Ministerio de Economía

Finanzas sale a captar pesos y dólares con una licitación que amplía la cobertura frente a inflación y tipo de cambio

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La Secretaría de Finanzas convocó a una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional para el miércoles 29 de julio, con una oferta que combina deuda en pesos, títulos ajustados por inflación, instrumentos vinculados al dólar y un bono denominado en moneda estadounidense. La operación refleja la estrategia oficial de diversificar las fuentes de financiamiento y extender el perfil de vencimientos sin depender exclusivamente de un solo tipo de instrumento.

El menú de la licitación incluye una nueva Letra Capitalizable (LECAP) con vencimiento el 16 de octubre de 2026; la reapertura del bono dual CER/TAMAR TXMD8 con vencimiento en diciembre de 2028; un nuevo bono dual TAMAR/Dólar Linked que vence en enero de 2028; dos Letras Dólar Linked —una reapertura con vencimiento en septiembre de 2026 y otra nueva para enero de 2027—, además de una reapertura del BONAR 2029 (AO29), que paga una tasa del 6% anual y se suscribe exclusivamente en dólares estadounidenses.

Desde el punto de vista financiero, la composición de la oferta evidencia un objetivo claro: atender distintos escenarios macroeconómicos. Mientras la LECAP apunta a quienes privilegian tasas en pesos, los bonos duales permiten capturar el mejor rendimiento entre la evolución de la tasa TAMAR, la inflación medida por CER o la variación del tipo de cambio, reduciendo la exposición del inversor frente a un único riesgo macroeconómico. En paralelo, las Letras Dólar Linked continúan siendo una alternativa para quienes buscan cobertura cambiaria sin necesidad de operar directamente con divisas.

Uno de los aspectos más relevantes del llamado es que el nuevo bono dual TAMAR/Dólar Linked incorpora un mecanismo de pago que garantiza al vencimiento el mayor valor entre la evolución del tipo de cambio oficial y el rendimiento acumulado por la tasa TAMAR capitalizada mensualmente. Esta estructura procura ofrecer una cobertura más flexible en un contexto donde las expectativas sobre inflación, tasas de interés y tipo de cambio continúan ajustándose a la nueva política monetaria.

El AO29, por su parte, tendrá un monto máximo de emisión de hasta USD 1.351 millones. Si ese cupo no fuera cubierto durante la primera rueda del miércoles, el Tesoro habilitará una segunda vuelta el jueves 30 de julio mediante licitación por adhesión al precio de corte, con un monto adicional de hasta USD 150 millones. La liquidación de todas las operaciones está prevista para el viernes 31 de julio.

La licitación mantendrá el esquema de doble tramo. El segmento no competitivo está diseñado para personas humanas y jurídicas que no poseen especialización financiera, permitiéndoles participar sin necesidad de fijar precios o tasas, únicamente indicando el monto a suscribir. En este caso, el límite será de hasta $50 millones para los instrumentos en pesos y USD 50.000 para los denominados en dólares. Los fondos comunes de inversión, aseguradoras y demás participantes profesionales deberán operar exclusivamente en el tramo competitivo.

Para el Gobierno, la licitación constituye además una prueba sobre las expectativas del mercado respecto de la evolución de la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio. La demanda que reciba cada instrumento funcionará como un indicador de las preferencias de los inversores y del nivel de confianza en la estrategia financiera oficial para los próximos meses.

Llamado a licitación en pesos y en dólares by CristianMilciades

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Simplifican el procedimiento para la Declaración de Origen en el Mercosur

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La Argentina dio un nuevo paso en la modernización de su comercio exterior al reglamentar un mecanismo que permitirá a productores y exportadores emitir de manera directa la Declaración de Origen de las mercaderías destinadas al Mercosur. La medida, oficializada mediante la Resolución 247/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, adapta la normativa nacional al nuevo Régimen de Origen del Mercosur y reemplaza procedimientos más burocráticos por una gestión completamente digital.

La iniciativa se enmarca en la actualización del Régimen de Origen del bloque regional, vigente desde julio de 2024, que promueve herramientas más ágiles para acreditar que un producto cumple con los requisitos necesarios para acceder al tratamiento arancelario preferencial dentro del Mercosur. La resolución establece que la Declaración de Origen podrá ser emitida directamente por el productor o el exportador como alternativa al tradicional certificado de origen, fortaleciendo la facilitación del comercio regional.

El nuevo procedimiento deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), integrada al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Allí, los operadores deberán completar la información exigida por el régimen, firmar digitalmente la declaración y presentarla junto con la documentación correspondiente ante el país importador.

Desde el Gobierno sostienen que el cambio responde a una política de simplificación administrativa orientada a reducir tiempos y costos para las empresas exportadoras, especialmente las pequeñas y medianas, al eliminar intermediaciones y digitalizar completamente el proceso de acreditación del origen de las mercaderías.

La normativa aclara que la Declaración de Origen tendrá carácter de declaración jurada. Esto implica que toda la responsabilidad sobre la veracidad de la información recaerá exclusivamente en el productor o exportador, sin que exista una validación previa por parte de la administración pública. Además, deberá emitirse dentro de los 180 días posteriores a la factura comercial y conservará una vigencia de doce meses desde su generación en la plataforma digital.

Como complemento, los exportadores estarán obligados a conservar durante cinco años toda la documentación que respalde la declaración, incluyendo antecedentes vinculados con la producción, adquisición de insumos, costos, pagos y eventuales procesos de tercerización. Esta obligación busca garantizar la trazabilidad ante eventuales verificaciones de origen realizadas por las autoridades de cualquiera de los Estados Parte.

La resolución también establece un régimen sancionatorio para quienes incumplan las condiciones del sistema. Las irregularidades formales o la declaración incorrecta del origen podrán derivar en suspensiones de hasta 18 meses para emitir nuevas declaraciones, mientras que los casos de reincidencia o fraude podrán implicar la inhabilitación para operar bajo este mecanismo durante un plazo de hasta cinco años. Estas previsiones se alinean con las reglas aprobadas por el Consejo del Mercado Común y con las responsabilidades previstas en el nuevo Régimen de Origen del Mercosur.

La Dirección de Importaciones será la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento del sistema y podrá requerir información adicional o realizar inspecciones en los establecimientos involucrados cuando resulte necesario para verificar el origen declarado de los productos.

Desde una perspectiva económica, la implementación de este esquema representa un avance en la digitalización del comercio exterior argentino. Al reducir trámites presenciales y armonizar procedimientos con los estándares vigentes del Mercosur y de la Organización Mundial de Aduanas, el país busca mejorar la competitividad de sus exportaciones y facilitar el acceso de las empresas al mercado regional.

Para provincias con fuerte perfil exportador como Misiones, donde numerosas industrias comercializan alimentos, productos forestales, yerba mate, té y manufacturas hacia Brasil y Paraguay, la simplificación de los procedimientos de origen podría traducirse en menores costos administrativos y mayor agilidad operativa, fortaleciendo la integración económica dentro del bloque regional.

La Resolución 247/2026 entrará en vigencia el 26 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual las Declaraciones de Origen podrán comenzar a emitirse mediante el nuevo procedimiento electrónico.

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Caputo relanza la “Inocencia Fiscal” para captar los dólares fuera del sistema y reforzar el ahorro en la economía formal

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El Gobierno nacional presentó una nueva versión del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a facilitar la regularización de ahorros no declarados y estimular el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la propuesta será enviada al Congreso con modificaciones destinadas a ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y brindar mayores garantías jurídicas para incentivar la adhesión.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para fortalecer el ahorro interno como fuente de financiamiento de la economía. Según estimaciones del Banco Central citadas por Caputo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos US$170.000 millones, una cifra que supera ampliamente los depósitos en moneda extranjera dentro del sistema bancario.

“Necesitamos que esos dólares ingresen al circuito financiero para que haya más inversión, más crecimiento y mayores recursos que permitan seguir reduciendo impuestos”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda durante la presentación realizada junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y representantes del ámbito tributario.

El funcionario remarcó que conservar esos fondos fuera del sistema constituye un costo para la economía y para los propios ahorristas. “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Pierden valor y no generan financiamiento para el crecimiento”, afirmó.

Cambios para ampliar la adhesión

La nueva propuesta mantiene el espíritu del régimen aprobado anteriormente, aunque incorpora modificaciones técnicas surgidas de reuniones entre el Gobierno y especialistas en materia tributaria.

Uno de los cambios centrales elimina los límites patrimoniales y de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. De esta manera, podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas, mientras que los grandes contribuyentes también tendrán acceso a una modalidad simplificada para la liquidación del impuesto, aunque sin algunos de los beneficios adicionales previstos para el resto de los contribuyentes.

Otro aspecto relevante modifica el tratamiento de las denominadas discrepancias significativas detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo texto redefine los parámetros para considerar una diferencia relevante y, además, incorpora la posibilidad de que el contribuyente rectifique su declaración jurada y regularice la situación dentro de un plazo determinado antes de perder los beneficios del régimen.

La propuesta también introduce un cambio de criterio respecto de la carga probatoria. Será el organismo recaudador quien deberá fundamentar las observaciones utilizando información objetiva y verificable, sin recurrir a presunciones, reforzando así las garantías para quienes ingresen al sistema.

Asimismo, si posteriormente una impugnación administrativa fuera revocada, el contribuyente recuperará plenamente los beneficios del régimen y ARCA deberá reintegrar los importes abonados con los intereses correspondientes en un plazo de 45 días hábiles.

El desafío de transformar ahorro en inversión

Desde la perspectiva oficial, el proyecto busca resolver uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina: movilizar un importante volumen de ahorro privado que permanece fuera del sistema financiero.

El Ejecutivo sostiene que una mayor bancarización de esos recursos permitiría ampliar el crédito, financiar inversiones productivas, fortalecer el nivel de actividad y aumentar la recaudación sin recurrir a nuevos tributos, consolidando además el equilibrio fiscal.

En ese sentido, María Ibarzabal Murphy explicó que las modificaciones apuntan a “robustecer la seguridad jurídica del régimen” y generar la confianza necesaria para que un mayor número de contribuyentes decida formalizar sus activos.

El desafío político

La nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal iniciará ahora su recorrido legislativo, donde el oficialismo deberá construir consensos para su aprobación. El debate volverá a poner en discusión el delicado equilibrio entre ampliar la base tributaria, incentivar la formalización de capitales y garantizar reglas previsibles para los contribuyentes.

Más allá del resultado parlamentario, el proyecto refleja una estrategia orientada a canalizar el ahorro privado hacia la economía formal como herramienta para impulsar la inversión y sostener el crecimiento sin incrementar la presión fiscal, un objetivo que el Gobierno considera central para consolidar la estabilidad macroeconómica.

El detalle de las modificaciones

Los ejes principales estuvieron enfocados en ampliar el universo de contribuyentes al Régimen Simplificado de Ganancias y alivianar las discrepancias significativas, entre otros cambios.

Ampliación del universo: se eliminan los topes o barreras patrimoniales y de ingresos. El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Quienes revistan las categorías de “Grandes Contribuyentes” podrán adherir a la “modalidad simplificada” a los fines prácticos de el que fisco les pre-liquide el impuesto y para efectuar el pago, aunque no gozarán de las presuncionesefectos liberatorios ni demás beneficios previstos en la ley.

Discrepancia significativa: se configura una discrepancia si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos (lo cual implica una mejora técnica respecto del texto actual que hablaba de “saldos”) por un porcentaje inferior al 15%Aun superando el 15%, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto ($5 millones).

Inversión de la carga probatoria y salvataje por rectificativa: se invierte la carga de la prueba hacia ARCA. Para sostener una discrepancia significativa, el fisco no podrá utilizar presunciones sino que solo podrá valerse de la información declarada, sus propios sistemas o datos de terceros. Se otorga una oportunidad al contribuyente para no perder el régimen. No se considerará configurada la discrepancia si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela o regulariza la diferencia (más intereses) en un plazo no mayor a 15 días hábiles tras ser notificado de la liquidación administrativa (por ingresos directos) o de la determinación de oficio. En el texto actual solo se permitía en el caso de uso de facturas apócrifas.

Restablecimiento de la presunción y reintegro con intereses en plazo expedito: si el contribuyente paga el ajuste para no perder el régimen y posteriormente se revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud. En este escenario, ARCA está obligada a reintegrar los importes con intereses de repetición en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.

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Privatización de Corredores Viales: precalifican ofertas y definen quién administrará ocho corredores estratégicos

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El Ministerio de Economía dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. al aprobar la primera etapa de la licitación nacional e internacional que permitirá concesionar ocho de los principales corredores viales del país. La medida habilita el avance hacia la apertura de las ofertas económicas y acerca al Gobierno a uno de los procesos de infraestructura más relevantes impulsados desde la sanción de la Ley Bases.

La Resolución 1024/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, valida el trabajo realizado por la comisión evaluadora, precalifica a las empresas que cumplieron los requisitos técnicos y financieros y deja fuera de competencia a dos ofertas por incumplimientos en la documentación económica exigida en los pliegos.

La licitación forma parte del proceso de privatización total de Corredores Viales S.A., empresa que fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley 27.742. El objetivo oficial es reemplazar el actual esquema estatal por concesiones privadas bajo el régimen de obra pública por peaje, transfiriendo al sector privado la construcción, mantenimiento, explotación y ampliación de la infraestructura vial.

La denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa III” comprende ocho grandes corredores: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Se trata de rutas nacionales estratégicas para el transporte de cargas, las exportaciones agroindustriales y la conectividad entre regiones productivas.

En total participaron 22 grupos empresarios que presentaron 50 ofertas para los distintos corredores, reflejando un elevado nivel de competencia en un negocio considerado clave para el desarrollo de la infraestructura logística del país.

Entre los oferentes precalificados aparecen algunas de las principales constructoras argentinas, como José Cartellone Construcciones Civiles, Benito Roggio e Hijos, Panedile, Supercemento, CPC, José J. Chediack, Lemiro Pablo Pietroboni, Luciano Construcciones, además de diversas uniones transitorias conformadas específicamente para competir en diferentes tramos.

La resolución también confirmó la exclusión de las propuestas presentadas por la UTE integrada por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo. Según explicó el Ministerio de Economía, la empresa intentó incorporar documentación económico-financiera nueva durante la etapa de subsanación, algo que la comisión evaluadora consideró incompatible con las reglas del proceso licitatorio.

El Gobierno rechazó además la impugnación presentada por esa unión empresaria y dispuso la pérdida de la garantía constituida para cuestionar el dictamen de precalificación, al considerar que aceptar la nueva documentación hubiera vulnerado el principio de igualdad entre todos los participantes.

Con la etapa técnica concluida, el cronograma continúa este martes 22 de julio con la apertura de los sobres económicos a través del sistema electrónico CONTRAT.AR. Allí comenzará la definición sobre qué empresas quedarán finalmente a cargo de cada uno de los corredores concesionados.

El proceso constituye uno de los pilares de la reorganización del sistema vial nacional impulsada por el Gobierno. La administración nacional sostiene que el nuevo esquema permitirá atraer inversiones privadas para mejorar el estado de las rutas, incorporar tecnología, optimizar el mantenimiento y reducir la participación del Estado en la gestión operativa.

Sin embargo, el avance del proceso también abre interrogantes sobre el impacto que tendrá el nuevo modelo en el costo de los peajes, la continuidad de las obras y el equilibrio entre rentabilidad privada y prestación de un servicio público esencial para millones de usuarios y para el transporte de la producción argentina.

Para provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, la licitación reviste especial importancia debido a que los corredores Litoral, Mesopotámico y Noreste concentran buena parte del movimiento de cargas vinculado con las economías regionales, el comercio exterior y la actividad turística. La calidad de esas rutas incide directamente sobre los costos logísticos, la competitividad de las exportaciones y la seguridad vial.

La resolución aprobada por Economía representa, así, un paso decisivo hacia la adjudicación definitiva de las concesiones, en un proceso que redefinirá durante los próximos años quién administra una parte sustancial de la red vial nacional y bajo qué condiciones se financiarán las inversiones en infraestructura.

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Prorrogan por dos años la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y refuerza el proceso de reforma del Estado

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La administración de Javier Milei decidió extender por dos años la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo creado para coordinar la reestructuración, reorganización y eventual privatización de las empresas estatales. La medida, oficializada mediante el Decreto 611/2026, busca dar continuidad a uno de los ejes centrales de la estrategia oficial de reforma del Estado, al considerar que el organismo todavía no completó los objetivos para los cuales fue creado en julio de 2024.

La decisión implica que la unidad continuará funcionando, al menos, hasta julio de 2028 o hasta que finalice el proceso de transformación de las empresas públicas, si ello ocurre antes. En paralelo, el decreto también redefine parte de su estructura, ratifica autoridades, incorpora nuevas funciones y consolida el rol de la Agencia como organismo rector del proceso de reorganización del sector empresario estatal.

El argumento del Gobierno es que la reforma aún se encuentra en desarrollo y que numerosas empresas públicas continúan atravesando procesos de revisión de su estructura jurídica, financiera y operativa. Bajo esa lógica, la continuidad de la Agencia busca garantizar un esquema centralizado de coordinación para las decisiones vinculadas con fusiones, escisiones, reorganizaciones, transferencias a provincias o eventuales privatizaciones.

El decreto ratifica a Diego Martín Chaher como titular de la Agencia con rango de secretario y dispone una reorganización interna. Luciano Masnú Lardet deja la Dirección Ejecutiva de Procesos y Privatizaciones para asumir como subtitular del organismo, mientras que Cristian Nicolás García fue designado, con carácter ad honorem, como nuevo Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones. También se prorrogan las designaciones de otros funcionarios responsables de las áreas de pliegos, contratos, articulación laboral, apoyo societario y asesoramiento legal.

Más allá de los cambios de nombres, el aspecto más relevante del decreto pasa por la ampliación de las competencias institucionales. A partir de ahora, la Agencia podrá ejercer directamente la representación societaria del Estado Nacional en empresas públicas cuando así se le delegue y tendrá la responsabilidad de evaluar la idoneidad de los candidatos que el Estado proponga para integrar directorios y órganos de administración de las compañías bajo control estatal.

Ese último punto incorpora un mecanismo adicional de control previo sobre las designaciones políticas dentro de las empresas públicas, un aspecto que el Gobierno considera clave para profesionalizar la conducción de las sociedades estatales y fortalecer los criterios de gestión.

La Agencia fue creada originalmente en julio de 2024 como una unidad ejecutora temporaria dentro del Ministerio de Economía con el objetivo de centralizar todas las decisiones vinculadas con las empresas comprendidas en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales instrumentos para ejecutar la política de reducción del tamaño del Estado impulsada por la actual administración.

En términos de gestión pública, la prórroga también evita que el proceso quede interrumpido en plena ejecución. El decreto instruye además al Ministerio de Economía a incorporar las partidas presupuestarias correspondientes para asegurar el funcionamiento de la Agencia durante el presupuesto 2027 y los ejercicios siguientes, en caso de resultar necesario.

La continuidad del organismo constituye una señal de que el Ejecutivo mantiene sin modificaciones su hoja de ruta respecto del sector empresario estatal. La estrategia oficial combina saneamiento financiero, revisión de estructuras, profesionalización de directorios y análisis de alternativas que van desde la reorganización administrativa hasta la incorporación de capital privado o la privatización, según las características de cada empresa.

Para provincias con fuerte presencia de empresas nacionales en áreas estratégicas —como transporte, energía, infraestructura o servicios— el avance de este proceso seguirá siendo un factor de alto impacto económico y laboral. La definición del futuro de estas compañías influirá tanto sobre la inversión pública como sobre el empleo, la prestación de servicios y la competitividad regional, convirtiendo a la Agencia en uno de los organismos más relevantes dentro del programa de transformación del Estado impulsado por el Gobierno nacional.

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