Ministerio de Economía

El Gobierno incumplió la meta fiscal con el FMI tras el déficit de junio

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El resultado fiscal de junio marcó un punto de inflexión para la estrategia económica del Gobierno nacional. Luego de varios meses exhibiendo el superávit como principal activo de la política macroeconómica, el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes del año con un déficit superior a los $1 billón, un resultado que derivó en el incumplimiento de la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el primer semestre de 2026.

El acuerdo vigente establecía un superávit acumulado de $6,9 billones entre enero y junio. Sin embargo, con el resultado negativo de junio, el Gobierno finalizó el semestre con un saldo de aproximadamente $6,3 billones, unos $570.000 millones por debajo del objetivo pactado, lo que obligaría a solicitar un waiver —la dispensa que el FMI concede cuando un país no alcanza una meta cuantitativa, aunque considera que el programa mantiene consistencia general— durante la próxima revisión del acuerdo.

El deterioro de las cuentas públicas en junio respondió a una combinación de factores extraordinarios y estacionales. El déficit del SPN alcanzó los $1.024.891 millones, explicado por una caída de los ingresos tributarios, el pago del medio aguinaldo, mayores erogaciones vinculadas a subsidios energéticos y la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó gran parte de la menor recaudación precisamente al cambio en el calendario tributario. Según explicó, el corrimiento del vencimiento de las declaraciones juradas desde junio hacia julio redujo transitoriamente los ingresos fiscales del sexto mes del año, efecto que podría revertirse cuando esos recursos ingresen efectivamente al Tesoro.

No obstante, distintos economistas advierten que la explicación no se limita al calendario impositivo. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, señaló que el Gobierno también enfrentó mayores dificultades para continuar ajustando el gasto público, debido tanto al incremento de las prestaciones como al aumento de las transferencias destinadas a subsidios energéticos.

El comportamiento de la recaudación también refleja una economía que todavía no logra consolidar una recuperación suficientemente robusta. Durante junio, los ingresos tributarios registraron una caída superior al 10% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior, una señal que comienza a generar interrogantes sobre la capacidad de sostener el equilibrio fiscal únicamente mediante el ajuste del gasto.

Desde GMA Capital sostienen que el desvío es relativamente acotado y no compromete el principal ancla macroeconómica del programa económico. Sin embargo, advierten que reduce el margen de maniobra para la segunda mitad del año y obliga a que el crecimiento económico comience a traducirse en una recuperación genuina de la recaudación tributaria. En otras palabras, la consolidación fiscal dependerá cada vez menos de los recortes presupuestarios y más del desempeño de la actividad económica.

En la misma línea, Fausto Spotorno consideró que el incumplimiento responde principalmente a un fenómeno estacional y sostuvo que el objetivo central será alcanzar la meta anual comprometida con el organismo internacional, más que el cumplimiento estricto del resultado semestral.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, coincidió en que el desvío es reducido y estimó que el Gobierno buscará compensarlo durante los próximos meses mediante una mejora en la recaudación asociada a una recuperación gradual del nivel de actividad.

El contexto adquiere mayor relevancia porque hacia fines de julio está prevista una nueva revisión del programa con el FMI, instancia que podría habilitar un desembolso superior a los US$680 millones. En ese marco, también se espera la visita a la Argentina de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei, autoridades del Ministerio de Economía y representantes del sector privado.

Más allá del incumplimiento puntual, el episodio refleja una nueva etapa para la política fiscal argentina. Tras varios meses en los que el ajuste del gasto permitió alcanzar resultados históricos, el desafío comienza a desplazarse hacia la generación de ingresos sostenibles en un contexto de menor inflación, desaceleración tributaria y recuperación económica todavía heterogénea. El equilibrio fiscal ya no dependerá exclusivamente de la disciplina presupuestaria, sino también de la capacidad del crecimiento para ampliar la base tributaria sin recurrir a mayores cargas impositivas.

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Extendieron el plazo para que contratistas acepten bonos a cambio de deudas por obra pública

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El Gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de julio de 2026 el plazo para que las empresas contratistas de obra pública puedan adherir al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, un mecanismo que permite cancelar acreencias con el Estado mediante la entrega de títulos públicos (bonos). La decisión busca ampliar la participación de las empresas alcanzadas sin modificar las condiciones económicas del programa ni el monto máximo previsto para su implementación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann, luego de que distintos contratistas solicitaran más tiempo para completar la presentación de la documentación requerida a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El régimen está dirigido a empresas con contratos de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, dependientes del Ministerio de Economía, y comprende deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, así como obligaciones derivadas de contratos extinguidos desde 2024.

La propuesta oficial contempla cancelar esas obligaciones mediante la entrega de tres instrumentos financieros en pesos —LECAP y BONCAP— dentro de un cupo máximo de $221.119.509.519. De esta manera, el Estado busca regularizar pasivos acumulados sin realizar desembolsos inmediatos de caja, reemplazando deuda comercial por deuda financiera.

El plazo original de adhesión vencía a mediados de julio, pero el Gobierno resolvió extenderlo una semana más con el objetivo de garantizar una mayor concurrencia de empresas y facilitar la carga de la información necesaria para acceder al esquema.

La prórroga únicamente modifica la fecha límite para manifestar la voluntad de adhesión. Una vez presentada la solicitud, los contratistas dispondrán de diez días hábiles adicionales para incorporar toda la documentación respaldatoria de sus acreencias, incluyendo el cálculo de los intereses generados por la mora del Estado.

Uno de los aspectos centrales del régimen es que la adhesión implica la renuncia expresa a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con las obligaciones alcanzadas. Es decir, quienes acepten el pago mediante bonos deberán desistir de las acciones iniciadas o futuras contra el Estado Nacional respecto de esos contratos.

Antes de la firma de cada acuerdo individual, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá intervenir para verificar la documentación y validar el procedimiento, incorporando una instancia de control sobre las acreencias reconocidas.

Desde la perspectiva económica, la herramienta forma parte de la estrategia del Gobierno para ordenar el pasivo acumulado por obras públicas sin incrementar la presión sobre las cuentas fiscales. Al mismo tiempo, procura ofrecer una alternativa a empresas que mantienen créditos pendientes de cobro, muchas de las cuales enfrentan problemas de liquidez tras la paralización o reestructuración de proyectos de infraestructura.

Aunque el mecanismo no sustituye el pago en efectivo que reclaman numerosos contratistas, la ampliación del plazo refleja la intención oficial de facilitar el acceso al régimen y ampliar el universo de empresas que opten por esta vía de regularización. El resultado de la convocatoria permitirá medir el nivel de aceptación del sector privado y el grado de confianza en los instrumentos financieros ofrecidos por el Estado para cancelar sus compromisos pendientes.

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Junio cerró con déficit fiscal, pero el Gobierno sostuvo el superávit acumulado en el primer semestre

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Las cuentas públicas registraron un traspié en junio, aunque el Gobierno nacional logró preservar el equilibrio fiscal acumulado durante la primera mitad del año. El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes de 2026 con un déficit financiero de $1,02 billones, explicado por una combinación de menores ingresos tributarios y un incremento estacional del gasto asociado al pago del medio aguinaldo a jubilados y pensionados.

Pese al resultado mensual negativo, el balance del primer semestre continúa mostrando números positivos. Entre enero y junio, el SPN acumuló un superávit financiero equivalente al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 0,6% del PBI, manteniendo vigente el principal ancla del programa económico que impulsa el Gobierno nacional.

Durante junio, el resultado financiero arrojó un rojo de $1.024.891 millones, compuesto por un déficit primario de $696.843 millones y pagos de intereses de la deuda pública —netos de operaciones intra sector público— por $328.049 millones.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el deterioro mensual respondió principalmente al traslado de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas hacia julio, lo que redujo la recaudación del período, mientras que el gasto aumentó por el impacto del pago del aguinaldo a beneficiarios del sistema previsional.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $14,16 billones, con una expansión interanual superior al 22%. En tanto, los recursos tributarios crecieron 21,7% respecto de junio de 2025, aunque ese desempeño quedó condicionado por la postergación del calendario impositivo.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias ascendieron a $14,86 billones, con un incremento interanual del 37,7%. El principal componente continuó siendo el gasto previsional: las prestaciones sociales totalizaron $11,06 billones, un 38,1% más que un año atrás, impulsadas por la incorporación del medio aguinaldo.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,61 billones, con una suba interanual del 20,2%, mientras que las transferencias corrientes crecieron 48,6% hasta los $3,54 billones. Dentro de ese rubro, Economía destacó el incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios, el Estado destinó $1,06 billones, de los cuales $714.381 millones correspondieron al sector energético y $348.916 millones al transporte. Por su parte, el gasto de capital se ubicó en $224.453 millones, mostrando una recuperación respecto del mes anterior.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el resultado acumulado confirma la continuidad de la política de disciplina fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico. En esa línea, el ministro Luis Caputo sostuvo que “el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico” y aseguró que la consolidación fiscal permitió avanzar con una reducción de impuestos nacionales equivalente a casi 3% del PBI desde 2024.

Si bien el déficit de junio refleja el impacto de factores estacionales y del calendario tributario, el dato que sigue observando el mercado es el comportamiento del resultado acumulado. Con un superávit primario del 0,6% del PBI en la primera mitad del año, el Gobierno mantiene margen para acercarse al objetivo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que establece una meta anual de 1,4% del PBI.

Imig Junio 2026 by CristianMilciades

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Vialidad centraliza la aprobación de permisos sobre rutas nacionales y endurece los requisitos para obras de terceros

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La Dirección Nacional de Vialidad avanzó en una profunda reorganización del régimen que regula las intervenciones de terceros sobre la Red Vial Nacional. Mediante la Resolución 908/2026, el organismo eliminó el esquema de autorizaciones descentralizadas vigente desde hace más de tres décadas y concentró en la Administración General la facultad exclusiva para aprobar y firmar los Permisos Precarios de Uso de la Zona de Camino (PPUSO), un cambio que busca homogeneizar criterios técnicos, fortalecer los controles y reducir la dispersión administrativa.

La medida representa una modificación estructural en la gestión de las autorizaciones para obras e instalaciones que se desarrollan dentro de la denominada “zona de camino”, el espacio bajo jurisdicción de Vialidad Nacional donde empresas de servicios públicos, operadores de telecomunicaciones, municipios y otros actores ejecutan tendidos, cruces, ductos, accesos, redes e infraestructura complementaria.

Hasta ahora, esa facultad se encontraba delegada en los jefes de los distritos jurisdiccionales, bajo un esquema instaurado por la Resolución 1348/93. Sin embargo, el organismo consideró que la evolución normativa, la digitalización de los expedientes mediante Gestión Documental Electrónica (GDE) y la nueva estructura organizativa aprobada en 2026 justifican reemplazar ese modelo por uno centralizado.

La resolución deja sin efecto el antiguo procedimiento, deroga normas que regían desde 1959 y 1993 y aprueba un nuevo circuito administrativo que incorpora estándares uniformes para todo el país. El objetivo es fortalecer la trazabilidad de los expedientes, unificar los criterios jurídicos y técnicos y reducir las diferencias de interpretación entre los distintos distritos.

Uno de los cambios de mayor impacto para empresas constructoras, prestadoras de servicios públicos y concesionarias es el endurecimiento de las condiciones para obtener los permisos. A partir de ahora, antes de la firma del PPUSO será obligatorio acreditar una póliza de caución equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, salvo determinadas excepciones previstas para proyectos de menor complejidad. También será requisito contratar un seguro de responsabilidad civil con montos mínimos que serán actualizados periódicamente por la Coordinación Técnica de Distritos.

La normativa establece además que ninguna obra podrá comenzar sin la firma previa del permiso correspondiente. Los distritos de Vialidad ya no podrán autorizar el inicio de trabajos hasta que el documento haya sido aprobado por la Administración General, lo que introduce un control previo más estricto sobre las intervenciones en rutas nacionales.

En paralelo, el organismo aprobó una batería de nuevos modelos normalizados de permisos, cláusulas contractuales, normas técnicas, modelos de resolución y formularios administrativos que serán de uso obligatorio en todas las jurisdicciones. El propósito es eliminar diferencias documentales entre distritos y garantizar mayor seguridad jurídica tanto para el Estado como para los privados que desarrollan obras sobre la infraestructura vial nacional.

Desde el punto de vista institucional, la reforma también fortalece el rol de la Gerencia Ejecutiva de Gestión Institucional y de la División Uso de Zona de Camino, que concentrarán la revisión técnica y administrativa de cada solicitud antes de su aprobación definitiva. La Subgerencia de Gestión Documental, por su parte, tendrá a cargo la implementación del nuevo procedimiento y la optimización de los circuitos internos.

La decisión se inscribe en el proceso de reorganización administrativa que atraviesa Vialidad Nacional tras su incorporación a la órbita del Ministerio de Economía y la redefinición de competencias impulsada por el Gobierno nacional. El nuevo esquema busca reforzar los mecanismos de control sobre un activo estratégico como la Red Vial Nacional, donde las intervenciones de terceros requieren coordinación permanente para preservar la seguridad vial, proteger el patrimonio público y minimizar interferencias con la circulación.

En términos económicos, la centralización apunta a generar mayor previsibilidad para futuros proyectos de infraestructura, aunque también implica un proceso de aprobación más concentrado que podría incrementar la exigencia técnica y documental para las empresas que requieran ejecutar obras dentro de la zona de camino. Para el Ejecutivo, la estandarización de procedimientos constituye una herramienta para mejorar la gobernanza de la infraestructura vial y reducir riesgos administrativos en un sector clave para la logística y la competitividad del aparato productivo argentino.

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Hacienda captó $5,44 billones y logró un rollover del 183% en una licitación con fuerte demanda por bonos en dólares

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La Secretaría de Finanzas cerró una nueva licitación de deuda con un resultado que refuerza la estrategia financiera del Gobierno para sostener el programa de financiamiento en moneda local y reducir las necesidades de emisión monetaria. En la operación adjudicó instrumentos por un valor efectivo de $5,44 billones, luego de recibir ofertas por $8,45 billones, lo que implicó un rollover del 183,12% respecto de los vencimientos que enfrentaba el Tesoro en la jornada.

El elevado nivel de renovación refleja que el mercado volvió a mostrar una demanda superior a las necesidades de financiamiento inmediato del Estado, permitiendo al Ministerio de Economía captar recursos adicionales y continuar fortaleciendo su posición de liquidez en un contexto de consolidación fiscal y desaceleración inflacionaria.

La mayor parte de los fondos adjudicados se concentró en instrumentos en pesos a tasa fija. La LECAP con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6) absorbió $2,38 billones, con una tasa efectiva mensual (TEM) de 1,92% y un rendimiento efectivo anual (TIREA) de 25,59%, consolidándose como el principal vehículo de colocación de la licitación.

En los instrumentos ajustados por inflación, el Tesoro adjudicó $1,08 billones en el BONCER TZXM8, con vencimiento en marzo de 2028 y una TIREA de 8,07%, manteniendo el interés de los inversores por activos indexados al CER, aunque con una participación menor respecto de las colocaciones a tasa fija.

También tuvo una buena recepción el bono ajustado por tasa TAMAR (TMG28), que captó $627.511 millones, equivalente a $0,63 billones, con un margen de 8,06%, ampliando la oferta de instrumentos vinculados a tasas variables dentro del menú financiero del Tesoro.

Uno de los datos más relevantes volvió a ser la demanda por títulos vinculados al dólar oficial. Los instrumentos Dólar Linked sumaron adjudicaciones por aproximadamente $1,35 billones, distribuidos entre la letra con vencimiento en agosto de 2026 ($259.998 millones, TIREA de 7,77%), la nueva emisión con vencimiento en mayo de 2027 ($868.063 millones, TIREA de 3,16%) y el bono a diciembre de 2028 ($222.177 millones, TIREA de 9,08%). La colocación del nuevo título evidencia que una parte del mercado continúa demandando cobertura cambiaria de mediano plazo, pese al actual esquema de flotación administrada del tipo de cambio.

El mayor interés relativo, sin embargo, se observó en el nuevo BONAR 2029 (AO29) denominado e integrado exclusivamente en dólares estadounidenses. Por este instrumento el Tesoro recibió ofertas por USD 1.046 millones, pero adjudicó USD 470 millones a un precio de corte de USD 943 por cada VNO USD 1.000, equivalente a una TNA de 7,99% y una TIREA de 8,29%.

La diferencia entre la demanda y el monto finalmente aceptado muestra que el Gobierno optó por privilegiar el costo financiero antes que maximizar la captación de divisas, manteniendo una política de colocaciones selectivas.

El Ministerio de Economía confirmó además que este jueves realizará una segunda vuelta del BONAR 2029, abierta a personas humanas y jurídicas, por hasta USD 150 millones adicionales, al mismo precio de corte surgido de la licitación principal. La operatoria se extenderá entre las 11 y las 13 horas a través del sistema oficial de licitaciones.

El resultado de la licitación llega en un contexto de descenso de la inflación, mejora de las expectativas financieras y reducción del riesgo país, factores que vienen favoreciendo una mayor demanda de instrumentos emitidos por el Tesoro. Al mismo tiempo, el elevado rollover fortalece la estrategia oficial de financiar los vencimientos principalmente con colocaciones en el mercado, reduciendo la dependencia de la asistencia monetaria del Banco Central.

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