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No pasarás: Palantir, Thiel y la Argentina de Milei en disputa

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Peter Thiel llegó a la Argentina para hacer negocios y se encontró con Gandalf. No con uno: con varios. Disfrazados, con túnicas y bastones, unos manifestantes lo recibieron con una bandera que decía “You shall not pass”. Debajo, una expresión “no oficial” y bien argentina: un insulto de esos que Tolkien jamás imaginó para la Tierra Media.

La escena era graciosa. Casi absurda. Pero también era una síntesis bastante precisa de lo que está en discusión.

Porque Thiel no es solamente un millonario de Silicon Valley que decidió mirar hacia el sur. Es el fundador de Palantir, la empresa cuyo nombre remite a las piedras videntes de Tolkien: objetos capaces de observar a distancia y convertir información en poder.

Y ahí conviene detenerse.

Cómo ya dijimos, ¿Palantir es una piedra que ve y habla?

La pregunta, entonces, no es solamente qué puede ver. Es quién mira, qué ve y para qué.

El periodista Alejandro Bercovich viene siguiendo precisamente esa dimensión del desembarco de Thiel y su vínculo con Javier Milei: no sólo la inversión y los negocios, sino la posibilidad de que la Argentina se convierta en una suerte de laboratorio político, económico y tecnológico.

Y ahí aparece la primera paradoja.

El Gobierno presenta la llegada de capitales como una demostración de confianza internacional. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿qué clase de país estamos construyendo para que esos capitales quieran venir?

Porque Thiel no llega a una Argentina cualquiera.

Llega a la Argentina de Milei: un país que abrió de par en par las puertas a los capitales extranjeros, que convirtió Vaca Muerta en uno de los grandes objetos de deseo de los inversores y que hizo de la desregulación una bandera.

Pero también llega a una Argentina donde las PyMEs salen a la calle para denunciar que están siendo asfixiadas; donde los hogares se endeudan para sostener el consumo; donde crece la morosidad y donde los salarios aparecen entre las principales preocupaciones de la sociedad.

Una Argentina que ofrece oportunidades extraordinarias hacia arriba mientras la presión se acumula hacia abajo.

El “Mapa de la Deuda”, de Delfina Rossi y su equipo, (https://mapadeladeuda.ar/) permite ver aquello que las grandes cifras macroeconómicas suelen esconder: el endeudamiento no es solamente un dato financiero. Está en la tarjeta, en el préstamo, en la cuota y en la familia que llega a fin de mes pateando una deuda hacia el siguiente.

Mientras una Argentina se endeuda, otra discute cómo atraer más capital.

No necesariamente hay contradicción. El problema es quién queda de cada lado de la ecuación.

Una economía puede resultar extraordinariamente atractiva para quien viene a comprar activos, energía, tierras, empresas o datos y, al mismo tiempo, volverse cada vez más difícil para quien vive de un salario.

Ahí la palabra colonia deja de sonar como una provocación literaria.

Ya no hacen falta barcos ni uniformes.

Hay deuda. Hay recursos naturales. Hay tecnología. Hay plataformas. Hay datos. Hay capital financiero. Y hay gobiernos dispuestos a presentar todo eso como sinónimo de libertad.

No es casual que, mientras discutimos el desembarco de Thiel y el poder de Palantir, León XIV haya advertido sobre el riesgo de que la inteligencia artificial se convierta en una nueva forma de colonialismo económico o ideológico.

La advertencia puede venir del Vaticano. La pregunta, sin embargo, es bastante más terrenal:

¿Quién controla la tecnología?

¿Quién controla los datos?

¿Quién controla los recursos?

Y, finalmente, quién controla las decisiones?

Por eso los Gandalfs dejan de ser una anécdota simpática.

Su “no pasarás” adquiere otra dimensión.

Y mientras los Gandalfs ponen humor a una discusión muy seria, la realidad económica empieza a poner nervioso al establishment.

La división frente a Milei ya no es una fantasía opositora. Sectores empresarios empiezan a discutir públicamente si la recesión puede terminar poniendo en riesgo aquello que hasta ahora valoraban del Gobierno: el famoso orden macro.

Eso es bastante más significativo que cualquier encuesta.

Porque cuando quienes apoyan un modelo empiezan a preguntarse si el conductor del modelo puede terminar poniendo en peligro sus propios objetivos, algo empieza a romperse.

Y la respuesta presidencial parece ser siempre la misma: mirar hacia otro lado.

Si hay endeudamiento, la culpa es del endeudado.

Si cae la natalidad, aparecen los “pañuelitos”.

Si hay críticas, aparecen los periodistas.

Si hay problemas políticos, aparecen los enemigos.

Si hay dificultades económicas, aparece otro culpable.

Y cuando la explicación económica no alcanza, la batalla cultural viene al rescate.

La realidad, otra vez, resulta bastante menos obediente que el relato.

El Presidente que prometió gobernar contra “la casta” empieza a tener problemas incluso con sectores del poder económico que deberían sentirse cómodos con su programa.

Las PyMEs marchan.

Los empresarios se preocupan.

El establishment se divide.

Los hogares se endeudan.

Y el Gobierno responde con insultos.

En ese paisaje aparece también Fernando Cerimedo, operador político y digital ligado a la campaña de Milei de 2023, aportante registrado por 28 millones de pesos y ahora detenido en Bolivia en el marco de una causa gravísima: intento de femicidio y, además, corrupción a gran escala.

El hombre que alguna vez fue suficientemente cercano como para formar parte del dispositivo político y comunicacional del presidente boliviano Rodrigo Paz y del propio Javier Milei, ahora parece transformarse en una figura de la que conviene tomar distancia. Pasó lo mismo cuando fue acusado de ser cómplice del intento de golpe de estado en Brasil para tratar de impedir que Lula asuma como presidente.

El viejo “yo no fui”.

Una curiosa costumbre de la política libertaria: los vínculos son sólidos mientras sirven y perfectamente inexistentes cuando dejan de ser convenientes.

Pero hay algo que no puede borrarse con un tuit.

La piedra habla.

Habla la deuda.

Hablan las PyMEs.

Hablan los salarios.

Hablan las persianas bajas.

Habla la morosidad.

Habla el establishment cuando empieza a preocuparse.

Y hablan los datos.

La última encuesta de la Universidad de San Andrés registra 35% de aprobación y 61% de desaprobación para el Gobierno, mientras ubica entre los principales problemas del país la falta de trabajo, los bajos salarios, la corrupción y la pobreza.

La piedra puede mostrar el mundo desde lejos.

Pero hay algo que no puede hacer.

No puede votar por nosotros.

No puede pagar nuestras cuotas.

No puede abrir una fábrica cerrada.

No puede sostener una PyME.

No puede recuperar un salario.

No puede vivir en una casa endeudada.

Eso lo hacen —o lo padecen— las personas.

Por eso quizá la escena más importante de estos días no ocurrió en Silicon Valley ni en una reunión de empresarios.

Ocurrió en la calle.

Unos argentinos disfrazados de Gandalf levantaron un bastón y le dijeron a uno de los hombres más poderosos de la tecnología mundial:

No pasarás.

Y quizá, sin proponérselo, estaban diciendo algo mucho más grande.

Que una sociedad no es un territorio vacío esperando inversiones.

Que los recursos no son solamente activos.

Que los datos no son solamente mercancía.

Que la tecnología no es neutral.

Y que la libertad no consiste en abrir todas las puertas para que entren los poderosos y después pedirle al que quedó adentro que agradezca.

Porque la discusión que empieza a aparecer detrás de Thiel, Palantir, Milei, Vaca Muerta, la deuda, las PyMEs y la inteligencia artificial es, en definitiva, qué Argentina queda después de que todos los que quieren verla desde lejos terminen de mirarla.

Y ahí sí.

No pasarás.

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Defensa del Consumidor: el Gobierno habilita descuentos del 50% en multas y cambia la lógica de fiscalización comercial

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El Gobierno nacional modificó el régimen sancionatorio de la Ley de Defensa del Consumidor y estableció que las empresas que acepten una multa y la paguen dentro de los 10 días hábiles podrán acceder a una reducción del 50% del monto sancionado. La medida, oficializada mediante el Decreto 377/2026, apunta a reducir litigios administrativos y acelerar la cobranza estatal, pero también redefine el costo económico de incumplimientos para comercios, prestadores de servicios y cadenas de consumo masivo.

Para Misiones, donde el comercio opera bajo presión permanente por las asimetrías fronterizas con Paraguay y Brasil, el cambio tiene una lectura distinta a la de los grandes centros urbanos. El impacto no pasa solamente por el alivio financiero para empresas sancionadas, sino por cómo se reorganiza el equilibrio entre fiscalización, costos regulatorios y competitividad en una provincia donde cada punto de margen comercial define si una venta queda en Posadas o cruza a Encarnación.

Menos litigio, más pago rápido: qué cambia en concreto

La modificación incorpora un esquema similar al que ya existe en otros regímenes administrativos: si una empresa acepta la sanción y no apela, podrá cancelar la multa pagando la mitad del monto fijado por la autoridad de aplicación.

La lógica económica detrás de la medida es doble: Reducir costos judiciales y administrativos para el Estado. Acelerar la percepción efectiva de multas sin atravesar procesos largos de apelación.

En términos prácticos, el Gobierno reconoce que gran parte de las sanciones terminaban judicializadas o demoradas, afectando la recaudación efectiva y elevando costos legales tanto para empresas como para la administración pública.

Para el sector privado, especialmente PyMEs comerciales, hoteleras y de servicios del NEA, la novedad introduce previsibilidad financiera en un contexto donde las sanciones por incumplimientos formales pueden convertirse en contingencias relevantes de caja.

El costo oculto: el riesgo de “normalizar” multas

El nuevo esquema también abre una discusión regulatoria relevante: si el costo de una infracción se reduce automáticamente a la mitad mediante pago voluntario, algunas compañías podrían comenzar a incorporar la sanción como un costo operativo más.

Ahí aparece el principal desafío para las autoridades provinciales y municipales de control: mantener capacidad disuasiva sin aumentar burocracia.

La reglamentación establece un límite importante: la reducción nunca podrá dejar la multa por debajo del mínimo legal previsto en la Ley 24.240. Aun así, el cambio modifica la ecuación económica de cumplimiento normativo.

Para grandes operadores nacionales, la medida puede convertirse en un mecanismo de cierre rápido de expedientes. Para PyMEs regionales, puede representar alivio financiero frente a procesos administrativos largos y costosos.

Aunque la norma no modifica precios de manera directa, sí puede tener efectos indirectos sobre costos empresariales.

En economías regionales como Misiones, donde el consumo sigue condicionado por salarios retrasados y competencia fronteriza, cualquier reducción de costos regulatorios puede impactar en: capacidad de sostener promociones. Menor traslado de contingencias legales a precios. Menores costos financieros derivados de litigios. Mayor previsibilidad para pequeñas empresas.

No se trata de una reforma estructural del sistema de consumo, pero sí de un cambio microeconómico que busca descomprimir costos administrativos en plena desaceleración inflacionaria.

Un cambio alineado con la estrategia de desregulación

El decreto encaja dentro de una lógica más amplia del Gobierno nacional: reducir tiempos administrativos, bajar conflictividad y acelerar mecanismos de resolución sin expandir estructuras estatales.

La administración Milei viene impulsando medidas similares en distintos organismos regulatorios, buscando transformar sanciones extensas y litigiosas en sistemas de resolución rápida.

Para Misiones, el punto clave será observar si esta flexibilización viene acompañada de controles más eficientes o si termina debilitando la capacidad sancionatoria frente a abusos comerciales.

Porque en una provincia donde el consumo ya enfrenta fuga permanente hacia Paraguay y Brasil, la confianza del consumidor local también se volvió un activo económico.

El dato central no es únicamente el descuento del 50%. El verdadero cambio pasa por cómo se redefine la relación entre Estado, empresas y consumidores en un contexto de menor intervención y mayor autorregulación.

Para el empresariado misionero, especialmente PyMEs comerciales y turísticas, la medida puede representar alivio operativo. Pero el equilibrio será delicado: menos litigiosidad no necesariamente implica mejores prácticas comerciales.

El mercado fronterizo del NEA funciona con márgenes mínimos y competencia permanente. En ese escenario, la calidad del control estatal sigue siendo tan importante como el costo regulatorio.

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