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Gobernadores del Norte Grande buscan una postura común ante la reforma de Zona Fría y proponen compensaciones energéticas para el NEA

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La discusión por los subsidios energéticos volvió a convertirse en un eje de articulación política entre provincias con intereses y alineamientos muy distintos. Este martes, los gobernadores del Norte Grande se reunirán en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo formal de avanzar en una agenda de desarrollo regional, pero con una prioridad política que domina las conversaciones previas: construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno de Javier Milei y abrir el debate sobre mecanismos compensatorios para las provincias del norte argentino.

La convocatoria adquiere relevancia porque reúne a mandatarios que, en el escenario nacional, mantienen relaciones muy diferentes con la Casa Rosada. Estarán presentes el misionero Hugo Passalacqua, el correntino Juan Pablo Valdés, el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el salteño Gustavo Sáenz, el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Elías Suárez. La diversidad política de la mesa refleja la dimensión del tema: la energía aparece como uno de los pocos asuntos capaces de generar coincidencias entre gobernadores dialoguistas y opositores.

La preocupación regional surge luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que modifica el esquema de subsidios al gas natural, una de las piezas centrales de la estrategia de reducción del gasto público que impulsa la administración libertaria. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado y, en ese contexto, los mandatarios buscan fortalecer su capacidad de negociación actuando como bloque.

El régimen de Zona Fría fue concebido originalmente para aliviar el costo del gas en regiones donde las bajas temperaturas elevan significativamente el consumo residencial. Durante años benefició principalmente a provincias patagónicas y zonas cordilleranas, otorgando descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las facturas. Sin embargo, la ampliación sancionada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández extendió el beneficio a más de cuatro millones de hogares distribuidos en gran parte del país, incorporando cientos de municipios y departamentos de distintas provincias.

Desde su llegada al poder, el Gobierno nacional cuestionó esa expansión argumentando que el esquema perdió su objetivo original y terminó transformándose en un subsidio generalizado financiado por todos los usuarios del sistema energético. Bajo esa lógica, la reforma busca reducir el universo de beneficiarios y generar un ahorro fiscal que, según estimaciones debatidas en el Congreso, podría oscilar entre los 200.000 y los 460.000 millones de pesos anuales.

Para las provincias del Norte Grande, el debate excede la discusión sobre el gas. Los gobernadores sostienen que existe una asimetría estructural en la política energética nacional. Mientras el régimen de Zona Fría reconoce el impacto económico de las bajas temperaturas sobre los hogares del sur argentino, las jurisdicciones del norte enfrentan consumos extraordinarios durante varios meses al año debido a temperaturas extremas que superan frecuentemente los 40 grados.

En ese marco comenzó a tomar fuerza una propuesta informal que algunos dirigentes ya denominan “Zona Caliente”. La idea apunta a diseñar algún mecanismo de compensación para las provincias del NEA y NOA, donde el uso intensivo de sistemas de refrigeración genera elevados costos energéticos tanto para las familias como para sectores productivos, comerciales y de servicios.

Para Misiones, la discusión tiene una relevancia particular. La provincia enfrenta cada verano extensos períodos de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, condiciones que incrementan de manera considerable el consumo eléctrico residencial y empresarial. En ciudades como Posadas, donde los registros térmicos suelen ubicarse entre los más altos del país durante la temporada estival, la energía se transforma en un componente cada vez más significativo dentro de la estructura de costos.

La reunión del CFI también funcionará como una prueba sobre la capacidad de los gobernadores para reconstruir espacios de coordinación regional en un contexto donde la administración nacional concentra buena parte de las decisiones fiscales y presupuestarias. Más allá de los capítulos vinculados a logística, recursos hídricos, educación o industrias culturales previstos en la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, la energía aparece como el tema con mayor potencial político.

Lo que está en juego no es únicamente la continuidad o modificación de un esquema de subsidios. También se debate el criterio con el que el Estado nacional reconoce las diferencias climáticas y productivas entre regiones. En un país atravesado por fuertes contrastes geográficos, el Norte Grande busca instalar una discusión que trascienda el gas y contemple el costo energético integral que enfrentan las provincias del NEA y NOA.

La verdadera incógnita del encuentro será si los mandatarios logran superar sus diferencias partidarias y presentar una propuesta unificada. Si eso ocurre, la negociación por la reforma de Zona Fría podría convertirse en uno de los principales frentes de discusión entre las provincias y el Gobierno nacional durante las próximas semanas.

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Energía extiende subsidios y busca amortiguar el impacto tarifario del invierno

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El Gobierno nacional resolvió sostener y ampliar parcialmente las bonificaciones extraordinarias sobre tarifas de electricidad y gas para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), en un contexto de mayor demanda por las bajas temperaturas y creciente sensibilidad social frente al costo de los servicios públicos.

La medida quedó formalizada este miércoles mediante la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La norma prorroga durante junio la bonificación adicional del 25% para usuarios de gas natural y gas propano por redes, mientras que para la electricidad fija un nuevo esquema extraordinario del 11,97% sobre el consumo base subsidiado.

La decisión aparece en un momento delicado para la política tarifaria del Gobierno de Javier Milei. Aunque la administración nacional mantiene su estrategia de reducción de subsidios y recomposición de precios relativos, el incremento del consumo energético en invierno obliga a introducir mecanismos de contención para evitar un deterioro más acelerado del ingreso disponible de los hogares.

Un esquema de subsidios que busca sostener la gradualidad

El SEF fue creado por el Decreto 943/2025 como parte de la reorganización integral de los subsidios energéticos nacionales. El sistema unificó beneficios sobre electricidad, gas natural y gas propano bajo un esquema focalizado, con bonificaciones segmentadas según nivel de ingresos y consumos base.

Ahora, la Secretaría de Energía decidió mantener para junio el refuerzo extraordinario del 25% aplicado sobre las tarifas de gas. Según los fundamentos oficiales, el aumento del consumo estacional y los mayores costos de abastecimiento —incluidas importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos expuestos a precios internacionales— justifican la continuidad del alivio tarifario.

En el caso de la electricidad, la cartera energética modificó el porcentaje extraordinario que había sido fijado previamente para mayo, junio y julio. Para junio, la bonificación adicional pasará a ser de 11,97% sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales para usuarios residenciales beneficiarios del SEF.

La resolución sostiene que el objetivo es “morigerar el impacto tarifario” y preservar criterios de “gradualidad, razonabilidad y previsibilidad” en el proceso de reestructuración de subsidios.

La medida alcanza a usuarios residenciales incluidos dentro del régimen SEF y también a entidades sin fines de lucro contempladas por las leyes de Clubes de Barrio y Entidades de Bien Público.

En términos prácticos, el Gobierno evita por ahora un traslado pleno del costo energético durante el pico de demanda invernal. El alivio será especialmente relevante en gas natural, donde el consumo residencial suele dispararse durante junio y julio.

La resolución también instruye al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad —creado tras la unificación del ENRE y ENARGAS— a reflejar los cambios en los cuadros tarifarios y mecanismos de facturación.

La consolidación del nuevo ente regulador marca además un movimiento institucional relevante dentro de la reforma energética impulsada por Economía. Con la integración de las funciones regulatorias, el Ejecutivo busca centralizar decisiones y acelerar la implementación de la nueva política tarifaria.

La tensión entre ajuste fiscal y contención social

La resolución expone una de las tensiones centrales de la política económica actual: cómo avanzar en la reducción de subsidios sin provocar un deterioro abrupto del consumo y del poder adquisitivo.

El Gobierno sostiene públicamente la necesidad de sincerar tarifas para reducir el peso del gasto público energético. Sin embargo, el incremento estacional del consumo obliga a moderar parcialmente el ritmo del ajuste para evitar un impacto más severo en hogares de menores ingresos.

La decisión también muestra que el proceso de segmentación aún requiere mecanismos compensatorios extraordinarios, incluso en un escenario de fuerte disciplina fiscal.

En paralelo, la resolución reconoce indirectamente otra variable sensible: la volatilidad internacional del mercado energético. El costo del GNL importado y de combustibles sustitutos continúa condicionando la estructura tarifaria argentina y limita el margen de maniobra fiscal.

En Misiones, donde el consumo eléctrico residencial suele incrementarse tanto en invierno como en verano por cuestiones climáticas, las bonificaciones adicionales pueden contribuir a amortiguar subas en las facturas durante junio.

El caso del gas presenta una particularidad regional: gran parte del NEA aún no cuenta con cobertura masiva de gas natural por redes, por lo que el alcance efectivo del beneficio dependerá del tipo de abastecimiento disponible en cada localidad.

La resolución también incorpora a cooperativas, distribuidoras provinciales y organismos locales dentro del esquema operativo de implementación, un aspecto relevante en provincias donde el sistema energético tiene fuerte participación de prestadores públicos y cooperativos.

Un invierno con presión sobre tarifas y consumo

La continuidad de las bonificaciones extraordinarias deja abierto un interrogante central para los próximos meses: hasta dónde podrá sostener el Gobierno mecanismos de compensación tarifaria mientras mantiene su programa de ajuste fiscal.

La evolución de las temperaturas, el costo internacional de la energía y el comportamiento del consumo residencial serán variables determinantes en el segundo semestre.

Por ahora, Economía optó por una estrategia intermedia: sostener el sendero de reducción de subsidios, pero evitando un shock tarifario pleno en el momento de mayor demanda energética del año.

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Misiones pone en marcha la obra San Isidro–Alem–Oberá II y se abre una nueva etapa para el sistema eléctrico

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El Gobierno de Misiones puso en marcha este martes 7 de abril de 2026 la obra de la Línea de Alta Tensión 132 kV San Isidro – Alem – Oberá II, con una inversión de US$72 millones y un horizonte técnico que promete cubrir la demanda energética de la zona centro por dos décadas. El inicio formal, encabezado por Hugo Passalacqua en Fachinal, no es solo una obra de infraestructura: es una señal política en un contexto donde la energía vuelve a ser un factor de competitividad.

Una obra estratégica para un sistema bajo presión

El proyecto contempla 116 kilómetros de línea aérea de alta tensión, con un tramo de 80 kilómetros de doble terna entre San Isidro y Leandro N. Alem, y otros 36 kilómetros de simple terna hasta Oberá, con previsión de ampliación. A esto se suma la construcción de una nueva estación transformadora en Alem y la ampliación de las estaciones de San Isidro y Oberá II.

La ejecución se financiará mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento y tendrá un plazo de obra de dos años, con una primera etapa —hasta Alem— prevista para marzo de 2027. El despliegue incluye más de 600 estructuras y tres obradores en Fachinal, Cerro Azul y Alem, lo que distribuye la ejecución en distintos frentes.

Desde el punto de vista técnico, la infraestructura apunta a resolver un problema concreto: la limitada disponibilidad y confiabilidad del servicio eléctrico en una región con fuerte perfil industrial. La obra permitirá redistribuir cargas, reducir interrupciones y responder a picos de demanda en momentos críticos.

Energía, industria y planificación: el eje del Gobierno provincial

El impacto alcanzará a más de 300 mil beneficiarios entre directos e indirectos, con mejoras en la calidad del suministro para más de 100 mil familias.

Pero el punto central es otro: la capacidad de sostener la expansión productiva. La zona centro concentra actividades intensivas en consumo energético —aserraderos, secaderos de yerba y té, talleres— que hoy operan con limitaciones. La nueva línea busca corregir ese cuello de botella.

En paralelo, el proyecto incorpora una variable de largo plazo: la posibilidad de integrar nuevas fuentes de generación renovable. Esto no solo amplía la matriz energética, sino que introduce un componente de previsibilidad en un sistema históricamente tensionado.

Impacto económico

En términos políticos, la obra posiciona al Gobierno provincial en un terreno estratégico: la infraestructura como herramienta de desarrollo. La inversión, financiada con crédito internacional, permite sostener una agenda propia en un contexto donde los recursos suelen ser restrictivos.

El componente laboral también tiene peso. Se estima que más del 80% de la mano de obra será local, lo que introduce un efecto inmediato en economías regionales. A eso se suma el impacto indirecto: mayor disponibilidad energética como condición para nuevas inversiones privadas.

En ese esquema, el Estado provincial articula con empresas como Pro Obra S.A. e Ingar S.A., consolidando un modelo mixto de ejecución. No es un dato menor: la coordinación público-privada aparece como una constante en proyectos de esta escala.

Un movimiento estructural con tiempos largos

La línea San Isidro – Alem – Oberá II no es una obra de impacto inmediato. Sus resultados se proyectan en plazos largos: dos años de ejecución y hasta 20 años de cobertura de demanda.

Ese desfase entre inversión y resultado plantea un desafío político. La infraestructura energética no se traduce en rédito inmediato, pero define condiciones estructurales para el crecimiento. En ese equilibrio se juega parte de la estrategia.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en el ritmo de ejecución, la coordinación de los distintos frentes de obra y la capacidad de sostener el financiamiento. También en cómo esta inversión se articula con nuevas radicaciones industriales.

La obra ya está en marcha. Lo que queda por verse es si logra transformar una necesidad histórica en una ventaja competitiva sostenida.

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El programa Ahora Gas garantiza acceso a energía a precios accesibles en Misiones

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Después de diez meses sin aumentos, el programa provincial “Ahora Gas” mantiene su esquema de precios subsidiados y refuerza su presencia territorial en noviembre. Las familias misioneras podrán acceder a garrafas de 10 kg a $11.500, un valor sensiblemente inferior al de mercado.

Misiones sostiene una política activa para garantizar el acceso a un servicio esencial

El Ministerio de Hacienda de Misiones anunció la continuidad del programa “Ahora Gas”, una herramienta social y económica clave que busca garantizar el acceso al gas licuado de petróleo (GLP) a precios accesibles para los hogares misioneros.

Durante noviembre, el operativo seguirá recorriendo los municipios con una amplia agenda que incluye el Mercado Concentrador de Posadas —donde estará presente todos los martes del mes— y distintos puntos del interior provincial. El programa actualizó su valor después de diez meses sin modificaciones, fijando el precio de la garrafa de 10 kg en $11.500, muy por debajo del valor que se observa en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, donde el costo promedio oscila entre $15.000 y $16.000.

El esquema de subsidio provincial permite mantener un precio bonificado que reduce significativamente el gasto de los hogares, en un contexto de alta inflación y aumento de costos energéticos. Desde su creación en 2018, durante el primer mandato del gobernador Hugo Passalacqua, el programa se consolidó como una política pública de referencia, garantizando el acceso a un insumo básico para las familias que dependen del gas envasado.

Cronograma de operativos y cobertura territorial

Durante noviembre, Ahora Gas desplegará su operativo móvil en distintos municipios de la provincia:

  • Posadas: todos los martes en el Mercado Concentrador; además, el miércoles 5 en los barrios Sol de Misiones y Chacra 92.
  • Garupá: jueves 6.
  • Cerro Azul: viernes 7.
  • San José: martes 11.
  • Apóstoles: miércoles 12.
  • Azara: jueves 13.
  • Oberá: viernes 14.
  • Jardín América: martes 18.
  • Puerto Leoni: miércoles 19.
  • Puerto Rico: jueves 20.
  • Puerto Esperanza: martes 25.
  • Wanda: miércoles 26.
  • Puerto Libertad: jueves 27.

El operativo —organizado junto al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y los municipios— permite que centenares de familias por semana accedan a la recarga de garrafas sin intermediarios, con control de precios y mecanismos de fiscalización para garantizar la transparencia del servicio.

La política de acercar los servicios públicos a cada localidad misionera es un eje estructural del modelo provincial, especialmente relevante en una jurisdicción que aún no cuenta con red de gas natural, a diferencia de otras regiones del país.

Un programa que combina inclusión social y eficiencia económica

La continuidad del Programa Ahora Gas refleja la decisión del Gobierno provincial de sostener subsidios focalizados que impactan directamente en el poder adquisitivo de los hogares. En la práctica, implica una reducción de más del 25% respecto del valor comercial promedio, al tiempo que fomenta la competencia y la regulación de precios en el mercado minorista del GLP.

Desde su implementación, Ahora Gas se convirtió en un referente de gestión descentralizada, al llegar con operativos semanales a todos los departamentos y municipios. Y al garantizar que las familias de menores recursos puedan acceder a un servicio esencial sin depender de redes de distribución centralizadas.

La política, además, tiene una dimensión económica regional: el dinero que las familias ahorran en la compra de garrafas se reinvierte en el comercio local. Dinamizando el consumo y fortaleciendo los circuitos de proximidad.

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