La Justicia avaló el decreto de Macri para echar extranjeros
El juez Ernesto Marinelli rechazó un amparo colectivo liderado por el CELS que buscaba impugnar el Decreto 70/2017, diseñado para inmigrantes acusados de delitos y que busca expulsarlos del país aun sin condena firme.
La justicia Argentina avaló un decreto impulsado por el Poder Ejecutivo para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de delitos aún sin condena firme. El presidente Macri desde que era jefe del Gobierno porteño ha hecho énfasis sobre el “problema migratorio” en el país, “pareciera que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los países limítrofes, y eso es imposible” dijo en una oportunidad el Presidente de la Nación. Hoy deportar a un extranjero será mucho más fácil.
Para el Presidente Mauricio Macri la Argentina sostiene un problema migratorio desde hace tiempo, incluso siendo jefe de Gobierno de CABA, sostuvo que la ciudad no podía hacerse cargo de las personas de los países limítrofes, y aseguró que por día llegan entre 100 y 200 inmigrantes sólo a la capital, “que no sabemos quiénes son”.
Es así como entonces, la justicia Argentina avaló un decreto impulsado por el Poder Ejecutivo que acelera la expulsión de extranjeros acusados de cometer delitos.
El decreto 70/2017 modifica la Ley de Migraciones, no sólo facilita el proceso para la deportación, sino que también prohíbe la entrada a extranjeros con antecedentes penales. La norma señala que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisi ón y expulsión de los no nacionales”. Y afirma que esta potestad dificulta “por la duración de los procesos administrativos y judiciales” que podía “llegar a los siete años de tramitación” para expulsar a alguien del país.
La nueva norma también establece que no podrán ingresar las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes (tanto en la Argentina como el exterior) “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. Tampoco podrán ingresar al país quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.
Por otro lado, el decreto establece que los extranjeros que no tengan los medios económicos tendrán derecho a un abogado gratuito que los asista.
Aunque actualmente, los extranjeros representan apenas el 4,5% de la población de Argentina. Pero, al analizar exclusivamente la cantidad total de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de extranjeros sube “al 33%”, cifra que impulsó al Gobierno a modificar la Ley de Migraciones.
Fuentes judiciales le detallaron a Infobae, que desde que asumió el Gobierno de Macri, las deportaciones en el país han ido en aumento. Por ejemplo, explicaron que en el año 2015, solo hubo dos inmigrantes deportados del país. En 2016, el número escaló a 33. Hoy, en 2017, ya son 65 los extranjeros expulsados de la Argentina en cuestiones ligadas a la comisión de delitos, es decir, un aumento del 3.150% en dos años.
