Ministerio de Economía

Tras el pago a los bonistas, el riesgo país cae a 405 puntos y alcanza su nivel más bajo desde 2018

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La estrategia financiera del Gobierno volvió a encontrar una señal favorable en los mercados internacionales. Tras concretar el primer desembolso correspondiente al vencimiento de deuda por US$4.300 millones, el riesgo país descendió hasta los 405 puntos básicos, su menor nivel desde 2018 y uno de los registros más bajos de toda la gestión de Javier Milei. La reducción refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de la Argentina y fortalece el objetivo oficial de recuperar el acceso al financiamiento internacional.

En una jornada sin operaciones en la Bolsa porteña debido al feriado por el Día de la Independencia, el indicador elaborado por JP Morgan retrocedió tres puntos, equivalente a una baja del 0,7%, acumulando una caída cercana al 5% en lo que va del mes. La evolución se produjo inmediatamente después de que el Tesoro iniciara el pago de los vencimientos derivados de la reestructuración de la deuda soberana.

El esquema de pagos previsto por el Gobierno contempla un desembolso total de US$4.300 millones. Una primera transferencia, cercana a los US$2.500 millones, fue acreditada antes del feriado, mientras que el saldo restante será cancelado el próximo lunes, una vez reanudada la operatoria financiera tras el fin de semana largo.

La reacción positiva del mercado también estuvo respaldada por la presentación del programa financiero para 2026 y 2027, mediante el cual el Ministerio de Economía detalló la estrategia para afrontar los futuros compromisos de deuda sin comprometer el equilibrio fiscal. Esa hoja de ruta fue bien recibida por los operadores, que interpretan una mayor previsibilidad en la administración de los pasivos soberanos.

La baja del riesgo país encuentra además respaldo en el comportamiento de los bonos argentinos. Aunque las cotizaciones mostraron movimientos mixtos durante la jornada, los títulos soberanos acumulan ganancias de hasta 1,7% en el transcurso de julio, consolidando una recuperación que comenzó luego de conocerse el cronograma financiero oficial.

No obstante, el desempeño de los activos argentinos en Wall Street mostró un tono diferente. Los ADR de empresas nacionales operaron mayoritariamente en terreno negativo, reflejando una toma de ganancias luego de las fuertes subas registradas en las semanas anteriores. Las mayores caídas correspondieron a Supervielle, con una baja del 2,6%; YPF, que retrocedió 2,4%; Central Puerto, con un descenso del 1,9%; y Pampa Energía, que perdió 1,7%. En contraste, Globant avanzó 4,4% y Ternium ganó 1,8%, destacándose entre las excepciones de la jornada.

Mientras tanto, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires permaneció sin actividad por el feriado nacional. En la última rueda operativa, el índice S&P Merval había cerrado con una baja del 0,7%, ubicándose en 3.204.227 puntos, mientras que medido en dólares registró una caída del 1,7%. Entre las acciones con mayores retrocesos se destacaron BBVA, Metrogas y Supervielle, mientras que Sociedad Comercial del Plata, YPF y Bolsas y Mercados Argentinos lograron finalizar con variaciones positivas.

La evolución del riesgo país continúa siendo uno de los principales indicadores observados por el mercado. Una eventual perforación del umbral de los 400 puntos básicos representaría un nuevo respaldo para la estrategia económica del Gobierno y acercaría a la Argentina a condiciones de financiamiento más favorables, un objetivo clave para consolidar la estabilización macroeconómica y recuperar gradualmente el acceso al crédito internacional.

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El Gobierno descarta un “plan platita” y apuesta al crédito como motor de la actividad

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Mientras el calendario electoral comienza a marcar el ritmo de la política, el Gobierno nacional busca reforzar uno de los ejes centrales de su estrategia económica: expandir el crédito sin abandonar el equilibrio fiscal. El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que la administración de Javier Milei trabaja en nuevas herramientas para facilitar el financiamiento al sector privado, aunque descartó de plano la implementación de un “plan platita” orientado a estimular el consumo mediante un mayor gasto público.

La definición no es menor. En un contexto donde distintos sectores reclaman señales para reactivar la actividad económica, el equipo económico intenta sostener un discurso de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica, diferenciándose de estrategias aplicadas en años electorales por administraciones anteriores.

“Estamos trabajando en muchas alternativas para facilitar este crédito. Lo que puedo decir es que no podemos tomar atajos, no hay soluciones fáciles ni populistas. Lo vamos a dar y vamos a tener. No va a haber plan platita”, sostuvo Daza al explicar la orientación que busca imprimir el Ministerio de Economía.

La apuesta oficial consiste en consolidar un esquema donde el crecimiento de la inversión privada reemplace al impulso tradicional del gasto público. Según el funcionario, el acceso al crédito será un componente central para sostener la expansión económica en los próximos años, en la medida en que continúe estabilizándose el escenario macroeconómico.

En esa línea, Daza buscó también enviar una señal de previsibilidad de cara al proceso electoral de 2027. Sostuvo que los comicios, por sí mismos, no representan un factor de inestabilidad económica y argumentó que las crisis suelen originarse en desequilibrios fiscales, monetarios o financieros.

“Por primera vez en cuatro décadas vamos a ir a una elección con superávit fiscal, superávit externo, bancos bien calzados, reservas y un tipo de cambio flotante. No hay país que vaya a una elección con una posición más sólida que la Argentina”, afirmó el viceministro, reforzando uno de los principales argumentos del oficialismo para defender su programa económico.

Las tasas siguen siendo el principal desafío

Uno de los puntos sobre los que hizo foco el funcionario fue el elevado costo del financiamiento, un aspecto que continúa limitando tanto el acceso al crédito empresarial como el destinado a las familias.

Según explicó, la persistencia de tasas elevadas responde principalmente a la cautela del sistema financiero luego de varios años de alta volatilidad macroeconómica.

“Los bancos no bajan la tasa que le prestan del 60 o 70% a un 40% porque todavía tienen temor a que vuelva la volatilidad. Hay un conjunto de factores que influyen”, explicó.

No obstante, destacó que el financiamiento destinado a empresas muestra señales de recuperación. Indicó que el crédito corporativo viene creciendo en términos reales a un ritmo cercano al 1,9% mensual, impulsado principalmente por préstamos de corto plazo orientados al capital de trabajo.

Para el equipo económico, ese comportamiento constituye un indicador temprano de recuperación de la actividad, aunque reconocen que todavía resta consolidar un mercado crediticio de largo plazo.

La situación es distinta para los préstamos personales e hipotecarios, donde las tasas continúan en niveles elevados debido al mayor horizonte temporal de esos créditos y al riesgo que aún perciben las entidades financieras.

La presión tributaria, otro obstáculo para el financiamiento

Daza también identificó a la estructura impositiva como uno de los principales factores que encarecen el crédito en Argentina.

“La cascada de impuestos hace que el crédito sea inaccesible o impagable para mucha gente. Tenemos que limpiar y solucionar ese problema”, sostuvo.

El funcionario admitió además que durante los últimos meses aumentó la mora en algunos segmentos del sistema financiero como consecuencia de la volatilidad y del incremento de las tasas de interés, aunque consideró que el proceso tenderá a normalizarse si continúa consolidándose la estabilidad macroeconómica.

Con este discurso, el Ministerio de Economía intenta sostener una narrativa basada en la prudencia fiscal y en el desarrollo del crédito privado como herramienta de crecimiento, diferenciándose de políticas expansivas de corto plazo. A pocos meses del inicio del proceso electoral, el mensaje oficial busca transmitir que la recuperación económica deberá apoyarse en la inversión, la estabilidad y el financiamiento, sin recurrir a mecanismos extraordinarios de estímulo al consumo que impliquen un deterioro de las cuentas públicas.

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Economía aprueba dos préstamos por hasta US$3.200 millones con respaldo del Banco Mundial y el BID

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El Ministerio de Economía avanzó con una nueva estrategia de financiamiento externo al aprobar dos préstamos por hasta US$3.200 millones respaldados por organismos multilaterales. La operación busca mejorar el perfil de la deuda, reducir el costo del crédito internacional y ampliar el acceso del Tesoro a los mercados de capitales en un contexto de normalización financiera.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda oficializaron, mediante las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42/2026, la instrumentación de dos operaciones de crédito internacional que suman hasta US$3.200 millones, una con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos integrantes del Grupo Banco Mundial, y otra con respaldo parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La decisión se inscribe dentro de la estrategia financiera del Gobierno nacional para diversificar las fuentes de financiamiento y disminuir el costo del endeudamiento mediante el uso de garantías multilaterales, una herramienta que reduce el riesgo percibido por los acreedores y permite acceder a mejores condiciones crediticias.

La mayor de las operaciones corresponde a un préstamo de hasta US$2.000 millones, que será otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander S.A., con garantía del esquema BIRF/MIGA. Paralelamente, Economía aprobó un segundo financiamiento de hasta US$1.200 millones con Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado parcialmente por el BID mediante una garantía de US$550 millones.

Las tres resoluciones fueron firmadas por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La Resolución 42 corrige un error material de la Resolución 40 respecto de la denominación jurídica del Banco Santander, sin modificar las condiciones financieras de la operación.

Garantías multilaterales para bajar el costo del crédito

El elemento central de estas operaciones es la utilización de garantías otorgadas por organismos multilaterales de crédito. Este mecanismo permite que una parte del riesgo soberano sea asumido por entidades como el Banco Mundial o el BID, mejorando la percepción de los mercados internacionales sobre el préstamo.

Desde el punto de vista financiero, esto se traduce en tasas de interés más bajas, mayores plazos y mejores condiciones de acceso para el Tesoro argentino.

El esquema forma parte de una tendencia creciente entre economías emergentes que buscan recuperar financiamiento privado sin depender exclusivamente de emisiones tradicionales de bonos soberanos.

Cómo queda estructurado el financiamiento. Las resoluciones establecen que US$2.000 millones serán financiados por BBVA Nueva York y Banco Santander S.A., con garantía BIRF/MIGA. US$1.200 millones serán otorgados por Deutsche Bank AG, London Branch, con garantía parcial del BID por US$550 millones. En ambas operaciones se reconoce una comisión de estructuración del 0,50% sobre el monto financiado. The Bank of New York Mellon (BNY) actuará como agente administrador de ambos préstamos. El Banco Nación será el agente de proceso en Nueva York.

Asimismo, las operaciones contemplan cláusulas de prórroga de jurisdicción hacia tribunales de Nueva York, autorizadas previamente por el Decreto 478/2026, aunque el Gobierno aclara que ello no implica renuncia a la inmunidad de ejecución sobre los bienes protegidos del Estado argentino, tal como establece la legislación vigente.

Qué significa para la estrategia económica

La utilización de créditos garantizados por organismos multilaterales refleja un cambio en la composición del financiamiento del sector público.

En lugar de recurrir exclusivamente a colocaciones abiertas de deuda soberana —que suelen exigir mayores rendimientos cuando aumenta el riesgo país—, el Tesoro busca aprovechar el respaldo institucional del Banco Mundial y del BID para reducir el costo financiero.

Para los inversores internacionales, la participación de estos organismos constituye una señal de mitigación del riesgo crediticio, facilitando la colocación de préstamos en mejores condiciones.

Aunque se trata de operaciones destinadas al financiamiento del Estado nacional, su efecto trasciende el plano fiscal.

Una mejora en el perfil de vencimientos y en el costo del endeudamiento contribuye a estabilizar las necesidades financieras del Tesoro, un factor que incide sobre el mercado cambiario, la disponibilidad de crédito y el costo del financiamiento para el sector privado.

Para las economías regionales del NEA, incluida Misiones, un escenario de mayor estabilidad macroeconómica puede traducirse en condiciones más favorables para acceder al crédito de inversión y para sostener proyectos vinculados a infraestructura, exportaciones y desarrollo productivo.

No obstante, el verdadero impacto dependerá de que esta estrategia logre consolidarse en el tiempo y contribuya a reducir el riesgo soberano, variable que continúa siendo uno de los principales determinantes del costo financiero que enfrentan las empresas argentinas.

El mercado seguirá de cerca si estas operaciones representan el inicio de un acceso más fluido al financiamiento internacional o si constituyen una herramienta puntual dentro de la administración de pasivos del Tesoro. La capacidad de combinar crédito multilateral, disciplina fiscal y reducción del riesgo país será uno de los factores que definirá el costo del capital para la economía argentina durante los próximos años.

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Caputo presentó el Programa Financiero 2026-2027

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El Gobierno nacional presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027, una hoja de ruta con la que busca consolidar el proceso de estabilización macroeconómica, sostener la reducción del riesgo país y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda sin depender, al menos en el corto plazo, de emisiones en los mercados internacionales.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes expusieron una estrategia basada en tres pilares: mantener el superávit fiscal, preservar una trayectoria descendente de la relación deuda/PBI y maximizar la flexibilidad financiera mediante fuentes de financiamiento de menor costo.

El dato central del programa es que para 2026 el Gobierno proyecta necesidades financieras por US$ 19.200 millones frente a fuentes estimadas por US$ 22.900 millones, lo que generaría un excedente de financiamiento de aproximadamente US$ 3.700 millones. Ese colchón sería utilizado para afrontar parte de los vencimientos de 2027, reduciendo las necesidades de financiamiento del próximo año.

Según explicó Furiase, el objetivo consiste en que las nuevas fuentes de financiamiento se utilicen exclusivamente para refinanciar vencimientos de capital, mientras que los intereses continúen siendo afrontados con el superávit primario. Esa lógica, sostuvo, permite mantener una trayectoria de deuda sostenible sin incrementar el endeudamiento neto del Estado.

Uno de los conceptos más repetidos durante la presentación fue el de “opcionalidad”. Tanto Caputo como Daza remarcaron que el programa fue diseñado con distintas alternativas de financiamiento disponibles para minimizar costos y evitar decisiones forzadas en función de la volatilidad internacional. Daza sostuvo que la flexibilidad constituye un activo económico en escenarios de incertidumbre y que la estrategia financiera fue concebida para preservar esa capacidad de maniobra.

Menos deuda y objetivo de grado de inversión

El equipo económico insistió en que la estrategia no apunta únicamente a refinanciar vencimientos sino también a continuar reduciendo el peso de la deuda pública sobre la economía.

Furiase aseguró que la deuda pública con privados y organismos internacionales —incluyendo los pasivos remunerados del Banco Central— pasó de representar cerca del 99% del Producto Bruto en diciembre de 2023 a 39,7% en la actualidad. Bajo supuestos considerados conservadores, la proyección oficial prevé que ese indicador continúe descendiendo hasta ubicarse cerca de 37,3% del PBI en los próximos cinco años.

En esa línea, Daza planteó que el objetivo estratégico del Gobierno es alcanzar antes de 2031 las métricas compatibles con el grado de inversión, condición que Argentina nunca logró mantener de manera sostenida. Aclaró, sin embargo, que ello dependerá también de las evaluaciones de las calificadoras internacionales y no constituye una promesa oficial.

Otro de los ejes centrales consiste en privilegiar préstamos garantizados por organismos multilaterales antes que emisiones tradicionales de deuda en los mercados internacionales.

Dentro del programa se prevén alrededor de US$ 4.000 millones mediante líneas con garantía de organismos internacionales. Entre ellas figura un préstamo respaldado por el Banco Mundial por aproximadamente US$ 2.000 millones, otro esquema con garantía del BID por US$ 1.200 millones y una línea adicional cercana a US$ 1.000 millones aún en desarrollo. Según el Ministerio de Economía, estos instrumentos ofrecen plazos más extensos y costos financieros considerablemente inferiores a los que implicaría una emisión soberana tradicional.

El esquema también contempla desembolsos del Fondo Monetario Internacional por US$ 1.900 millones, de los cuales US$ 1.000 millones serán destinados a continuar el proceso de recapitalización del Banco Central mediante la recompra de Letras Intransferibles.

Superávit, reservas y riesgo país

Durante la exposición, Caputo sostuvo que el programa financiero sólo resulta posible gracias al equilibrio fiscal alcanzado desde el inicio de la gestión y a la recomposición de reservas del Banco Central.

El ministro afirmó que el Tesoro ya adquirió al Banco Central cerca de US$ 6.700 millones durante el año y remarcó que la estrategia busca continuar saneando el balance de la autoridad monetaria, reducir la deuda intra sector público y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Furiase agregó que el riesgo país cayó desde niveles cercanos a los 2.700 puntos básicos al inicio de la administración hasta aproximadamente 414 puntos, indicador que considera determinante para reducir el costo del crédito para empresas y familias y favorecer las inversiones privadas.

Caputo evitó anticipar cómo reaccionarán los mercados tras la presentación del programa, aunque sostuvo que el Gobierno continuará brindando previsibilidad mediante disciplina fiscal y monetaria para seguir reduciendo el riesgo soberano. También confirmó que el próximo pago de bonos en dólares será afrontado con recursos ya disponibles en la cuenta del Tesoro y con ingresos adicionales provenientes de garantías, asegurando que existirán reservas suficientes para cumplir con los vencimientos.

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Economía modificó el contrato con Sullivan & Cromwell para reforzar la estrategia de defensa en los juicios internacionales contra la Argentina

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El Ministerio de Economía aprobó una nueva enmienda al contrato con el estudio jurídico estadounidense Sullivan & Cromwell LLP, encargado de representar al Estado argentino en litigios de alto impacto financiero vinculados a los cupones atados al PBI y a la expropiación de YPF. La medida no implica una nueva contratación, sino una actualización de las condiciones operativas para administrar una cartera de causas que continúa evolucionando y que puede tener efectos sobre las finanzas públicas y el costo de financiamiento del país.

La Resolución 882/2026, publicada en el Boletín Oficial, sustituye el anexo vigente de las bases de contratación firmadas en 2021 con el estudio Sullivan & Cromwell LLP. El Ministerio de Economía argumenta que la modificación responde a la necesidad de adaptar el esquema de trabajo a la dinámica de los procesos judiciales actuales y futuros que enfrenta la Argentina en tribunales del exterior.

La representación legal comprende algunos de los litigios más sensibles para el Estado argentino: las demandas relacionadas con los títulos públicos atados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y las causas derivadas de la expropiación de la mayoría accionaria de YPF, dos frentes con potencial impacto sobre el patrimonio público y la percepción internacional del riesgo soberano.

Una actualización contractual, no una nueva adjudicación

La resolución aclara que el vínculo con Sullivan & Cromwell se mantiene dentro del régimen especial establecido por el Decreto 946/2020, que excluyó este tipo de contrataciones internacionales del régimen general de compras públicas debido a la necesidad de contar con representación especializada en jurisdicciones extranjeras.

La decisión administrativa aprueba una nueva enmienda que reemplaza el anexo incorporado en 2025 por otro documento actualizado, elaborado de común acuerdo entre el Ministerio y el estudio jurídico. El texto oficial señala que las modificaciones buscan mejorar la administración de la cartera de litigios presente y futura, aunque no detalla públicamente los cambios específicos incorporados en el nuevo anexo.

El propio expediente indica que Sullivan & Cromwell manifestó formalmente su conformidad con las modificaciones propuestas antes de la aprobación de la resolución.

Aunque la medida tiene un carácter jurídico-administrativo, su relevancia trasciende el ámbito legal. La evolución de estos litigios puede incidir sobre variables que siguen de cerca empresas, bancos e inversores.

Entre los principales efectos potenciales se destacan la exposición patrimonial del Estado frente a eventuales sentencias internacionales. La percepción del riesgo argentino en los mercados financieros. Las condiciones de acceso al financiamiento soberano, con impacto indirecto sobre el costo del crédito para el sector privado. La previsibilidad jurídica en procesos vinculados a emisiones de deuda y disputas internacionales.

Para las economías regionales del NEA, estos procesos no tienen un efecto directo sobre la actividad cotidiana, pero sí forman parte del entorno macroeconómico que condiciona inversiones en infraestructura, acceso al crédito y disponibilidad de financiamiento para proyectos productivos.

Defensa legal como componente de la estrategia financiera

La contratación de estudios jurídicos especializados en Nueva York y Londres constituye una práctica habitual en litigios internacionales donde los Estados aceptaron jurisdicciones extranjeras al emitir deuda o celebrar determinados contratos.

En este caso, Economía sostiene que la actualización contractual permitirá administrar con mayor eficiencia una cartera de causas cuya complejidad exige equipos especializados en derecho financiero internacional y litigios transnacionales.

La resolución tampoco modifica el objeto original de la contratación ni incorpora nuevos procesos judiciales de manera explícita, sino que actualiza las bases bajo las cuales continuará desarrollándose la representación legal.

El cambio administrativo no altera el estado procesal de las demandas, pero confirma que el Gobierno considera necesario mantener y adaptar su estrategia jurídica frente a litigios que continúan abiertos. Para el mercado, el foco seguirá puesto menos en esta modificación contractual que en la evolución de las causas judiciales y en el eventual impacto que puedan tener sobre las cuentas públicas y la capacidad financiera del Estado argentino.

Anexo Resolución 882/2026 by CristianMilciades

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