La escena remite inevitablemente a los meses más duros de 2020. Empresas sin horizonte, mercados retraídos, exportaciones que no alcanzan para compensar la caída del consumo interno y la Provincia que vuelve a intervenir para evitar que la crisis se traduzca en cierres y despidos masivos.
En Misiones, el Gobierno provincial a través del ministerio de Trabajo, reactivó mecanismos excepcionales para contener el empleo en sectores estratégicos, especialmente en la industria maderera, donde la caída de la actividad ya encendió todas las alarmas. El instrumento central vuelve a ser el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, la misma herramienta que durante la pandemia permitió sostener miles de puestos laborales mediante suspensiones acordadas y pagos no remunerativos.
Hoy, el escenario tiene nombres propios: una de las principales firmas madereras de Eldorado; empresas nucleadas en la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap); firmas industriales en Puerto Rico; y casos recientes como una colchonería tradicional, que logró salir de una situación crítica tras aplicar un esquema similar. La lógica es simple: evitar despidos definitivos mientras se gana tiempo para atravesar la tormenta. En los procesos ya iniciados, se preservaron 600 puestos laborales.
El Artículo 223 bis fue incorporado a la legislación laboral en 1996 como una válvula de escape para situaciones extraordinarias de crisis económica. Permite que, ante falta o disminución de trabajo o fuerza mayor no imputable al empleador, las empresas acuerden suspensiones temporales con sus trabajadores pagando una prestación no remunerativa en lugar del salario habitual.
Eso implica una reducción sustancial de la carga laboral: no se realizan aportes jubilatorios, aunque sí se mantienen contribuciones para obra social y cuota sindical.
Durante la pandemia, este mecanismo se volvió masivo. Desde marzo de 2020, miles de empresas en todo el país recurrieron al 223 bis para pagar, en general, al menos el 75% del salario neto mientras las plantas permanecían paralizadas.
Ahora, Misiones vuelve a apelar a esa herramienta. Uno de los casos más sensibles es el de una maderera, donde cerca de 300 trabajadores atraviesan una situación crítica. La empresa enfrenta una fuerte retracción del mercado interno, dificultades operativas y una estructura de costos que se volvió difícil de sostener. La salida acordada fue avanzar con suspensiones extraordinarias bajo el paraguas del 223 bis.
En términos concretos, el esquema permite que los empleados continúen cobrando prácticamente el 100% de sus ingresos, mientras la empresa logra un alivio financiero determinante: la firma eldoradense logró 120 millones de pesos mensuales de ahorro.
Ese margen surge principalmente de la descompresión de cargas laborales, aunque se mantienen seguros, obra social y cobertura básica para los trabajadores.
La premisa provincial fue clara: contener el empleo y evitar despidos. La situación no es aislada. Desde Amayadap advierten que entre nueve y diez grandes empresas del sector forestal-industrial ya están trabajando bajo este esquema o analizando su implementación inmediata.
En total, el universo alcanza a unos 600 trabajadores, aunque el número podría ampliarse si la crisis del mercado interno persiste. Desde la entidad empresarial resumen el momento con una frase contundente: “Es como en pandemia”.
La caída del consumo golpeó de lleno a la industria maderera, especialmente a las empresas más vinculadas a la demanda nacional. Aunque algunas mantienen exportaciones activas, eso no alcanza para compensar la debilidad del mercado doméstico.
En ese contexto, destacan que la única respuesta rápida llegó desde la Provincia, pese a que hace algunas semanas hubo encuentros con Maura Gruber, diputada de la Libertad Avanza que proviene del sector maderero.
“Los únicos que vinieron a auxiliar fueron los del Ministerio de Trabajo”, reconocen desde Amayadap.
La tramitación exprés del 223 bis permitió evitar que la crisis escalara hacia despidos masivos o concursos preventivos, muchos de los cuales -según describen- permanecen estancados y sin resolución concreta.
No es la primera vez que Misiones utiliza este esquema en la actual desaceleración económica. Una tradicional colchonería había ingresado en una situación delicada y aplicó una extensión de 90 días bajo este régimen excepcional. Finalmente, logró salir de la emergencia en apenas 60 días.
Ese antecedente fortaleció la decisión oficial de replicar el modelo en otras actividades.
También aparecen otros sectores de la economía provincial bajo observación, incluyendo dos grandes empresas radicadas en Puerto Rico que analizan medidas similares.
Mientras a nivel nacional predominan los concursos preventivos demorados y una menor capacidad de respuesta institucional, en Misiones el Gobierno optó por una estrategia activa: sostener empleo antes que administrar despidos.
El formulario 931 -que refleja cargas y contribuciones patronales- representa en muchos casos cerca del 60% de la remuneración. Al flexibilizar ese peso durante tres meses, las empresas logran atravesar la coyuntura sin romper definitivamente la relación laboral.
La Provincia no está subsidiando salarios de manera directa, pero sí acelerando mecanismos que permiten ganar tiempo.
En una economía atravesada por la caída del consumo, la presión impositiva y la dificultad para sostener márgenes, ese tiempo puede ser decisivo.
Como ocurrió en pandemia, la prioridad vuelve a ser una sola: preservar el trabajo antes de que la crisis se vuelva irreversible.
