El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones oficializó un nuevo marco regulatorio para los proyectos de conservación y restauración de flora autóctona y fauna silvestre, una decisión que redefine las condiciones bajo las cuales podrán desarrollarse iniciativas provinciales, nacionales e internacionales vinculadas a la biodiversidad misionera.
A través de la Resolución N° 136, firmada el 8 de mayo de 2026, la cartera que conduce Martín Recamán aprobó la “Reglamentación de Proyectos de Conservación y Restauración de Flora Autóctona y Fauna Silvestre”, con el objetivo de unificar criterios técnicos, administrativos y sanitarios y fortalecer la protección del patrimonio biológico de la provincia .
La nueva normativa complementa leyes ambientales vigentes como las leyes XVI N° 11, XVI N° 47, XVI N° 29, XVI N° 35 y XVI N° 8, además de normas específicas sobre monumentos naturales y la Resolución 368/2023 sobre centros de manejo de fauna silvestre. El eje central es establecer contenidos mínimos obligatorios para la aprobación de proyectos de conservación, reproducción controlada, restauración ecológica, translocación e investigación científica.
El texto parte de una premisa estratégica: Misiones busca evitar intervenciones improvisadas o sin sustento técnico sobre especies sensibles y ecosistemas clave de la ecorregión Selva Paranaense, una de las reservas de biodiversidad más importantes de Argentina.
La reglamentación establece que todo proyecto deberá acreditar con precisión su objetivo general, objetivos específicos, indicadores verificables, antecedentes científicos y justificación técnica. Además, deberá demostrar alineación con marcos normativos internacionales como la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), así como con estrategias nacionales y provinciales de biodiversidad .
Uno de los puntos más estrictos se refiere al origen de las especies utilizadas. En proyectos de restauración vegetal, los plantines deberán provenir exclusivamente de viveros registrados dentro de Misiones, con material genético propio de la Selva Paranaense y distribución comprobada para la zona de intervención. En el caso de fauna silvestre, los ejemplares deberán proceder de centros de manejo habilitados o de rescates y translocaciones debidamente documentadas, además de contar con identificación individual mediante microchips, bandas, collares, marcas o biometría.
Además, la resolución introduce una prohibición taxativa sobre los emprendimientos vinculados a la caza deportiva: quedan expresamente vedados los proyectos de planes de cría o criaderos de especies autóctonas con fines cinegéticos. La medida busca impedir que bajo el argumento de conservación se habiliten esquemas de reproducción orientados al aprovechamiento comercial o recreativo de la fauna silvestre, reforzando así el criterio de preservación y uso estrictamente ambiental de las especies nativas.
La resolución también incorpora un capítulo especial para las especies declaradas Monumento Natural Provincial. Allí se establece que ningún proyecto podrá ejecutarse sin participación activa del Estado provincial, y se prohíbe el traslado fuera de Misiones de ejemplares, crías, semillas o plantines, salvo autorización excepcional debidamente fundada. El objetivo es preservar el patrimonio genético propio de la provincia y evitar procesos de extracción o comercialización encubierta.
En materia de fauna, la norma diferencia exigencias según grupo biológico: mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y fauna acuática deberán contar con protocolos específicos de bioseguridad, bienestar animal, manejo sanitario y prevención de enfermedades. También se incorporan criterios regulatorios para fungi (hongos) y microorganismos, una novedad relevante en la política ambiental provincial.
Otro aspecto clave es el endurecimiento sobre los proyectos de translocación. Toda reintroducción o refuerzo poblacional deberá justificarse dentro de un Plan de Restauración Poblacional que incluya evaluación del hábitat receptor, análisis genético, logística de traslado, monitoreo mínimo de tres años y evaluación socioeconómica sobre comunidades locales.
Incluso se exige un plan de contingencia para eventuales fallas, como baja supervivencia, dispersión no prevista o impactos negativos sobre el entorno.
En paralelo, los planes de cría en cautiverio para conservación deberán acreditar amenaza real sobre la especie, trazabilidad genética, control de consanguinidad, plan sanitario anual y protocolos de bienestar animal. La norma además prohíbe expresamente los criaderos de especies autóctonas con fines cinegéticos, cerrando la puerta a emprendimientos vinculados a la caza deportiva.
La autoridad de aplicación -el propio Ministerio de Ecología- podrá exigir evaluaciones de impacto ambiental, inventarios de especies, estudios poblacionales, diagnósticos técnicos y revisiones por parte del Instituto Misionero de Biodiversidad (Instituto Misionero de Biodiversidad), además de realizar inspecciones sin previo aviso y revocar autorizaciones por incumplimientos técnicos, sanitarios o ambientales.
También se habilita la participación de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas cuando los proyectos se desarrollen dentro del sistema provincial de reservas.
La resolución delega en la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable la facultad de dictar disposiciones complementarias y aclaratorias, lo que permitirá ajustar criterios operativos sin necesidad de nuevas resoluciones ministeriales.
Desde el punto de vista institucional, la medida representa una señal clara: Misiones busca consolidar una política de conservación más rigurosa, con trazabilidad, control estatal y fuerte resguardo sobre sus recursos genéticos. En un contexto donde crecen los proyectos privados, internacionales y académicos vinculados a biodiversidad, la provincia fija ahora un marco más exigente para evitar vacíos regulatorios y blindar uno de sus principales activos estratégicos: la selva.
