El Parque Nacional Iguazú continúa abierto y funcionando normalmente, invitando a visitantes de todo el país y del mundo a disfrutar de una de las áreas naturales protegidas más importantes de Argentina.
Actualmente, el Circuito Garganta del Diablo permanece temporalmente cerrado como parte de una medida preventiva que busca garantizar la seguridad de quienes visitan el Parque y preservar la infraestructura de pasarelas ante las crecidas del río Iguazú previstas para los próximos meses.
Lejos de afectar la experiencia del visitante, el Parque mantiene habilitados los demás atractivos que permiten descubrir diferentes perspectivas de las Cataratas del Iguazú y de la Selva Paranaense.
Entre las propuestas disponibles se encuentran los Circuitos Superior e Inferior, que ofrecen vistas panorámicas y recorridos entre los saltos; los Senderos Verde y Macuco, ideales para quienes buscan una experiencia de contacto con la naturaleza; el Territorio Yaguareté, espacio que permite conocer y conectar con el felino más emblemático de la selva misionera. Además, permanecen abiertos los locales gastronómicos y las tiendas de productos regionales y recuerdos.
La decisión de retirar preventivamente las pasarelas responde a los pronósticos técnicos que anticipan un incremento del caudal del río Iguazú durante los próximos meses como consecuencia del fenómeno climático El Niño. Esta acción busca garantizar la seguridad de quienes visitan el Parque y, además, evitar daños mayores en la infraestructura.
El trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales, Iguazú Argentina S.A. y los distintos actores del destino permite que Cataratas continúe recibiendo visitantes con normalidad, reafirmando el compromiso con un turismo responsable y seguro.
La política de innovación educativa que impulsan de manera conjunta el Gobierno de Misiones y la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación (SEDII) continúa expandiéndose a pasos agigantados en toda la provincia. Hasta agosto de 2026, ya fueron entregados 35 Meiky Box e inaugurados 9 Silicon Maker School —con el de Dos de Mayo a inaugurarse el 25 de agosto—. Estas dos herramientas hoy forman parte de la propuesta pedagógica de instituciones educativas ubicadas en distintos municipios de Misiones.
Cada una de estas entregas representa una nueva oportunidad para que estudiantes y docentes incorporen herramientas vinculadas con la programación, la robótica, el pensamiento computacional y la cultura Maker dentro de las propuestas de enseñanza, favoreciendo metodologías de enseñanza-aprendizaje más activas y cercanas a los desafíos del presente.
A todo el trabajo que viene realizando la SEDII, se suma la creación de los espacios Silicon Maker School, concebidos como entornos permanentes para el desarrollo de proyectos tecnológicos y de innovación. Hasta el momento fueron inaugurados en el N.E.N.I. N.º 2020 de San Javier, N.E.N.I. N.º 2040 de San Pedro, Instituto Santa María de Posadas, Instituto Madre de la Misericordia de Posadas, N.E.N.I. N.º 2048 de San Vicente, N.E.N.I. N.º 2067 de Concepción de la Sierra, N.E.N.I. N.º 2056 de Jardín América y N.E.N.I. N.º 2036 de Posadas. El próximo 25 de agosto está prevista la apertura de un nuevo espacio en el N.E.N.I. N.º 2035 de Dos de Mayo.
De manera complementaria, desde el 2022 se viene llevando a cabo la distribución de los Meiky Box a lo largo y ancho del territorio misionero, alcanzando a establecimientos de nivel inicial y primario de instituciones de gestión pública y privada. En total, estos recursos tecnológicos ya se encuentran presentes en escuelas y NENI de Montecarlo, Cerro Azul, Comandante Andresito, Alba Posse, General Urquiza, Almafuerte, Posadas, Oberá, Eldorado, Colonia Aurora, Wanda, Leandro N. Alem, Candelaria, Garupá, Cerro Corá, Itaembé Guazú, Colonia Victoria, Jardín América, Fracrán, Aristóbulo del Valle, Campo Ramón, El Soberbio, Apóstoles, San Javier, Bernardo de Irigoyen, Campo Grande y San Pedro.
La incorporación de Meiky Box y Silicon Maker School responde a una misma estrategia: acercar la innovación a las aulas y garantizar que cada vez más estudiantes tengan acceso a propuestas educativas donde la tecnología se convierta en una herramienta para crear, experimentar, investigar y aprender.
La apertura del Silicon Maker School en Dos de Mayo se enmarca en la política de innovación educativa que impulsa la provincia de Misiones. Esta iniciativa se sustenta en un marco normativo integrado por la Ley VI – N.º 212 de Educación Disruptiva, la Ley VI – N.º 209 de Educación Emocional, la Ley de Creatividad Espacial y la Ley XVI – N.º 80 de Educación Ambiental, que orientan el desarrollo de propuestas pedagógicas innovadoras y fortalecen una educación conectada con los desafíos del presente y las oportunidades del futuro.
En una nueva señal orientada a facilitar las inversiones productivas, el Ministerio de Economía actualizó el régimen de importación de líneas de producción usadas, un instrumento que desde 2016 permite a las empresas incorporar equipamiento industrial del exterior cuando forma parte de proyectos de inversión destinados a ampliar o modernizar la capacidad productiva.
A través de la Resolución 272/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa reemplazó buena parte de la reglamentación vigente con el objetivo de adaptar el sistema a las modificaciones introducidas por el Decreto 483/2026 y simplificar el acceso de las empresas al régimen.
La reforma no cambia la esencia del programa, pero sí redefine su funcionamiento. El eje central pasa por una mayor digitalización de los procedimientos, la unificación de requisitos en un Manual de Usuario y una reducción de la incertidumbre administrativa para quienes planifican inversiones industriales de mediano y largo plazo.
Uno de los principales cambios es la incorporación de una Consulta de Encuadre Previa No Vinculante, un mecanismo mediante el cual las empresas podrán presentar la descripción técnica de su proyecto antes de iniciar formalmente el trámite. La autoridad de aplicación deberá emitir una opinión técnica en un plazo máximo de diez días hábiles, lo que permitirá detectar eventuales observaciones antes de avanzar con la inversión.
La medida también redefine qué se entiende por una “línea de producción completa y autónoma”, incorporando conceptos vinculados con la industria moderna. A partir de ahora, se incluyen expresamente procesos de transformación química, física y biológica, siempre que los proyectos incorporen componentes tecnológicos que automaticen o monitoreen la producción mediante sensores, dispositivos electrónicos o sistemas digitales.
Con esta actualización, el Gobierno busca adecuar un régimen concebido hace una década a los nuevos procesos de automatización industrial, donde la incorporación de tecnología ya no depende únicamente de grandes máquinas, sino también de sistemas inteligentes capaces de mejorar la productividad y la trazabilidad.
Otro aspecto relevante es que la resolución simplifica la documentación exigida para acreditar la antigüedad de la maquinaria importada y establece criterios diferenciados según se trate de equipos con menos o más de veinte años de fabricación. En el caso de bienes de mayor antigüedad, deberán acreditar procesos de reconstrucción o modernización (“revamping”) realizados previamente en el exterior, junto con documentación técnica que respalde la extensión de su vida útil.
La normativa también introduce mayor previsibilidad durante la ejecución de los proyectos. Las empresas podrán solicitar una única ampliación de plazos para importar equipos o poner en marcha la línea de producción, mientras que determinados cambios menores dejarán de requerir autorizaciones previas, reduciendo cargas burocráticas durante el desarrollo de las inversiones.
En materia administrativa, otra innovación relevante será la emisión automática de la Constancia de Expediente en Trámite (CET). Hasta ahora, este documento dependía de una intervención administrativa. Con el nuevo sistema podrá generarse automáticamente una vez cargada correctamente la información requerida, permitiendo a las empresas avanzar con determinados trámites aduaneros mientras continúa la evaluación técnica del proyecto.
Al mismo tiempo, la resolución mantiene los mecanismos de control estatal. Continúan vigentes las garantías aduaneras equivalentes a los tributos exceptuados, las auditorías técnicas, las inspecciones de campo y los procedimientos para ejecutar garantías cuando se detecten incumplimientos respecto del proyecto aprobado.
La evaluación de las solicitudes seguirá siendo realizada conjuntamente por las áreas de Comercio Exterior e Industria, aunque ahora podrán apoyarse en información proveniente de entidades públicas o privadas para enriquecer el análisis técnico, sin que esos informes tengan carácter vinculante.
La actualización también establece reglas de transición para cientos de expedientes iniciados bajo la normativa anterior. Esos proyectos podrán adaptarse al nuevo procedimiento y acceder a la emisión de la CET, además de contar con nuevos plazos para presentar las rendiciones de cuentas, que en la mayoría de los casos se extenderán hasta el 30 de junio de 2027 o seis meses después de la aprobación definitiva del proyecto.
Desde la perspectiva económica, la modificación busca resolver uno de los principales obstáculos que enfrentaban muchas inversiones industriales: la demora administrativa. En sectores donde la incorporación de maquinaria usada de alta complejidad representa una alternativa mucho más accesible que adquirir equipos nuevos, reducir tiempos de aprobación puede significar una diferencia determinante para concretar inversiones.
Al mismo tiempo, el mantenimiento del requisito de incorporar bienes nuevos de origen nacional dentro de los proyectos procura preservar un efecto de arrastre sobre la industria local, combinando la importación de tecnología con demanda para fabricantes argentinos.
En un contexto en el que numerosas empresas buscan modernizar procesos sin afrontar el elevado costo de equipamiento completamente nuevo, el nuevo régimen intenta equilibrar dos objetivos: facilitar la inversión privada y mantener mecanismos de control que garanticen que los beneficios fiscales efectivamente se traduzcan en mayor capacidad productiva.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sufrió este miércoles una modificación de alto impacto político: el oficialismo retiró el capítulo que reformaba la Ley de Tierras, uno de los puntos que había generado un fuerte rechazo de provincias como Misiones. Sin embargo, el texto conserva otro apartado con importantes consecuencias ambientales, al modificar la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
Mientras el debate público estuvo concentrado en la eliminación del capítulo vinculado a la extranjerización de tierras, el proyecto mantiene intacto el capítulo IV, que introduce cambios sustanciales en la Ley 26.815 y elimina una de las principales restricciones incorporadas tras los incendios masivos registrados en distintas regiones del país.
La modificación más significativa consiste en la derogación del artículo 22 quáter de la Ley de Manejo del Fuego, incorporado en 2020 mediante la Ley 27.604.
Esa norma establecía que, durante un plazo de 30 años, las superficies incendiadas correspondientes a zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales o áreas periurbanas —tanto si el incendio era intencional como accidental— no podían destinarse a emprendimientos inmobiliarios, cambios de uso del suelo distintos del existente antes del incendio ni a actividades agropecuarias intensivas.
La finalidad de esa prohibición era clara: eliminar cualquier incentivo económico para provocar incendios con el objetivo de urbanizar terrenos, expandir la frontera agropecuaria o modificar el aprovechamiento de esas superficies.
Qué cambia el proyecto
El texto oficial elimina completamente esa protección para las áreas no boscosas.
En su reemplazo, el nuevo artículo 22 bis concentra las restricciones exclusivamente sobre los bosques nativos alcanzados por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y sobre los bosques no productivos protegidos por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal.
La nueva redacción mantiene la prohibición de modificar el uso del suelo únicamente en esas superficies forestales, respetando las categorías de conservación definidas por cada provincia en sus ordenamientos territoriales.
La derogación del artículo 22 quáter implica que, una vez extinguido un incendio, esas superficies ya no estarán sujetas al bloqueo de 30 años para modificar su destino.
Diversas organizaciones ambientalistas habían respaldado esa restricción desde su incorporación en 2020, al considerar que funcionaba como un mecanismo de prevención indirecta frente a incendios provocados para obtener beneficios económicos posteriores.
En cambio, el Gobierno sostiene que la normativa vigente generaba restricciones excesivas sobre el derecho de propiedad y que la protección debe concentrarse en los bosques nativos, reforzando simultáneamente los mecanismos de prevención, investigación y restauración ambiental.
Misiones mantiene otra preocupación ambiental
Para Misiones, donde la conservación del patrimonio natural constituye una política de Estado y donde más de la mitad del Bosque Atlántico argentino se encuentra dentro de su territorio, la continuidad de este capítulo también genera interrogantes.
Si bien la provincia logró evitar que prosperara la reforma de la Ley de Tierras, el proyecto mantiene modificaciones que reducen el alcance de una herramienta creada para desalentar incendios con fines especulativos en ecosistemas no forestales.
De este modo, el debate parlamentario sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada deja de centrarse exclusivamente en la propiedad de la tierra y abre otra discusión: hasta dónde debe llegar la protección ambiental frente a incendios que, además del daño ecológico, pueden convertirse en una vía para transformar el uso del territorio.
Altos funcionarios del Ministerio de Economía defendieron este miércoles en la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias y busca fomentar la incorporación de ahorros informales o no declarados al circuito económico formal.
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, los representantes del Gobierno explicaron los detalles técnicos y alcances de la actualización de la ley, que incorpora los cambios plasmados en el decreto reglamentario de la norma original.
Desde la oposición llovieron las críticas al considerar que la norma alienta la evasión impositiva y que constituye un “blanqueo permanente” que favorecerá a funcionarios públicos, que no están excluidos del régimen de Inocencia Fiscal.
La ley de Inocencia Fiscal había quedado en la mira luego de que unos días antes de ser eyectado del cargo, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaran su solicitud de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en medio de la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La presidenta de la comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), destacó la propuesta del Poder Ejecutivo y al respecto dijo que el objetivo de este nuevo enfoque del sistema impositivo es “perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”.
La cordobesa salió al cruce de quienes consideran desde la oposición que el proyecto favorece la impunidad de los evasores.
“No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”, subrayó.
La primera funcionaria invitada en tomar el micrófono fue la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quien recordó que “el vencimiento de la declaración jurada de ganancias fue postergado para el mes de agosto, con lo cual nos parece importante ampliar lo que hoy está vigente a otro universo de contribuyentes”.
“Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, muy significativo, está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, agregó.
Por su parte, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, comparó la ley vigente con los alcances del proyecto de ley en debate.
“El primer tema a considerar es que, en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación, esto es que sigue comprendiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas”, comenzó.
“Es decir, no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado, para ello, esas personas humanas continúan o deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos”, añadió.
A su turno, el director del Banco Central Martín Vauthier calculó el impacto que la medida podría llegar a tener en la economía.
“Cuando uno mira las estimaciones de los montos de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de aproximadamente 170 mil millones de dólares, probablemente eso sea un piso. Y para ponerle un orden de magnitud, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”, dimensionó.
“Estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera. Esto es un número enorme y obviamente el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”, estimó.
El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi calificó al proyecto de Inocencia Fiscal como “un escándalo” porque favorece a “los estudios contables más grandes de la Argentina”.
Al mismo tiempo, cuestionó que la norma habilite a los funcionarios públicos a adherir al régimen simplificado de Ganancias.
“No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, aseveró.
El diputado nacional del Frente de Izquierda Néstor Pitrola aseguró que la ley de Inocencia Fiscal configura “un blanqueo permanente” y “una ley de impunidad permanente de la evasión”.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) advirtió que “había una gran oportunidad para dejar con contundencia la exclusión del régimen simplificado para todos los funcionarios públicos”.
La bonaerense adjudicó esa decisión a la posibilidad de que Adorni adhiriera a la ley de Inocencia Fiscal.
Tras escuchar el aluvión de críticas, Balestrini rechazó que el nuevo proyecto suponga un nuevo blanqueo.
“Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, aclaró.
Además, explicó que más allá de lo estipulado en esta nueva ley, los funcionarios públicas seguirán estando obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción como hasta ahora.
En la misma línea, la subsecretaria de Ingresos Públicos aclaró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.
