Ministerio de Economía

Caputo presentó el Programa Financiero 2026-2027

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El Gobierno nacional presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027, una hoja de ruta con la que busca consolidar el proceso de estabilización macroeconómica, sostener la reducción del riesgo país y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda sin depender, al menos en el corto plazo, de emisiones en los mercados internacionales.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes expusieron una estrategia basada en tres pilares: mantener el superávit fiscal, preservar una trayectoria descendente de la relación deuda/PBI y maximizar la flexibilidad financiera mediante fuentes de financiamiento de menor costo.

El dato central del programa es que para 2026 el Gobierno proyecta necesidades financieras por US$ 19.200 millones frente a fuentes estimadas por US$ 22.900 millones, lo que generaría un excedente de financiamiento de aproximadamente US$ 3.700 millones. Ese colchón sería utilizado para afrontar parte de los vencimientos de 2027, reduciendo las necesidades de financiamiento del próximo año.

Según explicó Furiase, el objetivo consiste en que las nuevas fuentes de financiamiento se utilicen exclusivamente para refinanciar vencimientos de capital, mientras que los intereses continúen siendo afrontados con el superávit primario. Esa lógica, sostuvo, permite mantener una trayectoria de deuda sostenible sin incrementar el endeudamiento neto del Estado.

Uno de los conceptos más repetidos durante la presentación fue el de “opcionalidad”. Tanto Caputo como Daza remarcaron que el programa fue diseñado con distintas alternativas de financiamiento disponibles para minimizar costos y evitar decisiones forzadas en función de la volatilidad internacional. Daza sostuvo que la flexibilidad constituye un activo económico en escenarios de incertidumbre y que la estrategia financiera fue concebida para preservar esa capacidad de maniobra.

Menos deuda y objetivo de grado de inversión

El equipo económico insistió en que la estrategia no apunta únicamente a refinanciar vencimientos sino también a continuar reduciendo el peso de la deuda pública sobre la economía.

Furiase aseguró que la deuda pública con privados y organismos internacionales —incluyendo los pasivos remunerados del Banco Central— pasó de representar cerca del 99% del Producto Bruto en diciembre de 2023 a 39,7% en la actualidad. Bajo supuestos considerados conservadores, la proyección oficial prevé que ese indicador continúe descendiendo hasta ubicarse cerca de 37,3% del PBI en los próximos cinco años.

En esa línea, Daza planteó que el objetivo estratégico del Gobierno es alcanzar antes de 2031 las métricas compatibles con el grado de inversión, condición que Argentina nunca logró mantener de manera sostenida. Aclaró, sin embargo, que ello dependerá también de las evaluaciones de las calificadoras internacionales y no constituye una promesa oficial.

Otro de los ejes centrales consiste en privilegiar préstamos garantizados por organismos multilaterales antes que emisiones tradicionales de deuda en los mercados internacionales.

Dentro del programa se prevén alrededor de US$ 4.000 millones mediante líneas con garantía de organismos internacionales. Entre ellas figura un préstamo respaldado por el Banco Mundial por aproximadamente US$ 2.000 millones, otro esquema con garantía del BID por US$ 1.200 millones y una línea adicional cercana a US$ 1.000 millones aún en desarrollo. Según el Ministerio de Economía, estos instrumentos ofrecen plazos más extensos y costos financieros considerablemente inferiores a los que implicaría una emisión soberana tradicional.

El esquema también contempla desembolsos del Fondo Monetario Internacional por US$ 1.900 millones, de los cuales US$ 1.000 millones serán destinados a continuar el proceso de recapitalización del Banco Central mediante la recompra de Letras Intransferibles.

Superávit, reservas y riesgo país

Durante la exposición, Caputo sostuvo que el programa financiero sólo resulta posible gracias al equilibrio fiscal alcanzado desde el inicio de la gestión y a la recomposición de reservas del Banco Central.

El ministro afirmó que el Tesoro ya adquirió al Banco Central cerca de US$ 6.700 millones durante el año y remarcó que la estrategia busca continuar saneando el balance de la autoridad monetaria, reducir la deuda intra sector público y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Furiase agregó que el riesgo país cayó desde niveles cercanos a los 2.700 puntos básicos al inicio de la administración hasta aproximadamente 414 puntos, indicador que considera determinante para reducir el costo del crédito para empresas y familias y favorecer las inversiones privadas.

Caputo evitó anticipar cómo reaccionarán los mercados tras la presentación del programa, aunque sostuvo que el Gobierno continuará brindando previsibilidad mediante disciplina fiscal y monetaria para seguir reduciendo el riesgo soberano. También confirmó que el próximo pago de bonos en dólares será afrontado con recursos ya disponibles en la cuenta del Tesoro y con ingresos adicionales provenientes de garantías, asegurando que existirán reservas suficientes para cumplir con los vencimientos.

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Economía modificó el contrato con Sullivan & Cromwell para reforzar la estrategia de defensa en los juicios internacionales contra la Argentina

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El Ministerio de Economía aprobó una nueva enmienda al contrato con el estudio jurídico estadounidense Sullivan & Cromwell LLP, encargado de representar al Estado argentino en litigios de alto impacto financiero vinculados a los cupones atados al PBI y a la expropiación de YPF. La medida no implica una nueva contratación, sino una actualización de las condiciones operativas para administrar una cartera de causas que continúa evolucionando y que puede tener efectos sobre las finanzas públicas y el costo de financiamiento del país.

La Resolución 882/2026, publicada en el Boletín Oficial, sustituye el anexo vigente de las bases de contratación firmadas en 2021 con el estudio Sullivan & Cromwell LLP. El Ministerio de Economía argumenta que la modificación responde a la necesidad de adaptar el esquema de trabajo a la dinámica de los procesos judiciales actuales y futuros que enfrenta la Argentina en tribunales del exterior.

La representación legal comprende algunos de los litigios más sensibles para el Estado argentino: las demandas relacionadas con los títulos públicos atados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y las causas derivadas de la expropiación de la mayoría accionaria de YPF, dos frentes con potencial impacto sobre el patrimonio público y la percepción internacional del riesgo soberano.

Una actualización contractual, no una nueva adjudicación

La resolución aclara que el vínculo con Sullivan & Cromwell se mantiene dentro del régimen especial establecido por el Decreto 946/2020, que excluyó este tipo de contrataciones internacionales del régimen general de compras públicas debido a la necesidad de contar con representación especializada en jurisdicciones extranjeras.

La decisión administrativa aprueba una nueva enmienda que reemplaza el anexo incorporado en 2025 por otro documento actualizado, elaborado de común acuerdo entre el Ministerio y el estudio jurídico. El texto oficial señala que las modificaciones buscan mejorar la administración de la cartera de litigios presente y futura, aunque no detalla públicamente los cambios específicos incorporados en el nuevo anexo.

El propio expediente indica que Sullivan & Cromwell manifestó formalmente su conformidad con las modificaciones propuestas antes de la aprobación de la resolución.

Aunque la medida tiene un carácter jurídico-administrativo, su relevancia trasciende el ámbito legal. La evolución de estos litigios puede incidir sobre variables que siguen de cerca empresas, bancos e inversores.

Entre los principales efectos potenciales se destacan la exposición patrimonial del Estado frente a eventuales sentencias internacionales. La percepción del riesgo argentino en los mercados financieros. Las condiciones de acceso al financiamiento soberano, con impacto indirecto sobre el costo del crédito para el sector privado. La previsibilidad jurídica en procesos vinculados a emisiones de deuda y disputas internacionales.

Para las economías regionales del NEA, estos procesos no tienen un efecto directo sobre la actividad cotidiana, pero sí forman parte del entorno macroeconómico que condiciona inversiones en infraestructura, acceso al crédito y disponibilidad de financiamiento para proyectos productivos.

Defensa legal como componente de la estrategia financiera

La contratación de estudios jurídicos especializados en Nueva York y Londres constituye una práctica habitual en litigios internacionales donde los Estados aceptaron jurisdicciones extranjeras al emitir deuda o celebrar determinados contratos.

En este caso, Economía sostiene que la actualización contractual permitirá administrar con mayor eficiencia una cartera de causas cuya complejidad exige equipos especializados en derecho financiero internacional y litigios transnacionales.

La resolución tampoco modifica el objeto original de la contratación ni incorpora nuevos procesos judiciales de manera explícita, sino que actualiza las bases bajo las cuales continuará desarrollándose la representación legal.

El cambio administrativo no altera el estado procesal de las demandas, pero confirma que el Gobierno considera necesario mantener y adaptar su estrategia jurídica frente a litigios que continúan abiertos. Para el mercado, el foco seguirá puesto menos en esta modificación contractual que en la evolución de las causas judiciales y en el eventual impacto que puedan tener sobre las cuentas públicas y la capacidad financiera del Estado argentino.

Anexo Resolución 882/2026 by CristianMilciades

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Caputo propone cancelar deudas de obra pública con bonos

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El Ministerio de Economía creó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones para saldar deudas con contratistas mediante títulos públicos. El esquema alcanza obligaciones acumuladas entre 2022 y 2025 y establece un cupo máximo de $221.119,5 millones, priorizando la regularización de pasivos sin ampliar el gasto presupuestario.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, introduce un mecanismo voluntario para que empresas contratistas acepten bonos del Tesoro como forma de cancelación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, acopio de materiales y obligaciones derivadas de contratos rescindidos. El objetivo oficial es ordenar los pasivos heredados de la obra pública preservando la estrategia de equilibrio fiscal.

Para el sector constructor, la resolución representa un cambio relevante: el Estado reconoce la existencia de obligaciones pendientes, pero reemplaza el pago en efectivo por instrumentos financieros que podrán mantenerse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado secundario. La decisión traslada parte del costo financiero a las empresas, aunque también abre una vía para destrabar créditos cuya percepción permanecía incierta.

Un mecanismo para normalizar pasivos sin afectar el presupuesto

El régimen estará disponible para contratos ejecutados bajo la Ley 13.064 y también para obras financiadas por organismos multilaterales, siempre que dependan de las Secretarías de Obras Públicas o Transporte.

Las empresas tendrán 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para solicitar su adhesión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Posteriormente deberán presentar la liquidación de sus acreencias, acompañada por la documentación respaldatoria y el cálculo de intereses por mora cuando correspondan. El procedimiento y el modelo de adhesión fueron aprobados en un anexo específico de la resolución.

Una vez validados los montos, ambas partes suscribirán un acta acuerdo que formalizará la cancelación de las obligaciones mediante títulos públicos.

Tres bonos para cancelar la deuda

El esquema combina tres instrumentos del Tesoro Nacional, distribuidos prácticamente en partes iguales:

  • 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • 33% en un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027.
  • 34% en un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Los títulos serán entregados a su valor técnico al día hábil anterior a la transferencia y el programa tendrá un límite global de $221.119.509.519, que funcionará como cupo máximo de adhesión.

La adhesión implica renunciar a reclamos futuros

Uno de los aspectos más relevantes para las empresas es que el ingreso al régimen no sólo supone aceptar bonos como medio de pago.

La resolución establece que cada contratista deberá desistir expresamente de los reclamos administrativos o judiciales vinculados al contrato alcanzado y renunciar a futuras acciones relacionadas con la ecuación económica o financiera derivada de la modalidad de cancelación elegida.

Desde la óptica jurídica, el mecanismo busca otorgar certeza al Estado respecto del cierre definitivo de cada obligación una vez entregados los títulos.

Para muchas firmas, la posibilidad de convertir créditos demorados en activos financieros puede mejorar la previsibilidad patrimonial, aunque no necesariamente la liquidez inmediata.

La decisión también introduce un nuevo criterio para evaluar el riesgo contractual con el Estado nacional: los pagos pendientes podrán transformarse en instrumentos financieros cuya rentabilidad dependerá tanto de su vencimiento como de las condiciones del mercado secundario.

La eficacia del régimen dependerá del nivel de adhesión de las constructoras y del comportamiento de los títulos públicos utilizados para cancelar las acreencias. Si los bonos conservan liquidez y valor de mercado, el mecanismo podría acelerar el saneamiento de pasivos de la obra pública. Si, por el contrario, las empresas enfrentan dificultades para convertir esos activos en financiamiento operativo, persistirá el desafío de recomponer el capital de trabajo en un sector que continúa condicionado por la escasa ejecución de nuevas obras nacionales.

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Habilitan a Aerowise para prestar servicios de rampa y operaciones

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La autorización otorgada a Aerowise S.A.S. amplía el universo de prestadores aeroportuarios bajo el esquema de desregulación del mercado aerocomercial. Para las economías regionales, la incorporación de nuevos operadores puede traducirse en una mayor competencia en servicios clave para la logística aérea y la conectividad.

El Ministerio de Economía autorizó a Aerowise S.A.S. a prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en la Argentina, una actividad estratégica para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos y el movimiento de pasajeros y cargas. La habilitación, oficializada mediante la Disposición 14/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, se enmarca en el proceso de apertura del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno nacional desde 2024.

La decisión no implica la incorporación de una nueva aerolínea sino de un proveedor de infraestructura y asistencia en tierra, un segmento históricamente concentrado y determinante para la eficiencia operativa de las terminales aéreas.

Un mercado que suma nuevos jugadores

La autorización fue concedida luego de que la empresa acreditara los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera exigidos por el Código Aeronáutico y recibiera dictámenes favorables de las áreas técnicas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El régimen vigente, reglamentado mediante el Decreto 599/2024 y la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, establece que estas autorizaciones tienen una vigencia de 15 años, con renovación automática condicionada al cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

El objetivo oficial es ampliar la competencia en un segmento esencial para el transporte aéreo, donde las empresas de rampa realizan tareas como asistencia a aeronaves durante las operaciones en tierra. Carga y descarga de equipajes y mercaderías. Servicios operacionales en plataforma. Apoyo logístico para vuelos de pasajeros y carga.

Estas actividades inciden directamente sobre los tiempos de rotación de las aeronaves, los costos operativos de las compañías aéreas y la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria.

Qué impacto puede tener para las economías regionales

La incorporación de nuevos prestadores cobra relevancia para provincias cuya competitividad depende cada vez más de la conectividad aérea y del transporte de productos de alto valor agregado.

En el NEA, donde los aeropuertos cumplen un rol creciente para el turismo, la exportación de productos perecederos y la movilidad empresarial, una mayor oferta de servicios aeroportuarios puede contribuir a reducir costos operativos y mejorar la disponibilidad de servicios para las compañías que operan o proyectan nuevas rutas.

Aunque la disposición no modifica las condiciones comerciales de los aeropuertos ni garantiza reducciones inmediatas de tarifas, sí profundiza un esquema de competencia que busca eliminar barreras de ingreso para nuevos operadores privados.

La estrategia oficial de desregulación

La autorización a Aerowise se inscribe dentro del proceso de liberalización del mercado aerocomercial iniciado durante la actual gestión, que reemplazó un sistema con mayores restricciones administrativas por un régimen basado en autorizaciones sujetas al cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad.

El nuevo modelo separa con mayor claridad dos funciones: por un lado, el acceso al mercado para prestar servicios; por otro, la fiscalización permanente de la seguridad operacional, responsabilidad que continúa bajo la órbita de la ANAC.

Para el sector privado, esta diferenciación reduce incertidumbre regulatoria y facilita la incorporación de inversiones en actividades complementarias al transporte aéreo.

La medida introduce algunos elementos relevantes para operadores aeroportuarios y empresas vinculadas a la logística Aerowise S.A.S. queda habilitada para prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país. La autorización tendrá una vigencia de 15 años, renovable automáticamente si mantiene los estándares exigidos. La empresa acreditó solvencia técnica y financiera, conforme al Código Aeronáutico. El Gobierno continúa ampliando la competencia en actividades auxiliares del transporte aéreo.

La apertura del mercado de servicios de rampa será relevante en la medida en que logre traducirse en mayor competencia efectiva dentro de los aeropuertos argentinos. Para las provincias del NEA, donde la conectividad aérea es un factor de competitividad para el turismo, el comercio y las exportaciones, la incorporación de nuevos operadores puede mejorar la eficiencia logística. El desafío será verificar si esta mayor oferta termina reflejándose en menores costos operativos para las aerolíneas y, en consecuencia, en una red aérea más dinámica para las economías regionales.

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Crucero del Norte asegura por otra década sus rutas internacionales con Paraguay

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El Gobierno nacional prorrogó por otros diez años el permiso de explotación de Crucero del Norte para operar servicios públicos de transporte automotor internacional de pasajeros entre Argentina y Paraguay. La medida, oficializada mediante la Resolución 879/2026 del Ministerio de Economía, garantiza la continuidad de una de las principales conexiones terrestres del Mercosur y aporta previsibilidad a una empresa con fuerte presencia en Misiones, provincia estratégica para la integración regional.

La decisión extiende, desde el 28 de junio de 2026, la autorización originalmente otorgada en 2006 y renovada en 2015, consolidando la permanencia de la compañía en corredores internacionales de alta demanda. La prórroga se enmarca en el régimen establecido por el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), que regula los servicios de pasajeros entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La resolución destaca que la empresa acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios exigidos por la normativa vigente. La Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros verificó que Crucero del Norte mantiene su inscripción en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) certificó las condiciones del parque móvil habilitado para prestar estos servicios.

El acto administrativo también refleja la continuidad del esquema regulatorio impulsado tras la reforma del sistema de transporte interjurisdiccional instrumentada mediante el Decreto 883/2024, que unificó los registros nacionales del sector y reorganizó las competencias de control sin modificar el marco internacional previsto por el ATIT.

La autorización renovada comprende tres servicios regulares entre Buenos Aires y Asunción, todos atravesando el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, con distintas modalidades operativas y frecuencias semanales. Según el anexo de la resolución, Crucero del Norte continuará explotando una línea de servicio convencional económico con tres frecuencias semanales, una línea ejecutiva con cuatro frecuencias y otra diferencial también con tres servicios por semana.

Para Misiones, donde Crucero del Norte tiene su base operativa y una fuerte inserción en el transporte regional, la renovación representa un respaldo institucional para una empresa que históricamente desempeñó un rol clave en la conectividad del Nordeste argentino con Paraguay y el resto del Mercosur. La continuidad de estas rutas resulta relevante tanto para el movimiento de pasajeros como para la actividad turística, comercial y laboral entre ambos países.

La resolución mantiene, además, las obligaciones ya previstas para la empresa en materia de seguros internacionales y presentación de declaraciones juradas de horarios, conforme a las normas que regulan el transporte internacional por carretera.

Desde el punto de vista regulatorio, la medida no implica una nueva adjudicación sino la extensión de un permiso previamente otorgado, luego de que los organismos técnicos verificaran la capacidad operativa de la firma y el cumplimiento de las exigencias establecidas para este tipo de servicios.

Con esta decisión, el Ministerio de Economía busca asegurar la continuidad de corredores internacionales considerados estratégicos para la integración regional, al tiempo que brinda previsibilidad a las empresas que operan bajo el régimen del transporte terrestre internacional.

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