mar. Jul 7th, 2026

Ministerio de Economía

Economía aprobó el plan de AySA con superávit operativo y financiamiento estatal por $141.000 millones

By Redacción Economis 10 meses ago
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El Ministerio de Economía oficializó la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto 2025 de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA S.A.), empresa estatal que provee agua potable y saneamiento a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El esquema financiero contempla ingresos por $1,32 billones, gastos operativos por $992.564 millones y un superávit financiero de $7.720 millones, según la Resolución 1423/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Un presupuesto con superávit operativo y apoyo estatal

El plan aprobado prevé: Ingresos de operación: $1.322.028.071.367. Gastos de operación: $992.564.402.903. Ganancia operativa: $329.463.668.464. Resultado económico (ahorro): $176.812.274.503. Resultado financiero (superávit): $7.720.290.143

Los documentos oficiales detallan que el superávit operativo será destinado a obras de mantenimiento y mejora, mientras que los gastos de capital alcanzarán los $357.201 millones. Para financiar parte de las obras estratégicas —entre ellas la finalización del Sistema Riachuelo (Planta Dock Sud), el Río Subterráneo Sur y el Colector Catonas— el Estado Nacional girará transferencias de capital por $141.437 millones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 27.701 de Presupuesto General.

Inversiones, endeudamiento y producción

El presupuesto también habilita a la empresa a avanzar con un programa global de fideicomiso financiero por hasta $100.000 millones, con desembolsos estimados en $70.000 millones durante 2025.

En materia productiva, AySA estima para 2025: Producción de agua librada a red: 6.125 miles de m³ por día. Bombeo y tratamiento cloacal: 1.559 millones de m³ anuales. Pretratamiento cloacal: 746 millones de m³ anuales.

El gasto operativo incorpora un 27% de inflación anual proyectada y un tipo de cambio estimado en $1.287 por dólar a diciembre de 2025. Además, la masa salarial ascenderá a $289.322 millones, con una dotación de 6.092 empleados permanentes hacia fin de año.

Impacto económico e institucional

El plan de acción ratifica el rol estratégico de AySA como la principal empresa de servicios públicos del país. Su presupuesto no solo apunta a garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de las obras estructurales, sino también a sostener un esquema de Tarifa Social para los sectores más vulnerables, administrado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

En términos políticos, la decisión de Luis Caputo, ministro de Economía, envía una señal de estabilidad en la gestión de las empresas estatales en un año electoral, al mostrar que AySA puede proyectar superávit financiero pese al fuerte nivel de inversión requerido.

La ejecución de este presupuesto será clave para destrabar proyectos de gran impacto ambiental y urbano, como el Sistema Riachuelo, que busca reducir la contaminación del río homónimo y mejorar el saneamiento en la región sur del conurbano. Además, la combinación de financiamiento estatal y emisión de deuda marcará la pauta de sostenibilidad de AySA en los próximos ejercicios.

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Economía amplía letras intransferibles en dólares para pagar deuda con el BCRA

By Redacción Economis 10 meses ago
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El Ministerio de Economía dispuso la ampliación de la emisión de la Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses con vencimiento al 7 de enero de 2030, por un monto de USD 3,2 millones, a fin de cancelar parte del servicio de intereses de las letras en cartera del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 46/2025 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, publicada este 17 de septiembre en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto 1104/2024, que autoriza a reemplazar durante el ejercicio 2025 los pagos de amortización de capital y el 60% de los servicios de intereses de las letras intransferibles en poder del BCRA por nuevos títulos públicos emitidos a la par, con plazo a cinco años y amortización íntegra al vencimiento.

El 40% restante de los intereses debe abonarse en efectivo, lo que refleja la estrategia oficial de administrar la deuda intraestatal mediante canjes automáticos que eviten la salida inmediata de divisas y, al mismo tiempo, preserven el equilibrio financiero.

Cabe recordar que estas letras fueron emitidas originalmente en 2021 (Decreto 622/2021) para financiar al Tesoro y se transformaron en uno de los principales instrumentos de deuda intraestatal.

Deuda intraestatal y marco normativo

La Resolución Conjunta firmada por Pablo Quirno Magrane (Secretario de Finanzas) y Carlos Jorge Guberman (Secretario de Hacienda) autoriza la ampliación de la emisión de la letra intransferible 2030 por un monto exacto de USD 3.215.138 de valor nominal original (VNO).

La operación será registrada a la par y devengará intereses desde la fecha de colocación, conforme a la tasa que perciben las reservas internacionales del BCRA, con un tope de la tasa SOFR TERM a un año más 0,71513%, menos un punto porcentual.

El texto oficial también habilita a los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público y otras direcciones de la Secretaría de Finanzas a suscribir la documentación necesaria para instrumentar la operación.

El Ministerio de Economía justificó la medida en las disposiciones de la Ley 24.156 de Administración Financiera y la Ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional, que rige para el ejercicio 2025 con las modificaciones de distintos decretos dictados entre 2023 y 2024.

El mecanismo de reemplazo de deuda en dólares por títulos intransferibles busca aliviar el flujo de caja del Tesoro Nacional y sostener el programa de déficit cero definido como ancla fiscal del gobierno.

Con esta resolución, la cartera económica mantiene la política de canjes automáticos con el BCRA, reforzando la utilización de deuda intraestatal como herramienta de financiamiento y evitando mayores tensiones sobre las reservas internacionales.

El esquema de letras intransferibles genera un doble efecto: por un lado, permite al Tesoro posponer pagos en dólares, reduciendo la presión sobre las reservas; por otro, incrementa el stock de deuda intraestatal, consolidando al BCRA como uno de los principales acreedores del Estado.

Si bien la medida no afecta directamente a los mercados internacionales, es leída como un movimiento defensivo para sostener la estabilidad cambiaria en un contexto de volatilidad y crecientes compromisos financieros externos.

Analistas advierten que este tipo de operaciones, aunque efectivas en el corto plazo, trasladan obligaciones al futuro y concentran riesgos en la relación Tesoro–BCRA. A la vez, consolidan un mecanismo de financiamiento que refuerza la dependencia del sistema público de deuda intraestatal.

Continuidad del esquema de financiamiento intraestatal

De cara a los próximos meses, se prevé que el Tesoro continúe utilizando la ampliación de letras intransferibles como herramienta para refinanciar vencimientos con el Banco Central y otras entidades estatales.

El desafío estará en equilibrar la necesidad de liquidez inmediata con la sostenibilidad de largo plazo, en un año marcado por la presión del pago de intereses y la incertidumbre sobre el acceso a los mercados internacionales de crédito.

La audiencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el cumplimiento del programa fiscal y monetario podría incorporar este tipo de operaciones al análisis sobre la consistencia de la estrategia de financiamiento del país.

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El Gobierno logró un superávit financiero de $390.301 millones en agosto

By Redacción Economis 10 meses ago
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El Ministerio de Economía informó que en agosto de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $390.301 millones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.166.564 millones. El resultado se sustentó en un superávit primario de $1.556.864 millones, consolidando el ancla fiscal que el Gobierno considera pilar de su programa económico.

Según los datos oficiales difundidos el 18 de septiembre, el resultado financiero acumulado hasta agosto equivale a 0,4% del PIB, mientras que el superávit primario se ubica en torno al 1,3% del PIB. Estas cifras permiten sostener la estrategia de consolidación fiscal, clave para la política económica actual y en línea con los compromisos de equilibrio de las cuentas públicas.

El reporte del Palacio de Hacienda destaca que los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11,366 billones (+29,9% interanual), impulsados principalmente por tributos vinculados a la actividad económica y al comercio exterior.

Entre los impuestos con mayor crecimiento se encuentran:

  • Derechos de Importación: +81,3% interanual.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +41,4% i.a.
  • Impuesto a las Ganancias: +40,3% i.a.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: +35,7% i.a.
  • IVA neto de reintegros: +34,5% i.a.

Ingresos, gastos y asignaciones prioritarias

Del lado del gasto, los gastos primarios alcanzaron en agosto los $9,809 billones (+25% interanual), creciendo nuevamente por debajo de los ingresos, lo que permitió sostener el resultado positivo.

  • Prestaciones sociales: sumaron $6,281 billones (+37,5% i.a.), con una suba real del 2,9%. Dentro de este rubro, jubilaciones y pensiones junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) crecieron 9% en términos reales, en línea con la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 y el DNU 274/24.
  • Remuneraciones: $1,292 billones (+24,3% i.a.), en el marco de aumentos salariales pactados y reducción de la planta estatal.
  • Transferencias a universidades: $341.231 millones, con una expansión del 45,9% i.a., lo que implica una mejora real del 9,2%.
  • Transferencias corrientes: $3,122 billones (+17,3% i.a.), con un incremento de 20,8% al sector privado y 2% al sector público.
  • Subsidios económicos: registraron una caída de 18,8% i.a., con reducciones de $166.107 millones en subsidios energéticos (-19,1%) y $52.231 millones en transporte (-19,4%).

El Ministerio de Economía remarcó que el resultado fiscal positivo refleja una política de ordenamiento de las cuentas públicas con dos pilares centrales:

  1. Contención del gasto corriente mediante reducción de subsidios y racionalización de la planta estatal.
  2. Fortalecimiento de los ingresos vía recuperación de la actividad formal y mayor recaudación tributaria.

“El cumplimiento de las metas fiscales es la base de la estabilización macroeconómica”, señalaron desde la cartera que conduce el ministro de Economía, subrayando que el resultado de agosto “ratifica el rumbo del programa económico”.

Impacto político y económico

El superávit financiero llega en un momento en el que el Gobierno busca consolidar credibilidad en los mercados y sostener la estabilidad cambiaria. Para los analistas, la reducción de subsidios en transporte y energía, aunque fiscalmente positiva, puede abrir frentes de tensión social y política por el traslado de costos a usuarios y empresas.

Asimismo, el incremento real en prestaciones sociales y en las transferencias a universidades busca equilibrar la consolidación fiscal con señales de protección social y sostenimiento educativo.

De cara a los últimos meses del año, el desafío será sostener el superávit en un contexto de desaceleración económica y presiones sociales. El Gobierno confía en que la combinación de recaudación creciente y ajuste de subsidios permita mantener la tendencia positiva.

La continuidad de la disciplina fiscal será clave tanto en la renovación de compromisos financieros internacionales como en la discusión política interna, donde el equilibrio entre orden fiscal y contención social seguirá siendo el eje de debate.

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Nación oficializó nuevas compensaciones millonarias para colectivos del Conurbano

By Redacción Economis 10 meses ago
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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, publicó en el Boletín Oficial las Resoluciones 58/2025 y 59/2025, que disponen la asignación de fondos de compensación tarifaria para empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El paquete de transferencias alcanza cifras millonarias y se enmarca en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio en un contexto de presión inflacionaria y reclamos del sector.

Según el Anexo I de la Resolución 58/2025 (IF-2025-63973077-APN-DST#MTR), la Secretaría de Transporte detalló los desembolsos efectuados entre febrero y agosto de 2024 en concepto de estímulos, subsidios y anticipos a las empresas del AMBA.

Los montos son significativos. En total, se asignaron más de $122.065 millones en subsidios y compensaciones durante el período. Solo en la partida del 15 de marzo de 2024, se giraron $37.651 millones destinados al pago de estímulos y al sostenimiento de la oferta de servicios. En febrero, se registraron transferencias por $60.818 millones, mientras que en agosto se liquidaron $3.316 millones.

A su vez, el Anexo II (Res. 59/2025) desglosa la liquidación pendiente a empresas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a grandes operadores del conurbano como La Perlita, Almafuerte, Transporte Ideal San Justo, Micro Ómnibus Quilmes, Autobuses Buenos Aires SRL y Nuevo Ideal S.A., entre otras.
Los registros muestran compensaciones que en algunos casos superan los $1.000 millones por compañía, como el caso de Nuevo Ideal S.A. ($1.054 millones a compensar, con $1.051 millones ya abonados y apenas $3,1 millones pendientes).

Las medidas se dictaron en el marco de la Ley 27.467 de Presupuesto Nacional y el Decreto 1122/2017, que regulan el SISTAU y el esquema de subsidios al transporte automotor de pasajeros.
El documento oficial destaca que las compensaciones buscan “garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios”.

En los considerandos, se recuerda además que la política de subsidios tiene carácter transitorio, pero resulta esencial en un contexto en el que las tarifas cubren menos del 20% del costo real del pasaje en el AMBA. De allí la necesidad de sostener las transferencias mientras se avanza en un esquema de revisión integral del sistema.

La decisión tiene repercusiones en varios frentes: Para las empresas de transporte, implica oxígeno financiero en medio de una crisis de costos impulsada por el aumento del combustible, los insumos importados y la paritaria de la UTA. Para el Gobierno nacional, supone una erogación multimillonaria que tensiona las cuentas fiscales, pero que evita un conflicto social mayor derivado de posibles paros o reducción de servicios. En el plano político, la medida busca contener la conflictividad en el Conurbano bonaerense, donde la movilidad diaria de millones de personas depende de estos subsidios.

En paralelo, los gobiernos provinciales y municipales presionan por un esquema de distribución más equitativo entre el AMBA y el interior del país, donde los subsidios per cápita son notablemente menores. Este punto podría convertirse en uno de los principales ejes de debate en el Congreso durante la discusión del próximo Presupuesto.

El Ministerio de Economía dejó abierta la posibilidad de nuevas asignaciones durante el último trimestre de 2025, en la medida en que la recaudación lo permita. Mientras tanto, se espera que las cámaras empresarias del sector (AAETA, CEAP y CETUBA) reclamen una revisión tarifaria para complementar las compensaciones y reducir la dependencia de las transferencias estatales.

En conclusión, las Resoluciones 58/2025 y 59/2025 ratifican la continuidad de una política que, aunque cuestionada, resulta estructural para la movilidad del AMBA y se proyecta como un tema central de la agenda política y económica de los próximos meses.

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Economía destina $26.500 millones a devoluciones de IVA para energía y transporte

By Redacción Economis 10 meses ago
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El Ministerio de Economía estableció un límite máximo anual de $26.500 millones para la devolución de créditos fiscales de IVA a empresas de servicios públicos cuyas tarifas estén reducidas por subsidios estatales. La medida, publicada en el Boletín Oficial, asigna $24.500 millones al sector energético, $1.800 millones al transporte y $200 millones al resto de las actividades alcanzadas.

La Resolución 1353/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, reglamenta el mecanismo previsto en el artículo 24 de la Ley de IVA (t.o. 1997 y sus modificaciones), que permite a prestadores de servicios públicos recuperar saldos a favor generados por créditos fiscales cuando sus ingresos se ven reducidos por la aplicación de subsidios, compensaciones tarifarias o asistencia económica del Estado Nacional.

Este régimen, vigente desde 2019 con actualizaciones anuales, busca equilibrar el impacto que tienen los subsidios en la estructura tributaria de las empresas, al permitirles recuperar parte del crédito fiscal acumulado por la compra de bienes y servicios vinculados a su actividad.

En resoluciones anteriores (2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y febrero de 2025), el Ministerio de Economía ya había fijado límites para los períodos comprendidos entre 2018 y 2023. Con la nueva disposición, se incorporan los créditos generados durante 2024, así como los saldos de años anteriores que no fueron cubiertos por los topes vigentes en cada ejercicio.

Distribución sectorial de los fondos

La resolución publicada el 15 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial fija un límite máximo de $26.500 millones para afrontar las solicitudes de devolución en 2025. El monto se distribuirá de la siguiente manera:

  • Sector energía: $24.500 millones.
  • Sector transporte: $1.800 millones.
  • Otros sectores: $200 millones.

El texto oficial aclara que el recupero de IVA solo será procedente respecto de créditos fiscales originados en bienes (excepto automóviles), locaciones de obras y servicios efectivamente destinados a la actividad alcanzada. Además, el monto a devolver se calculará descontando el saldo que se hubiera generado si los subsidios hubieran estado gravados con la alícuota correspondiente.

El mecanismo operará con un límite máximo anual que dependerá de las condiciones fiscales y presupuestarias, y su asignación será reglamentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El Ministerio de Economía fundamentó la medida en “las condiciones generales imperantes en materia de ingresos presupuestarios” y recordó que, según el artículo 63 del Decreto 692/1998, es facultad de la cartera fijar y asignar los topes anuales por sector o rama de actividad.

En este esquema participan también otros ministerios, que deberán aportar información sobre los sectores bajo su jurisdicción, y la AFIP, encargada de implementar el procedimiento de devolución.

El beneficio está orientado principalmente a empresas energéticas y de transporte, que concentran la mayor parte de los subsidios económicos que otorga el Estado.

El nuevo límite anual tiene un impacto directo sobre las finanzas de empresas de energía eléctrica, gas y transporte público, al facilitarles liquidez y compensar en parte los efectos de las tarifas subsidiadas.

Desde el punto de vista fiscal, la medida supone un costo de $26.500 millones para el Tesoro, que deberá compatibilizarse con el plan de equilibrio de las cuentas públicas.

Políticamente, la decisión se inscribe en el debate sobre la sostenibilidad de los subsidios económicos, que en los últimos años representaron uno de los principales componentes del gasto público. El régimen de devolución de IVA aparece como una herramienta intermedia: mantiene el esquema de asistencia a usuarios a través de tarifas subsidiadas, pero compensa a las empresas prestadoras por la vía impositiva.

De cara a 2026, el Gobierno deberá definir si mantiene este mecanismo con un tope similar o si ajusta los montos en función de la evolución del déficit fiscal y la política de subsidios energéticos y de transporte.

En un contexto de discusión sobre la reducción gradual de subsidios y el traspaso de mayores costos a los usuarios, el régimen podría perder relevancia en la medida en que las tarifas reflejen de manera más directa el costo real de los servicios.

Por el contrario, si persiste el esquema de subsidios masivos, la continuidad y actualización del beneficio será clave para sostener la solvencia financiera de las empresas prestatarias.

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