Ministerio de Economía

Finanzas logró un rollover de 96% y captó $12,16 billones en la licitación

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La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves $12,16 billones en una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, frente a ofertas por $13,18 billones. El resultado implicó un rollover de 95,96% sobre los vencimientos de la jornada y dejó al Gobierno con una cobertura prácticamente total de las obligaciones que debía afrontar en pesos.

La operación reunió 4.610 ofertas y combinó instrumentos a tasa fija, títulos ajustados por CER y una alternativa dólar linked. Del total adjudicado, $11,75 billones correspondieron a instrumentos denominados en pesos y otros $417.824 millones a títulos vinculados al dólar, expresados en moneda local al tipo de cambio de referencia del Banco Central del 26 de agosto.

El dato central para el mercado es que el Tesoro consiguió renovar casi la totalidad de los vencimientos, aunque el rollover quedó por debajo del 100%. La diferencia entre lo adjudicado y las obligaciones que vencían implica que una porción de los pesos que estaban en instrumentos del Tesoro no fue refinanciada mediante esta licitación.

Tasas en torno al 30% anual

La mayor parte de la operación se concentró en títulos a tasa fija. La LECAP con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 recibió una adjudicación por $6,09 billones, con una tasa efectiva mensual de 2,19% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 29,75%.

La LECAP que vence el 29 de enero de 2027 captó $2,38 billones, con una TEM de 2,25% y una TIREA de 30,60%. En tanto, el BONCAP con vencimiento el 31 de mayo de 2027 recibió $2,45 billones, a una TEM de 2,26% y una TIREA de 30,69%.

La estructura de tasas muestra que el mercado continúa exigiendo rendimientos nominales cercanos al 30% anual para financiar al Tesoro en los plazos considerados. Al mismo tiempo, la concentración de las adjudicaciones en instrumentos de corto y mediano plazo refleja la estrategia de administración de vencimientos y de construcción de una curva de deuda en pesos.

En el segmento CER, Finanzas adjudicó $834.350 millones de una Letra con vencimiento en enero de 2027, con una TIREA de 6,25% sobre inflación. La demanda había alcanzado $914.515 millones de valor nominal ofertado.

También hubo participación en el segmento dólar linked. El Tesoro adjudicó US$279 millones de valor nominal de una Letra con vencimiento el 30 de octubre de 2026, por un valor efectivo equivalente a $417.824 millones, con una TIREA de 7,64%.

Qué muestra la demanda

La licitación exhibió una demanda superior al monto finalmente colocado: las ofertas alcanzaron $13,18 billones, mientras que la adjudicación se ubicó en $12,16 billones. Esa diferencia permitió al Tesoro seleccionar condiciones de corte dentro de los instrumentos ofrecidos.

En términos nominales, las ofertas por títulos en pesos alcanzaron un valor efectivo de $12,63 billones, de los cuales se adjudicaron $11,75 billones. En los instrumentos vinculados al dólar, las propuestas representaron $549.288 millones y se adjudicaron $417.824 millones.

Uno de los datos relevantes aparece en la reapertura de la LECAP S30N6. Se adjudicaron $5 billones de valor nominal sobre ofertas por $5,40 billones al precio de corte, con un prorrateo de 51,46% para las órdenes adjudicadas a ese precio.

La operación vuelve a colocar en primer plano la capacidad del Tesoro para refinanciar sus vencimientos en el mercado doméstico. Un rollover de 95,96% significa que Finanzas logró evitar una renovación significativamente inferior a las obligaciones inmediatas, aunque también muestra que el financiamiento neto obtenido en esta instancia no alcanza para cubrir la totalidad de los vencimientos.

Para el Gobierno, el resultado ofrece una señal de continuidad en la estrategia de financiamiento en moneda local: sostener el acceso al mercado, administrar los perfiles de vencimiento y distribuir la oferta entre instrumentos que permiten captar demanda con diferentes coberturas frente a inflación y movimientos del tipo de cambio.

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La CNV avanza con la reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral

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Tercera reunión con los principales estudios jurídicos del país para analizar la reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).

La Comisión Nacional de Valores (CNV) realizó la tercera reunión con los principales estudios jurídicos del país y actores del mercado de capitales con el objetivo de presentar la reglamentación de los FAL, puesta en consulta pública a través de la RG N° 1161.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del organismo, Roberto E. Silva, junto a la vicepresidente, Sonia Salvatierra, y los directores vocales, Laura Herbón y Manuel Calderón, y participaron representantes de los principales estudios jurídicos del país.

Durante la jornada expuso los lineamientos de la RG N° 1161, que establece el marco regulatorio para la constitución y funcionamiento de los FAL, como un nuevo mecanismo destinado a atender las obligaciones derivadas de la extinción de la relación laboral, mediante patrimonios de afectación específica integrados por las contribuciones de los empleadores.

El Dr. Silva, destacó que “volvemos a encontrarnos para compartir con ustedes la reglamentación que estuvimos trabajando desde CNV para los FAL, que ya se encuentra en consulta pública a través de la RG N° 1161”, y agregó que “queremos contarles qué hicimos, explicarles los principales puntos de la propuesta y, sobre todo, escuchar sus aportes. Para nosotros es muy importante que quienes trabajan en el armado de estos productos puedan participar de este proceso y, de esta manera, tener la mejor norma posible”.

En la reunión se desarrollaron temas como la instrumentación de los FAL a través de FFs con oferta pública o FCIs abiertos, ambos bajo la supervisión de la CNV. En ese marco, la propuesta crea el Régimen de PIC FAL (que engloba a ambos), conformado por nuevos vehículos cuyos recursos deberán provenir exclusivamente de las contribuciones efectuadas en los términos del régimen.

Además, estuvieron presentes los gerentes de Fideicomisos Financieros, Silvina Dimateo, y de Fondos Comunes de Inversión, Carlos Terribile, con sus respectivos equipos profesionales.

También asistieron representantes de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (CAFIDAP), la Asociación de Bancos Argentina (ADEBA), la Cámara de Sociedades y el Consejo Profesional Ciencias Económicas de CABA.

La iniciativa busca profundizar el diálogo con los regulados en el marco de la consulta pública abierta para la RG N° 1161, la cual establece el marco normativo de los FAL en cumplimiento de la Ley N° 27.802, el Decreto N° 408/2026 y la Resolución del Ministerio de Economía N° 1276/2026.

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Caputo dará este miércoles una conferencia con anuncios económicos

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El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en la que anunciará nuevas medidas económicas, en una presentación rodeada de hermetismo. El Gobierno confirmó la actividad después de la reunión de la Mesa Política realizada el martes en la Casa Rosada, pero evitó precisar tanto el contenido como el horario exacto de la exposición.

La aparición pública del titular del Palacio de Hacienda tendrá lugar en un momento sensible para el programa económico. El dólar mayorista volvió a superar los $1.500 después de varias semanas de tensión en el mercado de pesos y movimientos en las tasas de interés, mientras la recuperación de la actividad continúa mostrando un comportamiento heterogéneo entre sectores.

Ese contexto coloca a los anuncios bajo una doble lupa: la respuesta inmediata de los mercados y su capacidad para incidir sobre una economía que todavía enfrenta restricciones sobre el consumo, el crédito y la inversión. Hasta el momento, el Ejecutivo no confirmó si las medidas estarán orientadas específicamente a acelerar la recuperación económica.

La conferencia tendrá además una sincronización política relevante. Caputo hablará antes de que la Cámara de Diputados avance este miércoles con dos iniciativas centrales para el oficialismo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, conocido como Inocencia Fiscal II.

Ambos proyectos forman parte de la agenda con la que la administración de Javier Milei busca consolidar las bases institucionales de su programa económico y proyectar su estrategia hacia las elecciones de 2027. La reforma del BCRA, en particular, toca uno de los núcleos de la arquitectura monetaria del Gobierno, mientras que el proyecto fiscal apunta a modificar las condiciones bajo las cuales se relacionan los contribuyentes con el Estado.

La confirmación de la conferencia surgió luego de una nueva reunión de la Mesa Política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí se repasó la agenda legislativa y distintos aspectos de la gestión, en una semana que también tendrá una sesión del Senado prevista para este jueves, con tratamiento de pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

El escenario económico agrega presión a la definición de las próximas medidas. La suba del dólar mayorista y la volatilidad de las tasas colocaron nuevamente el frente cambiario y financiero entre las variables observadas por empresas e inversores. Al mismo tiempo, la mejora de algunos indicadores de actividad convive con dificultades en sectores que todavía no recuperaron niveles previos.

La expectativa también se alimenta de la reciente instrucción de Milei a sus funcionarios para que salgan a “militar y defender el modelo”, en medio de cuestionamientos sobre el impacto de las políticas oficiales en el consumo, el empleo y la situación de las empresas. En ese marco, cualquier anuncio de Caputo será leído no solo por su contenido técnico, sino también como una señal sobre la siguiente etapa del programa económico.

El antecedente inmediato fue la conferencia del 13 de agosto, cuando Economía anunció una flexibilización de los créditos en dólares para ampliar el acceso al financiamiento en moneda extranjera. La modificación permitió que empresas sin ingresos vinculados con exportaciones pudieran acceder a ese tipo de préstamos.

La normativa estableció que los bancos podrían destinar a esas financiaciones hasta el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Al mismo tiempo, incorporó exigencias prudenciales superiores para esas operaciones, con un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a financiaciones comparables y una exposición crediticia computada por 1,25 veces.

En aquella oportunidad, Caputo explicó que el objetivo era ampliar la capacidad prestable del sistema financiero y generar incentivos para que los dólares de los argentinos ingresen y permanezcan dentro de los bancos. La medida buscó así conectar la disponibilidad de liquidez en moneda extranjera con una mayor oferta de crédito para el sector privado.

El ministro también había anticipado que el Gobierno analizaba mecanismos para ampliar el crédito hipotecario. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) licite depósitos de largo plazo, de modo que las entidades bancarias puedan disponer de mayor fondeo para financiar hipotecas.

La nueva conferencia abre ahora otra incógnita sobre la dirección de la política económica. Con el mercado cambiario bajo observación, el Congreso discutiendo cambios estructurales para el BCRA y una actividad que todavía presenta velocidades diferentes según el sector, el contenido de los anuncios determinará si se trata de una medida de corto plazo para administrar tensiones o de una señal más amplia sobre la próxima fase del programa económico.

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El Gobierno amplía el BONCAP hasta $1,5 billones para canjear deuda con el Banco Central

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El Ministerio de Economía autorizó una operación de conversión de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que permitirá reemplazar una Letra del Tesoro que vence a fines de agosto por un bono con vencimiento en junio de 2027. Para instrumentar el canje, el Tesoro dispuso ampliar la emisión del BONCAP T30J7 por hasta $1,5 billones de valor nominal original.

La medida fue establecida mediante la Resolución Conjunta 51/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma contempla la conversión de las tenencias que posee el BCRA de la LECAP S31G6, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, por BONCAP T30J7, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de junio de 2027.

En términos financieros, la operación supone extender el horizonte de vencimiento de esos instrumentos en poder del Banco Central. La LECAP que será entregada al Tesoro tenía como fecha de vencimiento el 31 de agosto próximo, mientras que el título recibido por el BCRA prolongará ese compromiso hasta junio de 2027. La operación, por lo tanto, modifica el perfil temporal de la deuda sin implicar por sí misma una cancelación de obligaciones.

El Gobierno justificó la operación dentro del marco legal que regula el crédito público y, específicamente, de las facultades establecidas en el Presupuesto 2026. La resolución recuerda que el artículo 44 de la Ley 27.798 habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público dentro de los montos y destinos establecidos en la normativa presupuestaria.

El instrumento utilizado será el BONCAP T30J7, un bono del Tesoro capitalizable en pesos que ya había sido emitido originalmente en enero de 2026. La ampliación estará limitada a $1.500.000 millones de valor nominal original y se realizará exclusivamente por el monto que resulte necesario para concretar la conversión con el BCRA.

La particularidad de la operación es que no se trata de una licitación abierta a inversores privados, sino de una conversión de títulos con el Banco Central. La normativa vigente permite que determinadas suscripciones de instrumentos de deuda pública se realicen mediante otros títulos de deuda, con precios determinados en función de las condiciones observadas en los mercados.

Para establecer la relación de canje se tomarán como referencia los precios registrados el 21 de agosto de 2026 en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), inmediatamente antes de las 13:30, con liquidación a 24 horas. La fecha prevista para concretar la operación fue fijada para el 24 de agosto.

El dato relevante para el mercado es que el Tesoro transforma un vencimiento concentrado en el corto plazo en una obligación con un horizonte más extendido. La LECAP que debía ser atendida a fin de agosto es sustituida por un instrumento que vence diez meses después, lo que contribuye a administrar el calendario de vencimientos en pesos del sector público.

La operación también muestra el papel que continúa desempeñando el BCRA como tenedor de instrumentos del Tesoro. En este caso, el mecanismo permite reemplazar una posición que estaba próxima a su vencimiento por otro título público, evitando que la renovación de esa obligación dependa exclusivamente de una nueva colocación de deuda en el mercado.

Eel desafío será que este tipo de operaciones contribuya efectivamente a distribuir los vencimientos en el tiempo y a reducir las necesidades de refinanciamiento inmediato. El efecto sobre las cuentas públicas dependerá, entre otros factores, de las condiciones financieras bajo las cuales continúe renovándose la deuda en pesos y de la capacidad del Tesoro para sostener el acceso al mercado voluntario.

La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y entró en vigencia desde el día de su dictado.

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Oficializaron la concesión de las rutas 12 y 105 al consorcio Carlos E. Enríquez S.A. – Hormi S.A.

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El Gobierno nacional oficializó la adjudicación del Tramo Noreste de la Red Federal de Concesiones al consorcio integrado por las empresas misioneras Carlos E. Enríquez S.A. y Hormi S.A., que tendrá a su cargo durante 20 años la explotación, administración, conservación y mantenimiento de un corredor estratégico de las rutas nacionales 12 y 105. La decisión quedó plasmada en la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes.

La adjudicación representa un cambio relevante para la infraestructura vial de Misiones: una empresa con fuerte presencia en la provincia quedará al frente de uno de los corredores más importantes para el movimiento de personas, cargas, producción y turismo hacia los principales centros urbanos y los pasos fronterizos con Brasil y Paraguay. La concesión forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, mediante la cual Nación avanza con el traspaso a operadores privados de distintos corredores de la red vial nacional.

El Tramo Noreste comprende aproximadamente 456 kilómetros y contempla sectores de la Ruta Nacional 12 desde el empalme con la Ruta Nacional 118, en Corrientes, hasta el acceso al puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú. También incluye la Ruta Nacional 105, entre su vinculación con la Ruta 12 y el empalme con la Ruta Nacional 14, además del corredor de acceso a Posadas.

La resolución establece que Carlos E. Enríquez S.A. – Hormi S.A. resultó la oferta económicamente más conveniente para el Renglón N° 6, con una tarifa ofertada de $2.950 sin IVA y un plazo de concesión de 20 años. En el orden de mérito quedaron detrás IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una oferta de $2.969,99, y BASAA S.A. – CECOSA S.A., con $2.973,22. La diferencia económica entre las tres propuestas fue estrecha, de apenas $23,22 entre la primera y la tercera.

El contrato no se limita al cobro de peajes. El esquema licitado comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario, además de la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias o colaterales que generen ingresos adicionales. El objetivo declarado del sistema es trasladar a la gestión concesionada una parte de las responsabilidades sobre la infraestructura y asegurar condiciones de conservación y prestación de servicios durante el período contractual.

Para Misiones, el punto central estará en cómo se traduzca la concesión en calidad efectiva de las rutas. La Ruta 12 constituye el principal eje longitudinal de la provincia y concentra buena parte del tránsito turístico y productivo, mientras que la Ruta 105 cumple una función estratégica como conexión entre Posadas y el corredor de la Ruta 14. El mantenimiento de banquinas, calzada, señalización, iluminación, asistencia al usuario y condiciones de transitabilidad será, por lo tanto, el aspecto más concreto que permitirá evaluar el resultado de la nueva modalidad de gestión.

La estructura de peajes también será uno de los aspectos de mayor impacto para usuarios y empresas. El corredor contempla estaciones ubicadas en Ituzaingó, Santa Ana, Colonia Victoria y Fachinal, además de una nueva estación proyectada en Puerto Rico, según la documentación difundida durante el proceso licitatorio. Fachinal, que actualmente opera bajo un esquema provincial, pasaría a integrarse al sistema federal.

Desde el punto de vista económico, el desafío será encontrar un equilibrio entre la tarifa que permita financiar la conservación de la infraestructura y el costo que finalmente soportarán transportistas, productores, trabajadores y turistas. En un corredor que conecta Misiones con Corrientes y, a través de los pasos internacionales, con Brasil y Paraguay, cualquier incremento significativo del costo logístico puede impactar sobre la competitividad de las economías regionales.

La adjudicación también tiene una dimensión empresarial relevante: el Estado nacional eligió una propuesta encabezada por dos firmas misioneras, que ahora deberán demostrar capacidad para administrar durante dos décadas un corredor de escala regional. El éxito de la concesión no estará determinado únicamente por la adjudicación ni por el monto de la oferta, sino por la capacidad de transformar el esquema de peajes en rutas más seguras, previsibles y eficientes para quienes las utilizan diariamente.

Con la Resolución 1379/2026, el proceso iniciado con la privatización de Corredores Viales S.A. da un paso decisivo. Para Misiones comienza ahora la etapa más sensible: controlar que las obligaciones asumidas por el concesionario se cumplan, que la infraestructura reciba las inversiones comprometidas y que el usuario pueda percibir una mejora concreta en el servicio vial que paga cada vez que utiliza el corredor.

Los otros corredores

La resolución firmada por Luis Caputo no se limita al corredor que atraviesa Misiones. El Ministerio de Economía adjudicó en la misma licitación los ocho tramos que integran la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, con contratos de 20 años y bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. El esquema comprende los corredores Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

Para el Tramo Centro, la adjudicación quedó en manos de AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399 sin IVA. El contrato tendrá una duración de 20 años y comprende uno de los corredores incorporados al nuevo esquema de administración privada de la Red Federal.

El Tramo Centro Norte fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., que ofertó una tarifa de $2.175 sin IVA, también por 20 años. En tanto, el Tramo Mesopotámico quedó en manos de IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99 sin IVA y el mismo plazo contractual.

El Tramo Noroeste fue adjudicado al consorcio integrado por Autovía Construcciones y Servicios S.A., VAPEU S.R.L. y GUIGIVAN S.R.L., con una oferta de $2.285 sin IVA. Para el Tramo Litoral, la adjudicataria fue JCR S.A. junto con Néstor Julio Guerechet S.A., que presentó una tarifa de $2.876,04 sin IVA.

El corredor que concentra el interés misionero es el Tramo Noreste, adjudicado a Carlos E. Enríquez S.A. y Hormi S.A. por $2.950 sin IVA durante 20 años. Se trata de una definición especialmente relevante para la provincia porque el corredor comprende sectores estratégicos de las rutas nacionales 12 y 105 y conecta los principales circuitos productivos, urbanos, turísticos y fronterizos del nordeste.

A su vez, el Tramo Chaco-Santa Fe fue adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., con una tarifa de $3.520 sin IVA. Finalmente, el Tramo Cuyo quedó a cargo de Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., con una oferta de $3.090,2462 sin IVA.

En conjunto, las ocho adjudicaciones configuran una de las principales transformaciones del esquema de administración de rutas nacionales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. El proceso se inició con la decisión de avanzar sobre la privatización de Corredores Viales S.A. y busca trasladar a concesionarios privados la explotación y conservación de corredores estratégicos, bajo contratos de largo plazo y con mecanismos de financiamiento vinculados al cobro de peajes.

El punto que ahora queda bajo escrutinio será la contraprestación que recibirán los usuarios por esas tarifas. La adjudicación establece obligaciones que exceden el mantenimiento rutinario: los concesionarios deberán afrontar tareas de explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario. También podrán desarrollar nuevas explotaciones complementarias o colaterales destinadas a generar ingresos adicionales.

Para Misiones, la diferencia estará en la capacidad de convertir esa nueva estructura contractual en una mejora visible sobre la Ruta 12 y la Ruta 105. El desafío será particularmente relevante para el transporte de cargas, la producción regional y el turismo, sectores cuya competitividad depende en buena medida de contar con corredores seguros, transitables y previsibles durante todo el año.

La resolución oficializa así una nueva etapa para la infraestructura vial nacional: ocho corredores, ocho adjudicaciones y contratos de dos décadas. En el caso misionero, además, el proceso incorpora un elemento diferencial: una empresa local, asociada con Hormi, tendrá la responsabilidad de administrar uno de los corredores estratégicos del Nordeste durante los próximos 20 años.

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