Ministerio de Economía

El Gobierno autorizó una nueva soja transgénica resistente a insectos y herbicidas

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El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 169/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, aprobó la comercialización de la soja genéticamente modificada DBN-Ø82Ø5-8, desarrollada por DBNBC Argentina S.R.L.. El evento biotecnológico otorga protección contra insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, en una medida que combina respaldo técnico, aval regulatorio y potencial impacto en la competitividad del agro argentino.

La autorización se enmarca en la Resolución 763/2011, que exige tres dictámenes técnicos independientes para liberar al mercado un organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM).

  • La CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) concluyó que la soja “no presenta nuevos riesgos o riesgos incrementados respecto del cultivo de otras sojas” y que su liberación es tan segura como la de cualquier variedad comercial.
  • El SENASA, mediante la Nota NO-2024-97798779, determinó que el producto es apto para consumo humano y animal, al ser igual de seguro y nutritivo que las variedades convencionales.
  • La Dirección de Políticas de la Secretaría de Agricultura verificó que no existen riesgos para la producción y exportación del poroto y derivados de este evento.

El proceso incluyó una convocatoria pública de comentarios publicada el 19 de marzo de 2025 en el Boletín Oficial, sin que se registraran objeciones.

Condiciones y obligaciones para la empresa

La resolución establece que antes de inscribir la soja en el Registro Nacional de Cultivares (INASE), la empresa deberá presentar un Plan de Manejo de Resistencia de Insectos (PMRI), sujeto a evaluación de la CONABIA y la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía.

Asimismo, DBNBC Argentina S.R.L. queda obligada a:

  • Informar de inmediato cualquier nueva evidencia científica que pudiera modificar las conclusiones técnicas que sustentaron la autorización.
  • Cumplir con las normativas de control de SENASA y organismos competentes.
  • Atender las disposiciones regulatorias vigentes en bioseguridad, consumo y comercio internacional.

La medida puede revocarse si surgiera información científica que invalide los dictámenes actuales.

La soja es el principal complejo exportador de la Argentina, generando más del 25% de las divisas del país. La aprobación de un nuevo evento biotecnológico representa un avance estratégico para sostener la competitividad frente a países productores como Brasil y Estados Unidos.

En el plano interno, el uso de variedades resistentes a insectos y herbicidas promete reducir costos productivos y mejorar rendimientos, aunque también reaviva el debate sobre el uso de agroquímicos, el manejo sustentable y la aceptación en mercados internacionales.

En este sentido, la resolución subraya que el producto es “tan seguro como cualquier otra soja comercial” y no compromete el acceso a mercados de exportación, aunque su adopción quedará supeditada a la aprobación en los principales destinos compradores, como la Unión Europea y China.

La decisión se suma a una tendencia creciente de autorizaciones de cultivos transgénicos en Argentina, que ya cuenta con más de 60 eventos aprobados en soja, maíz y algodón. Para el Gobierno, la medida se enmarca en una estrategia de innovación tecnológica aplicada al agro y responde a la necesidad de sostener la productividad en un contexto de alta presión internacional sobre precios y oferta global de alimentos.

El próximo paso será la inscripción en el INASE y la presentación del Plan de Manejo de Resistencia. Una vez cumplidos esos requisitos, la semilla podrá ser comercializada y sembrada en todo el país, consolidando a Argentina como uno de los líderes mundiales en la adopción de biotecnología agrícola.

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El Tesoro reestructura deuda en pesos con el BCRA y amplía emisiones por $9 billones

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El Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución Conjunta 42/2025, un canje de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que permitirá extender vencimientos de corto plazo hacia 2026 y reducir la presión financiera inmediata. La medida incluye la ampliación de dos letras del Tesoro (LECAP) por hasta $4,5 billones cada una, consolidando un paquete de conversión que busca mejorar el perfil de la deuda en pesos.

El canje se enmarca en el artículo 37 de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025, y en lo dispuesto por el Decreto 331/2022 y sus modificatorias, que habilitan operaciones de conversión de deuda utilizando distintos instrumentos.

El Ministerio de Economía —a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda— fundamentó la decisión en la necesidad de administrar los vencimientos concentrados en el último trimestre de 2025. En particular, se busca descomprimir el pago de la Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 12 de septiembre de 2025 (LECAP S12S5), originalmente emitida por la Resolución Conjunta 52/2024.

El canje ofrece al BCRA una canasta diversificada de instrumentos con vencimientos posteriores:

  • 20% en la LECAP S10N5 (10 de noviembre de 2025).
  • 40% en la LECAP S16E6 (16 de enero de 2026).
  • 40% en la LECAP S27F6 (27 de febrero de 2026).

Según el artículo 3° de la resolución, los precios de la operación se determinaron en base a las pantallas de BYMA del 5 de septiembre de 2025, con liquidación prevista para el 8 de septiembre.

Ampliación de emisiones y rol del BCRA

Para viabilizar la conversión, se autorizó la ampliación de la emisión de la LECAP S16E6 y de la LECAP S27F6 por hasta $4,5 billones de valor nominal original cada una. De este modo, el Tesoro garantiza la disponibilidad de instrumentos suficientes para cubrir el traspaso de títulos en manos del BCRA.

La medida fue firmada por los secretarios Pablo Quirno Magrane (Finanzas) y Carlos Jorge Guberman (Hacienda), y faculta a la Oficina Nacional de Crédito Público y dependencias técnicas a instrumentar los contratos.

Fuentes oficiales explicaron que este esquema “apunta a administrar de manera prudente la curva de vencimientos en pesos y reforzar la coordinación entre Tesoro y Banco Central en un contexto de elevada volatilidad financiera”.

El canje tiene tres implicancias principales:

  1. Alivio inmediato: evita un pago concentrado en septiembre de 2025 que podía tensionar las cuentas públicas y el mercado cambiario.
  2. Extensión de plazos: traslada vencimientos al inicio de 2026, suavizando el perfil de deuda local.
  3. Señal de coordinación: ratifica el rol del BCRA como actor central en la absorción y manejo de deuda pública.

Desde el mercado, la operación se interpreta como parte de una estrategia más amplia para sostener la demanda de títulos en pesos y reforzar la estabilidad cambiaria hacia el proceso electoral de 2025. Sin embargo, analistas advierten que la concentración de vencimientos en el verano 2026 podría convertirse en un nuevo punto de tensión si no se acompaña con un programa de financiamiento más integral.

De acuerdo con el propio Ministerio de Economía, la conversión se enmarca dentro de los límites de endeudamiento autorizados por la Ley de Presupuesto. En lo inmediato, se espera que esta operatoria brinde previsibilidad y reduzca la presión sobre reservas internacionales.

Hacia adelante, el desafío será sostener la confianza de inversores institucionales y privados en los instrumentos en pesos. Si el Tesoro logra encadenar nuevas operaciones de financiamiento en el mercado local, podría consolidar una estrategia de rolleo ordenado de la deuda doméstica.

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Defensa del Consumidor: el Gobierno refuerza el derecho de arrepentimiento en compras online

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Una nueva normativa centraliza y actualiza los derechos en contratos a distancia y comercio electrónico

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, publicó en el Boletín Oficial la Disposición 954/2025, que actualiza y unifica la normativa vinculada al derecho de arrepentimiento y a la baja de servicios contratados a distancia. La medida exige a los proveedores habilitar en sus sitios web accesos directos visibles denominados “Botón de Arrepentimiento” y “Botón de Baja de Servicios”, con el objetivo de simplificar los trámites para los usuarios y reforzar la transparencia en el comercio electrónico.

El texto establece que, al hacer uso de estas herramientas, los consumidores no deberán registrarse ni atravesar trámites adicionales. Además, fija un plazo de 24 horas para que las empresas confirmen la solicitud con un código de identificación y concreten la baja o revocación.

El marco regulatorio previo estaba basado en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 10 ter habilita al usuario a rescindir contratos por el mismo medio en que fueron celebrados. Complementariamente, las resoluciones 316/2018 y 424/2020 habían reglamentado el derecho de baja y de arrepentimiento, mientras que la Resolución 227/2023 delegó facultades en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

La nueva disposición deroga las resoluciones de 2018 y 2020 y consolida en un solo texto actualizado las obligaciones de proveedores y derechos de los consumidores. El Gobierno argumenta que la medida busca simplificar procedimientos, eliminar distorsiones de mercado y reducir costos de transacción que, hasta ahora, terminaban encareciendo bienes y servicios.

La iniciativa también recoge aportes del Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI) y de reuniones con cámaras empresarias vinculadas a turismo y espectáculos, sectores donde la aplicación del derecho de arrepentimiento suele generar tensiones.

Obligaciones, excepciones y sanciones

La disposición establece:

  • Botón de Arrepentimiento: deberá estar a simple vista en la página principal del proveedor. Permite revocar la compra en los términos del artículo 34 de la Ley 24.240 y del artículo 1110 del Código Civil y Comercial.
  • Plazos especiales: para entradas de espectáculos y servicios turísticos con fecha determinada, la comunicación deberá realizarse hasta 24 horas antes del evento o prestación.
  • Excepciones: no aplica a productos perecederos, bienes ya consumidos, adquisiciones para reventa o integración productiva, ni a los casos previstos en el artículo 1116 del Código Civil y Comercial.
  • Botón de Baja de Servicios: obligatorio para todo contrato a distancia. No requiere trámites adicionales y debe concretarse en un máximo de 24 horas.
  • Atención al consumidor: las empresas deberán garantizar al menos 8 horas diarias de atención en días hábiles, y publicar en sus webs canales de reclamo y responsables de área.
  • Plazo de adecuación: los proveedores tendrán 60 días corridos para adaptar sus plataformas digitales.
  • Sanciones: el incumplimiento será penado según la Ley 24.240, con multas y otras medidas aplicables.

Impacto en empresas y consumidores

La medida representa un avance en la defensa del consumidor, especialmente en un contexto donde el comercio electrónico supera ya los 500 millones de transacciones anuales en Argentina. Para los usuarios, implica mayor agilidad y seguridad jurídica, evitando prácticas dilatorias en las bajas de servicios.

Para las empresas, en cambio, supone costos de adecuación tecnológica y operativa, además de una mayor exposición a sanciones. Sectores como turismo y entretenimiento, que habían manifestado preocupaciones, cuentan ahora con un marco de excepciones que busca equilibrar la protección del usuario con la viabilidad del negocio.

A nivel institucional, la medida alinea la normativa argentina con las Directrices de la ONU para la Protección del Consumidor, reforzando estándares internacionales de transparencia y buenas prácticas comerciales.

La Subsecretaría anticipó que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor podrá dictar normas interpretativas adicionales para garantizar la implementación. El desafío será equilibrar la protección del consumidor con la competitividad de las empresas, en un escenario donde la digitalización acelera los procesos de contratación y rescisión.

De cara al futuro, la disposición 954/2025 podría sentar las bases para nuevos ajustes normativos en plataformas de e-commerce, billeteras digitales y servicios financieros, sectores donde los conflictos por bajas y reembolsos se multiplican.

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Caputo inicia el proceso de privatización total de Corredores Viales SA

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El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó mediante la Resolución 1284/2025 el inicio del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, empresa estatal que administra más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida implica la extinción de los contratos de concesión actuales, el llamado a licitación para nuevas concesiones viales con peaje y la posterior disolución y liquidación de la sociedad anónima.

Según la normativa, la privatización deberá completarse en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la resolución, publicada este 1° de septiembre en el Boletín Oficial.

De empresa estatal a concesión privada: los pasos del proceso

La decisión del Gobierno se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, que incluyó a Corredores Viales SA en el listado de compañías sujetas a privatización bajo el régimen de la Ley de Reforma del Estado N.° 23.696.

El procedimiento, delineado por el Decreto 97/2025, establece tres fases:

  1. Extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes (Tramos I a V, VI y VII a X).
  2. Licitación pública nacional e internacional de nuevos contratos de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley 17.520.
  3. Disolución y liquidación de Corredores Viales SA una vez perfeccionados los nuevos contratos.

La Secretaría de Transporte será la responsable de diseñar y ejecutar la licitación, mientras que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” tendrá a su cargo la coordinación y control del proceso, incluyendo la tasación de bienes y flujos futuros de concesión, que será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El Gobierno dispuso además que todos los procedimientos se llevarán adelante a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR, como parte de la política de digitalización y transparencia en contrataciones públicas.

Un cambio estructural en la gestión vial

Corredores Viales SA fue creada en 2017 como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para administrar de manera directa rutas nacionales estratégicas. En los últimos años, gestionaba más de 6.000 kilómetros de autopistas y rutas nacionales con peaje, luego de la caducidad de contratos con concesionarias privadas.

Con la nueva normativa, el Ejecutivo busca transferir nuevamente al sector privado la explotación de la red vial nacional, argumentando que la modalidad concesionada permitirá eficiencia en la gestión, mejoras en infraestructura y alivio en las cuentas públicas.

La resolución explicita que no se aplicarán programas de propiedad participada ni preferencias para trabajadores, previstos en la Ley 23.696, lo que marca una diferencia respecto a los procesos de privatización de los años noventa.

La privatización de Corredores Viales SA tendrá impacto directo en transportistas, usuarios de rutas nacionales y provincias donde operan los corredores. El traspaso a concesionarias privadas conllevará la redefinición del esquema tarifario de peajes, que será uno de los ejes de debate público en los próximos meses.

En el plano político, la decisión es consistente con la estrategia del Gobierno de reducir la participación del Estado en empresas públicas, como ya sucedió con Aerolíneas Argentinas y AySA, incluidas en la misma normativa de privatización.

Los sindicatos vinculados al sector vial, en particular el Sindicato de Trabajadores de Peajes (SUTPA) y gremios de Vialidad Nacional, anticipan un escenario de tensión por el impacto en los puestos de trabajo, ya que la resolución prevé la disolución de la empresa sin mecanismos de participación accionaria de empleados.

Licitación en 2026 y un nuevo esquema vial

El calendario oficial prevé que las licitaciones se realicen durante 2026, con adjudicación de contratos antes del segundo semestre. A partir de entonces, las empresas privadas concesionarias quedarán a cargo del mantenimiento, explotación y cobro de peajes en la red vial nacional.

La disolución definitiva de Corredores Viales SA dependerá de la adjudicación y perfeccionamiento de los contratos, lo que implica que la transición operativa deberá coordinarse con los nuevos operadores para evitar interrupciones en la gestión vial.

La medida constituye uno de los procesos de privatización más relevantes en materia de infraestructura de transporte desde la década del noventa, y será un banco de prueba para el modelo de concesión que el Gobierno busca replicar en otros servicios públicos estratégicos.

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Economía logró refinanciar toda su deuda y quedarse con más de $ 200.000 adicionales en enero

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El ministerio de Economía colocó hoy cuatro bonos en pesos con los que no solo cubrió los $ 106.000 millones de vencimientos que enfrentaba, sino que redondeó un financiamiento neto para el mes de más de $200.000 millones.

“Las ofertas recibidas superaron ampliamente los $500.000 millones, adjudicándose casi $223.000 millones y, obteniendo así, más del doble de los vencimientos que debía afrontar”, destacó el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, el Ministerio de Economía “logró un financiamiento neto positivo de más de $200.000 millones en el primer mes del año con una participación armónica entre bancos, Fondos Comunes de Inversión, provincias y sector público, con tasas inferiores a las del mercado secundario”, aseguró el funcionario.

En esta licitación, el menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por cuatro títulos. Se reabrieron tres letras a descuento con vencimientos en abril, mayo y junio de 2023, respectivamente, todas ellas integrantes del Programa de Creadores de Mercado.

Por otro lado, se reabrió un bono vinculado al dólar estadounidense (T3V3) con vencimiento el 28 de abril de 2023, exclusivamente para importadores registrados en AFIP y Aduana.

El ministerio de Economía explicó con más detalle a través de un comunicado que en la licitación de se recibieron 1.560 ofertas, que representaban $512.346 millones de valor nominal, de los cuales se adjudicó un valor efectivo de $222.984 millones.

“Del total del financiamiento obtenido, prácticamente la totalidad estuvo representada por instrumentos a tasa fija”, destacó.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, el lunes se efectuará la Segunda Vuelta, donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación de hoy.

La próxima licitación tendrá lugar el miércoles 15 de febrero, tal y como fue informado en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre del año.

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