Ministerio Público Fiscal

Andrés Poujade juró como ministro del Superior Tribunal de Justicia

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El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto de juramento del doctor Andrés Poujade, quien asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. Con esta ceremonia quedó formalmente incorporado al máximo tribunal provincial, integrado por nueve ministros. El flamante funcionario reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien se jubiló tras una trayectoria de dos décadas en el Poder Judicial.

Durante la ceremonia, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento al nuevo integrante de la institución. La magistrada resaltó que con la llegada de Poujade el tribunal queda nuevamente completo, y subrayó que el nuevo ministro se incorpora en una etapa de trabajo enfocada en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. “Que jure un nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia no es un dato menor. Cada juramento implica que estamos haciendo realidad ese Estado de derecho del que tanto hablamos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Poder Judicial atraviesa un proceso de transformación. “El ministro es bienvenido a este nuevo paradigma, a esta nueva sensación de que estamos construyendo futuro, y con ese futuro credibilidad. Mucho interior hay para recorrer, mucho camino hay para realizar. Y seguramente habremos de lograr buenos resultados, porque lo único que de verdad se persigue es que el pueblo de la provincia de Misiones vuelva a creer en la justicia que hoy representamos”, manifestó.

El encargado de la lectura del decreto de designación de Poujade fue el secretario general administrativo y de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Marinoni.

Poujade llegó al máximo tribunal luego de obtener el acuerdo unánime de la Cámara de Representantes durante la sexta sesión ordinaria del período legislativo Nº 54, celebrada el pasado 11 de junio. El pliego había sido remitido por el gobernador Hugo Passalacqua y contó con el respaldo del pleno legislativo, tras la presentación de sus antecedentes por parte de la diputada Anazul Centeno, integrante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura.

El nuevo ministro reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien culminó una trayectoria de dos décadas dentro del Superior Tribunal de Justicia, dando paso a una renovación que coincide con uno de los procesos de modernización judicial más importantes de los últimos años.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Poujade posee una sólida formación académica complementada con estudios de posgrado en Argentina y Francia, donde obtuvo un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad en materia de derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y docencia universitaria, perfil que fue especialmente valorado durante el tratamiento legislativo de su designación.

Tras prestar juramento, el flamante integrante del STJ sostuvo que su prioridad será fortalecer la prestación del servicio de justicia mediante resoluciones oportunas y ajustadas al derecho vigente.

“Mi compromiso es brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente, respaldando a la institución judicial. Eso significa tomar decisiones en tiempo oportuno, de acuerdo con las constancias de cada causa y el derecho vigente”, expresó.

Con una extensa trayectoria en el fuero penal, Poujade reconoció que la transición hacia el nuevo modelo procesal será uno de los principales desafíos que enfrentará el Poder Judicial.

“Estamos frente al proyecto de reforma del Código Procesal Penal y otras leyes que comenzarán a implementarse. El desafío será resolver cada conflicto conforme a la normativa y a los principios generales del derecho”, afirmó.

El magistrado explicó que la transformación más significativa será el paso del actual sistema mixto de corte inquisitivo hacia un modelo acusatorio, en el cual los fiscales asumirán un rol central en la investigación penal mientras los jueces concentrarán su tarea en el control de legalidad y la garantía de los derechos constitucionales.

“La investigación quedará principalmente en cabeza de los fiscales, mientras que la actividad jurisdiccional estará enfocada en resolver las cuestiones propias del juez”, sintetizó.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, calificó la incorporación de Poujade como un paso institucional de relevancia y destacó que el máximo tribunal vuelve a funcionar con su integración completa.

“Cada vez que alguien jura por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial estamos haciendo realidad el Estado de Derecho y la división de poderes. Hoy la Corte vuelve a estar absolutamente completa”, señaló.

La titular del STJ consideró que la reforma procesal constituye un cambio histórico para la provincia, recordando que Misiones era una de las tres jurisdicciones del país que aún no había adoptado el sistema acusatorio.

“Misiones tomó una decisión que considero profundamente acertada para este momento histórico, político, social y cultural”, afirmó.

Venchiarutti explicó que el nuevo esquema modifica por completo la distribución de funciones dentro del proceso penal. Mientras la investigación y la producción de prueba quedarán bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, los jueces asumirán un rol de control sobre la legalidad de las actuaciones y la protección de las garantías constitucionales.

En ese contexto, sostuvo que el nuevo paradigma exige una redefinición del perfil profesional de quienes integran el Poder Judicial.

“Hoy no alcanza solamente con conocer el derecho. Los jueces deben incorporar herramientas de gestión, conocimientos de medicina forense, psicología social y administración judicial para responder a las exigencias del nuevo sistema”, remarcó.

La presidenta también señaló que otra de las prioridades institucionales será la implementación del nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, indicó que el objetivo del Poder Judicial será avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa que priorice la reinserción por sobre las respuestas exclusivamente punitivas.

“Lo que buscamos es que esos niños no sean simplemente detenidos. El desafío es construir una justicia restaurativa que permita resolver los conflictos con una mirada integral”, sostuvo.

La incorporación de Poujade se produce en una etapa de renovación institucional del Poder Judicial misionero, atravesada por reformas procesales, actualización normativa y nuevos desafíos de gestión. Con la implementación del sistema acusatorio, el funcionamiento de fiscales, jueces y defensores experimentará una transformación estructural que demandará capacitación permanente, nuevas herramientas tecnológicas y una reorganización de los procedimientos para responder con mayor rapidez, transparencia y eficacia a las demandas de la sociedad.

En el acto también estuvieron presentes los ministros del máximo cuerpo colegiado de Misiones, Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres. También estuvo presente el procurador general, Carlos Jorge Giménez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías. Además, la ceremonia contó con la participación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, ministros y representantes del Poder Ejecutivo, intendentes de distintos municipios, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otros representantes del Poder Judicial.

Una trayectoria vinculada al ámbito judicial y académico

Andrés Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en Argentina y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, obtenido en Francia. A lo largo de su carrera participó en instancias de capacitación en derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial.

El letrado también ejerció la docencia universitaria, actividad desde la cual contribuyó a la formación de profesionales del derecho. Hasta su designación, Poujade se desempeñaba como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de la provincia. Su pliego fue aprobado por la Cámara de Representantes durante la VI Sesión Ordinaria del Período Legislativo N.º 54, realizada el 11 de junio, lo que permitió avanzar con su incorporación al Superior Tribunal de Justicia.

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El Gobierno quitará instancias de participación ciudadana en la selección de jueces y ministros de la Corte

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La administración nacional modificó el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados federales, fiscales y defensores públicos. El objetivo declarado es reducir tiempos administrativos y acelerar la cobertura de vacantes en un sistema judicial que arrastra demoras estructurales. Para el sector productivo, la medida reabre el debate sobre la velocidad y previsibilidad de la Justicia, un factor cada vez más relevante para inversiones, contratos y resolución de conflictos económicos.

A través del Decreto 467/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reformó los mecanismos administrativos previos a la nominación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

La modificación apunta a eliminar instancias que el Ejecutivo considera redundantes respecto de los procedimientos que ya realiza el Senado durante el tratamiento de los acuerdos. La decisión llega después de un período marcado por dificultades para cubrir vacantes judiciales y tras la reciente aprobación de 74 pliegos en la Cámara alta.

La principal novedad es la eliminación de la etapa de observaciones ciudadanas y publicación de antecedentes que se desarrollaba dentro del Ministerio de Justicia antes de que los candidatos fueran enviados al Senado. A partir de ahora, los mecanismos de participación y control público quedarán concentrados exclusivamente en la instancia legislativa.

Menos burocracia administrativa, mismos requisitos constitucionales

El Gobierno sostiene que la reforma no modifica el esquema previsto por la Constitución Nacional. Los candidatos seguirán necesitando el acuerdo del Senado y continuarán sometidos a audiencias públicas, impugnaciones y evaluaciones por parte de la Comisión de Acuerdos.

La apuesta oficial es reducir tiempos administrativos en una estructura judicial que presenta un elevado número de cargos vacantes. Según los fundamentos del decreto, las demoras en la cobertura de puestos afectan el funcionamiento de los tribunales y generan mayores tiempos de tramitación de expedientes.

La reforma también incorpora plazos específicos para organismos que intervienen en el proceso. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá emitir en un máximo de cinco días los informes sobre cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los postulantes, un trámite que hasta ahora carecía de un límite temporal uniforme.

Además, los candidatos dispondrán de cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de interés.

Aunque la medida se inscribe dentro del funcionamiento del sistema judicial, sus efectos potenciales trascienden el ámbito jurídico.

Para empresas, inversores y sectores productivos, la velocidad de respuesta de la Justicia constituye una variable relevante en la toma de decisiones. Litigios comerciales, concursos preventivos, conflictos tributarios, controversias regulatorias o causas vinculadas al comercio exterior dependen de tribunales que actualmente operan con niveles significativos de vacancias.

La demora en la designación de magistrados genera cuellos de botella que terminan afectando la resolución de expedientes con impacto económico directo.

La lógica del Gobierno apunta a que una reducción de los tiempos administrativos en la etapa de nominación permita acelerar los procesos de cobertura de cargos y contribuir a una mayor capacidad operativa del sistema judicial.

Qué cambia concretamente

Entre los principales cambios introducidos por el decreto se destacan: Se elimina la instancia administrativa de observaciones ciudadanas previa a la nominación presidencial. La publicación de antecedentes deja de realizarse en diarios de circulación nacional y se concentrará en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia. Se fijan plazos máximos para declaraciones juradas e informes fiscales. Se unifican criterios de transparencia patrimonial para jueces, fiscales y defensores. Se mantienen intactas las audiencias públicas y el requisito de acuerdo del Senado.

La reforma incorpora una novedad política relevante: desaparece del texto normativo la recomendación que figuraba desde 2003 para considerar criterios de diversidad de género, procedencia regional y especialización jurídica en la selección de candidatos.

El Ejecutivo argumenta que esas valoraciones forman parte de las facultades discrecionales del Presidente al momento de proponer postulantes y que no requieren estar expresamente reglamentadas.

Desde el punto de vista institucional, la decisión concentra aún más el peso político de la etapa de nominación en el Poder Ejecutivo y traslada el control público al Congreso, donde continuará realizándose el examen de antecedentes y las instancias de participación ciudadana.

Qué puede significar para las provincias y el interior

Para jurisdicciones del interior, donde numerosas causas económicas, ambientales, comerciales y vinculadas al comercio internacional dependen de la Justicia Federal, la cobertura más rápida de vacantes podría tener efectos sobre la capacidad de respuesta de los tribunales.

En provincias con fuerte perfil exportador y fronterizo como Misiones, Corrientes o Formosa, la eficiencia de la Justicia Federal tiene incidencia sobre investigaciones vinculadas a contrabando, delitos económicos, propiedad intelectual, comercio exterior y cumplimiento regulatorio.

La clave estará en verificar si la simplificación administrativa efectivamente se traduce en una reducción de los tiempos de designación o si las demoras continúan concentrándose en la etapa legislativa, donde permanece intacto el requisito político de construir mayorías especiales para los acuerdos.

La reforma busca atacar un problema concreto: la lentitud en la cobertura de vacantes judiciales. El éxito de la medida no dependerá de la eliminación de trámites administrativos sino de su capacidad para acelerar efectivamente los nombramientos sin afectar los mecanismos de control y transparencia.

Para el sector productivo, el indicador relevante no será la modificación del procedimiento, sino si durante los próximos meses comienza a reducirse el número de cargos vacantes y mejora la capacidad de respuesta de los tribunales. La calidad institucional y la previsibilidad judicial siguen siendo variables centrales para la competitividad económica y la atracción de inversiones.

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Reforma histórica: Misiones se encamina al sistema acusatorio en la Justicia penal

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La política misionera volvió a colocar a la Justicia en el centro de la agenda institucional. Durante la previa de la sesión legislativa de este jueves, el conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, anunció que la próxima semana ingresará formalmente a la Cámara de Representantes el proyecto para incorporar el sistema acusatorio al fuero penal provincial.

Se trata de una de las reformas judiciales más relevantes de las últimas décadas en Misiones. El cambio implica abandonar progresivamente el modelo inquisitivo tradicional para adoptar un esquema en el que la investigación penal queda a cargo de los fiscales, mientras los jueces asumen el rol de garantes de los derechos constitucionales y del control de legalidad del proceso.

Según explicó Rovira, la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace tiempo entre el Poder Legislativo y distintos actores del ámbito judicial, con el objetivo de construir herramientas legales que permitan mejorar el funcionamiento de la Justicia.

“Hace tiempo venimos trabajando en una think tank con el Poder Judicial, con la facultad que tiene el Legislativo de sancionar leyes con una visión que asegure una mejor Justicia”, señaló Rovira.

La iniciativa aparece alineada con una tendencia que ya avanzó en gran parte de las provincias argentinas y también en la justicia federal. El objetivo es dotar de mayor celeridad, transparencia y eficiencia a las investigaciones penales, reduciendo tiempos procesales y fortaleciendo la oralidad en las distintas etapas del proceso.

El anuncio realizado por Rovira adquiere relevancia política por el momento institucional en que se produce. En los últimos meses, la Legislatura impulsó una serie de reformas vinculadas a la modernización del Estado, la digitalización de procesos y la actualización de marcos normativos considerados estratégicos para la provincia.

El sistema acusatorio modifica de manera sustancial la estructura de poder dentro del proceso penal. Los fiscales pasan a conducir las investigaciones y a reunir las pruebas necesarias para sostener una acusación. Los jueces dejan de intervenir en la producción de evidencia y concentran su actuación en garantizar el respeto de las garantías constitucionales de las partes.

La transformación también exige cambios organizacionales profundos. Requiere fortalecer los ministerios públicos, capacitar operadores judiciales, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y redefinir protocolos de actuación entre fiscales, jueces, defensores y fuerzas de seguridad.

En las jurisdicciones donde el modelo ya fue implementado, uno de los efectos más visibles fue la reducción de los tiempos de tramitación de las causas. También aumentó la utilización de audiencias orales y públicas, lo que permite un mayor control ciudadano sobre el funcionamiento de la Justicia.

Para Misiones, la discusión abre además un debate institucional de largo alcance. No se trata únicamente de una reforma procesal. Supone una redefinición del funcionamiento del sistema penal y de la relación entre los distintos actores judiciales.

El ingreso del proyecto marcará el inicio de una etapa de análisis legislativo que probablemente convoque a magistrados, fiscales, abogados, académicos y especialistas en derecho procesal. La magnitud de la reforma anticipa un debate técnico intenso, aunque con una orientación política ya definida: avanzar hacia un modelo penal más ágil, oral y acusatorio.

Con el anuncio de Rovira, la provincia se prepara para discutir una transformación estructural que podría modificar de manera permanente la administración de justicia penal en Misiones.

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Un documento en el celular de Novelli menciona US$5 millones por el respaldo de Milei al criptoactivo $LIBRA

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Según registros recuperados por peritos judiciales, el memo detallaba pagos escalonados vinculados a anuncios públicos del Presidente y a un eventual contrato de asesoría en blockchain. La causa investiga el rol de intermediarios y comunicaciones previas al lanzamiento del token.

Un documento recuperado del teléfono celular del lobista Mauricio Novelli —quien facilitó el contacto entre la Casa Rosada y el empresario estadounidense Mark Hayden Davis— detalla un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA.

El contenido forma parte del material que analiza la Justicia en la causa sobre la creación y promoción de ese token. El texto fue hallado entre las notas redactadas por Novelli en su celular y posteriormente eliminadas, pero recuperadas por peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.

La información fue revelada por los periodistas Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi, del diario La Nación, quienes accedieron a copias del documento incorporado a la investigación.

Un memo con pagos escalonados

El texto recuperado tiene formato de memorando y estaba dirigido a Davis y a su entorno cercano. Según los registros analizados por los investigadores, habría sido redactado entre octubre y noviembre de 2024, poco antes del viaje del empresario a la Argentina para reunirse con Milei en la Casa Rosada.

El documento detalla tres pagos que, en conjunto, suman US$5 millones.

Según el contenido del memo, el esquema previsto contemplaba:

  • US$1,5 millones en tokens o dinero en efectivo como adelanto.
  • US$1,5 millones adicionales cuando el Presidente anunciara en redes sociales que Davis o su equipo lo asesoraban en temas vinculados a blockchain.
  • US$2 millones más tras la firma presencial de un contrato de asesoría tecnológica en blockchain o inteligencia artificial para el Gobierno argentino o para Milei.

El mensaje, redactado en inglés informal, comenzaba con la frase: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, en aparente referencia a Hayden Davis.

Hasta el momento no existen pruebas judiciales de que ese supuesto acuerdo haya sido validado por funcionarios del Gobierno, ni de que el memo haya sido efectivamente enviado.

Coincidencias con hechos posteriores

El contenido del documento coincide con algunos acontecimientos que ocurrieron meses después.

El 30 de enero de 2025, Milei recibió a Davis en la Casa Rosada. Tras ese encuentro, el Presidente publicó en su cuenta oficial en la red social X una fotografía junto al empresario estadounidense y afirmó que lo estaba asesorando en temas de blockchain y criptoactivos.

Ese mismo día, según reveló el diario Clarín, ambas partes firmaron un entendimiento vinculado a cooperación tecnológica.

Los registros de ingresos a la Casa Rosada muestran que Davis entró al edificio gubernamental a las 13:56, apenas un minuto después que Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy. Los tres se retiraron a las 14:31.

Comunicaciones previas al lanzamiento

Los datos recuperados del teléfono de Novelli también muestran un intenso intercambio de comunicaciones en torno al lanzamiento del token.

De acuerdo con el análisis pericial, Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron más de veinte llamadas telefónicas y mensajes con el lobista durante las horas previas y posteriores al debut de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025.

Los registros también incluyen:

  • 14 comunicaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo, considerado entonces parte del llamado “triángulo de hierro”.
  • Tres contactos con Demian Reidel, quien en ese momento era jefe de asesores económicos.

La primera llamada entre Caputo y Novelli aparece registrada a las 23:37 del mismo día del lanzamiento, cuando el escándalo por el desplome del criptoactivo ya se había desatado.

El mensaje que Novelli sugería publicar

Entre los archivos del celular también aparece un borrador de mensaje que Novelli redactó tras una conversación telefónica con Caputo el 16 de febrero de 2025.

En ese texto proponía el contenido de un eventual mensaje presidencial en la red social X. “Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, escribió antes de redactar el tuit sugerido.

Finalmente, ese texto no fue publicado. Sin embargo, el Presidente difundió un mensaje de tono similar en el que afirmó que había apoyado un “supuesto emprendimiento privado” sin tener participación en el proyecto y que decidió eliminar el tuit una vez que se interiorizó sobre los detalles.

La secuencia del día del lanzamiento

El análisis de los registros telefónicos permite reconstruir los minutos previos al anuncio público del token.

El 14 de febrero de 2025, Novelli intentó contactar primero a Karina Milei desde Dallas a las 17:53, sin éxito.

Posteriormente:

  • A las 18:44 intentó comunicarse con el Presidente.
  • Diez minutos después logró una llamada con Milei que duró 1 minuto y 25 segundos.
  • A las 18:56 volvió a comunicarse con el mandatario durante 13 segundos.

Un minuto después se activó el sitio Viva La Libertad Project, la plataforma asociada al lanzamiento del token.

A las 19:01, Milei publicó el tuit en el que difundía $LIBRA, incluyendo el código necesario para acceder al contrato del token.

Según el análisis de expertos informáticos citado en la investigación, 22 segundos antes de ese mensaje ya se habían registrado 87 transacciones desde 74 billeteras virtuales, que compraron activos por 13,5 millones de dólares.

La causa judicial continúa en etapa de investigación para determinar responsabilidades y la eventual existencia de vínculos financieros o contractuales detrás del lanzamiento del criptoactivo.

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