella administrativos que, según el INTI, “redundan en un perjuicio para los consumidores”. La mayor competencia entre prestadores acreditados podría traducirse en mayor oferta de servicios, plazos más cortos y mayor previsibilidad regulatoria.

En términos institucionales, el reordenamiento consolida un esquema más descentralizado de control metrológico, alineado con estándares de acreditación y supervisión, aunque también plantea desafíos de coordinación y fiscalización para la Autoridad de Aplicación. El rol del OAA y de los organismos certificadores privados se vuelve central, mientras que el INTI redefine su función estratégica dentro del sistema.

Las reacciones esperables incluyen una adaptación progresiva de empresas y organismos de control locales al nuevo esquema, así como un seguimiento atento por parte de sectores regulados que dependen de verificaciones periódicas para operar. La resolución subraya que no implica erogaciones adicionales para el presupuesto del INTI, pero sí una reconfiguración profunda de su oferta de servicios históricos.

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