La demanda por contaminación que podría sacudir la minería de cobre en Chile
Escribe Ignacio Conese, Dialogue.earth. El cobre es un metal cada vez más cotizado. Los vehículos eléctricos necesitan al menos el doble de cobre que los autos tradicionales, y los proyectos de energía solar y eólica requieren entre cuatro y seis veces más que los sistemas basados en combustibles fósiles. El cobre es fundamental para la transición energética mundial y, dado que Chile es el país que produce más cobre, su papel es clave.
Solo entre 2023 y 2024, las exportaciones de este mineral de Chile a China, su mayor mercado, crecieron más de un 19%.
La actividad minera se concentra en la región de Antofagasta, en el norte de Chile, donde el cobre es el motor de la economía y el sustento de muchos de sus casi 700.000 habitantes. En el país andino, a la minería de cobre se la conoce como “el sueldo de Chile” y Codelco, la minera estatal y mayor productora de cobre del mundo, ha sido descrita en el Senado como “Estado dentro del Estado”.
Ubicada en el árido desierto de Atacama, a 2.400 metros sobre el nivel del mar y alimentada por el río Loa, Calama es considerada la capital de la minería del cobre en Chile. La ciudad de casi 200.000 habitantes se encuentra junto a un enorme complejo minero industrial, que concentra la mayoría de los 126.000 empleos relacionados con la minería de la región de Antofagasta. Es aquí donde Codelco opera tres enormes minas alrededor de Calama, incluida Chuquicamata, la segunda más profunda del mundo a cielo abierto.
“Es impresionante”, dice Andrea Vásquez Alfaro mientras observa desde adentro del auto las paredes del depósito de desechos mineros Talabre, una laguna de lodo contenido por una pared de 30 kilómetros de largo, a tan solo 10 kilómetros del centro de Calama.
Los residuos de la mina Chuquicamata se han ido acumulando en Talabre desde 1952. En las últimas décadas, también se han vertido aquí los residuos de las minas Radimiro Tomic y División Ministro Hales. Las tres son explotadas por Codelco, junto con la australiana BHP, que también tiene otras operaciones en Chile. Por su color y sus dimensiones, que lo hacen parecer una montaña, el depósito de residuos parece una formación más en medio del desierto, lo que contribuye a ocultar su peligro.
“Nunca deja de impresionarme, ni quiero que me deje de impresionar, porque el día que eso pase significa que lo normalicé, que normalicé este paisaje de infierno”, completa Vázquez Alfaro tras un largo silencio. Vásquez Alfaro es socióloga, calameña de nacimiento y directora de la Coordinadora por la defensa del Río Loa y la Madre Tierra, la principal agrupación ambientalista local al frente de los reclamos a las autoridades por la situación de crisis ambiental y sanitaria que atraviesa Calama.
Los desechos mineros contienen toda clase de materiales pesados y son sujetos a la permanente erosión eólica y por ende dispersión. A su vez, fallas en los sistemas de contención han generado que el tranque contamine las aguas subterráneas generando contaminación de las aguas del Río Loa y el principal acuífero que alimenta a la ciudad.
A raíz de una denuncia presentada en 2019, las autoridades ambientales de Chile presentaron cargos contra Codelco en agosto del año pasado.
“Cuestionar la minería aquí es como cuestionar la patria o la religión. Es una cultura que solo entiende de explotación. Para ellos, en el desierto no hay vida, solo recursos, y nosotros, un estorbo. Pero no nos vamos a ir”, dice Vásquez Alfaro.
Vásquez Alfaro ha unido fuerzas con Sergio Chamorro, abogado que representa a la Federación Nacional de Pobladores de Chile (Fenapo), y Reinaldo Díaz Duk, responsable de la estación municipal de control ambiental de Calama. Juntos lideran una coalición de 20 organizaciones sociales, la Coordinadora, que ha presentado una demanda por contaminación ambiental contra el Estado, tras casi dos décadas de denuncias.
Contaminación y enfermedades
Comprender la escala de una mina a cielo abierto puede ser abrumador. Todo se multiplica por miles o millones: roca, dinamita y productos químicos tóxicos, ácidos y detergentes industriales. A esto se suman agua, relaves contaminados y maquinaria pesada que opera gran parte del día. Esa es la escala de una sola megamina. Pero en Calama hay tres. La gigantesca Chuquicamata, a 20 kilómetros de la ciudad; Radimiro Tomic, la más lejana, que opera a 40 kilómetros de distancia y la mina División Ministro Hales, la más cercana a Calama a tan solo 15 kilómetros.
La mina a cielo abierto División Ministro Hales en Calama. Situada en una de las regiones chilenas con las tasas más altas de mortalidad por cáncer, Calama fue considerada “saturada” por partículas que superaban el límite nacional de contaminación atmosférica hace más de 15 años (Imagen: Paul Plaza / Senado de la República de Chile, CC BY NC SA)
Este es el paisaje “de infierno” que Vásquez Alfaro menciona. El viento de los Andes posa sobre Calama el polvo acumulado de la actividad de las minas todas las noches hasta el mediodía del día siguiente, cuando las corrientes más cálidas del Océano Pacifico limpian el aire por unas horas.
Pero más de un siglo de minería de cobre intensiva y a gran escala en Antofagasta ha dejado consecuencias sociales y ambientales. La región tiene una de las tasas de mortalidad por cáncer más alta del país, según datos del Ministerio de Salud, y la incidencia del cáncer de pulmón es casi tres veces mayor que el promedio nacional.
En 2009, el gobierno declaró a Calama “saturada” con partículas de aire contaminado que incumplían el límite legal del país, permaneciendo de esta manera hasta la fecha. Es decir, aire saturado de metales pesados extremadamente perjudiciales para la salud, entre los cuales se encuentran plomo, arsénico, níquel, molibdeno y cadmio. Los niveles mostrados por los monitoreos anuales han indicado niveles de saturación de forma permanente e ininterrumpida desde esa primera alarma.
De acuerdo a la normativa local, al año siguiente que la ciudad se declarara saturada, las autoridades deberían haber implementado un plan de descontaminación ambiental. Sin embargo, este fue presentado recién en mayo de 2022, trece años después, solo para recibir el rechazo inmediato de la ciudadanía y de las distintas agrupaciones como la Coordinadora, quienes lo acusaron de estar basado en escenarios falsos para los cuales presentaba soluciones insuficientes. Fue aceptado por las autoridades, pero posteriormente anulado por el Primer Tribunal Ambiental de Chile, el mismo que admitió a trámite la demanda por contaminación ambiental presentada por la Coordinadora en abril de este año.
La sentencia dictaminó que “la autoridad medioambiental retiró una estación de control que anteriormente servía de base para declarar la ciudad zona saturada”, lo que significaba que no había datos suficientes para preparar adecuadamente un plan de descontaminación.
Una demanda que puede ser histórica
Nacido en Chuquicamata, en el seno de una familia de mineros, Reinaldo Díaz Duk trabajó durante dos décadas para una empresa que brindaba servicios de monitoreo de la contaminación del aire a Codelco hasta que fue despedido en 2015. Fue entonces cuando decidió volcar su conocimiento acumulado al servicio de las organizaciones sociales que ya entonces estaban en conflicto con las mineras y autoridades. En 2023 se creó la primera estación de monitoreo del aire ciudadana, que está a su cargo y que es financiada por el municipio de Calama.
“La estación nos brinda una herramienta para poder rebatir fácilmente falsos discursos como que la contaminación viene bajando [como dice Codelco] y que está lejos de posibles manipulaciones como ha sucedido en el pasado”, explica Díaz Duk.
Pero la estación de monitoreo también funciona como herramienta de concientización, ya que Diaz Duk organiza regularmente talleres de formación y charlas informativas para vecinos y estudiantes, donde les enseña a operar la estación y tomar muestras.
Los datos de saturación del aire se mantienen en niveles altos. Estudios científicos han demostrado un aumento de metales pesados disponibles en el ambiente durante los periodos de mayor actividad minera, así como la dispersión de minerales en un radio de hasta 80 kilómetros desde las minas. Las advertencias en medios de comunicación y las denuncias públicas del Colegio Médico de Chile, que califica la situación sanitaria como una emergencia, refuerzan los reclamos ciudadanos. Entre otras alertas, destacan las tasas más altas de muertes y enfermedades respiratorias, casos de cáncer y una alarmante incidencia de niños con autismo y síndromes genéticos.
Chamorro es el principal abogado litigante en la demanda. El abogado, que también representa a diversas comunidades indígenas en otras causas relacionadas a la minería y que conoce lo que es litigar contra esta actividad, explica a Dialogue Earth cómo el Estado, en lugar de bregar por la salud de los habitantes y obligar a las empresas a descontaminar como exige la ley ante casos de saturación, ha hecho sistemáticamente lo contrario.
“En la demanda mostramos cómo desde que Calama fue declarada saturada se han otorgado permisos para más de 700 proyectos mineros que afectan la contaminación atmosférica en la región”, relata Chamorro, quien detalla que entre estos proyectos aprobados están las nueve ampliaciones al tranque Talabre y la creación de la mina División Ministro Hales en 2010, la más cercana a la ciudad y que Codelco planea seguir explotando y ampliando durante los próximos 30 años.
Dialogue Earth contactó a los Ministerios de Ambiente y de Salud y a las empresas involucradas en la denuncia, pero no obtuvo respuestas.
“El Estado va a querer negociar, comprometerse a otra mesa de diálogo, otra instancia mediadora. Pero todo eso ya fracasó muchas veces aquí en Calama. Nuestra intención es ver esto hasta el final”, dice Chamorro.
El abogado aclara que las organizaciones van en búsqueda de una sentencia: “Lo primero que buscamos es que, como dice la ley, el que contamina paga, en este caso Codelco, y luego que se anule por completo el otorgamiento de permisos nuevos. Finalmente, queremos que el Estado haga lo que nunca ha hecho hasta ahora; estudios en la salud de la población, que determinen el grado de afectación y que haya un resarcimiento para los que se prueben que han sido perjudicados por la contaminación”.
“Nadie aquí puede estar en contra de la minería de cobre”, concluye Chamorro. “No es ahí donde nos posicionamos. Entendemos su importancia, tanto para la región como para el país y el mundo. De lo que estamos en contra es de este modelo al cual se nos somete. De resignarnos a vivir y morir contaminados”.
