Ministerio de Economía

Las represas del Comahue cambian de manos y refuerzan las cuentas del Tesoro

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El Ministerio de Economía apura el traspaso de las principales represas hidroeléctricas del Comahue en una semana decisiva para las finanzas públicas. Con la toma de posesión prevista para este jueves 8 de enero, el Gobierno busca asegurarse el ingreso de más de US$ 700 millones por la venta de las acciones de los complejos Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados, fondos que resultan estratégicos para afrontar un vencimiento de deuda por US$ 4.200 millones previsto para el viernes inmediato.

La operación se apoya en la Resolución 2124/2025, publicada el 30 de diciembre en el Boletín Oficial, y fue complementada esta semana por la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció un régimen excepcional y transitorio para garantizar la continuidad operativa y comercial de las centrales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) durante el cambio de manos.

Reprivatización exprés y dólares urgentes para el Tesoro

Las cuatro represas del Comahue, cuyas concesiones originales vencieron en agosto de 2023 tras 30 años de privatización y fueron prorrogadas sucesivamente, ingresan ahora en la etapa final de su transferencia accionaria. El cronograma fijó como fecha límite de pago de las acciones el martes 6 de enero, mientras que la toma de posesión de las nuevas concesionarias se concretará el jueves 8 a las 12:00.

Según fuentes empresarias citadas en el proceso, hacia el lunes 5 de enero ya se había transferido más del 90% del monto total, y el resto se completaría dentro del plazo establecido. Aunque inicialmente el pago había sido fijado en pesos —obligando a las empresas a liquidar divisas en el mercado local—, finalmente se acordó que la transferencia pudiera realizarse directamente en dólares.

Desde el Gobierno confirmaron que “esta semana va a estar el pago”, en referencia al ingreso de los US$ 700 millones, que se convertirán en un refuerzo clave para las cuentas del ministro Luis Caputo en una semana marcada por fuertes exigencias financieras.

Quién se queda con cada represa y cuánto pagó

La adjudicación de los complejos se formalizó en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25, cuya preadjudicación fue dispuesta por la Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía.

Los montos ofertados y adjudicatarios quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Piedra del Águila: adjudicada a Central Puerto S.A., con una oferta de US$ 245 millones.
  • El Chocón: otorgada al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A., junto a MSU Green Energy y Orazul, por US$ 235.671.294.
  • Alicurá: adjudicada al grupo encabezado por Edison Holding S.A., con una oferta de US$ 162.040.002,17.
  • Cerros Colorados: quedó en manos del mismo grupo, por US$ 64.174.002,32.

En conjunto, las cuatro operaciones explican el ingreso de algo más de US$ 700 millones a las arcas del Estado nacional.

Transición regulada y continuidad en el Mercado Eléctrico Mayorista

Para evitar interrupciones en la operación del sistema eléctrico, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 7/2026 el 6 de enero, que habilita un régimen excepcional de continuidad automática como agentes del MEM para las nuevas concesionarias desde la fecha de toma de posesión.

La medida se apoya en el Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios”, aprobado por la Resolución 61/1992, y en las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la Ley 24.065. El objetivo es asegurar la continuidad del despacho, la liquidación de transacciones y la administración de garantías, mientras se completa el trámite formal de cambio definitivo de titularidad.

La resolución instruye a CAMMESA a realizar las adecuaciones necesarias en materia de registración, representación comercial y liquidación, y otorga a las nuevas adjudicatarias un plazo de 30 días corridos desde la toma de posesión para cumplir con la totalidad de los requisitos complementarios previstos en la normativa.

El texto aclara que el régimen tiene carácter “estrictamente transitorio e instrumental”, y no implica la aprobación definitiva del cambio de titularidad ni la modificación del régimen contractual establecido en la Resolución 2124/2025.

Impacto fiscal y señales al mercado

El ingreso de los dólares provenientes de las hidroeléctricas llega en un momento de alta sensibilidad financiera. Con un vencimiento de deuda por US$ 4.200 millones, los fondos de la reprivatización aportan aire al Tesoro y refuerzan la estrategia del Gobierno de monetizar activos para sostener el frente externo.

Al mismo tiempo, el esquema regulatorio dispuesto busca enviar una señal de previsibilidad al sector energético y a los agentes del MEM, garantizando que el cambio de concesionarios no afecte la operación ni la seguridad del sistema eléctrico.

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Economía redefinió las tasas de la CNV, cuánto pagarán mercados, agentes y emisores en 2026

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El Ministerio de Economía formalizó una nueva actualización integral de las tasas de fiscalización, control y aranceles que percibe la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la Resolución 1/2026, publicada el 7 de enero en el Boletín Oficial. La medida redefine los montos que deberán abonar mercados, agentes, emisores y otros participantes del sistema financiero a lo largo de 2026, con impacto directo en la estructura de costos del mercado de capitales argentino y en la estrategia oficial de regulación, supervisión y competitividad del sector.

La decisión se inscribe en el marco de la Ley 26.831 y de una extensa secuencia de actualizaciones normativas iniciada en 2017, y responde tanto a la actualización anual de valores como a los cambios regulatorios y operativos implementados por la CNV durante 2025. En términos prácticos, el nuevo esquema fija montos más elevados en tasas anuales, ajusta denominaciones de agentes, redefine aranceles de autorización y modifica el costo de servicios clave, como los exámenes de idoneidad y certificaciones.

Actualización de tasas: más costos fijos para mercados, agentes y emisores

La Resolución 1/2026 sustituye los anexos vigentes de las resoluciones 87/2017 y 153/2017 del ex Ministerio de Finanzas, incorporando nuevos cuadros tarifarios que regirán durante todo 2026. En materia de Tasas de Fiscalización y Control, se mantienen esquemas de pago anual con montos fijos para mercados y agentes, y porcentuales para fondos comunes de inversión.

Entre los valores más relevantes, los mercados deberán abonar una tasa anual de $112.224.000, mientras que los mercados con funciones de cámara compensadora afrontarán $289.912.000 y las cámaras compensadoras, $177.688.000. En el caso de los agentes, se destacan montos como $374.080.000 para el Agente Depositario Central de Valores Negociables, $46.760.000 para el Agente de Custodia, Registro y Pago, y $18.704.000 para los distintos tipos de Agentes de Liquidación y Compensación.

También se fijaron tasas específicas para proveedores de servicios de activos virtuales, con un pago anual de $5.344.000 para personas humanas y $13.360.000 para personas jurídicas. En el universo de emisores, los de acciones, obligaciones negociables y valores de deuda de corto plazo deberán abonar $2.805.000 anuales, mientras que los emisores de CEDEAR tributarán $468.000 por programa vigente.

En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, se mantienen esquemas porcentuales sobre el patrimonio neto administrado o custodiado, con alícuotas que van desde 0,02% para agentes de administración hasta 0,005% para agentes de custodia, con percepción trimestral.

Aranceles de autorización y “otros servicios”: cambios clave para emisores

La norma también redefine los aranceles de autorización para emisiones de obligaciones negociables, fideicomisos financieros, CEDEAR, CEVA y programas globales. Para las obligaciones negociables autónomas, se establece un arancel del 0,05% sobre el monto autorizado, mientras que para colocaciones por programa global se aplican tasas que oscilan entre 0,01% y 0,04%, según el tipo de trámite y la etapa de la emisión.

Un punto central es la modificación del régimen aplicable a emisores frecuentes y a valores sociales, verdes y sustentables, diferenciando entre emisiones registradas antes del 31 de diciembre de 2025 y aquellas que se inscriban a partir del 1° de enero de 2026. En estos casos, las alícuotas varían entre 0,001% y 0,015%, según el régimen y el tipo de operación, reflejando un intento de adecuar costos a los nuevos esquemas simplificados.

En el apartado de Otros Servicios, se actualizaron valores sensibles para el funcionamiento del mercado. La rendición del examen de idoneidad total pasa a costar $103.000, mientras que la revalidación parcial se fija en $65.000. Además, se incorpora el pago de $87.000 por el Certificado de vigencia de sociedades en el Régimen de Oferta Pública, un servicio que adquiere mayor relevancia en un contexto de mayor fiscalización y control documental.

Fundamentos regulatorios e impacto en el mercado

Según los considerandos de la resolución, la actualización responde a que las tasas de fiscalización y control son montos fijos anuales, actualizados por última vez en diciembre de 2024, y deben reflejar el nivel de actividad administrativa, el uso de recursos económicos y humanos, la capacidad contributiva de los sujetos alcanzados y el valor agregado que cada tipo de entidad aporta al mercado.

Asimismo, el Ministerio de Economía subraya que los cambios acompañan la modernización normativa impulsada por la CNV durante 2025, que amplió funciones de ciertos agentes, simplificó regímenes de autorización y eliminó algunos aranceles, como el de inscripción y ratificación bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Desde el punto de vista institucional, la medida consolida el rol de la CNV como organismo de supervisión con mayor capacidad operativa y financiera propia. En términos económicos, el nuevo esquema implica mayores costos fijos para mercados y agentes, lo que podría trasladarse a tarifas y comisiones, especialmente en un contexto de reactivación gradual del mercado de capitales y de búsqueda oficial de mayor profundidad financiera.

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Economía lanzó un canje dólar linked para enfrentar vencimientos récord

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En el inicio del nuevo régimen cambiario, el Banco Central compró US$ 21 millones y el Ministerio de Economía activó un canje de letras dólar linked para enfrentar vencimientos por más de $6 billones. Las medidas buscan aliviar tensiones de liquidez y sostener la estabilidad cambiaria en un contexto de fuertes compromisos financieros y escasa previsibilidad en la acumulación de reservas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este lunes 5 de enero la compra de US$ 21 millones en el mercado de cambios, en lo que representa la primera adquisición de divisas en nueve meses y el primer movimiento operativo bajo el nuevo régimen cambiario que comenzó a regir a inicios de 2026. En paralelo, el Ministerio de Economía lanzó un canje de letras del Tesoro dólar linked para administrar vencimientos concentrados a mediados de enero y aliviar presiones de liquidez en el mercado financiero.

Ambas decisiones se inscriben en una estrategia oficial orientada a recomponer reservas internacionales, ordenar el frente financiero y atravesar un período crítico marcado por pagos de deuda superiores a US$ 4.100 millones esta semana, con cerca de US$ 3.700 millones en manos de inversores privados, y un elevado volumen de instrumentos atados al dólar con vencimientos inmediatos.

Primeras señales del nuevo esquema cambiario y regreso del BCRA al mercado

La compra de divisas por parte del BCRA se produjo en la segunda jornada financiera del nuevo programa cambiario, anunciado en diciembre y vigente desde el 2 de enero de 2026. Se trata de la primera intervención compradora desde el 3 de abril de 2025, cuando la autoridad monetaria dejó de adquirir dólares tras el acuerdo del Gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la implementación de un sistema de bandas de flotación cambiaria.

El nuevo esquema introduce un cambio relevante: las bandas del tipo de cambio oficial se ajustan mensualmente en función de la inflación oficial con un rezago de dos meses, dejando atrás el mecanismo de actualización diaria. Además, el BCRA anticipó que buscará acumular reservas internacionales mediante compras de dólares siempre que las condiciones de liquidez y demanda de dinero lo permitan, con una meta indicativa que podría alcanzar hasta US$ 10.000 millones en 2026, supeditada al comportamiento monetario del mercado local.

No obstante, operadores del mercado advirtieron que durante la jornada el Tesoro habría intervenido para sostener la estabilidad del dólar, en un contexto de elevada sensibilidad cambiaria. Si bien se trata de cuentas independientes, fuentes financieras señalaron que, ante necesidades de divisas, el Tesoro podría recurrir al BCRA, lo que reabre interrogantes sobre la consistencia del esquema y la coordinación entre política fiscal y monetaria.

Canje dólar linked: Economía busca descomprimir un cuello de botella financiero

En simultáneo, el Ministerio de Economía lanzó una operación de conversión de deuda dólar linked para enfrentar un vencimiento clave previsto para el 16 de enero de 2026. La convocatoria, abierta hasta el miércoles 7 de enero, invita a los tenedores de la LELINK D16E6, que vence el 16/01, a canjearla por la LELINK D30E6, con vencimiento el 30 de enero de 2026, apenas dos semanas más tarde.

El objetivo oficial es asegurar un rollover ordenado, reducir la incertidumbre financiera y evitar tensiones adicionales en el mercado en un mes cargado de compromisos. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), al 16 de enero vencen aproximadamente $6 billones en letras dólar linked, a los que se suman otros $651.000 millones hacia fin de mes, lo que dimensiona la magnitud del desafío para la gestión económica.

La licitación se realizará con un único pliego competitivo. Los participantes deberán indicar el valor nominal en dólares estadounidenses y el precio en dólares por cada VNO USD 1.000, con dos decimales. La adjudicación está prevista para el 12 de enero de 2026 (T+3) y no se pagarán comisiones. El monto máximo a colocar estará limitado por la normativa vigente.

La operación se encuadra en el artículo 2° del Decreto 846/24, que habilita la suscripción en especie. En caso de incumplimiento en la entrega de la LELINK D16E6, la normativa prevé la liquidación mediante débito en pesos en la cuenta CRYL del BCRA, aplicando una penalidad del 20% sobre el valor efectivo y utilizando el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA según la Comunicación “A” 3500.

Impacto y señales al mercado

El regreso del BCRA al mercado cambiario y el lanzamiento del canje dólar linked buscan contener riesgos inmediatos, pero también exponen las tensiones estructurales del programa económico. La elevada concentración de vencimientos, la dependencia de instrumentos indexados al dólar y la limitada previsibilidad en la compra de divisas condicionan la estabilidad financiera de corto plazo.

Para el mercado, el resultado del canje será una señal clave sobre la confianza de los inversores en la capacidad del Tesoro de administrar la deuda en pesos y en dólares bajo el nuevo régimen. Al mismo tiempo, la capacidad del BCRA de sostener compras netas de divisas será determinante para fortalecer reservas y reducir la vulnerabilidad externa.

En un escenario de compromisos crecientes y márgenes estrechos, las decisiones de enero funcionan como una prueba de consistencia del nuevo esquema cambiario y de la coordinación entre política monetaria, fiscal y financiera.

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La presión tributaria cayó 1,1 puntos del PBI en 2025 y fue la más baja en diez años

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La recaudación tributaria nacional cerró 2025 con una baja real del 1% interanual y una caída de 1,1 puntos porcentuales del PBI en la presión tributaria efectiva, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El dato confirma un giro relevante en la política fiscal, con impacto directo sobre las cuentas públicas, el esquema tributario y la relación Nación–provincias.

El año 2025 habría finalizado con una reducción significativa de la presión tributaria efectiva nacional, que se ubicó en el nivel más bajo de los últimos diez años. De acuerdo con el informe de recaudación nacional de diciembre de 2025 elaborado por el IARAF, la relación entre los ingresos tributarios y el tamaño de la economía descendió 1,1 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) respecto de 2024, en un contexto marcado por la eliminación del impuesto PAIS y la reducción de la carga sobre varios tributos clave.

En términos reales, la recaudación tributaria nacional acumulada del año habría registrado un descenso del 1% interanual, sin lograr compensar la baja de impuestos aplicada durante el ejercicio. El informe, fechado el 2 de enero de 2026, se apoya en datos difundidos por ARCA y utiliza como supuesto una inflación mensual del 2,5% para diciembre.

Cinco meses consecutivos de caída y fuerte impacto en derechos de exportación

El informe señala que en diciembre de 2025 se registró la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total, con una baja del 3% real respecto del mismo mes de 2024. Al excluir los tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual habría sido nula, lo que refleja el peso de estos impuestos en el desempeño global de los ingresos fiscales.

Al analizar el comportamiento por tributo, la mayor caída real interanual correspondió a los derechos de exportación, con un desplome del 58%, incluso sin considerar la eliminación del impuesto PAIS. Según el IARAF, este retroceso estuvo directamente vinculado a la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario.

Le siguieron los impuestos internos, con una baja real interanual del 25%, y Bienes Personales, con una contracción del 19%, explicada por la comparación con una base elevada de diciembre de 2024 y por la reducción de alícuotas.

Entre los tributos de mayor peso, el IVA, principal impuesto del sistema, registró una caída real del 6,8%, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social, segundo rubro en importancia, descendieron un 1,2% real interanual.

En contraposición, los tributos con mayor incremento real en diciembre fueron los derechos de importación (+12,6%), el impuesto a las ganancias (+9,7%) y el impuesto a los combustibles (+5%), mostrando una recomposición parcial de ingresos por la vía del comercio exterior y el consumo específico.

Un año completo en retroceso y presión tributaria en mínimos históricos

Considerando el total de 2025, la recaudación tributaria nacional habría caído un 1% real respecto de 2024. Sin embargo, el informe aclara que, si se excluyen los tributos vinculados al comercio exterior, la recaudación total habría aumentado un 4,5% real interanual, lo que pone en evidencia el efecto contractivo de la política tributaria sobre ese segmento.

En el acumulado anual, los tributos con mayor caída real fueron Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e internos coparticipados (-11,7%). En sentido inverso, los mayores incrementos se observaron en el impuesto a los combustibles (+42,9%), derechos de importación (+22,3%) y seguridad social (+13,8%).

El relevamiento histórico del IARAF muestra que la recaudación tributaria nacional de 2025 se ubicó en el noveno lugar de los últimos diez años, bajo un orden de mayor a menor, y fue 6,6% inferior en términos reales a la de 2023.

Más contundente aún es el dato sobre presión tributaria efectiva: en el período 2016–2025, el año 2025 ocupa el último lugar, consolidando una tendencia descendente que redefine el esquema de ingresos del Estado nacional y abre interrogantes sobre su sostenibilidad fiscal y el financiamiento de políticas públicas.

Implicancias fiscales y desafíos hacia adelante

El informe del IARAF refleja un cambio estructural en la relación entre el Estado y la economía, con menor presión tributaria pero también con menores recursos reales disponibles. Este escenario impacta de lleno en la capacidad fiscal de la Nación, en el esquema de coparticipación y en la planificación presupuestaria, especialmente en un contexto donde la recaudación muestra señales persistentes de debilidad.

La evolución de los ingresos tributarios en 2026 dependerá, en gran medida, del desempeño de la actividad económica, de la dinámica del comercio exterior y de eventuales ajustes en la política impositiva. Por ahora, los datos confirman que 2025 marcó un punto de inflexión en la presión tributaria argentina.

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El Gobierno unifica los subsidios energéticos y crea el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados desde 2026

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El Poder Ejecutivo Nacional formalizó una reforma estructural del esquema de subsidios a la energía mediante el Decreto 943/2025, publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de enero de 2026, que unifica todos los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y da nacimiento al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida elimina la segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022, crea un nuevo registro único de beneficiarios y redefine criterios de inclusión, bloques de consumo subsidiado y bonificaciones aplicables a la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y el gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas.

El nuevo esquema marca el cierre definitivo del Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, iniciado en junio de 2024, y se inscribe en la estrategia fiscal y macroeconómica del Gobierno orientada a la reducción del déficit, la baja de la inflación y la mejora en la eficiencia del gasto público. Según los considerandos del decreto, los subsidios energéticos pasaron de representar 1,42% del PIB en 2023 a 0,60% del PIB en 2025, en el marco de una política explícita de focalización del gasto.

Del esquema segmentado al padrón único: criterios de inclusión y nuevo registro

Uno de los cambios centrales del Decreto 943/2025 es la eliminación del esquema de segmentación en tres niveles de ingresos, establecido originalmente por el Decreto 332/2022. El Gobierno argumenta que ese sistema se mostró “complejo y poco transparente”, dificultando tanto la identificación de los hogares que realmente necesitan asistencia como la comprensión, por parte de los usuarios, de su elegibilidad al subsidio.

En su reemplazo, el decreto crea una única categoría de beneficiarios, integrada por los hogares que soliciten y requieran asistencia económica para acceder al consumo energético indispensable, conforme a criterios objetivos y verificables detallados en el Anexo I. El umbral de ingresos se fija en valores iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar 2, según el INDEC, considerando los ingresos netos del grupo familiar en su conjunto.

La reforma también da origen al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. El ReSEF se construirá sobre la base de datos existente del RASE, por lo que los usuarios ya inscriptos no deberán reinscribirse, aunque podrán actualizar su declaración jurada de ingresos, grupo conviviente y fuentes de suministro energético.

El decreto mantiene el acceso digital al registro y el canal presencial en ANSES, y prevé mecanismos de revisión de categorización a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Asimismo, se establece el cruce sistemático de información con bases de datos del SINTyS y otros organismos, junto con criterios de georreferenciación e indicadores patrimoniales, para reducir errores de inclusión y exclusión.

Bloques de consumo, bonificaciones y gradualidad del nuevo esquema

El régimen SEF redefine los bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh en los meses de menor consumo. La Secretaría de Energía queda facultada a establecer consumos diferenciales para provincias más cálidas o zonas con particularidades bioambientales.

Para el gas natural, se mantienen los volúmenes base definidos en las Resoluciones 686/2022 y 91/2024, extendidos ahora también a los usuarios de gas propano indiluido por redes, que hasta el momento no estaban contemplados en el RASE. Los consumos que superen esos bloques no recibirán bonificación.

En materia de descuentos, el Anexo II fija una bonificación general del 50% sobre el consumo base de electricidad durante todo el año. En el caso del gas natural y del gas propano por redes, las bonificaciones se concentran en los meses de mayor consumo estacional. Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria adicional de hasta el 25%, decreciente a lo largo del año, con el objetivo de garantizar gradualidad y previsibilidad en las facturas.

El decreto establece que, para el gas natural, las bonificaciones se aplicarán exclusivamente sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) derivado del Plan Gas.Ar, excluyendo el gas natural licuado (GNL) y nuevos contratos fuera de ese esquema. Con ello, se busca atenuar el doble efecto estacional que combina mayores consumos y precios más altos en invierno.

Decreto 943/2025 Subsidios Energéticos by CristianMilciades

Unificación normativa, fin de la Tarifa Social y migración del Programa Hogar

La creación del SEF implica una reorganización integral de los regímenes vigentes. El decreto deja sin efecto la Tarifa Social Federal de Gas y dispone la derogación del Decreto 332/2022, que había instaurado la segmentación por niveles de ingresos. También establece la migración, en un plazo máximo de seis meses, de los beneficiarios del Programa Hogar al nuevo régimen de subsidios focalizados para usuarios de garrafas de GLP de 10 kilos, tras lo cual dicho programa será eliminado.

Según el texto oficial, esta unificación busca corregir inequidades horizontales derivadas de la superposición de esquemas como la segmentación, la Tarifa Social y el Régimen de Zona Fría, que generaban tratamientos dispares para hogares con condiciones socioeconómicas similares y confusión en las facturas de los servicios.

anexo 1 Subsidios Energéticos by CristianMilciades

La Secretaría de Energía fue designada Autoridad de Aplicación, con amplias facultades para ajustar volúmenes subsidiados, bonificaciones, mecanismos de compensación a prestadoras y acuerdos con proveedores, además de dictar normas complementarias. El ENARGAS y el ENRE deberán aplicar los nuevos criterios en cuadros tarifarios y facturación, mientras que se invita a provincias y entes reguladores locales a adherir al esquema para asegurar cobertura nacional.

anexo 2 Subsidios Energéticos by CristianMilciades

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