La discusión por los subsidios energéticos volvió a convertirse en un eje de articulación política entre provincias con intereses y alineamientos muy distintos. Este martes, los gobernadores del Norte Grande se reunirán en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo formal de avanzar en una agenda de desarrollo regional, pero con una prioridad política que domina las conversaciones previas: construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno de Javier Milei y abrir el debate sobre mecanismos compensatorios para las provincias del norte argentino.

La convocatoria adquiere relevancia porque reúne a mandatarios que, en el escenario nacional, mantienen relaciones muy diferentes con la Casa Rosada. Estarán presentes el misionero Hugo Passalacqua, el correntino Juan Pablo Valdés, el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el salteño Gustavo Sáenz, el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Elías Suárez. La diversidad política de la mesa refleja la dimensión del tema: la energía aparece como uno de los pocos asuntos capaces de generar coincidencias entre gobernadores dialoguistas y opositores.

La preocupación regional surge luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que modifica el esquema de subsidios al gas natural, una de las piezas centrales de la estrategia de reducción del gasto público que impulsa la administración libertaria. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado y, en ese contexto, los mandatarios buscan fortalecer su capacidad de negociación actuando como bloque.

El régimen de Zona Fría fue concebido originalmente para aliviar el costo del gas en regiones donde las bajas temperaturas elevan significativamente el consumo residencial. Durante años benefició principalmente a provincias patagónicas y zonas cordilleranas, otorgando descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las facturas. Sin embargo, la ampliación sancionada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández extendió el beneficio a más de cuatro millones de hogares distribuidos en gran parte del país, incorporando cientos de municipios y departamentos de distintas provincias.

Desde su llegada al poder, el Gobierno nacional cuestionó esa expansión argumentando que el esquema perdió su objetivo original y terminó transformándose en un subsidio generalizado financiado por todos los usuarios del sistema energético. Bajo esa lógica, la reforma busca reducir el universo de beneficiarios y generar un ahorro fiscal que, según estimaciones debatidas en el Congreso, podría oscilar entre los 200.000 y los 460.000 millones de pesos anuales.

Para las provincias del Norte Grande, el debate excede la discusión sobre el gas. Los gobernadores sostienen que existe una asimetría estructural en la política energética nacional. Mientras el régimen de Zona Fría reconoce el impacto económico de las bajas temperaturas sobre los hogares del sur argentino, las jurisdicciones del norte enfrentan consumos extraordinarios durante varios meses al año debido a temperaturas extremas que superan frecuentemente los 40 grados.

En ese marco comenzó a tomar fuerza una propuesta informal que algunos dirigentes ya denominan “Zona Caliente”. La idea apunta a diseñar algún mecanismo de compensación para las provincias del NEA y NOA, donde el uso intensivo de sistemas de refrigeración genera elevados costos energéticos tanto para las familias como para sectores productivos, comerciales y de servicios.

Para Misiones, la discusión tiene una relevancia particular. La provincia enfrenta cada verano extensos períodos de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, condiciones que incrementan de manera considerable el consumo eléctrico residencial y empresarial. En ciudades como Posadas, donde los registros térmicos suelen ubicarse entre los más altos del país durante la temporada estival, la energía se transforma en un componente cada vez más significativo dentro de la estructura de costos.

La reunión del CFI también funcionará como una prueba sobre la capacidad de los gobernadores para reconstruir espacios de coordinación regional en un contexto donde la administración nacional concentra buena parte de las decisiones fiscales y presupuestarias. Más allá de los capítulos vinculados a logística, recursos hídricos, educación o industrias culturales previstos en la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, la energía aparece como el tema con mayor potencial político.

Lo que está en juego no es únicamente la continuidad o modificación de un esquema de subsidios. También se debate el criterio con el que el Estado nacional reconoce las diferencias climáticas y productivas entre regiones. En un país atravesado por fuertes contrastes geográficos, el Norte Grande busca instalar una discusión que trascienda el gas y contemple el costo energético integral que enfrentan las provincias del NEA y NOA.

La verdadera incógnita del encuentro será si los mandatarios logran superar sus diferencias partidarias y presentar una propuesta unificada. Si eso ocurre, la negociación por la reforma de Zona Fría podría convertirse en uno de los principales frentes de discusión entre las provincias y el Gobierno nacional durante las próximas semanas.