La crisis del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) escaló esta semana con una convocatoria realizada en el Parque Tecnológico Miguelete, en San Martín, impulsada por mandos medios del organismo y acompañada por referentes empresarios, industriales, técnicos y académicos. El encuentro se produjo después de la eliminación de alrededor de 1.000 servicios técnicos que el instituto brindaba a la industria y a la comunidad, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y la supresión del Sistema de Metrología Legal.

A ese escenario se suma la advertencia por más de 700 posibles despidos en la planta del organismo. Desde el inicio de la actual gestión nacional, el INTI ya habría perdido cerca del 30% de su personal, entre retiros voluntarios, no renovación de contratos y otras bajas, un recorte que, según alertaron los participantes, podría volver prácticamente inviable el funcionamiento de la institución.

La actividad estuvo atravesada por un clima de tensión. Según denunciaron los organizadores, las autoridades intentaron impedir el desarrollo del encuentro: primero, rodeando el auditorio con gendarmes; luego, bloqueando el ingreso al predio. Sin embargo, la magnitud de la convocatoria obligó a permitir la realización de la jornada en la puerta del organismo.

Uno de los ejes del debate fue el rol estratégico del INTI en la competitividad industrial. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que los países que logran crecer con movilidad social “están totalmente apoyados en el desarrollo tecnológico e industrial”, y que ese proceso requiere educación y centros técnicos “como el INTI, multiplicados por todo el país”.

En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación ProTejer, advirtió que una matriz industrial diversificada y federal necesita organismos capaces de certificar productos, validar procesos y dar garantías para acceder a mercados internacionales. “Sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación”, afirmó.

Galfione puso como ejemplo la suspensión de ensayos vinculados a fibras de camélidos, una decisión que, según explicó, impide exportar productos que dependen de esas certificaciones. También cuestionó el argumento oficial de reemplazar capacidades públicas por laboratorios privados. “Me hablan de competitividad y me hacen mandar los ensayos a un laboratorio más caro; en muchos casos, esos laboratorios ni siquiera existen en la Argentina”, señaló.

Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, amplió el impacto del recorte: “Sin el INTI no sólo no hay industria; tampoco hay comercio, seguridad ni salud”. La empresaria alertó especialmente por la disolución del área de Metrología Legal, encargada de ensayos y controles sobre instrumentos de medición como balanzas, etilómetros y cinemómetros, utilizados en sectores sensibles de la vida económica y social.

El reclamo también incorporó testimonios de empresas que utilizaron al INTI como plataforma de desarrollo productivo. Juan Cruz López Hamdan, fundador y CEO de Cultura Cárnica & Cultura Smash y director de Agroganadera Los Juanes, relató que el organismo fue clave para transformar producción ganadera en alimentos con valor agregado y estándares internacionales.

“Me acerqué al INTI sin tener idea del sector industrial. Sus especialistas me ayudaron a desarrollar un producto desde cero, con estándares internacionales para Estados Unidos y Europa, y a montar nuestra primera planta”, explicó. Según planteó, la continuidad del instituto es decisiva para terminar un nuevo producto cárnico con destino exportador.

Aldo Lo Russo, CEO de la metalúrgica Baigorria, fue más directo en su diagnóstico: “Hoy nos encontramos con una política industrial inexistente”. Para el empresario, evitar que el entramado productivo quede reducido a “ruinas” exige reconstruir un pacto entre empresas, trabajadores, instituciones técnicas y el Estado.

El economista Paul Segal, profesor del IAE Business School y especialista en desarrollo internacional y economías emergentes, aportó una mirada estructural. Subrayó que el INTI cumple una función clave para que las empresas puedan exportar, al asesorarlas en el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y calidad.

Segal remarcó que el desarrollo productivo exitoso rara vez surge de empresas aisladas. “El sector privado es central: invierte, produce y exporta. Pero las empresas no operan en el vacío. Necesitan capacidades, reglas e instituciones que les permitan invertir, innovar y competir”, sostuvo. Para el académico, la inversión pública en ciencia, técnica y tecnología no es un accesorio: forma parte de las condiciones necesarias para que la industria pueda desarrollarse.

El conflicto por el INTI expone, así, una discusión de fondo sobre el modelo productivo argentino. Para los sectores empresarios y técnicos que participaron del encuentro, el ajuste sobre el organismo no sólo implica una reducción administrativa: compromete servicios críticos para exportar, certificar, medir, controlar calidad, agregar valor y sostener capacidades industriales en todo el país.