Miguel Núñez

El ministro Safrán defendió los bonos verdes de Misiones y respondió a las críticas del diputado Núñez

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El titular de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó en “El Show de los Impactos” cómo funciona el programa que certificó casi 11 millones de créditos de carbono por reducir la deforestación y aclaró que los productores privados sí participan y reciben fondos.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, salió a responder con dureza a las declaraciones del diputado Miguel Núñez, quien había calificado de “farsa” el programa de bonos verdes provincial. En diálogo con “El Show de los Impactos”, por FM Show, el funcionario se mostró indignado y sostuvo que el legislador “tergiversó totalmente” lo que significa la iniciativa.

“Más que caliente estoy un poquito indignado”, admitió Safrán, y recurrió a una frase de un viejo profesor de la facultad para describir las afirmaciones de Núñez: dijo que el diputado cometió “una barrabasada”, con errores que, según consideró, podrían ser involuntarios o adrede.

Qué es el programa y por qué es inédito

Safrán explicó que Misiones es la primera provincia del mundo en salir con un programa jurisdiccional de este tipo, que no implica vender la selva, sino que reconoce la reducción de la deforestación. Según detalló, se trata de un programa JNR que premia a una jurisdicción —o a un privado— por bajar la tasa de desmonte.

El ministro aportó las cifras centrales: la provincia demostró que entre 2017 y 2022 redujo la deforestación de 20.500 hectáreas por año a 5.400 hectáreas por año. Ese esfuerzo, indicó, el mundo lo reconoce con créditos de carbono, donde cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono capturada del medio ambiente al reducir la deforestación.

La certificación estuvo a cargo de Verra, una certificadora internacional que, según comparó Safrán, cumple en los créditos de carbono un rol similar al de las calificadoras de riesgo crediticio en los bonos de deuda. El funcionario precisó que hace dos semanas, un martes, se certificaron 10.914.085 créditos de carbono emitidos entre 2017 y 2022. Consultado por las opciones disponibles, aclaró que existen dos certificadoras —Verra y Gold Standard— y que Misiones eligió la primera por el tipo de certificación buscada.

Los privados sí participan, según el ministro

Uno de los puntos centrales de la respuesta de Safrán apuntó a la afirmación de que el productor privado quedaría afuera del beneficio. El ministro lo negó de plano: sostuvo que el programa cuenta con privados y empresas de primera línea que participan, aunque aclaró que no puede nombrarlos por cuestiones legales.

Explicó que el esquema puede desarrollarse bajo tres escenarios y que la provincia eligió el escenario dos, donde pueden participar tanto la provincia como los propietarios privados. Según detalló, un pequeño propietario que tenga selva nativa mapeada como tal puede inscribirse a través de la página oficial del programa, que nació en 2021 y que durante cinco años incluyó talleres de capacitación y difusión en toda la zona de selva misionera.

El funcionario también señaló que el privado que no quiera sumarse al programa provincial puede hacer su propio proyecto —lo que llamó “anidamiento”—, aunque advirtió que eso tiene un costo, algo difícil de afrontar para un pequeño productor.
Cómo se reparten los fondos

Sobre el destino del dinero, Safrán aclaró otro de los señalamientos de Núñez: como los certificados se emitieron hace apenas dos semanas y todavía no se vendieron los créditos, los fondos aún no están disponibles. El trabajo, recordó, llevó cinco años, y Misiones fue la única provincia que llegó a la meta de emisiones.

El ministro detalló que el producto de la venta se distribuirá en tres cuentas. Un 40% irá al Ministerio de Ecología para reforzar el control de la tala ilegal, la invasión de la frontera agrícola y el trabajo de los guardaparques. Un 30% irá a la cuenta dos, destinada a los privados que forman parte del programa. Y el 30% restante irá a la cuenta uno, para proyectos vinculados a reducir la deforestación. “Vuelve justamente al sector privado”, remarcó, al señalar que los fondos no quedan para el Estado provincial.

Safrán afirmó que el programa reconoció el trabajo sobre 1.500.000 hectáreas, casi la mitad del territorio misionero, donde hay selva nativa.

El debate de fondo: frontera agrícola y producción

Durante la entrevista, el conductor planteó la tensión que viven muchos pequeños productores misioneros, que deben decidir entre mantener una franja de monte nativo en pie o destinar esa tierra a producir, en una provincia que no es autosuficiente en producción alimentaria. La pregunta fue directa: cuál es el beneficio concreto para quien conservó el cedro, el lapacho o el pino Paraná.

Safrán respondió que el programa fue pensado como un esquema de “ganar, ganar”, que reconoce al privado el esfuerzo de cuidar la selva nativa durante años. También se planteó en el aire la necesidad de que Ecología difunda mejor la posibilidad de inscribir las franjas de monte nativo, ya que —coincidieron— falta difusión y mucha gente desconoce el programa.

El ministro aprovechó además para corregir una idea que circuló: aclaró que el programa no premia la generación de oxígeno del bosque implantado por sobre el nativo, sino la preservación de la masa selvática natural de Misiones y la reducción de la deforestación.

Cómo y cuándo se venderán los bonos

Consultado sobre la colocación, Safrán explicó que la empresa que acompañó el proceso es Mercuria, una compañía suiza, y aclaró —marcando otro error atribuido a Núñez— que el empresario Manzano no es socio de Mercuria. Contó que en 2021 las primeras gestiones fueron con la inglesa BP (British Petroleum), pero al ver que el proceso avanzaba muy lento, se contactaron con Mercuria, con quien trabajaron los últimos cinco años.

Según el convenio, Mercuria les compra el 80% de los créditos a valor de mercado, mientras que el 20% restante puede venderse a quien la provincia quiera. Safrán precisó que desde octubre gestionan con la Cancillería de Nación para que estos créditos se contabilicen en el NDC —Contribución Determinada a Nivel Nacional-, lo que permitiría salir del mercado voluntario al mercado regulado, donde el valor es mucho mayor.

En cuanto a los montos, el ministro estimó que en el mercado voluntario cada crédito ronda los 5 dólares, lo que sobre 10 millones de créditos representa una cifra significativa. En el mercado regulado, en cambio, cada crédito podría valer entre 30, 40 y 50 dólares, según dónde se logre colocar.

Safrán agregó que los créditos fueron muy bien calificados por la consultora Sinergia, una calificación vinculada al trabajo social realizado con la comunidad, los privados y las comunidades aborígenes, y al compromiso de la provincia de seguir reduciendo la deforestación a futuro. Sin ese compromiso provincial, advirtió, los créditos no tendrían valor.

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El PRO reclama la banca de Miguel Núñez y desata una guerra opositora en Misiones

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El PRO misionero abrió un frente político y judicial de alto voltaje contra uno de sus propios diputados. La conducción partidaria formalizó ante el Tribunal Electoral de Misiones el pedido de remoción de la banca de Miguel Orlando Núñez, al considerar que incurrió en “transfuguismo político” al romper con el espacio que lo llevó a la Legislatura y convertirse en uno de los principales impulsores de la candidatura de Ramón Amarilla, dirigente de la lista “Por la Vida y los Valores”, una fuerza que compitió por fuera de Juntos por el Cambio. Hoy Núñez es además el organizador de “Misiones Productiva”, un espacio que funge como avanzada libertaria entre empresarios vinculados al sector productivo. 

La jugada expone un quiebre profundo dentro de la oposición provincial y reabre una discusión de fondo: si las bancas pertenecen a las personas o a los partidos que las postularon. 

El PRO exige la remoción inmediata de Núñez y la asunción del siguiente candidato de la lista oficializada en 2023, invocando el artículo 4 de la Ley XI – N° 7 (antes Ley 4081), normativa que regula este tipo de situaciones en Misiones.

El documento fue presentado por Emanuel Bianchetti, apoderado del Frente Juntos por el Cambio y del PRO, junto al presidente partidario Horacio Guido Loreiro. Allí sostienen que Núñez fue electo en mayo de 2023 representando al PRO dentro de Juntos por el Cambio, pero que desde entonces se apartó de manera definitiva de ese espacio político. 

Según detallan, el bloque PRO ya había comunicado formalmente su desvinculación el 12 de mayo de 2025 por “cuestiones partidarias internas” de público conocimiento, incluso reclamando el decomiso de sus sellos oficiales.

Sin embargo, el detonante fue político y electoral. El PRO afirma que Núñez actuó como “vocero político y principal impulsor” de la campaña de Ramón Amarilla, candidato de la lista “Por la Vida y los Valores”, un espacio que compitió directamente contra la plataforma electoral que integraba el macrismo. La presentación remarca que el legislador defendió públicamente esa candidatura opositora y calificó sus reclamos como “genuinos”, lo que para el partido constituye una violación directa a la unidad partidaria.

A esto se suma otro elemento sensible: la creación de una estructura propia. El escrito señala que, mientras todavía mantenía afiliación formal al PRO, Núñez presidió la Junta Promotora del partido “Algo Nuevo” a nivel nacional y además solicitó el reconocimiento de una versión provincial de ese mismo espacio, expediente que tramita en el Tribunal Electoral bajo el número 38/2025. Incluso se consigna que el “búnker” de esta nueva fuerza funciona en su propio domicilio, en San Antonio.

Como cierre de ese proceso de ruptura, el PRO recuerda que Núñez actualmente integra en la Cámara de Representantes el bloque denominado “Algo Nuevo por la dignidad de los trabajadores”, lo que -a juicio de sus ex aliados- confirma de hecho y de derecho su alejamiento definitivo del espacio por el cual fue electo.

Desde el punto de vista jurídico, la estrategia del PRO se apoya en la figura del transfuguismo político. Argumentan que la legislación provincial admite el reclamo de la banca cuando un diputado incurre en la “incorporación a un partido o agrupación política distinta a aquel que lo postuló”.

Para el partido, la creación y conducción de “Algo Nuevo” encuadra de manera directa en ese supuesto legal.

El escrito va más allá y apela a una dimensión institucional: sostiene que permitir la permanencia de Núñez en su banca implicaría una “desnaturalización de la representación política” y hasta una “estafa a la voluntad popular”, bajo la premisa de que el electorado votó una plataforma partidaria y no un proyecto personal. También invocan la doctrina de la titularidad partidaria de las bancas y recuerdan que el Tribunal de Disciplina del PRO ya dictaminó su expulsión inmediata por “notoria deslealtad e inconducta partidaria”.

En paralelo, el partido notificó formalmente a la Cámara de Representantes sobre la presentación judicial y pidió que el cuerpo tome conocimiento del reclamo de banca contra Núñez. La nota, dirigida al presidente de la Legislatura, Sebastián Macías, fue firmada por Loreiro y Bianchetti y deja constancia de que ya se había formalizado la acción ante el Tribunal Electoral.

La disputa ahora excede el conflicto interno del PRO y puede transformarse en un caso testigo para la política misionera. Si prospera, sentará un precedente sobre los límites del pase de dirigentes entre espacios y la pertenencia real de las bancas legislativas. 

En un escenario opositor fragmentado, el reclamo también deja una señal política: más que una simple disputa administrativa, el PRO decidió convertir el caso Núñez en una batalla por autoridad, disciplina y supervivencia dentro de una oposición que sigue sin encontrar un liderazgo estable.

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Misiones Productiva: el planteo de “más libertades” y el ejemplo del modelo brasileño de Estado presente

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En el marco de la jornada “Misiones Productiva”, uno de los organizadores del evento, el diputado provincial Miguel Núñez planteó la necesidad de un giro en la política productiva de la provincia y anticipó que impulsará un proyecto de ley para alinear regulaciones locales con el SENASA. La definición introduce una discusión de fondo: si Misiones debe sostener su esquema actual o avanzar hacia un modelo más abierto, con menos restricciones al productor.

Explicó que el fin a largo plazo de estos encuentros es conformar un gran frente donde converjan todos los sectores que apuesten por un cambio de modelo donde se apliquen las ideas reformistas de “menos Estado” y “más libertades” para que el sector privado pueda desarrollarse.

Para dar sustento a las propuestas esta vez contaron con el apoyo de dos técnicos de Brasil que trabajan en Santo Antonio do Sudoeste. La principal contradicción de este aporte radico en que Brasil desde el 2003 de forma continua lleva adelante una política de Estado presente donde el gobierno Federal, el Estadual y el Comunal trabajan en conjunto con el sector productivo para desarrollar unidades productivas que generen proyectos sostenibles y altamente rentables.

Un planteo que interpela el rumbo productivo

El eje del planteo de Núñez apunta a lo que definió como “incertidumbre” en las reglas que rigen la producción. Según sostuvo, la falta de previsibilidad desalienta inversiones de largo plazo, como la compra de maquinaria o el desarrollo de nuevas actividades.

En ese marco, cuestionó regulaciones vigentes que —según su visión— terminan frenando el crecimiento del sector. Puso como ejemplo la prohibición de la quema programada, aplicada por decreto y por tiempo limitado, lo que, a su criterio, evidencia falta de planificación estructural.

El diputado también buscó correr el foco de la histórica centralidad de la yerba mate en la economía provincial. Si bien reconoció su peso, planteó que atraviesa ciclos de crisis recurrentes y que la provincia cuenta con tierras suficientes para diversificar la producción.

El modelo a seguir está al alcance

Núñez remarcó que “todos sabemos lo que sucede en la costa del Uruguay del otro lado y en la costa del Paraná nos pasaron por arriba. La responsabilidad es de todos. Mayormente de nosotros los legisladores. Porque somos los que tenemos que marcar las políticas públicas”. Valoró el acompañamiento de los técnicos de Brasil que explicaron como una comuna con 47 mil unidades productivas de 24 hectáreas en promedio producen alimentos por casi 1 billón de Reales al año.

Los técnicos brasileros destacaron que el programa se sustenta de la sinergia público-privada. Donde los productores presentan proyectos y luego de aprobarse su viabilidad pueden acceder a créditos con tasas subsidiadas y acompañamiento técnico (federal-estadual-municipal). El objetivo es aumentar la rentabilidad, mejorar la productividad y fomentar el desarrollo sostenible.

Si miramos a la otra orilla de Misiones, sobre el río Paraná se desarrolla un modelo cooperativo donde Colonias Unidas nuclea a más de 3000 socios que desarrollan unas19 unidades de negocios que van desde la producción agrícola a la comercialización final de alimentos, derivados y banca cooperativa de crédito.

De la especialización a la diversificación

La propuesta de Núñez se apoya en una idea concreta: producir en Misiones lo que se consume en Misiones. En ese sentido, mencionó como ejemplos la harina, la carne vacuna, el maíz y otros alimentos básicos que actualmente llegan desde otras provincias.

El planteo según el legislador “implica pasar hacia un sistema multiproductivo”, con impacto directo en la estructura económica provincial. Sin embargo, el propio legislador parece desconocer leyes aprobadas en los últimos años que hablan de esos desarrollos multiproductivos y todo el desarrollo de la agricultura familiar para el autosustento con fines de comercialización de en el marco de las Ferias Francas y Mercados Concentradores que vienen desarrollándose hace más de 30 años en Misiones. A la vez, Núñez. marcó límites a ciertas alternativas, como el impulso al café, al considerar que no tendría rentabilidad en el corto plazo frente a cultivos de ciclo más rápido.

El legislador al igual que los empresarios que disertaron durante el encuentro hacen una crítica más amplia al modelo vigente, al señalar que se promovió una provincia “verde” pero con bajos niveles de desarrollo productivo. Para ellos Misiones debe abandonar el cuidado ambiental promoviendo el corrimiento de la frontera agrícola con los modelos intensivos de las provincias sojeras y de los grandes pooles del agronegocio que manejan el modelo agrícola del centro del país, lo que abre una discusión sobre el equilibrio entre ambiente y producción.

Como contraste los técnicos brasileños remarcaron que ellos están incentivando un modelo de producción sostenible, ambientalmente protegiendo el bosque nativo. Incluso con reglas fijas que marcan la protección de las cuencas hídricas y un mínimo de protección del 20% del suelo de cada unidad productiva destinada al monte nativo.

Regulación, poder y disputa “de modelos”

El anuncio de un proyecto para que Misiones adopte las habilitaciones y prohibiciones del SENASA como marco regulatorio marca un punto de tensión institucional. De avanzar, implicaría ceder margen de decisión provincial en favor de criterios nacionales, en un área donde históricamente hubo regulaciones propias.

En paralelo, el cuestionamiento a decisiones tomadas por decreto —como la quema programada— introduce un debate sobre los instrumentos de gobierno y su impacto en la actividad productiva.

El posicionamiento del diputado también interpela al propio sistema político: atribuyó a los legisladores la responsabilidad de definir políticas públicas que acompañen al sector y llamó a los productores a asumir un rol más activo.

Un debate que recién empieza

La jornada dejó expuesta una discusión más amplia sobre el modelo productivo misionero y sus límites actuales. La eventual presentación del proyecto en la Cámara de Diputados será el primer test para medir apoyos y resistencias.

En un contexto donde las comparaciones con países vecinos aparecen como referencia constante, la clave estará en observar si estas propuestas logran traducirse en consensos políticos o si abren un nuevo frente de debate sobre el rumbo económico de la provincia.

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