MINERIA

China cierra mina clave de litio de CATL y los precios globales se disparan

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El Gobierno de Pekín suspendió la explotación de la mina Lianxiawo, operada por CATL, que aporta el 6% del litio global. La medida, vinculada a un endurecimiento regulatorio, provocó un salto de más del 3% en el precio al contado y disparó las acciones de productoras en Asia, Australia y Wall Street. Analistas anticipan un impacto inmediato en la cadena de suministro y en el equilibrio del mercado.

El cierre temporal de la mina Lianxiawo, ubicada en la ciudad china de Yichun, sacudió este lunes al mercado internacional del litio. El yacimiento, operado por Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) —el mayor fabricante de baterías de litio del mundo y proveedor clave de Tesla—, representa aproximadamente el 6% de la producción global y forma parte de un complejo minero que supera el 11% del abastecimiento mundial.

La decisión responde a un endurecimiento en los controles regulatorios sobre la explotación de recursos estratégicos que lleva adelante el gobierno de Xi Jinping, en línea con su política de combatir la sobrecapacidad productiva y sostener precios en mercados con exceso de oferta.

Cifras y movimientos del mercado

  • Producción afectada: más de 46.000 toneladas métricas equivalentes de carbonato de litio al año, un 3% del suministro global previsto para 2025.
  • Precio al contado: subió 3% hasta 75.500 yuanes (US$10.570) por tonelada, máximo desde febrero.
  • Futuros en Guangzhou: contrato noviembre +8% diario, cerrando en 81.000 yuanes (US$11.340) por tonelada.
  • Índice Bloomberg del litio: en máximos desde mayo.
  • Acciones destacadas:
    • Tianqi Lithium (Hong Kong): +19%
    • Ganfeng Lithium (Hong Kong): +21%
    • Pilbara Minerals (Australia): +14%
    • Mineral Resources (Australia): +25%
    • Albemarle Corp. (EE.UU.): +15%
    • Lithium Americas (EE.UU.): +13%
    • SQM (Chile, NYSE): +12%

Entre la geopolítica y el reordenamiento productivo

Pekín mantiene una supervisión estricta sobre las mineras que no cumplen plenamente la normativa ambiental y de explotación. En el caso de CATL, la suspensión se produjo tras el vencimiento de la licencia de su proyecto en Yichun el 9 de agosto. La compañía afirmó que está gestionando su renovación “lo antes posible”, pero la magnitud del yacimiento y su peso estratégico hacen que el impacto trascienda lo local.

Citigroup interpreta la medida como una estrategia para frenar la sobrecapacidad y “revalorizar este recurso clave a largo plazo”, reforzando el poder de China sobre un insumo central para la transición energética.

Morgan Stanley, por su parte, advirtió que la interrupción podría absorber el excedente global estimado en 60.000 toneladas para 2025, generando “un riesgo alcista para los precios en el corto plazo” y acercando el mercado al equilibrio si se suman otras interrupciones.

La medida generó un rally bursátil en compañías productoras de litio y una inmediata presión alcista sobre los precios. El corte de producción no solo reduce la oferta disponible, sino que tensiona la cadena de valor de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos de almacenamiento energético.

Analistas como Vincent Sun (Morningstar) señalan que la suspensión “es una señal de que la industria busca contener la caída de precios observada en 2024 y 2025”, en un contexto donde la cotización del litio llegó a ubicarse por debajo de su costo marginal de producción.

El 30 de septiembre vence el plazo para que las principales mineras chinas presenten sus informes de reservas y recursos. Las ocho minas bajo revisión concentran el 75% del suministro total de litio y rubidio de la provincia de Jiangxi, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas suspensiones.

Si Pekín avanza en un recorte más amplio de la capacidad productiva, el mercado podría enfrentar una recuperación de precios más rápida de lo previsto, con impactos directos en el costo de baterías y, por ende, en la competitividad de la movilidad eléctrica global.

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Producción minera en Argentina creció 6,8% en junio y acumula un alza de 2,5% en 2025

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La actividad minera en Argentina registró en junio de 2025 un incremento interanual del 6,8%, consolidando una recuperación que permitió cerrar el primer semestre con un alza acumulada del 2,5%, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El repunte mensual, que también mostró un avance del 3,7% en la medición desestacionalizada frente a mayo, refleja la incidencia positiva de segmentos clave como minerales metalíferos y no metalíferos, así como el impulso en hidrocarburos.

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) es un termómetro del comportamiento del sector extractivo, que tiene un peso estratégico tanto en el abastecimiento de insumos para la construcción, energía e industria, como en la generación de divisas por exportaciones. El resultado de junio representa el mayor crecimiento interanual desde septiembre de 2024, y se enmarca en un semestre con signos de recuperación luego de un 2024 de desempeño irregular por factores climáticos, conflictos laborales y volatilidad en los precios internacionales.

El informe del INDEC detalla que el crecimiento de junio estuvo traccionado por los minerales metalíferos, con un aumento interanual del 8,2%, impulsados por la mayor extracción de oro y plata en yacimientos de Santa Cruz, San Juan y Catamarca.
En paralelo, los minerales no metalíferos avanzaron 7,5%, con la producción de cal, yeso y áridos beneficiada por la reactivación parcial de obras públicas y privadas.

En el caso de los combustibles líquidos y gaseosos, se verificó una suba del 5,1% respecto a junio de 2024, vinculada a mayores niveles de extracción de petróleo y gas no convencional en la cuenca neuquina, favorecida por la expansión de infraestructura de transporte y evacuación.

Factores que explican el repunte

La recuperación interanual se explica por una combinación de factores:

  • Mejores condiciones climáticas que permitieron normalizar operaciones en yacimientos afectados en 2024.
  • Estabilidad en el marco regulatorio, que redujo la incertidumbre de inversiones en el corto plazo.
  • Demanda externa firme para metales preciosos, beneficiada por el contexto internacional de precios altos en oro y plata.
  • Rebote estadístico respecto a un junio 2024 marcado por paradas técnicas y conflictos sindicales.

El sector minero no solo aporta insumos estratégicos para la economía interna, sino que también es clave en el ingreso de divisas, particularmente a través de exportaciones de oro, plata, litio y petróleo. El crecimiento del 2,5% en el acumulado enero-junio se traduce en mayor actividad logística, contratación de servicios especializados y generación de empleo en provincias mineras.

No obstante, analistas advierten que la sostenibilidad del crecimiento dependerá de la evolución de los precios internacionales, la continuidad de proyectos de inversión y la estabilidad macroeconómica interna, especialmente en lo que respecta a tipo de cambio y costos logísticos.

Si se mantiene el ritmo observado en junio, la minería podría cerrar 2025 con un crecimiento en torno al 4% anual, superando las proyecciones iniciales. Sin embargo, riesgos como la volatilidad cambiaria, la competencia por recursos energéticos en épocas de alta demanda y eventuales tensiones laborales podrían moderar la tendencia.

Para el gobierno, la consolidación del sector minero es parte de la estrategia de incrementar las exportaciones y diversificar la matriz productiva, mientras que para las provincias representa una fuente de ingresos fiscales vital.

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Milei desgravó la minería: cero retenciones para litio, cobre y minerales clave

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El Gobierno elimina derechos de exportación para el sector minero no metalífero y metalífero y deroga el régimen especial del cobre

En una nueva señal de liberalización y estímulo a las exportaciones, el Gobierno Nacional oficializó este miércoles la eliminación del derecho de exportación (D.E.) para una amplia gama de productos del sector minero. A través del Decreto 563/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció una alícuota del 0% para las mercaderías comprendidas en más de 200 posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) vinculadas a la minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, piedras preciosas y combustibles.

La medida, que forma parte de la política de desregulación y reducción de impuestos impulsada por el Ejecutivo, se enmarca en la estrategia para potenciar la competitividad exportadora y atraer inversiones productivas en un sector clave para el ingreso de divisas.

El decreto se apoya en el artículo 755 del Código Aduanero (Ley 22.415), que faculta al Poder Ejecutivo a modificar los derechos de exportación para promover actividades productivas estratégicas. En este caso, se apunta a “asegurar el máximo valor agregado en el país” y “proteger o conservar las actividades nacionales productivas”, según detalla el texto oficial.

En paralelo, se derogó el Decreto 308/2022, que había creado el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, una herramienta promocional que nunca se implementó efectivamente y no contaba con beneficiarios inscriptos. Esta eliminación responde al criterio de eficiencia administrativa y eliminación de estructuras inoperativas.

Detalles técnicos: qué productos mineros quedan exentos del derecho de exportación

El anexo del Decreto 563/2025 (IF-2025-80536077-APN-SM#MEC) incluye un extenso listado de posiciones arancelarias comprendidas en la exención, abarcando desde minerales industriales hasta piedras preciosas. Entre las posiciones alcanzadas se encuentran:

  • 2502.00.00: sal (incluida la de mesa).
  • 2601.11.00 a 2608.00.90: minerales de hierro, manganeso, cobre, níquel, aluminio, cobalto y litio.
  • 7103.10.00 y 7103.99.00: piedras preciosas, incluidos diamantes y otras gemas.
  • 6802.10.00 a 6803.00.00: rocas de aplicación y manufacturas de piedra.
  • 7202.x.x y 7401.x.x: ferroaleaciones y productos de cobre.

El beneficio alcanza tanto a productos en bruto como elaborados, con lo cual se apunta no sólo al fomento de la extracción, sino también a incentivar el procesamiento local.

El Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de fortalecer la competitividad internacional del sector minero argentino, que representa el quinto complejo exportador del país y explica hasta el 80% de las exportaciones provinciales en distritos como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

Actualmente, la minería aporta apenas el 1,2% del PBI argentino, mientras que en países de la región como Chile o Perú su participación alcanza hasta el 10% del PBI, lo que refleja una amplia brecha de desarrollo.

“La medida busca estimular el potencial de crecimiento del sector minero, generando condiciones favorables para la inversión, el empleo y el aumento de las exportaciones, sin comprometer la estabilidad fiscal”, señala el decreto.

Repercusiones: alivio impositivo para exportadores, presión sobre la recaudación

La medida tendrá un impacto directo en los costos de exportación del sector minero, mejorando sus márgenes de rentabilidad y su capacidad de competir en mercados internacionales.

Desde las cámaras del sector, como la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se venía reclamando hace tiempo una reducción de la carga impositiva como condición para destrabar proyectos de inversión de gran escala.

Sin embargo, desde sectores críticos advierten que la medida podría reducir la recaudación tributaria por exportaciones en el corto plazo, lo que podría afectar los ingresos fiscales en un contexto de ajuste fiscal estricto. No obstante, el Gobierno confía en que el efecto neto será positivo por el crecimiento en volumen exportado y la atracción de nuevos capitales.

La decisión de eliminar retenciones a la exportación minera se alinea con las expectativas de posicionar a la Argentina como proveedor estratégico en la transición energética global, particularmente en minerales críticos como el litio, cobre, níquel y cobalto, esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y tecnologías limpias.

Con amplias reservas sin explotar y una cadena de valor en expansión, el sector minero aparece como uno de los pilares potenciales para una nueva matriz exportadora que permita diversificar la economía argentina, menos dependiente del agro y más integrada a los nuevos vectores de demanda internacional.

El Gobierno anticipa que, con las condiciones adecuadas, la minería podría multiplicar su aporte al PBI y al empleo formal, consolidando su rol en la generación de divisas genuinas.

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Reforma minera: el Ejecutivo actualizó leyes para agilizar certificaciones e inversiones

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Mediante el Decreto 449/2025, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo reformas clave a las leyes 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras) y 24.466 (Banco Nacional de Información Geológica), con el objetivo de desburocratizar procesos, fortalecer la gestión técnica y atraer inversiones en exploración y explotación minera bajo reglas más claras y eficientes.

Las modificaciones responden a las facultades delegadas por la Ley de Bases N° 27.742, que habilita al Ejecutivo a reorganizar competencias y estructuras estatales en pos de una administración más ágil y menos costosa.

Una de las modificaciones más relevantes es la simplificación del certificado de estabilidad fiscal que otorga la Autoridad de Aplicación del régimen minero. A partir de ahora, el documento deberá incluir únicamente la fecha de presentación del estudio de factibilidad, sin detallar la carga tributaria nacional, provincial o municipal.

Este cambio busca acelerar los tiempos administrativos y evitar demoras originadas en la falta de respuestas de las jurisdicciones impositivas locales. La estabilidad fiscal se mantendrá basada en la normativa vigente al momento de la presentación, como ya lo establecía el Decreto 2686/93, de carácter reglamentario.

Nuevas exigencias para el control de inversiones

El decreto también refuerza las facultades de control de la Secretaría de Minería a través de una mejora en la trazabilidad de las inversiones:

  • Los beneficiarios del régimen deberán presentar una declaración jurada anual detallando trabajos e inversiones.
  • Dicha declaración deberá estar acompañada por un informe técnico de un profesional independiente, lo que fortalece la calidad y trazabilidad de la información.
  • La verificación por parte del Estado se basará en cruces de datos internos, optimizando recursos y reduciendo inspecciones presenciales.

Reorganización del Banco Nacional de Información Geológica

Otro eje central de la reforma es la transferencia de la administración del Banco Nacional de Información Geológica al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), un organismo técnico descentralizado con especialización y trayectoria en la materia.

El SEGEMAR tendrá a su cargo la gestión de la información geológica aportada por los inscriptos en el régimen, así como la proveniente de organismos públicos, universidades y entes en los que el Estado tenga participación mayoritaria. La finalidad es consolidar una base de datos unificada, actualizada y de acceso público, clave para el desarrollo de políticas de exploración territorial.

Estas modificaciones se inscriben en la política de racionalización administrativa impulsada por el Ejecutivo, bajo los principios de desregulación, simplificación y eficiencia técnica en la gestión de políticas públicas.

El nuevo esquema apunta a:

  • Reducir cargas burocráticas que obstaculizan proyectos mineros.
  • Garantizar seguridad jurídica a los inversores.
  • Reforzar controles sin incrementar costos de fiscalización.
  • Potenciar la generación y disponibilidad de datos geológicos estratégicos para el país.

Con este paquete normativo, el Gobierno Nacional busca dar señales claras al capital minero privado: habrá menos trabas, más certidumbre jurídica y reglas más estables. Al mismo tiempo, se refuerzan las capacidades técnicas del Estado a través de organismos como el SEGEMAR y se descomprime la carga administrativa de la Secretaría de Minería.

El decreto ya está vigente y aplica también a los trámites que se encuentren en curso, por lo que se espera un impacto inmediato en la dinámica de aprobación de proyectos.

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Desregulación en infraestructura hídrica y sismología: Milei disuelve el INA y fusiona el INPRES con el SEGEMAR

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Con la firma del Decreto 396/2025, el Gobierno avanza en una nueva etapa del ajuste estatal, eliminando estructuras intermedias y consolidando funciones en áreas centrales del Ministerio de Economía. La reorganización del INA y del INPRES marca un precedente en la transformación institucional del sector técnico-científico, mientras crece la expectativa por futuras decisiones en otras áreas estratégicas del Estado.

El Gobierno disuelve el INA y fusiona el INPRES con el SEGEMAR en su plan de ajuste estatal

El decreto 396/2025 transforma organismos técnicos para reducir estructuras y optimizar el gasto público. El Instituto Nacional del Agua será absorbido por la Secretaría de Obras Públicas, mientras que el INPRES se integra al SEGEMAR.

En el marco del proceso de desregulación y racionalización del Estado, el Gobierno nacional dispuso la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas y la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que absorberá todas sus funciones, recursos y personal.

Así lo establece el Decreto 396/2025, publicado este martes 18 de junio en el Boletín Oficial, en línea con las facultades delegadas por la Ley de Bases N.º 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Reestructuración y control: dos institutos menos, una gestión más centralizada

La norma se inscribe en el objetivo de reducir el sobredimensionamiento del Estado, mejorar la coordinación interjurisdiccional y centralizar funciones técnicas y operativas en áreas clave del Ministerio de Economía.

Según los fundamentos del decreto, las funciones que desarrollaba el INA —dedicado al estudio, capacitación y difusión de conocimientos sobre los recursos hídricos— podrán ser llevadas adelante con el mismo rigor técnico desde una estructura más simple y centralizada. En tanto, el INPRES, creado por ley en 1972 para generar normativa antisísmica y estudiar riesgos geológicos, será absorbido por el SEGEMAR, que comparte competencias vinculadas a la geociencia y la prevención de desastres naturales.

Diagnóstico técnico: estructuras duplicadas y alto costo operativo

El decreto se apoya en informes técnicos de la Secretaría de Transformación del Estado y del Ministerio de Economía, que identificaron 111 organismos desconcentrados y descentralizados, con una planta de 88.095 empleados en 2024 —más del doble que en 2010— y 477 autoridades superiores.

La medida busca reducir la carga presupuestaria de las estructuras duplicadas, unificar criterios técnicos y mejorar el uso de recursos mediante fusión de competencias, reasignación de inmuebles y control de bienes estatales.

El texto oficial aclara que no se verán afectadas las funciones técnicas esenciales de los organismos disueltos o fusionados. El personal continuará en funciones “con sus cargos y situación de revista”, y los créditos presupuestarios y bienes pasarán a las nuevas estructuras.

Además, el Ministerio de Economía deberá proponer una adecuación organizativa integral que contemple esta reestructuración, mientras que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) recibirá un relevamiento detallado de inmuebles, vehículos y maquinaria afectados, con posibilidad de reasignación o enajenación.

La decisión forma parte del paquete de reformas estructurales del Estado promovidas por el presidente Javier Milei, que apuntan a reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia administrativa. El decreto fue firmado también por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Aunque el Ejecutivo asegura que se mantendrán las capacidades técnicas y los estándares de calidad, la medida podría generar inquietud en sectores científicos y técnicos, que advierten sobre el posible debilitamiento de funciones sensibles como la prevención sísmica o la gestión integral del agua en un contexto climático complejo.

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