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Entrevista Open: CAME advierte por el consumo estancado y fuerte impacto en el comercio minorista

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El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, describió un panorama preocupante para el comercio minorista en la Argentina, marcado por una retracción sostenida del consumo, costos en alza y una creciente competencia de plataformas internacionales. En diálogo con Open1017, sostuvo que “el consumo está muy estancado” y que la demanda actual “solo alcanza para lo justo y necesario”.

“Estamos atravesando meses complicados: mayo y junio mostraron caídas en las ventas y el consumo no repunta. La gente está muy selectiva y prioriza lo esencial”, señaló. A esto se suman aumentos en tarifas de servicios públicos y combustibles, que los comercios no pueden trasladar a precios porque la demanda “no lo convalida”.

Femenía indicó que el rubro textil es el más afectado. “La ropa siempre fue cara en Argentina, pero hoy la presión de la competencia extranjera y de plataformas asiáticas como Shein o Temu está profundizando la caída. Incluso en los lugares con precios más acomodados hay problemas para vender”, explicó.

El dirigente agregó que todo lo que no es de primera necesidad enfrenta dificultades, mientras que en los consumos básicos se observa un marcado reemplazo de primeras marcas por segundas y terceras opciones.

En contraste, mencionó que sectores como la venta de autos, motos y la compraventa de propiedades muestran cierta actividad, aunque responden a segmentos de consumidores con mayor poder adquisitivo.

Falta de reformas y presión impositiva

Para el vocero de CAME, la apertura económica sin reformas estructurales coloca a las pymes en una situación desventajosa frente a la competencia externa. “Con menor presión impositiva y menor costo estructural, el tipo de cambio no sería tan desfavorable. Pero son cambios que no se resuelven de un día para otro y dependen de consensos políticos que hoy no existen”, advirtió.

Femenía subrayó que los pequeños comercios están “ajustados por rentabilidad” y ya no tienen margen para reducir gastos. “La única forma es buscar correcciones internas en la ecuación económica para poder seguir adelante”, apuntó.

Respecto al empleo, señaló que el comercio minorista mantiene plantillas reducidas, en su mayoría de uno o dos empleados, lo que impide mayores recortes. Sin embargo, la industria atraviesa una situación más crítica debido a la baja del mercado interno, con una utilización de la capacidad instalada en niveles bajos.

Femenía destacó que CAME mantiene canales de diálogo con funcionarios nacionales, como la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comercio y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. No obstante, aclaró que la voluntad de la entidad no alcanza para cambiar el rumbo: “Podemos plantear nuestras preocupaciones, pero las decisiones las toma el Gobierno”.

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Así se controlará el etiquetado y la publicidad de los productos de tabaco

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El Ministerio de Salud dispuso, mediante la Resolución 2312/2025, que la Secretaría de Gestión Sanitaria asuma la facultad de autorizar o rechazar las solicitudes de etiquetado y publicidad de nuevos productos de tabaco presentadas por fabricantes e importadores. La medida, publicada en el Boletín Oficial, apunta a acelerar los procesos de evaluación y control, en línea con la Ley 26.687 de Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de Productos de Tabaco.

La Ley 26.687, sancionada en 2011, establece medidas integrales para reducir el consumo de tabaco, prevenir su iniciación —especialmente entre jóvenes— y minimizar los efectos del humo en la salud pública. Entre ellas, prohíbe la publicidad engañosa, el uso de términos como “light” o “suave” y la difusión de información que sugiera beneficios inexistentes en los productos elaborados con tabaco.

El Decreto 602/2013 y la Resolución Ministerial 143/2022 reforzaron estas disposiciones, fijando que toda información al público sobre ingredientes y efectos debe ser aprobada previamente por el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Control de Tabaco.

Contenido técnico: cambios en la estructura de control

La resolución firmada por el ministro Mario Iván Lugones delega en el titular de la Secretaría de Gestión Sanitaria la potestad de emitir los actos administrativos que autoricen o denieguen las solicitudes de etiquetado y publicidad.

De este modo, las empresas fabricantes e importadoras deberán presentar ante dicha Secretaría sus propuestas, que serán evaluadas en función de las Normas para la Divulgación de Información al Público Acerca de los Ingredientes de Productos de Tabaco, aprobadas en 2022.

La norma también contempla que esta delegación se mantendrá vigente aun si se producen cambios estructurales en la cartera sanitaria, asegurando la continuidad del proceso.

Según los considerandos, el objetivo de la medida es “brindar mayor celeridad al trámite y obtener mayor agilidad y capacidad de respuesta” en las autorizaciones. Esto permitirá al Ministerio actuar con mayor rapidez ante la aparición de nuevos productos y estrategias de marketing de la industria tabacalera, que buscan eludir las restricciones vigentes.

La Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles y el Programa Nacional de Control de Tabaco fueron los organismos técnicos que impulsaron esta decisión.

Repercusiones: impacto en la industria y la salud pública

El nuevo esquema podría endurecer los tiempos de aprobación y control sobre el etiquetado, dificultando el ingreso al mercado de productos que utilicen mensajes ambiguos o atractivos para menores. Para la industria tabacalera, esto supone una mayor exigencia de adecuación a las pautas oficiales antes de lanzar nuevas líneas de productos.

Desde el punto de vista sanitario, la medida fortalece las políticas de prevención y concientización sobre los riesgos del consumo de tabaco, alineándose con las recomendaciones internacionales de la OMS.

La delegación de competencias apunta a consolidar un esquema de fiscalización más ágil, que permita dar respuesta rápida ante los desafíos regulatorios que plantea el mercado del tabaco, especialmente en productos novedosos como los sistemas electrónicos de administración de nicotina.

En los próximos meses, la Secretaría de Gestión Sanitaria deberá definir protocolos operativos para implementar esta delegación y garantizar que los controles mantengan el rigor técnico y científico establecido por la normativa vigente.

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El Gobierno disolvió la CONAL y agiliza la actualización del Código Alimentario

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 538/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que disuelve la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), creada en 1999, y transfiere sus funciones a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La medida busca agilizar la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA), reducir estructuras administrativas y fortalecer el Sistema Nacional de Control de Alimentos.

“La disolución de la CONAL no implica un menoscabo en la protección de la salud, sino que busca optimizar los procesos de toma de decisión”, señala el decreto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Salud Mario Iván Lugones.

La CONAL fue creada por el Decreto 815/1999 como órgano asesor del Sistema Nacional de Control de Alimentos, con participación de organismos nacionales, autoridades provinciales y expertos. Su función era articular las propuestas de actualización del Código Alimentario Argentino (CAA), que regula las condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los alimentos en el país.

Según el Ejecutivo, la estructura se volvió “innecesariamente ralentizadora” para la toma de decisiones en un contexto de dinamismo creciente en la producción y comercio de alimentos, lo que motivó su eliminación.

Contenido técnico: cambios principales del Decreto 538/2025

La norma introduce una serie de modificaciones al Decreto 815/1999:

  • Disolución de la CONAL: se elimina el órgano colegiado asesor y sus funciones son asumidas por ANMAT y SENASA.
  • Actualización del Código Alimentario: las modificaciones del CAA serán aprobadas mediante resoluciones conjuntas del Ministerio de Salud (ANMAT) y el Ministerio de Economía (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), con posibilidad de convocar expertos que tendrán 15 días hábiles para emitir informes.
  • Sistema Nacional de Control de Alimentos: queda integrado por ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), SENASA y las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Base Única de Datos: ANMAT será responsable de la administración y actualización diaria del sistema informatizado que centraliza registros de establecimientos, productos, normativa, inspecciones e infracciones.
  • Derogación de artículos: se eliminan 11 artículos del Decreto 815/1999, entre ellos el que creaba las “cabinas sanitarias únicas” en puntos de introducción de alimentos, por considerarse obsoletas ante los controles aduaneros digitalizados.

Fundamentos y motivación

El Poder Ejecutivo argumenta que la medida se inscribe en el proceso de “modernización del Estado, eliminación de superposiciones de competencias y racionalización de recursos”.

La dinámica actual de la producción y el comercio de alimentos exige mecanismos de respuesta más ágiles y directos”, señala el texto, que subraya que ANMAT y SENASA cuentan con la capacidad técnica y los equipos necesarios para asumir las funciones de la CONAL.

La decisión podría agilizar los tiempos de aprobación de modificaciones al Código Alimentario, algo reclamado por empresas de la industria alimenticia y cámaras del sector que denuncian dilaciones en la incorporación de nuevas tecnologías, ingredientes y procesos.

Por otro lado, autoridades provinciales deberán adaptar sus mecanismos de participación en el Sistema Nacional de Control de Alimentos, ahora bajo la órbita directa de ANMAT y SENASA.

Desde el punto de vista del comercio exterior, la medida podría facilitar la homologación de estándares con el MERCOSUR y otros mercados internacionales, al acortar los plazos para adecuar las normativas locales a los acuerdos vigentes.

Con la entrada en vigencia del decreto, ANMAT y SENASA deberán dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para su implementación. Además, el Ejecutivo prevé revisar otros procesos del sistema alimentario, en línea con el objetivo de “gestión más austera, eficaz y orientada a resultados”.

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Desde que asumió Milei se perdieron 183 mil empleos formales en el país

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Misiones fue una de las provincias que logró aumentar el empleo asalariado formal privado en abril de 2025, con una variación positiva del 0,7% respecto de marzo, según el último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la UBA. El registro coloca a la provincia entre las 15 jurisdicciones con saldo favorable en el mes, junto a La Rioja (+4,1%), Tierra del Fuego (+1,4%), Tucumán (+0,8%) y San Juan (+0,8%).

Este incremento se produjo en un contexto nacional marcado por la pérdida acumulada de casi 183 mil empleos formales desde noviembre de 2023, mes previo a la asunción del presidente Javier Milei.

Panorama nacional: saldo negativo en la era Milei

A nivel país, el número total de asalariados registrados en abril fue de 10,117 millones, similar al de diciembre de 2024 pero 0,4% menor que un año antes y con una contracción de 1,8% respecto de noviembre de 2023.

En el sector privado formal, que representa más del 60% del total, la caída acumulada desde noviembre pasado fue de 104,6 mil puestos (-1,6%). Si bien abril mostró una suba mensual de 0,2% (12.700 nuevos empleos), no alcanza para revertir la tendencia descendente de los primeros meses de gestión, especialmente marcada en el primer semestre de 2024.

Salarios en retroceso

El informe de EDIL también advierte que el salario promedio real del sector privado formal acumula cuatro meses consecutivos de caídas y en mayo se ubicó un 1,4% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

El salario mínimo, vital y móvil perdió un 32% de poder adquisitivo en el mismo período y se encuentra en su valor más bajo desde 2001, con una erosión del 62% respecto del máximo histórico de septiembre de 2011.

El repunte misionero de abril se explica en parte por la recuperación de algunos sectores vinculados al comercio y los servicios, en un mes en el que 15 provincias mostraron subas en el empleo privado formal. Sin embargo, el saldo anual y, sobre todo, el acumulado desde noviembre, continúan condicionados por la dinámica nacional y la debilidad del mercado laboral argentino.

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Reorganización en Cultura: Milei avanza con una reestructuración técnica y federal

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El Decreto 531/2025 oficializa una profunda reorganización administrativa, funcional y normativa de la Secretaría de Cultura de la Nación, con cambios claves en el Instituto Nacional del Teatro, el Parque Tecnópolis, y las bibliotecas populares.

El Gobierno nacional, a través del Decreto 531/2025 publicado el 4 de agosto en el Boletín Oficial, introdujo una reconfiguración integral de la Secretaría de Cultura dependiente de Presidencia. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Guillermo Francos, redefine la estructura organizativa de primer y segundo nivel, con el objetivo declarado de optimizar funciones y evitar duplicidades, sin incrementar la cantidad de unidades organizativas dentro de la Administración Pública Nacional.

Este rediseño se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y responde a los lineamientos de simplificación, eficiencia y desregulación impulsados desde el Poder Ejecutivo.

Desde principios de año, la Secretaría de Cultura ha sido blanco de varias modificaciones estructurales, producto de la fusión, transformación o disolución de organismos descentralizados dictadas por los Decretos 345 y 346/2025. La nueva norma consolida esa transformación, actualizando objetivos, responsabilidades y relaciones jerárquicas en todos los niveles.

El decreto deroga una decena de normas anteriores —entre ellas el Decreto 1078/1989 y la Resolución 827/2017 del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO—, en un intento por unificar criterios organizativos y legales dispersos. También se readecúan funciones en el marco del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por Decreto 2098/08.

Cambios clave: Teatro, Bibliotecas y Monumentos

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la actualización de los objetivos y funciones del Teatro Nacional Cervantes, que ahora deberá no solo difundir la cultura escénica sino también fomentar la dramaturgia nacional y realizar investigaciones teatrales sobre el patrimonio cultural argentino.

También se redefinen las funciones del Instituto Nacional del Teatro, que pasa a tener dos nuevas direcciones:

  • La Dirección de Gestión Operativa y Fortalecimiento Teatral, encargada de la articulación administrativa, legal y presupuestaria del Instituto.
  • La Dirección de Políticas de Desarrollo de las Artes Escénicas, que será la responsable de implementar y evaluar los beneficios establecidos por la Ley Nacional del Teatro N° 24.800.

Asimismo, se refuerza la estructura de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, incorporando direcciones específicas para la gestión bibliotecológica y la evaluación de políticas de fortalecimiento federal.

En cuanto a patrimonio histórico, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos ve reforzadas sus facultades de fiscalización y resguardo, con participación vinculante en la gestión legal y física de bienes protegidos.

Tecnópolis y cultura federal: más control y planificación

Otro eje central del rediseño es el Parque Tecnópolis del Bicentenario, que se organiza ahora con tres direcciones específicas:

  • Planificación y Programación
  • Mantenimiento e Infraestructura
  • Producción y Logística

La reestructuración también contempla la consolidación de espacios culturales estratégicos como el Centro Cultural Borges y el Palacio Libertad – Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, dotándolos de nuevas unidades de planificación y producción propias.

Además, se jerarquiza el área de Integración Federal y Cooperación Internacional Cultural, con nuevas competencias para el diseño de políticas culturales federales e internacionales, fortaleciendo el rol de la Secretaría como coordinadora de estrategias entre Nación, provincias y municipios.

Desde una perspectiva técnico-institucional, el decreto plantea una estructura más racional, con criterios claros de competencias por áreas, aunque también puede interpretarse como una centralización operativa bajo el ala de Presidencia. La creación de nuevas unidades organizativas en áreas específicas es compensada con la eliminación o fusión de otras, cumpliendo con la directiva de no aumentar el tamaño del Estado.

El rediseño tiene como fundamento la necesidad de contar con una administración cultural “moderna, eficiente y federal”, con foco en la rendición de cuentas, el cumplimiento normativo y la planificación estratégica de actividades culturales.

Escenarios: ¿consolidación o resistencia sectorial?

A mediano plazo, este rediseño abre interrogantes sobre su aplicación efectiva y la aceptación de los sectores culturales afectados, en particular aquellos con fuerte tradición de autonomía institucional como el Teatro Nacional Cervantes o el Instituto Nacional del Teatro.

Desde el Gobierno aseguran que no habrá despidos masivos ni desfinanciamiento, aunque el artículo 9 del decreto aclara que el personal alcanzado por la medida está sujeto a las previsiones del artículo 11 de la Ley N° 25.164, que regula los derechos y deberes del empleo público en reestructuraciones. La referencia a “estabilidad” no es menor en el actual contexto de racionalización del gasto.

El decreto ya está vigente y su cumplimiento será monitoreado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional (Secretaría de Transformación del Estado) y la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía, que participaron en su elaboración.

En paralelo, cada área deberá implementar los cambios operativos, administrativos y funcionales detallados en los más de siete anexos técnicos que acompañan el decreto.

El éxito de la medida dependerá de la capacidad de articulación entre las nuevas direcciones, la agilidad en la reasignación de recursos y la legitimidad que logre construir entre los agentes del sector.

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