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Con récords y contrastes, la minería se consolida como pilar económico de la Argentina

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El sector minero consolidó en 2025 un rol estratégico en la economía argentina, con un crecimiento del 8,5% interanual en su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y exportaciones récord cercanas a los US$ 5.900 millones, según un informe conjunto de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El desempeño, sin embargo, mostró una marcada heterogeneidad entre rubros, con dinámicas productivas y comerciales que avanzaron a distintas velocidades.

El reporte, elaborado por Nadav Rajzman (CAEM) y Guido D’Angelo (BCR), destaca que la minería fue uno de los dos únicos sectores de la economía argentina que generó un aporte neto positivo de divisas en las últimas dos décadas, junto con la agroindustria, y se consolidó además como el principal motor de inversión extranjera directa y del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Un sector que crece, pero a varias velocidades

De acuerdo con el informe, la minería cerró 2025 con una expansión del 8,5% en su aporte al PIB al comparar el tercer trimestre de 2025 con igual período de 2024. Si se considera el promedio de los primeros nueve meses del año, el crecimiento del aporte minero a la economía nacional fue del 5,7% interanual.

No obstante, el desempeño del sector fue heterogéneo. El oro y la plata alcanzaron récords históricos de exportaciones, impulsados principalmente por precios internacionales en máximos, aunque con volúmenes de producción en retroceso desde 2019. Esta caída productiva se explica por la madurez de las operaciones, muchas de ellas en actividad desde la década del noventa, y por la falta de incentivos para nuevas inversiones en años previos. De las ocho operaciones activas, al menos la mitad presenta un horizonte de producción inferior a cuatro años, lo que plantea desafíos de mediano plazo para un rubro clave en el comercio exterior.

En contraposición, el litio exhibió un fuerte crecimiento productivo, aun en un contexto de precios internacionales deprimidos. Las empresas del sector invirtieron más de US$ 7.000 millones para poner en marcha las siete plantas productivas operativas al cierre de 2025. La producción anual se ubicaría en el rango de 100.000 a 110.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, lo que representa un crecimiento interanual de entre 35% y 45% respecto de 2024, y un 140% frente al último máximo exportador de 2023. En términos de valor, las exportaciones superarían levemente los US$ 835 millones registrados en ese año.

Por su parte, las rocas y minerales industriales mostraron un comportamiento más dispar. Este segmento, presente en todo el país y del que dependen unas 50.000 familias, continúa condicionado por la debilidad de la construcción. Si bien el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) exhibió a octubre un crecimiento promedio del 8% respecto de 2024, todavía se mantiene 24% por debajo de los niveles de 2023.

Récord exportador y aporte neto de divisas

El informe subraya que 2025 marcará el récord histórico de exportaciones mineras en la Argentina, con un crecimiento cercano al 27% interanual y el quinto año consecutivo de expansión. Las ventas externas del sector se estiman en torno a US$ 5.900 millones, lo que representa casi el 7% del total de exportaciones argentinas, proyectadas en alrededor de US$ 86.000 millones para el año.

Según los datos disponibles hasta noviembre, el oro y la plata explican aproximadamente el 81% de las exportaciones mineras. Consolidando su peso en el perfil exportador, aunque con señales de agotamiento productivo.

La minería se posicionó además como uno de los dos únicos sectores con aporte neto positivo de divisas, junto con el agro. Desde enero de 2003 hasta la actualidad, el sector mantuvo saldo cambiario positivo todos los meses, sin excepciones. En los últimos veinte años, la minería generó el 7,5% de las divisas netas del país, mientras que el 92,5% restante correspondió a la agroindustria.

Si pensamos en términos relativos, la minería exporta en promedio nueve dólares por cada dólar importado. Frente a los seis dólares por dólar importado que registra la agroindustria en los últimos cinco años. En línea con el récord exportador, la liquidación de divisas del sector también alcanzaría máximos históricos en 2025.

El motor de la inversión extranjera y del RIGI

Otro de los ejes centrales del informe es el rol de la minería como principal inversor del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Casi el 65% de las aplicaciones al régimen corresponden a proyectos mineros. Dentro de ese universo, los proyectos de cobre concentran el 73% de las presentaciones.

Asimismo, la minería se consolidó como el principal sector de ingreso neto de divisas por inversión extranjera directa (IED) entre 2003 y 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Minería. Esta tendencia se mantuvo durante el primer semestre de 2025. Tanto en los aportes de capital como en el conjunto de flujos de IED relevados por el Banco Central.

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Glaciares en debate: críticas técnicas y constitucionales a la reforma que el Senado tratará en febrero

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El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial obtuvo dictamen en el Senado tras un trámite acelerado, pero enfrenta un rechazo contundente de especialistas, organizaciones ambientales y referentes científicos, que advierten sobre un debilitamiento estructural del régimen de protección ambiental, riesgos para la seguridad hídrica y mayor incertidumbre jurídica. La iniciativa será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero.

El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. En apenas dos días, el oficialismo logró dictaminar el proyecto pese a las objeciones técnicas, constitucionales y ambientales planteadas durante las exposiciones. El tratamiento parlamentario, inicialmente previsto para el 26 de diciembre, fue finalmente postergado para febrero.

Cambios estructurales y cuestionamientos constitucionales

Durante el encuentro, los expositores coincidieron en que la reforma propuesta introduce modificaciones de fondo a la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, al alterar el esquema de presupuestos mínimos de protección ambiental previsto en la Constitución Nacional. Según advirtieron, la iniciativa reduce el alcance del régimen nacional y fragmenta los criterios de protección de bienes comunes estratégicos como el agua.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que el proyecto “reduce el área de protección glaciar —que actualmente alcanza apenas el 0,21% del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos”. Además, remarcó que la iniciativa transfiere a las provincias la facultad de definir qué glaciares deben ser protegidos, lo que “desmantela el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país”.

En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que la reforma “tira por la borda la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos” y alertó sobre el precedente que podría sentar para otras normas ambientales vigentes. “¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques, por los ríos, por la Ley General del Ambiente?”, planteó.

Ciencia, crisis climática y falta de participación

Desde el ámbito científico, las críticas se centraron en la ausencia de consultas previas y en la celeridad del tratamiento legislativo. Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, calificó como “inadmisible” que el proyecto no haya sido consultado con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo de referencia establecido por la propia ley vigente para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

Pablo E. Villagra, director del IANIGLA, recordó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió reconocimiento de la comunidad glaciológica internacional y no presenta errores significativos, además de encontrarse actualmente en proceso de actualización.

Agostina Rossi, de Greenpeace Argentina, advirtió que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y sostuvo que la distinción entre glaciares “útiles” y “no útiles” carece de sustento científico. “Los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”, afirmó.

Las organizaciones también cuestionaron la escasa participación pública y el carácter exprés del proceso legislativo, señalando que la iniciativa no replica el nivel de debate y consenso que acompañó la sanción original de la ley.

Minería, inversiones y licencia social

Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) plantearon que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre normativa y que la reforma busca adecuar el marco regulatorio del sector. Alfredo Vitaller, por CAEM, sostuvo que acompañan la protección de los glaciares “en tanto cumplan su función como reserva de agua”.

Sin embargo, desde las organizaciones ambientales y científicas se advirtió que la reforma no generará mayor seguridad jurídica ni atraerá inversiones de largo plazo. Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, afirmó que “las empresas serias buscan certidumbres y estándares ambientales altos” y que “los flujos de inversión más importantes van a los países con mayor protección ambiental”. En ese sentido, remarcó que flexibilizar la ley “profundizará la incertidumbre normativa y debilitará la licencia social para operar”.

Durante la jornada también expusieron los gobernadores de San Juan y Catamarca, quienes defendieron la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo minero. El gobernador de Catamarca destacó que la actividad genera cerca de 3.000 empleos directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 puestos adicionales, subrayando su impacto en la economía local y en la diversificación productiva.

Un debate abierto con impacto institucional

Con dictamen favorable, el proyecto será tratado en el recinto del Senado el próximo 10 de febrero, tras un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Las organizaciones ambientales, científicas y sociales reiteraron su pedido para que no se avance con una reforma que, según sostienen, reduce los niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica en un contexto de crisis climática.

“La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, enfatizaron los expositores, al tiempo que reclamaron un debate más amplio, con base científica y participación efectiva, antes de modificar uno de los pilares del régimen ambiental argentino.

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Milei busca modificar la Ley de Glaciares para reducir discrecionalidad y fortalecer el rol de las provincias

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El presidente Javier Milei envió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (Ley 26.639) con el objetivo de “ordenar el marco normativo vigente”, evitar interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional. El anuncio fue realizado este 15 de diciembre de 2025 a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente y abre un debate de fuerte impacto económico, político e institucional, en particular sobre inversiones productivas, competencias provinciales y protección ambiental.

Una ley cuestionada por su aplicación y un intento de ordenar el marco normativo

A más de 15 años de su sanción, la denominada Ley de Glaciares es señalada por el Poder Ejecutivo como una norma que “ha demostrado graves falencias interpretativas”, que derivaron en inseguridad jurídica, paralización de inversiones productivas y afectación del legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

Según el comunicado oficial, la iniciativa enviada al Congreso propone “reglas claras”: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, “bajo pretextos ideológicos”, habría obstaculizado el desarrollo económico del país. El planteo del Gobierno apunta a reducir la incertidumbre regulatoria que, en la práctica, impactó sobre proyectos productivos en distintas regiones.

Federalismo ambiental, provincias y artículo 41 de la Constitución

El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que establece la obligación de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En esa línea, la reforma busca fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica.

Además, el texto oficial destaca la necesidad de una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, con el fin de contar con información “precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”. Desde la Casa Rosada se presenta esta estrategia como una “verdadera reforma de federalismo ambiental”, orientada a compatibilizar protección ambiental, seguridad jurídica y desarrollo productivo.

Impacto político y económico: inversiones, provincias y sectores productivos

La iniciativa se inscribe en la hoja de ruta del Gobierno desde el primer día de gestión: terminar con la “parálisis regulatoria”, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas. En el plano político, el proyecto se vincula también con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y con reclamos históricos de provincias integrantes de la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y de la Mesa del Cobre —Mendoza y San Juan—, donde la aplicación de la Ley de Glaciares fue un factor central en las discusiones sobre inversiones mineras.

Desde el Ejecutivo anticipan que el debate legislativo deberá garantizar la correcta participación ciudadana y sostienen que la reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie”, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico, sin abandonar los estándares de protección ambiental.

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Glaciares, minería y federalismo, los cambios clave que impulsa el Gobierno en la ley ambiental

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El Gobierno nacional avanza con un proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares N° 26.639 que redefine el alcance del ambiente periglacial, introduce criterios técnicos más precisos y refuerza las competencias provinciales en materia ambiental. La iniciativa, a la que accedió Energy Report, propone un giro regulatorio de alto impacto económico e institucional: pasar de un esquema de prohibiciones amplias y definiciones imprecisas a un régimen basado en evaluaciones ambientales rigurosas, seguridad jurídica y federalismo ambiental, con especial incidencia en proyectos mineros y energéticos en la cordillera.

Un cambio de enfoque en la protección ambiental y el federalismo

El proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares, aún en etapa de discusión y previo a su ingreso al Congreso, busca ordenar el marco regulatorio vigente sin alterar el carácter de los glaciares como bienes públicos ni su función estratégica como reservas hídricas. La propuesta se apoya en el principio de utilización racional de los recursos naturales consagrado en la Constitución Nacional y explicita la necesidad de compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo.

Según el texto, el nuevo objeto de la ley mantiene la protección de glaciares y del ambiente periglacial, pero aclara que dicha protección debe interpretarse de manera armónica con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales establecido en el artículo 124. De este modo, se introduce un criterio de equilibrio entre preservación y uso racional, atendiendo a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

El proyecto, calificado como “confidencial” y que será remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo conforme al Decreto 865/25 del presidente Javier Milei, cuenta con consenso político para su envío, aunque fuentes oficiales no descartan ajustes menores antes de su tratamiento parlamentario. Por la intensidad de la agenda legislativa prevista entre el 10 y el 30 de diciembre, el debate podría postergarse hasta febrero.

Inventario de Glaciares, principio precautorio y evaluaciones ambientales

Uno de los ejes centrales de la adecuación es la redefinición del Inventario Nacional de Glaciares. La nueva redacción limita su alcance a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas, ya sea como reservas de agua o como proveedores para la recarga de cuencas hidrográficas. El inventario se mantiene como herramienta de consulta obligatoria, pero sin menoscabar las atribuciones de las autoridades competentes, un punto clave para la gestión provincial.

El proyecto incorpora además el artículo 3° bis, que introduce expresamente el principio precautorio. En ese marco, todas las geoformas incluidas en el inventario se consideran protegidas hasta que la autoridad ambiental competente verifique que no cumplen funciones hídricas. Una vez constatada la inexistencia de dichas funciones, esas geoformas dejan de estar alcanzadas por la Ley de Glaciares, aunque continúan bajo el amparo general de la Ley General del Ambiente. Esta disposición apunta a corregir uno de los principales cuestionamientos a la normativa vigente: la protección automática y permanente de geoformas sin función hídrica comprobada.

En cuanto a la actualización del inventario, el artículo 5° mantiene al IANIGLA como organismo responsable del relevamiento y monitoreo, pero refuerza el rol de las provincias, que podrán informar la existencia de nuevos glaciares o la pérdida de funciones hídricas de aquellos ya inventariados. Un punto de alto impacto jurídico establece que la omisión del IANIGLA en actualizar el inventario no invalida las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental provincial competente, despejando una de las mayores fuentes de inseguridad jurídica del régimen actual.

Prohibiciones, competencias y respaldo político de las provincias

El artículo 6° conserva la prohibición de actividades que alteren de modo relevante la condición natural o las funciones de glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada. Continúan expresamente vedadas actividades como la minería y los hidrocarburos en esos casos, pero la novedad es que la determinación de qué constituye una “alteración relevante” queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental realizada por la autoridad competente de cada jurisdicción, reemplazando la prohibición genérica por un análisis técnico caso por caso.

El artículo 7° refuerza este enfoque al exigir evaluación de impacto ambiental previa para todas las actividades proyectadas y, cuando corresponda, evaluación ambiental estratégica, además de consolidar la participación ciudadana conforme a la Ley General del Ambiente. Se mantienen las excepciones para actividades científicas, deportivas no motorizadas y acciones de emergencia.

Finalmente, el artículo 8° redefine el esquema de autoridades competentes: cada jurisdicción determinará su autoridad ambiental y, en áreas protegidas nacionales, intervendrá la Administración de Parques Nacionales. Se asigna expresamente a las provincias la identificación de los glaciares y ambientes periglaciales que cumplen funciones hídricas, reforzando el federalismo ambiental.

El proyecto cuenta con respaldo político de gobernadores de provincias cordilleranas, que enviaron una carta al presidente Javier Milei en nombre de la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca) y la Mesa del Cobre (Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y San Juan). En la misiva, firmada por los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, advierten que la aplicación actual de la ley generó incertidumbre regulatoria, paralización de inversiones y conflictos de competencia. “Termina por obstaculizar su finalidad última: promover el desarrollo sostenible de nuestras provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”, señalaron.

En conjunto, la adecuación de la Ley de Glaciares propone un cambio de paradigma regulatorio. El debate en el Congreso será determinante para definir si la Argentina logra compatibilizar protección ambiental efectiva, respeto por las autonomías provinciales y desarrollo productivo en una de las normas más sensibles del entramado regulatorio nacional.

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Reformas laboral y tributaria: Marval anticipa un 2026 clave para inversiones y normalización económica

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Reformas laboral y tributaria, Marval anticipó un 2026 clave para el giro económico de la Argentina. En su encuentro anual, Marval O’Farrell Mairal reunió a funcionarios, ejecutivos, economistas y analistas políticos para trazar las tendencias regulatorias y económicas que marcarán 2026. El consenso: las reformas laboral, tributaria, previsional y la apertura comercial serán el núcleo del nuevo ciclo económico.

Un escenario que abre un “momento trascendental” para la economía

Buenos Aires fue sede del encuentro anual de Marval O’Farrell Mairal, que este año estuvo atravesado por una lectura común entre los distintos paneles: la Argentina ingresa en un “punto de inflexión” que podría habilitar un ciclo virtuoso de inversiones, normalización macroeconómica y reformas estructurales.

En un evento que reunió funcionarios, abogados y directores de legales de grandes empresas, economistas y analistas políticos, Marval O’Farrell Mairal presentó las principales tendencias para 2026, con la expectativa puesta en los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea y las reformas laboral, tributaria y previsional que impulsa el Gobierno nacional.

“Estamos ante un momento trascendental que puede ser el inicio de un ciclo virtuoso de crecimiento y el país puede dar un giro definitivo hacia un modelo de libertad económica. Se aceleraron inversiones y salida de compañías al mercado de deuda. Además el gobierno aceleró proyectos de privatizaciones y reformas estructurales. Ya hemos notado un aumento de consultas para inversiones concretas y más oportunidades para la Argentina en mercados internacionales”, dijo Santiago Carregal, chairman de Marval en la apertura del encuentro.

Santiago Carregal, chairman de Marval

El nuevo tablero político y la viabilidad de las reformas

En el primer panel, moderado por la periodista Carolina Amoroso, el periodista y columnista Jorge Liotti conversó con el analista de Poliarquía, Alejandro Catterberg sobre el impacto de las recientes elecciones y el escenario que dejaron para la concreción en el Congreso de las reformas propuestas por el Ejecutivo.

“El gobierno salió bien parado de la elección, pero es más importante lo que hará de acá en adelante, si puede cambiar. De que siga el proceso de normalización económica y salgan las reformas estructurales dependerá el éxito o no de la gestión y estar muy competitivo en 2027”, planteó Catterberg.

En ese sentido, Liotti coincidió: “A partir del resultado electoral quedó despejada la presión para abrir el gabinete y hay una oportunidad que se abre para encaminar la gestión y traducir en hechos políticos concretos el caudal electoral que obtuvo y esto es aprobar las reformas que impulsa”.

Economía 2026: reservas, flotación y el puente hacia la estabilidad

En el segmento La economía que viene, moderado por el periodista José del Río, el economista Fausto Spotorno: “Argentina todavía no tiene el peso ni los precios estabilizados, con lo cual tiene sentido la flotación limitada. Pero falta un puente para ir a un sistema libre y tenemos aún muy pocas reservas”. 

Fausto Spotorno

En tanto, su colega, Marina Dal Poggeto planteó: “Sin Bessent no podríamos tener esta charla: hoy hay un escenario para pensar un camino. Pero aún hay mucha incertidumbre aún sobre el esquema cambiario, el monetario y cuál es el instrumento de liquidez del sistema financiero. Hoy estamos más cerca de poder refinanciar la deuda en dólares”.

Para Spotorno, “Aunque partimos de un escenario muy bajo, estamos viendo la llegada de inversiones que están empujando la productividad porque son de mayor calidad”. “El crecimiento del año que viene dependerá de cómo será el mecanismo de la remonetización de la economía y cómo se promueve el crédito”, concluyó Dal Poggeto.

Marina Dal Poggeto

Energía y minería: oportunidades globales y desafíos internos

Moderados por Gonzalo Santamaria de Marval, debatieron luego sobre el futuro de la energía y la minería, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Juan Donicelli, gerente general de Legales de Glencore y Juan Ignacio de Urraza, director de negocios en TGS.

“La transición energética global avanza, pero es lenta y el consumo de electricidad por automóviles y data centers también crece, de modo que vemos que va a haber petróleo y gas por mucho tiempo y Argentina está bien posicionada con un nivel de interés en el país”, abrió Markous.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol

“Vaca Muerta es clase mundial, pero tenemos que afinar el lápiz y terminar con los vaivenes macroeconómicos que afectan el camino”, advirtió De Urraza. En ese sentido, Donicelli dijo: “El mundo demandará 35 millones de toneladas de cobre, lo que significa una necesidad insatisfecha de 10 millones de toneladas que no se saben de dónde saldrán. Sin embargo, Argentina tiene proyectos para exportar 2 millones de toneladas, de modo que las condiciones están dadas, pero quedan aspectos pendientes para que los proyectos avancen”. 

Financiamiento y mercado de capitales: liquidez, reglas claras y más profundidad

Más adelante, en el segmento La bancabilidad como condición del éxito en proyectos de inversión, el CEO de Citibank Argentina, Federico Elewaut recomendó: “Es fundamental tener liquidez adecuada y sensibilidad en los cashflows para enfrentar imponderables porque es difícil hacer hedge para enfrentar los flujos futuros. Argentina está recién empezando en el mercado de capitales y todas las reformas que se están proponiendo van a ayudar a potenciarlo”.

En ese sentido, Manuela Adl, senior country manager de IFC dijo: “Las necesidades de infraestructura son muy grandes y yo veo que hay apetito para la movilización de fondos a largo plazo para el país. El Gobierno está avanzando en reformas importantes para el mercado, pero necesitamos más fondos nacionales e internacionales para profundizar el mercado de capitales argentino”. 

Elewaut y Adl

Roberto Silva (h), presidente de la Comisión Nacional de Valores conversó luego con Cecilia Mairal, socia de Marval sobre las oportunidades de financiamiento para las empresas y los avances para modernizar la  normativa referida al mercado de capitales y el mundo cripto. “Estamos enfocados en agilizar procesos para ser más eficientes en nuestra gestión, que es pro-innovación y pro-tecnología brindando previsibilidad al sector privado con normas lógicas”, planteó Silva (h) y de cara al futuro, agregó: “Queremos que emitir sea fácil para que la decisión de cuando hacerlo sea de la empresa y no dependa, cuando sea el caso, de aprobaciones innecesarias del regulador”. En ese sentido, el titular de la CNV habló sobre la posibilidad de que los fondos de cese se cubran en el mercado de capitales, como parte de la reforma laboral.

Roberto Silva (h), presidente CNV

Fusiones y adquisiciones: vuelta del M&A por inversión, no por salida

Luego, en el segmento Dinámicas clave en fusiones y adquisiciones, Manuel Solanet, socio de Infupa dijo: “M&A siempre existen, en el pasado porque las empresas se querían ir de Argentina, eso no trae crecimiento, pero ahora van a volver las nuevas razones por la inversión directa esperada en energía y minería, con un panorama general variado”. “Hay un potencial infinito enorme en negocios y empresas de tecnología y conocimiento”, agregó, en tanto, Marcos Bazán socio líder de Deloitte Hispanoamérica. Julián Burgos, director de legales de Stellantis dijo: “Los desafíos para este tipo de transacciones en Argentina tienen que ver con las cuestiones locales y los aspectos generales que rigen en el resto del mundo, lo que configura una gran complejidad que muchas veces los funcionarios que resuelven no terminan de comprender”. 

En el cierre, Gustavo Giay, socio y próximo chairman de Marval, concluyó: “Vemos un escenario en el que la normalización de la economía es una de las principales demandas y aparece una gran oportunidad para avanzar con las reformas necesarias”. 

Gustavo Giay, socio y próximo chairman de Marval

Reforma laboral: el tema más sensible y decisivo

Uno de los temas que sobrevoló el MLF 2026 fue el de los posibles cambios en la legislación laboral que se discutirán en el Congreso. Sobre este punto debatieron Lucrecia Loureiro, directora de HR de Loma Negra y María Cecilia Ruiz, Sr. legal Compliance en Danone.

“Hoy tenemos un foco grande en costos en eficiencia que impacta en la productividad, seguimos teniendo una alta informalidad laboral y las empresas informales tienen un menor grado de productividad”, dijo Lourerio y planteó: “Por eso hay una necesidad de repensar las formas en la contratación, tener una flexibilidad laboral acorde a este contexto.” En tanto, Ruiz agregó: “La expectativa de la reforma laboral es alta. Creo que es importante tener en claro que consenso político va a haber y qué va a pasar con la justicia. Espero que estos consensos se logren para que evolucione la discusión”

Y planteó: “Es fundamental no asustarnos tanto con la reforma laboral, hay que tratar algo distinto porque si no nada va a cambiar. Que se modernicen los certificados de trabajo, temas de beneficios, telegramas.”

El economista Fausto Spotorno señaló que la reforma laboral es la más importante de todas, “porque hace muchos años que la Argentina no crea empleo formal”. Y su colega Dal Poggeto apuntó: “La reforma laboral ya se hizo de hecho con la informalidad”.

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